El Gobierno nacional tiene listo el borrador del nuevo estatuto antiterrorista, una iniciativa legislativa que se convertirá en una de sus principales banderas y que iniciará en los próximos días su trámite en el Congreso de la República, comenzando en la Comisión Primera del Senado. Aunque el delito de terrorismo ya se encuentra tipificado en el marco legal vigente en Colombia, la propuesta busca actualizar normas que tienen casi un cuarto de siglo de antigüedad, ajustándolas a los desafíos tecnológicos y de orden público actuales. En este borrador, el terrorismo se define de forma más clara y contundente como una manifestación no solo individual sino también grupal o colectiva que produce pánico, miedo y zozobra, generando graves riesgos para las poblaciones en el marco del conflicto armado.
Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas
Uno de los pilares centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, un mecanismo de inclusión diseñado bajo un esquema muy similar a la lista OFAC de los Estados Unidos. A través de esta herramienta, el Estado podrá identificar y clasificar con precisión a las estructuras criminales, grupos armados e individuos que promuevan o ejecuten actos de terrorismo. Para definir qué grupos o personas ingresarán a esta lista, las evaluaciones iniciales estarán a cargo del Consejo de Seguridad Nacional y de Política Criminal. Sobre los criterios que determinarán esta catalogación, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó el alcance de la norma: "Organización que cometa actos terroristas como tirarle eh granadas o tirarle drones o sembrar minas pues es una organización terrorista que debe ser tratada como tal ya lo definirá el Consejo de Seguridad Nacional".
Estar incluido en este registro tendrá efectos jurídicos e inmediatos. El borrador faculta al Gobierno para incautar de forma preventiva bienes y servicios, así como para finalizar contratos de manera anticipada con las organizaciones señaladas. Paralelamente, se contempla la creación de la Oficina del Alto Comisionado contra el Terrorismo, que vigilará la aplicación del estatuto, y el establecimiento de un régimen penitenciario de máxima restricción para cabecillas, financiadores y altos mandos. Estas medidas irán de la mano con la ley de sometimiento a la justicia, desarrollada junto con el ministro Iván Cancino, la cual establecerá el marco para las estructuras que decidan entregarse.
Endurecimiento de penas y nuevos delitos tipificados
El proyecto no se limita a la creación de listas, sino que introduce un catálogo de nuevos delitos y un drástico incremento de penas para combatir modalidades delictivas recientes:
- Uso ilegal de drones: fabricar, comprar o transportar drones con fines ilícitos conllevará penas de hasta 30 años de cárcel. Organizar o facilitar la operación tendrá sanciones de 8 a 16 años, mientras que ofrecer su servicio o utilización se castigará con 10 a 20 años de prisión. El texto aclara que no será necesario consumar el atentado para aplicar la sanción, pues el solo intento será penalizado.
- Azonadas y cercos: retener a un policía o militar en servicio tendrá una pena básica de 1 a 3 años de cárcel, la cual se duplicará si beneficia a una organización terrorista. La figura del "cerco humanitario" pasa a tipificarse como "cerco con privación de libertad", imponiendo entre 10 y 18 años de prisión por obstruir las operaciones de la fuerza pública e instrumentalizar a la población. Asimismo, los actos vinculados a secuestro simple tendrán penas de 26 a 42 años de cárcel, también susceptibles de duplicarse.
- Apoyo logístico y mando: prestar apoyo a una estructura criminal sin participar directamente en los ataques castigará a los implicados con 13 a 22 años de prisión. Suministrar servicios esenciales, como el transporte a la estructura, alcanzará penas máximas de hasta 33 años de cárcel.
- Minería ilegal e hidrocarburos: la explotación no autorizada de yacimientos mineros u oro sin documentos acarreará de 8 a 18 años de cárcel. Comercializar o abastecer medios y combustibles para minería ilegal tendrá sanciones entre 6 y 14 años de prisión. Además, el apoderamiento de hidrocarburos con fines ilícitos se castigará con hasta 20 años de cárcel.
- Agravantes adicionales: las penas existentes para extorsión y redes de contrabando se duplicarán. Por su parte, los ataques contra infraestructura clave, la contaminación de fuentes hídricas y la interrupción de servicios públicos verán sus condenas incrementadas hasta tres veces.
Procedimientos garantistas y evaluación de expertos
Pese al rigor de las sanciones, el texto contempla procedimientos garantistas tanto para incluir como para excluir a organizaciones de la lista, permitiendo la salida de aquellas que se acojan a los procesos de sometimiento a la justicia. Juristas y académicos expertos han destacado la urgencia de actualizar la legislación sobre terrorismo en Colombia, recordando que las normas vigentes datan de hace casi 25 años y no responden a avances tecnológicos como los drones ni a la expansión de la minería ilegal como fuente de financiación criminal. Asimismo, señalaron que la Ley de Extinción de Dominio, impulsada hace casi tres décadas, requiere esta renovación para permitir el embargo ágil de bienes y la reclusión efectiva en centros carcelarios especiales sin prevendas ni privilegios para los grandes delincuentes.
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El anuncio del estatuto ha generado intensos debates en el Congreso de la República, donde se concentran opiniones divididas frente a su trámite legislativo. Sectores mayoritarios respaldan las medidas, argumentando que el país enfrenta la presencia de casi 30.000 hombres en armas distribuidos en 527 municipios. Para estos congresistas, es indispensable contar con herramientas para controlar las comunicaciones desde las cárceles, congelar cuentas bancarias y desplegar tecnología antidrones que devuelva la seguridad al territorio.
En contraste, sectores de oposición como el Pacto Histórico se han manifestado en contra de la iniciativa. Críticos de este sector afirman que el proyecto otorgaría facultades excesivas a figuras como De la Espriella, equiparándolas al poder de un juez y un fiscal para congelar bienes o judicializar a opositores por meros comentarios que se consideren generadores de pánico, catalogándolo como inconstitucional. Por su parte, promotores del estatuto señalan que la oposición busca frenar un paquete de medidas efectivas necesarias para proteger a la población y recuperar el desarrollo económico en el país.
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