La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medidas cautelares que, durante seis meses prorrogables, permitan proteger los cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados que se encuentran en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia.
En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz informó este jueves que quedan prohibidos los entierros en el mencionado camposanto.
“Las exequias de personas fallecidas por cualquier causa (naturales, COVID -19 o violentas, entre otras) no se deben realizar en tierra, sino únicamente en bóvedas o cementerios alternos, tal como lo indica el Auto AI-009 de 2020”, indicó la jurisdicción.
A través del mismo documento se le ordenó a la Gobernación de Antioquia, “cumplir con los deberes constitucionales y legales que le asisten con el municipio para afrontar de manera real y concreta la emergencia causada por la pandemia”, teniendo en cuenta además el manejo de los cuerpos de las personas que lleguen a fallecer.
La JEP señaló que aunque no existe información que permita determinar que en las bóvedas del cementerio Las Mercedes hay cuerpos sin identificar, sí hay elementos que indican que en tierra hay restos que no han sido exhumados y podrían corresponder a víctimas del conflicto armado.
“Uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Sección Ausencia de Reconocimiento de la JEP para tomar la decisión está asociado a los hallazgos del 2019 y 2020 en el marco del caso 03 de “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”.
Cabe recordar que durante dos jornadas de inspección y exhumación, realizadas en el camposanto, se recuperaron un total de 54 cuerpos relacionados con “falsos positivos”. “Uno de ellos, identificado como un joven reportado como víctima del conflicto armado y, en otro caso, por ejemplo, los cuerpos de una familia que vestían prendas militares”, detalló la jurisdicción.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento encontró además que “no existe un plan de acción para el manejo de los fallecimientos por COVID-19” y el cementerio no cuenta con capacidad para el entierro o ubicación de personas muertas por el virus.
“Sin embargo, llama la atención de los magistrados que ante el riesgo que la pandemia representa y ante la conocida falta de capacidad funeraria (no hay horno crematorio) el municipio no informe sobre cuál ha sido su gestión ante organismos superiores que le permitan afrontar las deficiencias presupuestales, de infraestructura, de sitios de entierro y demás que se produzcan para el manejo de los cuerpos”, anotó la JEP.
Por esa razón, se acató una solicitud presentada por el colectivo Orlando Fals Borda de poner bajo custodia y cuidado el cementerio, esto “con el fin de proteger el proceso de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas en el marco del conflicto”, agregó el comunicado.
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