El alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, se mostró en Washington a favor del referendo revocatorio de su mandato anunciado este miércoles por la autoridad electoral de Colombia, ya que prefiere que sea la ciudadanía quien decida su futuro político y "no un funcionario administrativo".
El alcalde bogotano llevó hoy su caso a la CIDH, que podría decidir esta semana si le otorga medidas cautelares ante la destitución que le impuso la Procuraduría, sobre lo que dijo que es el único mecanismo rápido que resta para "salvar" los derechos políticos tanto del elegido como de los electores.
"Estamos listos, vamos a las urnas (...) Queremos que la población vaya a las urnas y que decida el futuro de la 'Bogotá humana' (su plan de desarrollo)", dijo Petro a los periodistas tras mantener una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la capital estadounidense.
Petro se refirió de esta forma a la polémica destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos que le impuso el procurador colombiano, Alejandro Ordoñez, en un proceso administrativo por la supuesta mala gestión que hizo hace justamente un año de una crisis en el sistema de recolección de basuras de Bogotá.
"Los derechos humanos son lo primero y entre ellos están los políticos, el derecho a elegir y ser elegido. Qué sería de una democracia si no pudiéramos elegir", subrayó.
La CIDH decidirá esta semana si otorga medidas cautelares, si no lo hace o si solicita más información antes de pronunciarse, tal y como ha explicado a los periodistas el secretario ejecutivo de este organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria.
Petro, de visita esta semana en Washington para buscar apoyos políticos con un equipo de cinco personas, se reunió este miércoles con funcionarios de la CIDH por iniciativa propia para presentar información adicional sobre su caso.
Al término de la reunión, Petro se limitó a comentar que esperará "tranquilo" la decisión de la CIDH, al explicar que presentó ejemplos de "sentencias sobre casos parecidos" al suyo que han ocurrido en otros países de América Latina.
Petro también aprovechó la ocasión para denunciar que "no hay un gobierno territorial que haya sufrido más intentos de paralizarlo" que el suyo, para remachar después: "Como el dicho del Quijote, digamos que cabalgamos, por algo sucede todo esto".
La Procuraduría colombiana había iniciado la investigación contra Petro en enero de 2013 y, en previsión de que el organismo pudiera destituirle, el alcalde ya había presentado una denuncia, también denominada "petición", el 28 de octubre pasado ante la CIDH.
La resolución de este tipo de denuncias, salvo que se opte por dar prioridad al caso, es mucho más lenta que la decisión sobre las medidas cautelares, ya que el organismo aún está abordando peticiones de 2009 y tiene 8.600 pendientes desde entonces.
Incluso si se diera prioridad al caso, la decisión final de la comisión no llegaría antes de 2015, puesto que primero debe ser admitida a trámite, lo que ocurriría ya el año que viene, y después el organismo tiene que estudiar a fondo si se trata de un caso de violación de los derechos humanos.
Por tanto, lo que esperan ahora Petro y su equipo es la decisión de la CIDH sobre las medidas cautelares, que podría producirse esta misma semana a no ser que el organismo requiera más información sobre el caso.
Updated: diciembre 19, 2013 05:50 a. m.