El Senado de la República aprobó esta semana la ley contra el ruido, la cual busca combatir a quienes abusan del ruido afectando el bienestar de los ciudadanos y los ecosistemas.Las multas serán el castigo para quienes abusen del escándalo, molestando a sus vecinos. Con la sanción de esta ley, la legislación contará con las herramientas necesarias para abordar un problema de salud pública que a diario genera quejas de residentes y ciudadanos en Colombia.Luego de que el Senado aprobó el proyecto, este deberá pasar por la Cámara de Representantes y luego a sanción presidencial para volverse ley.(Lea también - Colombia tendrá ley contra el ruido: Senado aprobó iniciativa en último debate, ¿de qué se trata?)La ley contra el ruido busca crear herramientas y directrices para una política de calidad acústica en el país, asegurando un entorno libre de los efectos nocivos del ruido para la salud humana. El proyecto habla de la importancia de proteger la flora y fauna, especialmente las aves en las zonas verdes urbanas y municipales, de los efectos adversos del ruido excesivo. Las ciudades más ruidosas de Colombia serán las más beneficiadas por esta regulación si la Cámara la termina aprobando."Es difícil para la Policía establecer sanciones": ponente de ley contra el ruidoEl ponente de la ley contra el ruido, el representante a la Cámara Daniel Carvalho, habló en Noticias Caracol en vivo sobre su iniciativa y dijo que “la Policía Nacional fue la coautora de este proyecto, la Policía nos ayudó mucho a redactar algunos capítulos porque lo que está contenido en el Código de Policía no está siendo de fácil implementación por parte de ellos. Hoy en día es muy difícil para la Policía establecer una sanción o lograr el cierre de un establecimiento. Entonces, ellos mismos nos ayudaron a darle una redacción que da más poder tanto a la Policía como a las administraciones locales”.El representante aseguró que con la nueva norma “las sanciones aumentan drásticamente y por otro lado hay más facilidad para poder poner una sanción. Hoy en día, probar que un establecimiento o un vecino está haciendo un ruido que supera la norma es muy difícil porque hace falta un procedimiento muy largo y con unos aparatos de los que no hay muchos en Colombia. Entonces ahora, simplemente, con una buena cantidad de vecinos o si hay unas condiciones que el policía o el inspector de Policía o funcionario de la alcaldía determine que son molestas para un vecindario, ya puede entrar a ponerle una sanción, sin hacer todo un protocolo de medición que es complejo”.¿En cuánto quedan las multas por hacer ruido?Según el representante Diego Carvalho, “vamos a quedar con unas sanciones de 8 a 16 salarios mínimos mensuales (unos 20.800.000 pesos con el salario mínimo 2024). Se triplica o cuadriplica el monto de las sanciones, esperando que la gente comience a tomar consciencia, a partir de sanciones más drásticas”.Carvalho sostuvo que “el 70% de las llamadas que se hacen al #123 de la Policía tienen como razón los problemas de ruido, entonces la Policía está desbordada. Esperamos que, con estas facilidades y este aumento en las sanciones, haya más pagos y sobre todo más miedo de los infractores para que se decidan por fin a hacer silencio”.(Lea también: Se hunde la reforma tributaria en el Congreso de la República)El funcionario aseguró que “el proyecto de ley incluye unas medidas pedagógicas y de cultura ciudadana. No creemos que sea necesario entrar de una imponiendo multas, sino que las alcaldías, que serán las protagonistas de esto, deben empezar a definir unas estrategias comunicativas y pedagógicas. Un alcalde como el de Bogotá o Medellín debería, a partir de esto, salir a anunciarle a su población que a partir de ahora el ruido va a ser un problema de interés de la alcaldía, que va a empezar a levantar unos diagnósticos y que va a sacar unas estrategias”.Finalmente, el representante Carvalho, manifestó que “esto también tiene que tener un componente participativo. Hay que escuchar a las comunidades, cuáles son las más afectadas y, a partir de esto, priorizamos unos sectores y unos casos. Me parece que esa es la forma más correcta de empezar”.
