Preocupación por represamiento y aparente mal manejo de muestras de posibles pacientes con COVID-19

En Risaralda, Meta y Valle del Cauca se estarían presentando inconvenientes para la entrega de los resultados. Procuraduría anunció una vigilancia especial

Las alarmas se encendieron desde el pasado 25 de marzo por parte de la Procuraduría General de la Nación, que denunció, luego de una visita al Instituto Nacional de Salud, INS, que encontraron algunas muestras que presentaban embalajes inadecuados y otras no aptas para el proceso de análisis.

Lo que más llamó la atención del Ministerio Público es que muchas de las muestras estaban mal conservadas, denuncia que la misma directora del INS, Martha Ospina, hizo pública ante la Comisión Séptima del Senado en medio de una sesión virtual.

“Me llega un bulto con puras cajas del Valle, sin triple empaque, sin cajas, mal marcadas. Son toneladas de muestras de los últimos días”, dijo en su momento la directora del INS.

Tras estas declaraciones, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, aseguró que cumplen con los protocolos para el envío, pero reconoce que hay algunos problemas.

“Hubo una dificultad, y hoy el laboratorio de Salud Pública y la Secretaría Departamental de Salud no recibe muestras que no vengan con una impresión de la ficha”, explicó Lesmes.

Entre tanto, en Pereira, Risaralda, denuncian que el resultados de las pruebas están represados.

“El INS a Risaralda ha enviado 496 muestras con resultado de 314 y 182 muestras pendientes”, señaló Sandra Milena Gómez, directora operativa de Salud Pública.

Situación muy similar a la que se vive en Villavicencio, Meta.

“Tenemos pendiente un resultado de 139 muestras. Nosotros estamos tomando en promedio 20 a 25 pruebas, hay dos cortes en la mañana y en la tarde, se envían vía terrestre al INS”, manifestó Jorge Ovidio Cruz, secretario de Salud del Meta.

Ante este panorama, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, anunció una vigilancia especial.

“No podemos aceptar que esto suceda. Las autoridades seccionales, los laboratorios y los encargados de hacer las pruebas tienen que cumplir estrictamente con todo el rigor los protocolos”, anotó.

La mayor preocupación del Ministerio Público es que, según sus cálculos, por muestra dañada se estarían perdiendo $380.000.

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