Santos pide retirar proyecto de ley sobre terrenos baldíos

El Gobierno ordenó este jueves retirar una polémica reforma de ley que facilitaba que particulares acumularan tierras del Estado o "baldíos", un día después de que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, la radicara en el Congreso.
Fuentes de la Secretaría General de Leyes de la Cámara de Representantes indicaron a Efe que por el momento "no ha llegado ningún oficio que elimine el proyecto radicado ayer", pero fuentes del alto Gobierno afirmaron que la orden de retiro fue emitida porque no es el mejor momento para debatir este asunto.
La retirada del polémico proyecto fue confirmada esta noche por el presidente Juan Manuel Santos en un mensaje en su cuenta de Twitter.
"He pedido retirar proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo", manifestó el mandatario.
Esta iniciativa reforma la Ley 160 de 1994, que protege la existencia de los "baldíos" para ser entregadas a trabajadores rurales que no tienen acceso a ellas, y abre su aprovechamiento sin límites de extensión a todo tipo de interesados, tanto campesinos como empresarios.
Grupos de campesinos, organizaciones no gubernamentales y senadores como Jorge Enrique Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo, han liderado la campaña en contra de este proyecto de ley porque a su juicio favorece la acumulación de tierras y sus requisitos ponen a los jornaleros en peores condiciones.
Estos colectivos hicieron sus apreciaciones en función de un texto conocido en junio que según opinaron contradecía otras iniciativas gubernamentales como la Ley de Restitución de Tierras o la reforma agraria que puede resultar del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según un comunicado emitido ayer tras radicar el proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, cuyo titular no ha hecho todavía ninguna declaración oficial, el nuevo texto cambiaba algunas condiciones.
Por ejemplo, reducía de 5 a 3 años el tiempo que el beneficiario debía permanecer con un contrato de alquiler en las tierras, disminuía la extensión que debía ser explotaba de dos tercios a la mitad y bajaba el patrimonio de los elegibles de 1.000 a 400 salarios mínimos "para que los beneficios lleguen a los productores más pobres".
Otro punto que había causado malestar en anteriores borradores del texto era la ausencia de un límite de acumulación de unidades de tierra, representadas en la medida de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
En este caso, el Ministerio advertía que este proyecto "no contempla una solución a las controversias judiciales que se han generado por la acumulación de UAF, tema que corresponde dirimir a los jueces".