Este miércoles, 11 de diciembre de 2024, las comisiones económicas del Congreso de la República hundieron la reforma tributaria del Gobierno nacional. El Gobierno, con un apoyo menguante en el Congreso, presentó el pasado 10 de septiembre este nuevo proyecto de reforma tributaria, la segunda de la presidencia de Gustavo Petro, para tapar el déficit de 12 billones de pesos en el presupuesto de 2025, aunque posteriormente el Ejecutivo bajó esta expectativa a 9,8 billones de pesos.(Lea también: Corte Suprema realizó inspección en Ministerio de Hacienda por escándalo de UNGRD)Las cuatro comisiones le dijeron no a esta reforma que buscaba recaudar 9.8 billones de pesos. La votación quedó así:Comisión Tercera del Senado: 8 votos a favor del archivo y 6 por el no.Comisión Cuarta del Senado: 8 votos a favor del archivo y 6 por el no.Comisión Cuarta de la Cámara: 16 votos a favor del archivo y 10 por el no.Comisión Tercera de la Cámara: 17 votos a favor del archivo y 12 por el no.Al final de la sesión en el Congreso hubo polémica porque Efraín Cepeda, presidente del Senado, votó no por el archivo, pero ratificó que siempre ha estado en contra de esta reforma del Gobierno.El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, que llegó para reemplazar a Ricardo Bonilla, quien renunció la semana pasada señalado de haber participado en un entramado de corrupción, defendió este miércoles el proyecto hundido y aseguró que era una reforma que "no afecta a los colombianos de a pie"."Hoy el Congreso ha negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al presupuesto; esto no es un voto en contra del presidente Petro, es un voto en contra de las regiones", criticó Guevara.Guevara recibió así su primera derrota al frente de la cartera de Hacienda.Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó: "Lo lamentable de la decisión de hoy es que no se permitió la discusión (...) El país merecía ese debate y no que en dos horas se hundiera el proyecto".Entre las novedades de la fracasada iniciativa estaba el subir los impuestos a las plataformas de juegos de azar y a los vehículos híbridos e incrementar el impuesto al carbono.El presupuesto de 2025 ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos meses y a finales de noviembre el Gobierno anunció que lo recortaría en 28,4 billones de pesos por la "situación económica actual de la nación".En el segundo semestre de 2022, cuando Gustavo Petro llevaba pocos meses en la Presidencia y gozaba de buena popularidad, el Congreso le aprobó una primera reforma tributaria para la vigencia de 2023 por 19,7 billones de pesos (unos 4.136 millones de dólares de entonces) y con énfasis en la equidad y lo social.Presidente Petro se pronunció tras el hundimiento de le reforma tributariaA través de la red social de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó que se haya hundido la reforma tributaria."El hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano", expresó el mandatario.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes 9 de diciembre una proposición en la que pide al mandatario Gustavo Petro no asistir el próximo 10 de enero de 2025 a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, porque todavía no se conocen las actas de votación de las presidenciales del pasado 28 de julio.La iniciativa, que obtuvo 75 votos a favor y 27 en contra, fue promovida por el vicepresidente de la Cámara, Jorge Tovar, elegido por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), surgidas del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas FARC en 2016.(Lea también: "Romper relaciones y cerrar fronteras no ha funcionado": vicecanciller colombiano sobre Venezuela)¿Qué dice el documento de la Cámara dirigido a Gustavo Petro?"Está claro que en Venezuela se robaron las elecciones, que es un Gobierno ilegítimo y que el presidente Petro y el Gobierno colombiano no pueden bajo ningún punto de vista reconocer lo que fue un robo del siglo democrático", afirmó Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo.Tovar consideró que "yendo a la posesión del presidente Maduro el próximo 10 de enero estaríamos reconociendo tácitamente al Gobierno de Maduro", y recordó que todavía no se conocen públicamente las actas de la jornada electoral del 28 de julio, que le dieron una cuestionada victoria, porque "no existen".En la proposición, se lee que “la ausencia de publicación de las actas de votación constituye una grave vulneración a la