A 25 días de las elecciones regionales, Noticias Caracol consultó a los distintos gremios de la producción a propósito del difícil panorama de orden público en Colombia. Fedepalma, Asocaña y Fedearroz son algunos de los que denuncian delicadas situaciones de extorsiones y secuestros.
Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, gremio arrocero, denunció que “el principal problema que tenemos es el orden público, principalmente la extorsión y el secuestro que es el flagelo más grave que nos está azotando en el campo. Hay muchos arroceros que ya no puede ir a su finca porque siempre lo están extorsionando, lo están amenazando y la inseguridad es total; los robos a las fincas, los atracos a los agricultores, les roban la plata que llevan para pagar los jornales de sus empleados”.
Sin embargo, para el representante lo más grave “es que la ministra de Agricultura nos catalogue a los arroceros como multimillonarios. Eso me parece una declaración irresponsable porque esto nos ha llevado a volvernos blanco de los extorsionistas y de los bandidos”.
Hernández señaló que algunos arroceros son hostigados para que paguen una ‘vacuna’ basada en las hectáreas que posea, así como “le cobran a un ganadero por cabeza movilizada. La doble y triple tributación que hacen los productores en el campo en Colombia”.
Al consultarle sobre los departamentos donde concretamente se presenta este flagelo indicó que “no se salva ninguno, están en todo el país. Meta, Tolima, Casanare, Huila, la costa, el Valle. En todas partes”.
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“Ya no se puede trabajar, hay agricultores que ya no pueden ir a la finca, tienen que mandar a alguien a que haga sus veces porque si va tiene temor de ser secuestrado o amenazado permanentemente, inclusive ha habido hasta asesinatos por no pagar una extorsión”, precisó.
En nombre del gremio de los arroceros le pidió al Gobierno “certidumbre, porque nosotros vivimos en una terna incertidumbre por las normas que está dictando el Gobierno, por la extorsión, por la amenaza, por todo. ¿Quién puede vivir tranquilo en este país?”.
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“No es suficiente lo que se está haciendo por el orden público en Colombia”, agregó.
La perspectiva económica a ojos de Rafael Hernández es que “va declinando” y señaló que “con una situación como esta mucha gente ha vendido su finca y se ha ido, inclusive del país, por amenazas de todo el mundo”.
También le pidió al Gobierno de Gustavo Petro seguridad. “Necesitamos que el Estado cumpla con su deber de la Constitución de proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Nosotros los agricultores somos ciudadanos de Colombia y tenemos el mismo derecho que tiene cualquiera”, puntualizó.
De otro lado, gremios como Asocaña han denunciado que en norte del departamento del Cauca se han presentado algunas invasiones de campesinos en las zonas donde se presentan sus principales cultivos.
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