La Corte Suprema de Justicia investiga al potencial candidato a la Gobernación de Antioquia Julián Bedoya Pulgarín por las presuntas irregularidades en su graduación como abogado. Desde hace cuatro años, los fantasmas del fraude académico persiguen al hoy exsenador.
Tras las denuncias sobre presuntas anomalías en la aprobación de su título como abogado, otorgado en marzo de 2019 por la Universidad de Medellín, Bedoya ha sido investigado por la justicia. Primero, por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que recolectó un sinnúmero de evidencias para concluir, en palabras castizas, que todo apuntaba a que le habían regalado su título.
A pesar de los avances en esas pesquisas, como Bedoya dejó de ser senador en julio de 2022, la Corte tuvo que enviar el caso a la Fiscalía y allí el expediente dio un súbito giro. En abril pasado, un fiscal especializado le solicitó a un juez archivar este proceso porque, según él, no se cometió delito alguno.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol escarbó en el expediente de Julián Bedoya para tratar de desmenuzar qué pasó. Revisamos decenas de horas de testimonios bajo juramento, actas, calificaciones, documentos universitarios e informes judiciales.
La congresista Catherine Juvinao, una de sus principales denunciantes, ha dicho que “yo creo que las pruebas son absolutamente contundentes, la misma universidad de Medellín reconoció el grado irregular, expulsó al rector de su momento, que era el señor Néstor Hincapié, expulsó a las directivas y profesores que estuvieron involucrados en el fraude, la Universidad de Medellín pidió ante el Consejo de Estado anular el diploma, entonces esto es absolutamente cantinflesco”.
Julián Bedoya entró a estudiar derecho a la Universidad de Medellín en 2001 y obtuvo su título en marzo de 2019. Es decir, tardó 18 años en culminar la carrera. Cuando cursaba quinto año, en 2007, se retiró y reingresó en 2008 y 2009, pero no culminó sus estudios. Ya entonces se abría paso en su carrera política. En 2011, 2014 y 2018 pidió su reingreso a la facultad y que le mantuvieran el plan de estudios de 2001, que no lo obligaba, entre otras cosas, a aprobar el examen de suficiencia en inglés.
Aunque la universidad siempre le dijo que sí, Bedoya solo se matriculó en octubre de 2018. Es decir, obtuvo nuevamente la calidad de estudiante ese año y no antes.
Esto es clave porque una de las irregularidades que se investigan es que el exsenador pasó más de nueve años por fuera de la universidad y, según el reglamento del alma mater, su reingreso debió autorizarlo el consejo de facultad y no el entonces subsecretario general Juan Felipe Hernández en representación del consejo académico.
La Corte Suprema documentó, además, un sinnúmero de anomalías más en el proceso de obtención del título: certificados dudosos, actas de evaluación sin firmas y con espacios en blanco, la homologación del requisito del consultorio jurídico sin estar matriculado, inconsistencias en su proyecto de grado como asistente de investigación del profesor John Mario Ferrer, jurados sin experiencia en la materia para evaluarlo y la cereza del pastel: la aprobación de 17 exámenes orales y escritos, incluidos cinco preparatorios y una prueba especial, en apenas cuatro días. Una vez llegó a presentar siete exámenes en una sola jornada.
Para la Corte Suprema, esta cadena de irregularidades apuntaba a establecer que Bedoya no era un prodigio del derecho en este país de abogados, sino un hábil político que movió las fichas necesarias para graduarse a como diera lugar.
Uno de los testimonios más claves en este expediente lo entregó el fiscal Néstor Raúl Posada. En noviembre de 2020 le narró a la Corte que, debido a estas irregularidades, decidió renunciar a la cátedra que dictó durante 35 años en la Universidad de Medellín.
Posada añadió que uno de los evaluadores de Bedoya, el profesor Julián Rendón Toro, a quien consideraba como un hijo, le confesó a él y a su esposa, Estela Zuluaga, directiva de la universidad, que el senador jamás presentó los exámenes.
Según el testigo, el profesor Rendón les contó que había un acuerdo político entre Bedoya y el entonces rector Néstor Hincapié que consistía en que, a cambio de graduarlo de forma exprés, el senador se comprometía a ponerle votos a la presidenta de la Consiliatura de la universidad y concejal de Medellín Aura Marleny Arcila en las elecciones de octubre de 2019.
A pesar de estas y otras evidencias, todas recaudadas por la Corte Suprema de Justicia, hoy la Fiscalía pide archivar el expediente de Julián Bedoya, mientras en un proceso paralelo sí acusó a los profesores y directivas que aprobaron su título.
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