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Un concepto sobre la situación ambiental en torno a la mina del Cerrejón, que publicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, fue motivo de un fuerte reclamo del Gobierno colombiano a ese organismo.
Allí, el relator especial de la ONU sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos, David Boyd, dijo que Colombia debería suspender temporalmente las operaciones en un sector de la mina, ubicada en el sur de La Guajira, por sus afectaciones ambientales al resguardo indígena Provincial de la etnia wayúu.
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"Al menos, durante la pandemia, las operaciones en el sitio de Tajo Patilla, cerca del resguardo indígena Provincial, deberían suspenderse hasta que se pueda demostrar que sea seguro", dijo.
La recomendación la hizo dentro de un análisis sobre el cumplimiento de un fallo de tutela de la Corte Constitucional en el que ordena a la empresa que opera la mina garantizar la calidad del aire y el agua a las poblaciones indígenas en su área de influencia.
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Dicha sentencia fue emitida en diciembre de 2019 y dio un plazo de un mes para adoptar esas medidas urgentes, entre otras cosas.
El experto de la ONU dijo que, pese a ese fallo, no se han hecho los suficientes esfuerzos para reducir los daños ambientales, lo cual, sumado a la pandemia del coronavirus COVID-19, hace más vulnerables a las personas que viven alrededor de la mina.
La solicitud del relator levantó ampolla en el Gobierno nacional, que, mediante una carta de la Cancillería, dijo que no se respetó el tiempo dado por el mismo experto para entregar una respuesta y que este era de 60 días, contados a partir del pasado 9 de septiembre de 2020.
“Por ello, no es admisible que se realicen afirmaciones y recomendaciones en medios de prensa, de manera prematura y sin elementos de juicio suficientes sobre una situación que merece un análisis cuidadoso y que se concreten las averiguaciones correspondientes de todos los hechos denunciados”, dice la carta.
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En el documento, la Cancillería también hace un duro cuestionamiento al tratamiento de la información.
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“La decisión de dar publicidad a las consideraciones hechas por los relatores, con base en informaciones parciales, desconoce las normas establecidas por Naciones Unidas para el recabo de información y comunicación de sus conclusiones y recomendaciones”, señala.
Al igual que la Cancillería, la empresa del Cerrejón dice que el plazo para responder las inquietudes de los relatores de la ONU vence el 7 de noviembre y que, en medio de las dificultades de una huelga que afrontan en la actualidad y las limitaciones por la pandemia, intentan cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional.
“Cerrejón es respetuosa de los fallos judiciales y los cumple. Esto incluye la sentencia T-614, la cual nos ha requerido implementar nuevas y mejores medidas para mejorar la calidad del agua, el aire, disminuir niveles de ruido, olores y vibraciones con el fin de evitar afectar la salud y tranquilidad de la comunidad de Provincial”, afirmó en un comunicado.
Pese a la molestia de las autoridades colombianas, la relatoría de la ONU exhortó al Gobierno a proteger los derechos de los pueblos indígenas a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, y atender a las personas afectadas por el impacto de la explotación minera.
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