Se completan 20 días desde el inicio del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y grupos como las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Clan del Golfo, disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia. Pese a lo que se esperaba, el impacto no ha sido lo que anhelaban las regiones. A esto se suma que no hay un mecanismo de seguimiento y monitoreo.
Patrullajes de ilegales a plena luz del día en cascos urbanos como fue el caso de Policarpa, en Nariñoo días después en Balboa, Cauca; la muerte en enfrentamientos de once miembros de grupos armados ilegales en Puerto Rondón, Arauca, o el secuestro de militares en pleno descanso, pese al pacto de cese al fuego, son las acciones que por estos días llevan a la población a preguntarse si se está o no cumpliendo el cese al fuego.
En regiones como Arauca, Chocó, Cauca y Nariño persisten los enfrentamientos y la tensión. Lo que contrarresta en departamentos como Antioquia, Córdoba, Cesar, Putumayo e incluso Norte de Santander, donde las acciones hostiles han bajado su intensidad.
Según organizaciones sociales, como Redepaz, el problema radica en que no es suficiente un acuerdo de cese al fuego si no existe un compromiso de cese de acciones hostiles contra la población.
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“Se ha disparado la vacuna exprés que es la de deme 10 millones, deme 20 millones, al que vende aguacates o al que tiene un supermercado. Se ha aumentado el secuestro, se ha aumentado el señalamiento, se ha aumentado el confinamiento, algo así como yo copo el territorio, nadie se sale” explicó Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz.
Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, asegura que aunque hay voluntad de parte del Gobierno Petro para alcanzar la paz, al proceso de cese al fuego le faltan claridades.
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“No hay protocolos para el cese y, si no hay protocolos para el cese, no hay monitoreo y tampoco puede haber verificación, de modo que el llamado primero a los grupos armados es dejar a la población civil tranquila”, dijo Negret.
En la misma línea apunta el actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien asegura que la entidad ha sido excluida de participar en un mecanismo de monitoreo.
“No existen los protocolos, que yo tenga conocimiento, y nosotros no hemos sido invitados, pero eso no es óbice para nosotros como institución de derechos humanos. Vamos a ejercer, vamos a reafirmar nuestra competencia de monitoreo, de seguimiento y acompañamiento a las poblaciones en el marco de advertir cualquier situación de riesgo”, señaló Camargo.
“Pero ¿y las hostilidades?, ¿el cerco a las comunidades? Ese miedo que asiste hoy a las comunidades porque están copando el territorio”, exclamó Sanabria.
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Y si hay algo que preocupa es que el cese al fuego ha transformado las dinámicas de los grupos armados ilegales, pues si bien han bajado los homicidios en cumplimiento de la tregua, estos grupos no han renunciado a sus economías ilegales, por lo que la trata de personas, la extorsión y el narcotráfico están disparadas. La pregunta es: ¿qué va a hacer el Gobierno para garantizar el silenciamiento de fusiles y a la par generar los alivios humanitarios?
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