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Guardias dicen que no tienen elementos de protección y solo hay una enfermera para atender a más de 1.700 reos. ¿Cuál es la situación en otras cárceles?
Hasta el momento los 15 pacientes permanecen estables. Doce son reclusos y los otros tres son un funcionario administrativo y dos dragoneantes, que reciben tratamiento en sus respectivas casas.
“Dentro de ese grupo tenemos personas adultas mayores que son aproximadamente, dentro del grupo de internos, ocho adultos mayores (…) Tenemos un hipertenso y un diabético”, detalló Tanya Lucero Cortés, secretaria de Salud de Villavicencio.
Frente al preocupante panorama, Distinguido Leonardo Ramírez, funcionario de la cárcel de Villavicencio, pidió “elementos de protección de bioseguridad. También necesitamos que se nos realicen las pruebas como se le está realizando a la población interna porque la seguridad de ellos también depende de nosotros”.
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Frente a esta denuncia, la secretaria de Salud solicitó al Inpec realizar 300 pruebas y “priorizar a los que están precisamente diciendo que tienen síntomas respiratorios”.
Por su parte, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, diseñó una propuesta para que el centro de atención de menores sea utilizado para aislar a los presos infectados con coronavirus.
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“Lo que se necesitaría es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar genere el mecanismo de transición para entregárselo a un comodato. No estamos hablando del traslado de la cárcel ni mucho menos, estamos hablando es que se convierta en un centro de aislamiento y al menos entre 20 a 30 reclusos para que allí pasen su cuarentena y evitemos un nivel de propagación mayor al interior del centro penitenciario”.
La población carcelaria, que vive un hacinamiento del 49%, está preocupada por la propagación del COVID-19.
Según el Inpec, en las cárceles de Colombia hay una sobrepoblación de 39.724 reclusos, pues la capacidad carcelaria es de 80.920 internos, pero, en la actualidad, 120.652 ocupan las penitenciarías en seis regionales del país.
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La alarmante situación carcelaria y la posible propagación del coronavirus en los penales, llevó al Gobierno a emitir un decreto que permitirá la detención domiciliaria transitoria -por 6 meses- de 4 mil reclusos en todo el país.
“Lo que estamos haciendo es bajándoles el beneficio para que puedan irse a domiciliaria. Me explico: si los privados de la libertad salían con un 50% de cumplimiento de la pena por la jurisdicción especial ordinaria, aquí saldrían por el cumplimiento del 40% de la pena”, precisó Margarita Cabello, ministra de Justicia.
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El decreto no beneficiará a reclusos procesados y condenados por secuestro, violencia intrafamiliar, tráfico de armas, soborno, cohecho, corrupción y lesiones personales con perdida anatómica.
Tampoco a quienes hayan cometido “delitos graves o gravísimos, delitos sexuales, lesa humanidad, narcotráfico no sale tampoco, y tampoco privados de la libertad que pertenezcan a grupos que están en justicias transicionales o delincuenciales”, agregó la ministra de Justicia.
Cobijará a personas mayores de 60 años, madres gestantes y quienes tengan enfermedades graves.
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Quienes incumplan esta garantía perderán los beneficios.
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