En las últimas horas, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha generado polémica por la firma del decreto que estipula el levantamiento de la suspensión general del porte de armas de fuego en Colombia. Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, evaluó y explicó los puntos más importantes de esta medida del Ejecutivo.
De acuerdo con Cifuentes, “hay que diferenciar tres elementos distintos: el marco legal, las razones que ha esgrimido el Gobierno y lo que dice la evidencia. En cuanto al marco legal es importante advertir que este decreto 1368 no está flexibilizando las condiciones para solicitar un permiso sino que está levantando la restricción para que aquellos que tienen un permiso poder portar el arma en las calles. Esto vuelve a plantear el escenario del decreto 3525 de 1993 que había establecido como condiciones básicas, entre muchas otras, que el ciudadano sea mayor de edad, de 25 años, que tenga algún tipo de amenaza, que no tenga condiciones físicas o psíquicas que lo puedan impedir, que no tenga antecedentes judiciales, que sepa manejar el arma, entre otras. Esas condiciones no varían. Lo que varía es la posibilidad de portar el arma”.
Según el Gobierno Nacional, de las 15.000 armas que se han incautado en los últimos años, más de 14.000 están relacionadas con algún tipo de delito. En campaña, Abelardo de la Espriella había dicho que reivindicaría el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa. Según Cifuentes, esta promesa del mandatario “se está cumpliendo”.
"No necesariamente más armas equivalen a mayor seguridad"
En cuanto a la evidencia, el analista indicó que “no es contundente. Quienes apoyan la medida consideran que esto puede ser disuasivo, que esto reivindica ese derecho a la legítima defensa. Sin embargo, estudios tanto del año 2000 como del año 2022 indican que en las ciudades en donde ha habido una restricción al porte de armas, ha habido una disminución proporcional de las tasas de homicidios. Es decir que no necesariamente más armas en circulación equivalen a mayor seguridad”.
Aunque hay personas que aprueban que los ciudadanos deban portar armas de fuego para defenderse de situaciones extremas, explicó Cifuentes, “hay una serie de riesgos asociados a esta medida. Por ejemplo, una disputa que pueda escalar a una a un desenvolvimiento fatal, un error de cálculo, aumento en los suicidios o incluso que aumente el mercado ilegal con esta clase de permisos”.
¿Disminuyeron los requisitos para porte de armas en Colombia?
Con el nuevo decreto expedido por De la Espriella, hay especulaciones de que cualquier ciudadano podrá desde ahora adquirir armas de fuego. Sin embargo, esto no es cierto, ya que los requisitos siguen siendo los mismos desde 1993. “El decreto que se expidió ayer lo que hace es, si se quiere, romper esos decretos que desde 2015 se venían expidiendo justamente para la restricción en el porte de armas, pero eso no quiere decir que se hayan flexibilizado las condiciones que desde 1993 se han señalado como condiciones indispensables para dar estos permisos, como entre otros, como lo veníamos señalando, mayores de 25 años que no tengan antecedentes, que demuestren tener alguna clase de riesgos. Esos requisitos no se modifican e incluso durante estos años se han dado permisos siempre sobre esas premisas, esos requisitos que establece el decreto de 1993. Lo llamativo ahora es que se levanta esa restricción para que esas personas que han pasado los filtros, que han tenido ese permiso, puedan salir a la calle con su armamento. Eso es la diferenciación frente a los decretos que venían aprobándose desde el 2015 y la decisión que tomó el día de ayer el Gobierno Nacional”, explicó Cifuentes.
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que incremente la violencia en el país después de la medida del Gobierno, el analista indicó que “los estudios no son concluyentes. Sin embargo, sí tienden a demostrar que más armas, ya sea legales o ilegales en el mercado, en la sociedad, no necesariamente conducen a más seguridad. Incluso en ciudades como Bogotá, durante la administración de Mockus, donde hubo una restricción estricta, la tasa de homicidio disminuyó. En ciudades como Cali y Medellín, comparada con otras ciudades, cuando se aplicaron estas medidas de restricción, la tasa de homicidios comparativamente logró disminuirse en un 13 % 14 %. Es decir, no se puede medir que el efecto disuasivo y la poca evidencia que existe permitiría señalar que más armas en las manos de los ciudadanos no necesariamente significa ni más seguridad ni una disminución de los homicidios”.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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