transparencia electoral, dejando un ‘manto oscuro’ sobre la realidad política de Venezuela”.Así mismo, consideran que “la asistencia a dicho acto podría ser interpretada como un reconocimiento tácito a un gobierno cuya legitimidad está cuestionada, lo cual contravendría la posición de Colombia en defensa de la democracia y los derechos humanos”.Agrega que “en este contexto, debe quedar claro que, sin actas, no hay reconocimiento. Este es el mensaje de Colombia ante la comunidad internacional, en coherencia con los principios de legalidad, transparencia y legitimidad democrática, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones el señor Canciller, Luis Guillermo Murillo”.(Lea también: Colombia no reconocerá resultados electorales de Venezuela, pero mantendrá relaciones con ese país)“La abstención de asistir al acto de posesión sería una postura firme en pro de exigir claridad y garantías sobre la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos”, señala.La oposición venezolana reclama la victoria en esas elecciones con su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano proclamó la victoria de Maduro, resultado desconocido por la mayoría de la comunidad internacional.¿Qué dijo Petro sobre la petición de los congresistas?Tras conocer la aprobación de la propuesta en la Cámara de Representantes, Petro respondió y dijo que esa corporación está desbordando sus competencias. "El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.Añadió: "En su debido momento decidiré si asisto o no a la posesión del actual presidente de Venezuela".(Lea también: Petro dice que "fue un error" elecciones en Venezuela y que gobierno Maduro dejó el "mapa oscuro")
La Corte Suprema de Justicia ordenó una prueba grafológica en el caso de la congresista Karen Manrique, vinculada en la presunta recepción de dádivas a cambio de conceptos favorables para créditos requeridos por el Gobierno nacional.En las últimas horas se inspeccionó la oficina de la representante a la Cámara con el fin de buscar documentos con su letra y poder compararlo con una lista de congresistas que, según Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la funcionaria escribió en una libreta.La defensa de la representante Karen Manrique aseguró que lo escrito en dicha libreta pertenece a otra persona.(Lea también: Corte Suprema allanó oficina de la congresista Karen Manrique por escándalo en la UNGRD)De acuerdo con las declaraciones de Olmedo López, Marique fue la coordinadora de los congresistas que, al parecer, iban al Ministerio de Hacienda en busca de la contraprestación para emitir los conceptos.¿Qué dijo Karen Manrique sobre acusaciones?Frente a las acusaciones de Olmedo López, la representante a la Cámara se pronunció desde su redes sociales el pasado 19 de julio y dijo: "Me duele que por esa razón y justo previo a las elecciones de mesas directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia, que vivimos con mayor rigor las mujeres, como lo es el departamento de Arauca, esté viendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello mi nombre, que es el único capital con que cuento, que he construido paso a paso”.Karen Manrique fue citada el 2 de diciembre por la Corte Suprema de Justicia a indagatoria. El abogado de la congresista, Andrés Garzón, aseguró que ella guardará silencio hasta no conocer cuáles con las indicaciones que se hacen. También aseguró el defensor que "no hubo ningún contrato, no se desembolsó un peso, ni hay ningún dinero embolatado para el país", además de que "la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley".El abogado añadió que “ya se demostrará en el curso de la investigación que no se cometió ningún delito y que las actuaciones de la representante Karen Manrique estuvieron apegadas a la ley”.Acerca de Olmedo López, el abogado Garzón sostuvo que “él ha hecho uso de su derecho a guardar silencio para no declarar en este expediente y no ser interrogado por los abogados. Todo lo que ha dicho por fuera será elemento de juicio para el país”.(Lea también: Presidente Gustavo Petro sale en defensa del minhacienda Ricardo Bonilla en medio del caso de UNGRD)
