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Se dio la liberación de 45 militares que habían sido retenidos el domingo 7 de septiembre por al menos 600 personas de la comunidad de la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan del Micay, en el Tambo, Cauca.
El Ejército Nacional había informado que el secuestro de los uniformados se dio “en el marco de la Operación Perseo II, desarrollada en el cañón del Micay, Cauca”, donde “tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4 fueron objeto de una asonada”.
“Aproximadamente 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura criminal Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona. Esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal”, detalló la fuerza castrense.
Este lunes, la Tercera Brigada del Ejército informó que se adelantaban las “operaciones aéreas en zona rural del corregimiento San Juan del Micay, municipio de El Tambo, Cauca, con el propósito de llevar a cabo la extracción de los uniformados que permanecían secuestrados. El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos”.
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Aunque se habló de la liberación de los uniformados, el presidente Gustavo petro manifestó en X que "quedan siete militares secuestrados por civiles. Libérenlos ya". Poco después dijo que todos los uniformados ya estaban en libertad.
Audios dieron cuenta de cómo el grupo criminal presionó a los ciudadanos para sacar a los militares de la región: “Necesitamos a todo el mundo: hombres, mujeres y niños de todas las casas deben de llegar a la base de cerro Tigre, donde nos tiraron esas bombas. Allá tenemos que llegar a sacar al Ejército, eso de que están poniendo minas es puro cuento. Ya saben, si no asisten tendrán una multa de 2 millones de pesos”.
Leonardo González, director de Indepaz, afirmó que lo sucedido con los militares es “una grave infracción contra el derecho internacional humanitario, pues involucrar a comunidades para ejecutar estas acciones expone a civiles y militares por igual y aumenta el riesgo de confrontaciones”.
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El presidente Gustavo Petro, que había pedido a la comunidad la liberación de los uniformados, dijo en su cuenta de X que "cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez demuestran más que se están debilitando".
Poco después manifestó que “dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la corte constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”.
En una entrevista, el uniformado manifestó que “sabíamos que debíamos salir de la zona porque la comunidad lo pidió días atrás. Teníamos unas piezas allí (de artillería) que logramos sacar unos días antes, pero lamentablemente las condiciones del clima aquí son muy complejas, no pudieron sacarnos a tiempo hasta que llegaron nuevamente los campesinos. Éramos 75 ahí rodeados por ellos, pero un grupo nos salimos de ese cerco en el que nos tenían y después fuimos evacuados en helicóptero. Si no, seríamos 75 los secuestrados y no 45. Aun así, es impotente ver a tantos uniformados secuestrados en una caseta sin poder hacer nada”.
Agregó que él y los otros hombres “nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva. Nos da tristeza porque somos nosotros los que estamos acá en la intemperie todo el tiempo mojados, con sudor, con sangre y como soldados nos baja la moral porque hemos entregado compañeros, lanzas míos que han caído mutilados, han caído muertos y desafortunadamente en el momento en el que nos rodean a nosotros, así sean 30 campesinos, pues nos frenan a nosotros. Entonces, esto nos desmotiva y nos baja la moral, pero tenemos que seguir adelante. Lo hemos hablado entre nosotros, no vamos a parar, no nos pueden derrotar, pero sí necesitamos que el Gobierno nacional cree una ley que nos pueda amparar a nosotros”.
Según el uniformado, que ha estado secuestrado dos veces en el Cañón del Micay, "el trabajo psicológico y de autocontrol que hacemos las tropas en un momento así es extremo. ¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? ¿Será que el Gobierno nacional, los derechos humanos nos van a respaldar en el momento en el que una cosa así suceda? Y créanme que va a pasar en algún momento. Miren al señor teniente en el Putumayo. Lo intentaron quemar vivo con otro soldado. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme? Entonces, ¿cómo sería si el soldado se defiende y le genera heridas a un campesino? ¿Será que a mí la justicia me va a cobijar o sencillamente me va a mandar a la cárcel porque es un humilde campesino que estaba defendiendo su producción de coca?”.
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POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
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