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Están en manos de esa guerrilla, el Clan del Golfo, los Caparrapos, disidencias de las FARC y el EPL. Algunos son entregados por los mismos padres.
Las comunidades emberas katío de Jagual y Marcial, asentadas en la cuenca del río Truandó, en el municipio de Ríosucio (Chocó), padecen no solo por el conflicto armado que los obliga a resguardarse de los combates, sino el drama y dolor de familias separadas por los violentos.
Ya la alarma la había encendido la Defensoría del Pueblo, cuando logró llegar en chalupa a uno de los sitios más remotos de la geografía nacional. Se necesitaron por lo menos 15 horas por río para entrar en una selva donde las comunidades piden ayuda a gritos.
La visita del defensor del Pueblo, Carlos Negret, dejó a muchos alegres, pero él se fue con un sinsabor: “ahí encontramos que en 45 días habían reclutado 25 niños y lo había hecho el ELN”.
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Según la Defensoría, las alertas ahora se prendieron en Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó y Norte de Santander, donde se recrudeció el reclutamiento. Datos del secretario de Naciones Unidas indican que en 2017 hubo 169 casos de reclutamiento de menores y la cifra llegó a 293 en 2018.
Las amenazas y las falsas promesas han entrado en las comunidades, dicen las ONG.
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“Las familias tienen miedo de denunciar lo que está pasando porque están amenazadas para no hacerlo. Desafortunadamente no están creyendo en los sistemas de la justicia”, indica Gabriel Bustamante, asesor en derechos humanos.
Para Carlos Mejía, de Oxfam Colombia, no solo se están llevando a los niños, también las familias los entregan por un poco de dinero y, lo peor, es que asegura que la justicia no opera: “Hay unas modalidades en las cuales los grupos armados se están llevando a los menores a la fuerza, pero dada la vulnerabilidad económica también se presentan casos donde son las mismas familias que llevan a los muchachos”.
Según la directora de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, la entidad focaliza sus acciones en 104 municipios que tienen alto riesgo de reclutamiento.
Desde noviembre de 1999 hasta enero 31 de 2020, el ICBF ha atendido a 6.798 menores de edad desvinculados de los grupos guerrilleros. Unos 196 ingresaron al programa durante 2018, y 180 lo hicieron en 2019. En lo que va corrido del año se han atendido a 11 niños, niñas y adolescentes.
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Organizaciones como Paz y Reconciliación advierten que el reclutamiento de niños y adolescentes está sin control. Para Ariel Ávila, los grupos armados tienen dinero a dos manos gracias al narcotráfico y el oro, y en esa ecuación las víctimas son los niños.
Ávila explica que "estamos en una bonaza de la droga con más de 170.000 hectáreas y en una bonanza de la minería ilegal del oro. El 60% del oro que produce Colombia es ilegal. Eso significa que hay mucha bonanza ilegal y eso significa más reclutamiento, más armas y más guerra”.
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El mapa del reclutamiento, según el analista, lo manejan 5 grupos:
En Putumayo, tres disidencias de las FARC se disputan el territorio y a los niños. “Tenemos reporte de que han llegado a comunidades a llevarse 10 o 15 niños para esta nueva guerra que se está iniciando”, detalla Ávila.
“Hoy en armas, Colombia tiene cerca de 15 mil insurgentes. El ELN tiene en armas unos 3.000 guerrilleros; las disidencias, alrededor de 2.500; el clan del golfo, 3.000 personas; los Caparrapos, 600 personas, y los rastrojos, 400 personas”, agrega.
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Paz y Reconciliación calcula que en Colombia hay 130 municipios en poder de los violentos. Recuperar la autoridad y derrotar el narcotráfico y el reclutamiento puede llevar más de 3 años.
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