La trayectoria política de Álvaro Uribe, condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal

El expresidente Álvaro Uribe, uno de los políticos más poderosos del país, fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, un fallo que tiene en vilo al país. La decisión fue anunciada por Sandra Heredia, jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, quien en el complejo judicial de Paloquemao dio a conocer el fallo sobre este caso que comenzó hace de 13 años. Lo hizo luego de estudiar un sumario de miles de folios y de escuchar declaraciones de las partes durante 67 días de audiencias realizadas en los últimos cinco meses. Es así como después de más de medio siglo de vida pública, el expresidente vive en el banquillo de acusados el momento más amargo de su carrera política.

Uribe Vélez inició su vida pública a los 22 años en 1974, cuando fue elegido concejal del municipio de Salgar, Antioquia. Aún sin terminar sus estudios de Derecho, ya mostraba ambición política. Como militante del Partido Liberal, en 1977 fue designado como Secretario General del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Entre 1980 y 1982 fue Director de la Aeronáutica Civil en la administración de Julio César Turbay. Durante su gestión se lograron avances en infraestructura aeroportuaria, pero sus críticos señalan un aumento en el narcotráfico a través de vuelos y pilotos cuyas licencias debían ser aprobadas por la entidad.

En 1982, el presidente Belisario Betancur lo nombró alcalde de Medellín, cargo que ocupó por solo cinco meses. Un año después, el 14 de junio de 1983, su padre, Alberto Uribe Sierra, fue asesinado por las FARC, un evento que marcó profundamente su destino. La afición de su padre por el caballismo lo acercó a Fabio Ochoa, padre de los reconocidos narcotraficantes Ochoa Vásquez, un hecho que obligó a Uribe a dar explicaciones a lo largo de su carrera. En 1984 saltó al Concejo de Medellín y dos años después fue elegido senador, repitiendo curul en 1990. Esta época estuvo marcada por la violencia del narcotráfico, la expansión de grupos de autodefensa y la incursión guerrillera. Ya en Uribe se gestaba su visión de "mano dura" contra la violencia, la cual desarrolló como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Su modelo de seguridad fue tan aplaudido que se le consideró presidenciable, aunque en ese momento declinó.

Durante su gobernación, su secretario de Gobierno fue Pedro Juan Moreno, quien, según se supo después, fue una figura clave para los grupos de autodefensas. A esto se sumó la controversia por las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, CONVIVIR, cuyo auge y problemas se dieron en gran medida durante su administración. Sus adversarios políticos le reprochan la supuesta omisión de su gobierno para evitar las masacres paramilitares de El Aro y La Granja en Ituango, por las cuales Colombia fue condenada internacionalmente.

En 1998 estudió en la Universidad de Oxford. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno de Andrés Pastrana negociaba un acuerdo de paz con las FARC en el Caguán, una zona desmilitarizada que se convirtió en escenario de excesos y delitos. Álvaro Uribe edificó su campaña presidencial sobre el fracaso de estas negociaciones, prometiendo "mano dura" y capitalizando el clamor popular. En 2002, ganó la presidencia en primera vuelta con 5.862.000 votos, superando a Horacio Serpa. Durante su primer gobierno, Uribe implementó los Consejos Comunitarios, transformó la lucha contra la subversión, creó batallones de alta montaña y brigadas móviles para atacar a las guerrillas, e impulsó las "Caravanas de la Seguridad". Paralelamente, apostó por la desmovilización de los grupos paramilitares, estableciendo una zona de concentración en Santa Fe de Ralito, Córdoba. Este proceso, aunque controvertido y marcado por asesinatos internos y la infiltración de narcotraficantes, logró la desmovilización de estos grupos, y muchos de sus líderes fueron extraditados a Estados Unidos.

La posibilidad de la reelección de Uribe comenzó a gestarse, liderada por figuras como Fabio Echeverry Correa. El proyecto de acto legislativo, que inicialmente parecía hundirse en el Congreso, fue salvado por un voto crucial, el de la parlamentaria Yidis Medina, cuyo escándalo de compra de voto se revelaría años después. En 2006, con una popularidad sin precedentes y más del 62% de los votos, Álvaro Uribe fue reelegido, reafirmando sus tres pilares: seguridad democrática, confianza inversionista y política social. Sin embargo, su segundo gobierno estuvo plagado de escándalos: las investigaciones de la parapolítica rodearon su administración, estalló el caso de la Yidispolítica, la ONU denunció ejecuciones extrajudiciales de civiles (los mal llamados "falsos positivos"), y el DAS persiguió a opositores políticos y organizaciones de derechos humanos. A pesar de todo, la popularidad de Uribe se mantuvo. Se intentó promover una segunda reelección a través de un referendo, pero la Corte Constitucional lo impidió, marcando el fin de su periodo presidencial en 2010.

Debido a su desacuerdo con su exministro de Defensa y sucesor, Juan Manuel Santos, Uribe regresó al Congreso en 2014. Dos años después, en medio de la polarización política por el proceso de paz con las FARC, Uribe lideró la campaña por el "No" en el plebiscito, logrando una victoria política que allanó el camino para la presidencia de Iván Duque Márquez en 2018. Cuando se esperaba que Uribe mantuviera una gran influencia en el nuevo gobierno, la justicia intervino. Uribe fue llamado a indagatoria por la Corte, iniciando un proceso judicial que, según el texto, "acaba de terminar hoy". Más allá de las implicaciones políticas de esta sentencia, tanto seguidores como adversarios coinciden en que Álvaro Uribe Vélez ha sido el mandatario con mayor influencia política en los últimos 25 años en Colombia.

Uribe es el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en un proceso en el que incluso estuvo en detención domiciliaria preventiva, también durante 67 días, en 2020. El expresidente fue procesado en calidad de "determinador", por supuestamente instigar a terceros a cometer los delitos de los que se le acusa, y en caso de ser hallado culpable puede ser condenado a una pena de entre seis y doce años de prisión en este juicio, cuyas audiencias fueron transmitidas por las redes sociales, algo nunca visto en el país.

Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

El penalista Jaime Granados, que lidera la defensa de Uribe, insiste en que su cliente nunca ordenó sobornar a nadie y que su único interés al demandar a Cepeda era defender su honra y buscar la verdad. Uribe renunció a su escaño en agosto de 2020 para que su caso pasara a la justicia ordinaria. La Fiscalía inicialmente no encontró pruebas para acusarlo, pero luego de ir a varias instancias jurídicas, en 2024 lo acusó formalmente. Ahora, tras 13 años de litigio y un juicio de cinco meses, se espera la audiencia para establecer la pena.

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