El togado fue enviado a prisión, mientras avanzan las investigaciones en su contra por cuatro delitos. Su pareja sentimental también fue apresada.
Según la Fiscalía, Luis Armando Vásquez García
habría favorecido a cabecillas e integrantes de la organización delincuencial Los Pachelly y Los Triana, que tienen sus zonas de injerencia en Bello, donde el jurista despachaba y en algunos sectores de Medellín.
Vásquez García fue capturado por la Policía porque según la investigación de la Fiscalía, desde el 2011 habría favorecido a peligrosos delincuentes.
“Este funcionario público venía siendo denunciado en diferentes instancias, inclusive en consejos de seguridad, de que venía facilitando diferentes temas judiciales en el municipio de Bello a organizaciones delincuenciales a cambio de unas dádivas”, dijo sobre el caso del general Eliécer Camacho, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.
Secuestradores, asesinos, violadores y ladrones de la banda Los Pachelly, que durante años ha mantenido azotada a la sociedad del municipio de Bello
, habrían sido favorecidos por sus decisiones judiciales.
“El servidor público habría tomado decisiones contrarias a derecho para favorecer a distintos procesados por conductas delictivas (...), varios de los beneficiados con los fallos cuestionados eran integrantes de una organización criminal conocida como Los Pachelly”, aseguró la Fiscalía.
La pareja del togado, quien también fue capturada, era según la Policía el enlace entre los familiares de los delincuentes y el jurista.
Ambos recibían importantes cantidades de dinero a cambio de favorecimiento.
“La esposa de este funcionario era la que facilitaba precisamente esta actividad ilícita, ella contactaba muchas veces a las personas afectadas y habían decisiones que debían ser intramurales, y les daban domiciliarias o algunas libertades”, señaló Camacho.
El juez y su esposa Milena Martínez Muñoz fueron cobijados con medida de aseguramiento en una cárcel.
Vásquez García fue imputado con los delitos de concusión, cohecho propio, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Entre sus cuestionadas decisiones, la Fiscalía investiga supuestas reducciones amañadas de penas y la libertad de varias personas que habrían pagado entre 5 y 8 millones de pesos.
Updated: diciembre 13, 2019 02:02 p. m.