En un esfuerzo por blindar la integridad del proceso democrático, la Procuraduría General de la Nación presentó la evolución de su programa “Paz Electoral” bajo el mensaje pedagógico central: “La línea que no se cruza”. Esta iniciativa, lanzada oficialmente el 6 de mayo de 2026, busca orientar a los servidores públicos sobre los límites legales de su actuación frente a la elección presidencial de mayo y una eventual segunda vuelta en junio.
Las seis conductas no permitidas
De acuerdo con la Directiva 010 de 2026 y los lineamientos del Ministerio Público, existen seis conductas no permitidas y que los funcionarios deben evitar estrictamente:
- Hacer, financiar opromover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado.
- Presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos.
- Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas.
- Difundir propaganda electoral.
- Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de un causa o partido.
- Usar información reservada de la entidad con fines políticos.
Las conductas que no están prohibidas
La estrategia también enfatiza que no se trata de una restricción de los derechos ciudadanos. Los servidores públicos están autorizados para:
- Difundir información general, opinar o intervenir en debatesde interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista.
- Ejercer libremente el derecho al sufragio (con excepción de los miembros de la Fuerza Pública).
- Inscribirse como miembros de partidos políticos.
Marco legal y consecuencias.
Esta regulación, amparada en la Directiva No. 010, aplica para todos los niveles jerárquicos del Estado, con excepción de congresistas, diputados, concejales y ediles. El incumplimiento de estas normas no solo acarrea sanciones disciplinarias de alta gravedad, sino que, en casos de fraude o favorecimiento electoral, los implicados podrían enfrentar penas de prisión de entre 4 y 9 años, además de multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Canales de denuncia y control social.
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, el Procurador hizo un llamado a la ciudadanía y a los procuradores regionales para actuar como veedores. Se han habilitado canales oficiales para reportar cualquier irregularidad:
- Línea en Bogotá: (601) 587 87 50 (opción 1).
- Línea Nacional: 01 8000 940 808 (Opción 1).
- Sede electrónica: www.procuraduria.gov.co.
“Entre más pedagogía hagamos y contribuyamos con nuestro trabajo a que no se cruce la línea roja, mucho mejor”, puntualizó el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, subrayando que esta vigilancia es vital para el fortalecimiento de la democracia colombiana.
Este contenido fue construido con información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación.