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En los últimos meses la crisis se profundizó: protestas de trabajadores, indicios de corrupción, faltantes de medicamentos y hasta un cartel fue denunciado.
El Clarence Newball es operado por la IPS Universitaria, una institución de la Universidad de Antioquia.
“La operación de la isla tiene un costo de $4.100 millones el mes y se recauda por todo el pago de las entidades responsables $3.800 millones más o menos generándose un déficit entre 300 y en otras ocasiones 350 millones de pesos”, dice Marta Cecilia Castrillón, quien fue enviada desde Medellín para conjurar la emergencia.
Es decir, según la IPS, la operación deja pérdidas. Por eso, para garantizar la prestación del servicio, el Gobierno a través del Ministerio de Salud emitió el decreto 2273 de 2014 mediante el cual se faculta a la Gobernación para entregar recursos y equilibrar la operación, la figura se denominó el subsidio a la oferta.
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“Se cumplió ciento por ciento en el 2015, en el 2016 se cumplió parcialmente y ya ahí empieza la operación deficitaria y exactamente igual 2017, motivo por el cual la IPS dice ‘no podemos quedarnos’”, añade Castrillón.
Ante ese panorama decidieron subcontratar a otro operador, Salud Global, lo curioso es que, según palabras de Castrillón, era muy posible que sin subsidio podía correr la misma suerte que ellos.
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En efecto a Salus Global le estalló la crisis. El médico Julián Carvajal, es el representante legal de esta IPS.
“Al no cubrirnos la Gobernación ese pago mensual al cual tenemos derecho por nuestra operación durante los cinco meses de diciembre 2017 a abril 2018 básicamente se genera un hueco que hace deficitaria la operación”, explica Carvajal.
No es la primera vez que el servicio de salud está en cuidados intensivos aquí en San Andrés, en los últimos 10 años, 8 operadores han desfilado por este hospital que de nuevo vive una grave crisis administrativa.
En la Gobernación reconocen que no han girado los subsidios pero buscan los recursos, Sandra Howard es la gobernadora encargada ante la ausencia de Ronald Housni, quien se encuentra suspendido por la Procuraduría.
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“Ya se han hecho gestiones para certificar unas disponibilidades presupuestales que nos permitan en el momento dado poder hacer uso de ese subsidio”, dice Howard.
Por el momento aún no aterriza el nuevo operador en la isla pues asegura que no hay las suficientes garantías, la IPS Universitaria ha solicitado la intervención del Ministerio de Salud, que considera que el problema lo debe solucionar la Gobernación.
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Entre tanto, los entes de control preparan una visita a la isla.
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