La Procuraduría formuló cargos contra Mónica María Raigoza Morales, actual alcaldesa del municipio de Caldas, quien presuntamente participó en un proceso contractual con desconocimiento del principio de igualdad de la función administrativa.
De acuerdo con lo señalado en los cargos, la implicada podría estar incursa en falta disciplinaria por incluir como requisito habilitante en una invitación pública del 2014 que el proponente estuviese domiciliado en el municipio de Caldas, condición que probablemente se configuró en una limitante para la participación de oferentes, al parecer, sin ninguna justificación.
Consideró la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá que con este condicionamiento la alcaldesa podría haber impedido que se supliera oportunamente una necesidad básica de la población de escasos recursos, como lo eran los uniformes para asistir a clases.
En esta etapa procesal, el órgano de control calificó la falta de la mandataria como gravísima cometida a título de culpa grave.
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El ente disciplinario precisó que la investigada podrá aportar o solicitar las pruebas testimoniales o documentales que estime en ejercicio del derecho a la defensa.
Finalmente el Ministerio Público compulsó copias para que la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá investigue a la secretaria de Educación de Caldas, quien fungió como supervisora del cuestionado contrato.
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