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Presidente Petro reacciona a suspensión provisional de decreto del salario mínimo 2026: esto dijo

Tras la decisión del Consejo de Estado, el mandatario colombiano, en un mensaje en sus redes sociales, manifestó que respetará la decisión pero que actuará "de acuerdo a la Constitución".

Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció este viernes luego de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el cual el Gobierno nacional aumentó en un 23,7 % el salario mínimo para este año y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días. "El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él", escribió en su cuenta de X el mandatario colombiano, quien aseguró que "el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución" (Siga leyendo: ¿Qué pasará con el salario mínimo mientras Gobierno expide nuevo "decreto transitorio"?).

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El máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia le ordenó al Gobierno este viernes que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso" y argumentó que para determinar el porcentaje de aumento del mínimo, "el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes". Entre esos criterios están "la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria), la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior" y "el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)".

El tribunal también mencionó entre esos aspectos "la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa, y los objetivos constitucionales de dirección de la economía".

En respuesta, el mandatario colombiano afirmó este viernes que, "por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá". Petro explicó que esa reunion de concertación se hará "a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia".

Además, señaló que "los derechos privados que deben defender el Consejo de Estado ante el Gobierno cobijan el derecho del pueblo trabajador". "Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional", agregó.

El mandatario colombiano argumentó también que "suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del Gobierno y sus derechos en materia de salario" y extendió una invitación "al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto". "El poder judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución nacional", concluyó.

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El "salario mínimo vital" -como lo llamó el Gobierno- para 2026 fue fijado el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y, según el Gobierno, beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10% de los asalariados del país. En Colombia, cabe recordar, el aumento del salario mínimo suele definirse a finales de año en una negociación tripartita entre las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno. En caso de que no haya acuerdo, como ocurrió en diciembre pasado, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto. La subida del 23,7 %, anunciada por el presidente Petro superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16 %, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7 %.

El Consejo de Estado señaló este viernes que "el nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales".

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Eso sí, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo manifestó que "los efectos de la suspensión solo se harán efectivos a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio" y que, mientras tanto, seguirá rigiendo el valor del salario mínimo decretado por el Gobierno para este año.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue la primera voz del Gobierno en reaccionar, aseguró que la decisión del alto tribunal demuestra "que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos". "Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites", escribió Benedetti en sus redes sociales.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en Noticias Caracol en vivo que el presidente Petro "sí tenía ese temor" de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto. Sin embargo, dijo que los sorprendió debido a que el alto tribunal les había establecido como plazo el 24 de febrero para "responder de fondo a los argumentos que justifican el decreto del salario vital", y recalcó que "ya los trabajadores de Colombia recibieron el primer salario vital correspondiente al mes de enero, estamos hablando de un derecho adquirido". Por lo tanto, calificó la decisión como "precipitada, irresponsable, nefasta , indignante para los trabajadores". Además, dijo que la exigencia de un nuevo decreto en 8 días es un "contrasentido jurídico".

Sobre los argumentos en los que se basaron para incrementar el salario mínimo, Sanguino afirmó que el valor se aumentó "para aproximarse al mínimo vital que está establecido en el estudio de salarios vitales de la OIT para Colombia, tampoco es una decisión caprichosa, es una decisión que tiene en cuenta variables macroeconómicas, pero que no se limita a ellas".

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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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