El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra varios operadores de telecomunicaciones por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales para atenuar o restringir las señales en establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
La información fue divulgada en un comunicado de prensa de la Presidencia de la República. Según el documento, las actuaciones buscan establecer si las empresas adoptaron las medidas técnicas necesarias para impedir las comunicaciones no autorizadas desde los centros de reclusión.
Uno de los casos involucra a Starlink Colombia S.A.S., luego de que durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, fueran encontradas seis antenas de esta compañía, junto con cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.
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Posteriormente, verificaciones técnicas del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC identificaron conexiones a internet mediante redes wifi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
Investigaciones contra cuatro operadores móviles
El MinTIC también abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel - Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).
En estos casos, las actuaciones están relacionadas con el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en la cárcel La Picota.
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De acuerdo con el comunicado, durante los operativos realizados en ese establecimiento fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos.
La obligación de restringir las señales en las cárceles está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014. Esta disposición establece deberes para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones frente a las señales que cubren los establecimientos penitenciarios.
¿Qué sanciones podrían enfrentar los operadores?
Según la Presidencia, si se comprueban los incumplimientos, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que contemplan multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable, suspensión temporal de operaciones e incluso cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.
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El Gobierno aclaró que las investigaciones se adelantarán con garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las compañías involucradas. Por tanto, se recalca que la apertura de estas actuaciones no significa que los operadores hayan sido declarados responsables.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el tema en su cuenta de X y aseguró que dio instrucciones para utilizar las herramientas legales y tecnológicas disponibles con el propósito de impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles.
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“Las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen”, escribió el mandatario. También sostuvo que las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente desde las prisiones deben ser desactivadas y que las conexiones satelitales no autorizadas deben ser restringidas.
El Gobierno señaló que mantendrá la vigilancia sobre los operadores y las obligaciones que tienen frente al control de las comunicaciones en los centros de reclusión.
¡NO MÁS SEÑAL PARA LOS DELINCUENTES DESDE LAS CÁRCELES! @ABDELAESPRIELLA https://t.co/EpbwHJ4u8M
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026
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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
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