Walter Francisco Martínez Martínez será enviado a la cárcel por el caso de Lili Pink. Hasta ahora, él es el único capturado de esta investigación, cuyo entramado empresarial fue destapado por la Fiscalía a finales de abril de 2026. El señalado tuvo que comparecer a las primeras audiencias desde la cama de un hospital.
Martínez, quien es abogado de profesión, fue imputado por los delitos de presunto concierto para delinquir, contrabando y lavado de activos en audiencias preliminares. Por ello, el ente judicial solicitó ante un juez medida de aseguramiento. Y es que este hombre también tiene un antecedente que salta a la vista en su prontuario: anotaciones por el delito de favorecimiento del contrabando.
El juez encargado del caso resolvió cobijar al señalado con medida de aseguramiento intramural. Dadas las condiciones de Martínez, estará en detención hospitalario mientras se recupera de una afección que no fue revelada. En el momento que le den alta, el capturado será enviado a un centro de reclusión, reveló el Complejo Judicial de Paloquemao después de la audiencia.
La decisión judicial se da a conocer dos días después que Fast Moda S.A.S. -compañía dueña de Lili Pink- se desvinculara de cualquier relación con Martínez por medio de un comunicado que publicó su apoderado, el abogado Iván Cancino. El documento señala que, desde 2021, el abogado “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo” con la marca ni la empresa.
Además especificó que la relación que tuvieron en el pasado era una comercial, de carácter cliente-proveedor, que es habitual en el mundo del retail. “En ningún momento el señor Walter Francisco Martínez Martínez hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink, ni tuvo participación alguna en la toma de decisiones del entorno empresarial”.
En anteriores comunicados que ha publicado la compañía después de destaparse este caso, Fast Moda ha enfatizado que no existe una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de supuesto contrabando que ha expuesto la Fiscalía. “Lili Pink advierte, además, inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”, dice el segundo comunicado que publicaron después que el ente judicial ocupara 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
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María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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