Policía habría exigido millonaria suma a preso para facilitar fuga que no se consumó y así terminó

El uniformado habría diseñado un plan para sacar copias de llaves de un calabozo y en el que se tendría que "sobornar al comandante de guardia".
Un patrullero de la Policía, identificado como Rodolfo Guzmán Ortiz, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión tras ser imputado por el delito de concusión en concurso con favorecimiento a la fuga de presos.
La Fiscalía informó que el uniformado habría exigido una millonaria suma de dinero para facilitar la fuga de dos reclusos que se encontraban en la estación de policía de San Francisco, ubicada en el centro de la capital del Valle del Cauca.
Según la información entregada a las autoridades por parte de uno de los detenidos, el patrullero, presuntamente, le exigió $4.000.000 para facilitar su fuga, junto con otro detenido, quien se encontraba en otra celda, por el delito de hurto.
La Fiscalía informó que, de acuerdo con material probatorio que reposa en la entidad, el uniformado le habría exigido al detenido el pago de $2.000.000 de cuota inicial para sacar copia de las llaves del calabozo donde se encontraba recluido.
Luego, los otros $2.000.000 serían cancelados una vez el detenido tuviera en su poder las llaves de los candados y para “poder sobornar al comandante de guardia”.
Por su parte, las autoridades, en medio de las labores de contrainteligencia, permitieron confirmar las denuncias presentadas por ambos reclusos. 
Incluso, el uniformado, de 29 años y oriundo del Tolima, aparecería en las imágenes de un video donde se encuentra dialogando con uno de los detenidos extorsionados.
Además de la condena de cárcel, el patrullero deberá pagar una caución de 33 salarios mínimos y quedó inhabilitado por tres años y tres meses para ejercer funciones públicas.
Sin embargo, el juez penal le concedió al uniformado, de manera provisional, el beneficio de prisión en lugar de residencia, mientras se confirma que es padre cabeza de familia.
Cabe señalar que la concusión describe una situación en la que un servidor público hace uso de su cargo para exigir el pago a una persona de un dinero en beneficio propio.