Luego de unas diez horas de intenso debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este lunes 2 de diciembre, con 124 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), el cual buscar aumentar los recursos que la Nación les transfiere a los departamentos del país.El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Este sistema, que se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación, "tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial", como explicó el Ministerio del Interior.Lea también: Abogado de Ricardo Bonilla pide a Fiscalía escuchar al ministro tras declaraciones de BenavidesLo que plantea este proyecto es que estas transferencias pasen de cerca del 20% al 39,5% de los ingresos de la Nación a las regiones, hasta el 2038. Este será un periodo transitorio de 14 años para poder contar con territorios más descentralizados. Sin embargo, antes de convertirse en ley, este proyecto debe ser conciliado con el Senado, además de contar posteriormente con la sanción presidencial. Eso sí, tanto el texto aprobado en el Senado como en la Cámara establece que la cifra pasará, de manera gradual, de 23,8% a 39,5%. Además, se condiciona la entrada en funcionamiento de la reforma a expedición de una ley de competencias.Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, adelantó este mismo lunes que en los próximos meses habrá una ley de competencias, que es la que podrá determinar una regulación más clara sobre las responsabilidades del Estado y las entidades territoriales para este nuevo SGP que se aprobó en la Cámara.Lea también: Divorcio exprés y libre: abecé del proyecto de ley que fue aprobado por el CongresoEste lunes, quedando solo el parágrafo 2 del artículo 1 de este proyecto de ley por debatir, la plenaria de la Cámara de Representantes dio su luz verde a la iniciativa. Cabe señalar que este parágrafo fue acordado entre congresistas de la plenaria, por las inconformidades que causó la interpretación de que las entidades territoriales tengan que asumir cargas en el sector educativo que podrían ser desproporcionadas para su actual capacidad de administración y ejecución.Hay que decir también que, desde un inicio, esta fue una iniciativa cuestionada por algunos sectores, pues si bien reafirma la apuesta por reforzar la autonomía de las regiones, también implicaría un desequilibrio en la estabilidad fiscal de la Nación."Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. En la Constitución del 91 fuimos generosos en materia de descentralización. Partimos del principio de que ese modelo centralista era un verdadero fracaso. Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios", dijo el representante a la Cámara del partido Liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto.
Las recientes declaraciones que dio la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, al oponerse al proyecto de ley que busca sancionar a padres y tutores que consientan las ausencias escolares, desataron una polémica en redes sociales. Lo anterior derivó de una serie críticas que hizo la mujer contra el sistema educativo en Colombia, pues Boreal aseguró que este "muchas veces no funciona, por diferentes razones":"El sistema educativo, muchas veces, no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman, y un montón cosas, porque son ambientes muchas veces super hostiles también. Metemos a 40 o 50 niños en un salón con una profesora, un profesor, sin garantías, con todas las cosas en contra y nosotros pretendemos que esa es una educación de calidad", dijo la representante.Según Boreal, con estas falencias los niños no pueden explotar su potencial creativo, sino que, por el contrario, "tienen que estar sentados en una silla, ocho horas, escuchando un montón de cosas que, la mayoría, no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas".De cara a esta polémica, la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla habló con Noticias Caracol y sostuvo que, aunque debe reconocerse que el sistema educativo del país cuenta con varios problemas, las afirmaciones de la representante eran "irresponsables":"El sistema educativo, efectivamente, debe hacer unos cambios, pero pues no decir que estamos condenando a los niños, a los jóvenes y a los posteriores adultos a la infelicidad, creo que es irresponsable por parte de la congresista", dijo la experta.De hecho, la entrevistada sostuvo que la pandemia, por ejemplo, demostró que los hogares, en muchas ocasiones, no son territorios seguros para los niños, y que "muchas veces es el colegio el territorio, el lugar seguro, para ellos y ellas"."El lugar natural de los niños debe ser el hogar y el colegio. Permitir, siquiera, decir que la ida al colegio de los niños es un acto violento me parece una absoluta