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Un tribunal de La Guajira los hizo responsables del ataque a un gasoducto, ocurrido el 21 de octubre de 2001, que dejó 8 muertos y 11 heridos.
"Tanto Promigas como el Estado deben responder por cualquier situación que se presente, son tan responsables uno como el otro", aseguró Carmen Argote, presidenta del Tribunal Administrativo de ese departamento.
Víctimas recuerdan con dolor lo sucedido y admiten que su vida cambió radicalmente tras el atentado.
Sin embargo, el fallo desató una controversia pues Promigas asegura que podría afectar la inversión petrolera en el país.
“No se entiende cómo un hecho que tiene origen en un atentado terrorista, donde hay una captura de un miliciano de las FARC, termine uno de los mayores afectados como fue Promigas condenado a pagar lo que hace un tercero”, sostuvo Eduardo Rosado, vicepresidente de asuntos corporativos de Promigas.
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