Los siete pescadores desaparecieron en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, en Cesar, pero días después sus cuerpos fueron hallados en zona rural de Cúcuta.
Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la Policía de Cesar, informó que este sería un caso de reclutamiento que habría sido ordenado por "el grupo delincuencial Los Rastrojos. Hoy, gracias a esta investigación, con el apoyo de nuestro Ejército Nacional, se logra en diferentes municipios y en Barranquilla once capturas y tres notificaciones".
Un familiar de una de las víctimas le dijo al diario La Opinión que "le habían ofrecido $1.600.000 por quincena; le dije ‘ojo, cuidado’, porque se me vino a la mente que era pa’ raspar coca. ¿De dónde pagan plata así? Le dije ‘eso no es del Gobierno, sino de los paras o los elenos’".
Según el procurador general Fernando Carrillo, los departamentos más afectados con este delito son Antioquia, Chocó, Arauca, Nariño, Norte de Santander y Cundinamarca.