irresponsabilidad de parte de la congresista", sostuvo Bonilla.Qué dijo la representante Susana Boreal tras polémica por crítica al sistema educativoPasadas varias horas desde que inició la polémica por un fragmento de su discurso que se hizo viral en redes sociales, la representante aseguró que, aunque sostiene que el sistema educativo "podía ser mejor", se habían tergiversado sus palabras:"Hoy, defendiendo mi postura ante un proyecto de ley que pretende sancionar a padres y tutores que consientan las ausencias escolares, dije que el sistema educativo puede ser mejor y basado en la voluntad por el saber y no en la obligación. Inmediatamente salieron a tergiversar mis palabras con titulares sensacionalistas para desatar una ola de reacciones y clics (...) Cuando vemos los debates completos y en contexto, los titulares engañosos no logran su cometido de manipular nuestras emociones y mantenernos con ira, reaccionando y peleando", escribió Boreal a través de sus redes sociales. Hoy, defendiendo mi postura ante un proyecto de ley que pretende sancionar a padres y tutores que consientan las ausencias escolares, dije que el sistema educativo puede ser mejor y basado en la voluntad por el saber y no en la obligación. Inmediatamente salieron a tergiversar… pic.twitter.com/D4MYY3mx58— Susana Boreal (@SusanaBoreal) November 28, 2024
El divorcio en Colombia podrá firmarse con la voluntad de solo uno de los cónyuges, de acuerdo con el último proyecto de ley que fue aprobado este martes en su último debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, con 89 votos positivos. Ahora debe pasar a sanción presidencial para que se vuelva realidad. Actualmente, el artículo 154 del Código Civil determina que las causales de divorcio son: relaciones sexuales extramatrimoniales, incumplimiento de los deberes que tienen los cónyuges, ultrajes y trato cruel; alcoholismo, drogadicción, y una enfermedad o anomalía grave o incurable. (Lea también: El divorcio podrá pedirse de forma unilateral en Colombia: Congreso aprobó el proyecto).También son causales de divorcio en Colombia "toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro", demostrar que llevan dos años sin vivir juntos y el consentimiento de las partes ante un juez de que quieren separarse, según el equipo de la representante Katherine Miranda, quien lideró la iniciativa."Todos hemos escuchado esa frase de: 'no me quiere dar el divorcio'. Tienen que pasar dos años, demostrar no convivencia. La legislación colombiana es engorrosa y tiene muchísimas trabas para acceder al divorcio", indicó la congresista en entrevista con Noticias Caracol. Sin embargo, con el nuevo proyecto, se agregará la causal 10 a este artículo: “La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges”. Esto quiere decir que no será necesario alegar culpa o situaciones específicas para divorciarse, ni se necesita que los dos involucrados estén de acuerdo. "Permitir el divorcio unilateral evita largos procesos judiciales basados en pruebas y acusaciones, lo que puede profundizar los conflictos entre las partes y afectar emocionalmente a las familias, especialmente a los hijos", se lee en el proyecto.Otros cambios del proyecto sobre el divorcioAdemás de la nueva causal, el proyecto de ley propone: Indemnización económica y simbólica para los cónyuges víctima de violencia intrafamiliar.Se exige que la propuesta de divorcio incluya una propuesta de alimento, liquidación de bienes y cuidado de los hijos.También será aplicable en uniones maritales de hecho.(Lea también: El avispero en la cúpula del petrismo por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño).De esta forma, Miranda indicó que las causas del divorcio dejan de ser motivo de disputa y el proceso se centra en lo más importante: la igualdad de Los derechos de los hijos comunes menores de edad o con alguna discapacidad, las obligaciones de alimentos entre cónyuges y para con los hijos y la disolución y liquidación del patrimonio conjunto.Añadió que esta medida se ha implementado en otros países, como Argentina, México y España, garantizando la libertad individual y logrando "reducir el conflicto en los hogares, no solamente para los padres sino para los hijos". La congresista hizo énfasis en que este proyecto de ley favorece a las mujeres, "que en muchos casos han tenido que vivir por todos esos procesos de divorcios, absolutamente costosos. A muchas de ellas les ha costado incluso la vida".
