Así lo hizo saber la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en una audiencia que se realiza en el Congreso de la República por la crisis en la Hidroeléctrica.
Olga Li Romero Delgado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA, le explicó a Noticias Caracol en qué consisten los nueve procesos sancionatorios abiertos contra Hidroituango y manifestó que en diciembre se podrían conocer las primeras decisiones.
#AEstaHora A la fecha se han abierto 9 procesos sancionatorios y se ha dictado una medida preventiva contra Hidroituango a raíz de la contingencia presentada desde el 28 de abril, explica Olga Li Romero @ANLA_Col en audiencia pública en el Congreso. #AudienciaHidroituango pic.twitter.com/NiPESZHTS4
— ANLA (@ANLA_Col) August 23, 2018
Según Romero Delgado, los seguimientos comenzaron en 2009 de parte del Ministerio de Ambiente y se extendieron hasta 2012 y desde esa fecha quien ha puesto la lupa en presuntas irregularidades en la construcción del proyecto ha sido la Autoridad Ambiental.
“Ha medida que se han hecho los seguimientos, cada vez que se encuentra con una actividad que no esté cobijada por la licencia ambiental o esté produciendo un impacto ambiental negativo, se reporta a la oficina jurídica para empezar los procesos sancionatorios”, explicó.
Las investigaciones son por la indebida disposición de escombros, ocupación de la ronda, aprovechamientos forestales que no estaban permitidos, entre otros.
“Todos han cursado las etapas probatorias, siete están en la última etapa y en diciembre se podrían conocer las primeras decisiones de fondo. Las otras dos son nuevas”, indicó la funcionaria.
Romero Delgado explicó que el primero de los dos últimos procesos abiertos es “por el riesgo en la contingencia en la construcción, ahí se impuso la medida preventiva de suspensión de actividades de la construcción de la represa, solo se están ejecutando las obras relacionadas con la superación del riesgo y se está cumpliendo”.
“Y en la segunda se ordenó la realización de un estudio especializado que nos garantice que el proyecto puede continuar y que no representa un riesgo. El estudio va encaminado no solo a establecer las razones sino hasta donde se afectó con la contingencia”, manifestó la asesora de la Autoridad Nacional. “Una vez tengamos en nuestras manos el estudio se determinará si se levanta la medida preventiva, es delicado y debe cursar todas las etapas procesales”, agregó.
El proceso más reciente “se inició como consecuencia del hallazgo que hizo la Contraloría General de la Nación donde encontró los informes de interventoría de obra (en los que se ve) que según parece ellos habrían construido los túneles en el año 2016 antes de que se hubiera aprobado (la licencia)”, dijo.
Por eso, se inició la investigación y se compulsaron copias a la Fiscalía General para que investigue si hay una conducta punible.
Las sanciones, según Romero, podrían ser pecuniarias y llevar hasta la suspensión de actividades, además la revocatoria de la licencia por alguna conducta indeterminada. Las multas podrían ir hasta 5 mil salarios mínimos legales vigentes.
Romero Delgado se pronunció sobre los procesos abiertos por la emergencia en la hidroeléctrica durante una Audiencia Pública citada por los congresistas León Fredy Muñoz y David Rocero para este jueves en el Congreso, en Bogotá.
En la sesión se pidió el desmonte de la obra y se denunciaron irregularidades en la atención de los afectados, quienes fueron desalojados de sus casas, algunos de ellos habitantes de Puerto Valdivia, en el norte de Antioquia, luego de que el río Cauca destruyera sus casas.
La hidroeléctrica se encuentra en emergencia desde abril a causa del taponamiento de uno de los túneles construidos para la desviación del río Cauca, la segunda arteria fluvial de Colombia.
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Foto: EPM