La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) sostiene que las comunidades en el país se movilizan en rechazo a la violencia, por el riesgo de exterminio físico y cultural, y en defensa de su dignidad, la vida, la resistencia y la paz.
De los 115 pueblos indígenas que existen, según el último censo del DANE en 2018, al menos 68 están en riesgo debido al conflicto armado.
De acuerdo con la Unidad de Víctimas, 384.886 indígenas han resultado afectados por las confrontaciones armadas y por la violencia contra ellos y sus comunidades.
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“Nos siguen matando en nuestros territorios, siguen asesinando a nuestras mujeres, siguen asesinando a nuestros compañeros que también se han puesto la camiseta para defender el territorio”, aseguró una vocera perteneciente al pueblo indígena.
Estas comunidades, en su mayoría, se ubican en áreas dispersas de difícil acceso, un factor determinante que explica el peligro al que están expuestos. A esto, según las organizaciones indígenas, se suma la ausencia del Estado colombiano en estos territorios.
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“Exigimos y seguiremos exigiendo la desmilitarización de nuestros territorios porque los militares y los diferentes grupos que han llegado a los territorios solamente desarmonizan, asesinan, masacran a niños, mujeres y jóvenes”, expresó la mujer.
La ONIC ha denunciado que dentro de las causas estructurales que amenazan a estos pueblos étnicos se encuentra la disputa del territorio para desarrollar actividades legales e ilegales.
“Por eso también quiero reafirmar que el apoyo de la comunidad nacional e internacional es fundamental en el marco de las decisiones de autoridades naturales, a un paso de seguir la ruta jurídica y seguramente acudiremos a los escenarios internacionales”, manifestó Aida Quilcué, consejera de derechos de los pueblos indígenas.
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“Sigamos luchando frente a la indolencia, frente a un gobierno que no escucha a su pueblo”, señaló Hermes Pete, consejero mayor de la ONIC.
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, derechos humanos y paz documentó que entre noviembre de 2016 y julio de 2017, posterior a la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, 4.508 casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en territorios indígenas, en los departamentos de Cauca, Tolima, Antioquia, Cesar, Chocó, Nariño, Quindío, Valle del Cauca, Meta, Guajira, Risaralda y Amazonas.
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