La diligencia estableció un plazo de 5 días al gobierno para definir un plan de acción que permita llevar agua, salud y alimentación a las comunidades.
El presidente Iván Duque y ocho de sus ministros fueron citados por el Tribunal Superior de La Guajira ante un supuesto incidente de desacato a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional para garantizar el goce de derechos fundamentales como la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de niños y niñas wayú en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía.
A la misma diligencia también fueron llamados los alcaldes de dichos municipios, el procurador departamental, la defensora del pueblo en La Guajira, y el gobernador encargado quienes si asistieron.
Los líderes indígenas mostraron su inconformismo frente a la ausencia del primer mandatario y los jefes de las carteras, quienes delegaron asesores jurídicos para el proceso.
“Sí estamos de acuerdo en que se cumpla la sentencia, pero que se haga de manera transparente como se prometió, que se haga con nuestros términos, con nuestros usos y costumbres”, señaló Alexander Epieyú, líder indígena.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría manifestaron que las entidades no han cumplido hasta el momento con lo que dicta la sentencia.
Entre las conclusiones de la audiencia, se estableció un plazo máximo de cinco días para que el gobierno defina un plan de acción que garantice los derechos fundamentales para la población wayú.
“Ya estamos aburridos, ya estamos cansados de tanto asistencialismo, queremos soluciones de raíz”, recalcó Dany Fince, líder wayú, luego de que terminara la diligencia.
Si el gobierno no cumple con la determinación expuesta en la audiencia, será el Tribunal Superior de Riohacha el encargado de tomar las acciones pertinentes.