Con 14 votos a favor y cuatro en contra, la comisión séptima de la Cámara de Representantes aprobó este lunes en primer debate el proyecto de reforma a la salud, una de las iniciativas bandera del Gobierno Nacional. >>>Siga leyendo: Polémica en elección para magistrado de la Corte: apareció un voto de másLa ponencia de 58 artículos ahora pasará a ser discutida en la plenaria de la Cámara junto a 6 artículos nuevos avalados. Es decir, se discutirán en total 64. Cabe recalcar que el de este lunes es el primero de cuatro debates que este proyecto de ley debe superar en el Congreso para ser aprobado y sancionado como ley de la República.Entre los puntos aprobados este lunes se encuentran, por mencionar algunos, el modelo de salud en atención primaria con un enfoque diferencial y territorial que también cuente con la articulación de instituciones prestadoras de servicios de salud; el fortalecimiento de los centros de atención primaria en los territorios más apartados, y las condiciones para los trabajadores que hacen parte del sistema.De igual forma, los requisitos para que las Instituciones de Salud del Estado (ISE) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas o mixtas, puedan tener créditos blandos con tasas compensadas; la construcción e implementación de la política de ciencia, tecnología e innovación para el sector salud en coordinación con el Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud (INS), y la promoción de investigación y producción de vacunas.Entre los puntos importantes, se aprobó el artículo que transforma las EPS en Gestoras de Salud y Vida, que serán "entidades de naturaleza privada, pública o mixta, con o sin ánimo de lucro, que surgen en virtud de la transformación de las EPS", se lee en el texto.De otro lado, se aprobó el artículo que designa al Ministerio de Salud como rector del sistema y el que define las funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que asumirá el rol de principal pagadora del sistema.Los seis artículos añadidos a la propuesta inicial surgen del proyecto presentado el pasado 1º. de agosto por organizaciones de salud y las representantes independientes Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao, entre otros.Las reacciones por la aprobación del proyectoLa aprobación generó distintas reacciones. La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, celebró la decisión. "Aprobamos una reforma que busca fortalecer y descentralizar el sistema de salud de forma que los servicios lleguen a cada rincón del país, especialmente en zonas rurales, para que todos los y las residentes del país puedan recibir la atención que necesitan", escribió en sus redes sociales.Entre tanto, voces de la oposición expresaron su desacuerdo. Por ejemplo, Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que considera que la iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro tendría falencias estructurales por resolver y que no ofrecería las soluciones necesarias para el sistema. "Este proyecto sigue sin resolver los problemas actuales de los pacientes", manifestó.Esta es la segunda vez que la comisión séptima le da el visto bueno al proyecto de reforma a la salud, luego de que se hundió su primera versión el semestre pasado.
El proyecto que busca legalizar el cannabis de uso adulto en Colombia estaría presentando, por tercera vez, problemas para ser aprobado, pues, según la bancada Provida del Congreso de la República, este ya no contaría con el tiempo suficiente para tener luz verde durante esta legislatura. De hecho, a través de un comunicado publicado el pasado miércoles 13 de noviembre por el representante a la Cámara Jose Jaime Uscátegui, la colectividad citada dijo que ya era un hecho que el proyecto de acto legislativo que buscaba esta legalización se había hundido por tercera vez en el Congreso de la República. "Desde la Bancada Provida podemos confirmarle al país que se ha hundido por tercera vez la iniciativa que pretendía legalizar el cannabis recreativo en Colombia, donde el trabajo que desarrollamos desde esta bancada fue vital para lograrlo", se lee en una parte del oficio.>>> También le puede interesar: Petro decreta situación de desastre en Colombia durante un año por ola invernal: ¿qué implica esto?Para este grupo del Congreso, dicho hundimiento se debe a que "este proyecto de acto legislativo debía cursar su segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes, pero ya no cuenta con el tiempo suficiente para ser debatido y aprobado como lo requieren sus tiempos". En qué consiste el proyecto de acto legislativo que busca legalizar el cannabis de uso adulto en ColombiaEl proyecto de acto legislativo que busca legalizar el cannabis de uso adulto en Colombia y que, incluso, estuvo a poco de convertirse en ley durante el periodo anterior, pretende "la creación de un marco regulatorio para la producción, comercialización y venta del cannabis de uso adulto".Con lo anterior, según dijo el congresista Juan Carlos Losada, uno de los coautores del proyecto, se busca proponer "un enfoque de derechos" en este asunto y hacer "que las rentas provenientes del cannabis vayan a municipios y a los departamentos". "El presente marco regulatorio fijará disposiciones para proteger a la población de los efectos nocivos del consumo del cannabis y sus derivados, estableciendo como prioridad la protección de los menores. Así mismo, se dictarán medidas para la lucha contra las economías ilegales asociadas con la producción del cannabis y para la inserción al mercado a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, especialmente las afectadas por el conflicto armado", se lee en proyecto.Aunque, acorde con la página oficial de la Cámara de Representantes, el proyecto sigue en trámite, los tiempos parecen ser un obstáculo cada vez más grande para conseguir su aprobación.
Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro en los procesos penales, habló con Noticias Caracol sobre la investigación al mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por denuncias contra su campaña, que llegó a su recta final luego de dos años.>>>Le recomendamos: ¿Nepotismo en Gobierno Petro? Familiares de ministros tienen contratos con el Estado: investigaciónEn diálogo con María Alejandra Villamizar, Pava explicó cómo ejerció la defensa del mandatario y habló, además, de los diferentes escenarios jurídicos que enfrenta hoy Nicolás Petro, hijo del mandatario, y varios funcionarios del Gobierno.El abogado contó que el caso en la Comisión por la financiación de la campaña empezó como un "escándalo de forma mediática" y, luego, "se ha convertido en tema, digamos, ya judicialmente probado".La denuncia que llegó a la Comisión, como comenta Pava, buscaba demostrar que el presidente sabía que entraron dineros ilegales que no se contabilizaron y que, por tanto, tenía que asumir una responsabilidad política ante un juicio en el Congreso.Pava reconoció que "la conversación pública fue útil porque los denunciantes, que fueron congresistas y otros políticos, la llevaron a la Comisión", pero recalcó que "son las pruebas que se recaudan en la Comisión lo que al fin definen qué fue lo que pasó"."Estamos en 35 testimonios, 197 gigas de información. La defensa presentó 289 documentos e íbamos en tres inspecciones judiciales. Es decir, es una investigación muy seria que ha adelantado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes", aseguró el abogado, quien puntualizó: "La prueba del proceso dice que el presidente de la República es inocente, y que su inocencia -que así tenemos que reconocerlo por él y frente a cualquier ciudadano que entre a una investigación- debe ser reconocida y se encuentre respaldada probatoriamente en la investigación".>>>Lea también: Se cae nombramiento de Diego Cancino como director de la SAE: "Nunca ha salido decreto"El abogado también dio detalle de cómo es su relación con el presidente Petro. "No ha sido diferente a la relación que he tenido con otras personas a las que he defendido. Por supuesto, con otras altas dignidades o personajes públicos y demás. Claro, la defensa de un presidente siempre es retadora, tiene desafíos, tiene una gran exposición", comentó.Y agregó: "Yo he contado con una conversación tranquila, franca, amplia con el presidente cuando se trata de hablar del expediente, porque esa es la única línea de nuestra conversación".Petro ha manifestado que los procesos tienen un trasfondo político. El abogado respondió a ese interrogante: ¿Por qué el presidente cree que lo van a "tumbar" con estas investigaciones?"Tiene que preguntarle al presidente. Yo no le hablo de conceptos políticos. Yo le puedo hablar de conceptos jurídicos, y hay uno que los abogados hemos venido trabajando desde hace un tiempo importante, que es la guerra jurídica", respondió Pava.>>>Siga leyendo: Según Gustavo Bolívar, video en que habla de desprestigio a medios "fue editado"Según explicó, "la guerra jurídica la han sufrido y la sufren líderes sociales, líderes políticos de todas las jerarquías" y, en ese sentido, considera que Petro "ha sufrido guerras jurídicas".Ante la pregunta de qué viene ahora en el proceso ante la Comisión de Acusaciones, el abogado explicó que esta ya adelantó que estaban en la etapa de cierre y que próximamente había una determinación. En ese sentido, dijo Pava en esta entrevista, "la defensa ha preparado su solicitud de que se inhiban de abrir la investigación, que archiven y reconozcan la inocencia de los cargos o de la investigación penal contra el presidente. Es un documento de 400 páginas que recoge todo lo que ha pasado en la Comisión de Acusaciones".
