Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
Mientras que continúan las audiencias por el caso de presunto lavado de activos y contrabando, que involucra a la reconocida empresa Lili Pink, la Fiscalía reveló que ocupó más bienes inmuebles de la cadena de ropa femenina. En un inicio, las autoridades ocuparon 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad a lo largo y ancho del territorio nacional una vez inició el caso formalmente.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADesde que se conoció sobre la ocupación de estos bienes, el ente judicial señaló que detrás de estos comercios habría un entramado compuesto por importadoras, comercializadores y sociedades de papel. Prácticamente, señaló que Lili Pink tenía a los almacenes de fachada para el presunto ingreso de recursos que tenían un origen ilícito, así como de contrabando. Lo más reciente de este caso es que la Fiscalía pidió cárcel para Max Abadi, confundador de la empresa. Además de eso, la defensa de los procesados reveló hallazgos que cuestionan la investigación del ente judicial.Nuevos bienes ocupados de Lili PinkLa Fiscalía General adicionó los 45 inmuebles como adición a las medidas cautelares con fines de extinción de derecho de dominio, bajo la tesis que ha mantenido del presunto ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando. La diligencia la llevó a cabo la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio. Se estima que el valor de los nuevos bienes ocupados supera los 184.615 millones de pesos.De acuerdo con el pronunciamiento oficial, servidores del CTI y uniformados del Ejército Nacional ocuparon los bienes. 17 de ellos estaban en zona rural y 28 de ellos en centros urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).Hay que tener en cuenta que todo lo que pasa por extinción de dominio queda en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que esta los administre. El funcionamiento de las tiendas Lili Pink y el contrato de los empleados se mantendrán hasta que un juez especializado tome una decisión en el caso y decida, en un caso hipotético, extinguir los bienes. De ser así, cambiarían las circunstancias.Los cuestionamientos de la defensa de Lili Pink a la investigaciónMax Abadi y otras siete personas están siendo procesados al ser señalados de integrar la supuesta red que habría usado empresas como fachada para el ingreso de mercancías y la legalización de recursos. La Fiscalía les imputó los cargos por contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno los aceptó.Los abogados de la firma Riveros Bazzani, que representan a los procesados, pusieron sobre la mesa de discusión sus argumentos durante la audiencia de imputación. “Tras analizar más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, expusieron.Además, revelaron que hubo un presunto abuso de autoridad durante unas visitas entre mayo y septiembre de 2023 que realizó la DIAN y revisó menos del 1 % de la información objeto de fiscalización y decomisó prendas que estaban avaluadas en 54.00 millones de pesos. Según ellos, la compañía recalcó que la mercancía contaba con la documentación exigida por la normativa. Tres años después del decomiso, la compañía habría detectado que la mercancía que les fue decomisada en 2023 estaba siendo vendida de forma ilegal en tiendas no autorizadas y no vinculadas a la marca Lili Pink. Después de conocer esto, el conglomerado interpuso denuncias penales que datan de los dos años. “Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, recordaron los litigantes.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Continúa el proceso en contra de la reconocida marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando. La parte de los procesados reveló hallazgos que cuestionarían la investigación que pone en duda los cargos que les imputó la Fiscalía en pasadas audiencias. Lo más reciente del caso es que el ente judicial había pedido cárcel para Max Abadi, cofundador de la empresa conocido por comercializar ropa interior. Demandas previas y supuesta comercialización ilegal de mercancía decomisada en puntos no autorizados hacen parte de este nuevo capítulo del caso.Abadi y otras siete personas son señaladas de integrar la supuesta red que habría usado empresas fachada para ingresar mercancías y legalizar millonarios recursos por debajo de cuerda y saltándose los controles. A los procesados se le imputaron los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.Los argumentos de la defensa del caso Lili PinkLos abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Camilo Toro Peña, de la firma Riveros Bazzani, expusieron argumentos con motivo de las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, en los que exponen detalles de la investigación que llevaron desde el equipo. “Abusos de autoridad”, demandas y comercialización ilegal en tiendas no autorizadas hacen parte de las revelaciones.La defensa ha sostenido que no hay muestra de contrabando y es una de las cosas que ratificaron en este comunicado. “Tras analizar más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”. Los litigantes además señalan que las respuestas de la DIAN y la Fiscalía “confirman” que la mercancía entró al país por puertos autorizados, mediante intermediarios vigilados y cumpliendo la normativa aduanera.Entre las revelaciones también resalta: “Entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la información objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaladas en $54.000 millones. La compañía ratifica que la mercancía contaba con la documentación exigida por la regulación vigente”. Para los abogados, estas acciones se enmarcan en un “abuso de autoridad” que fue demandado por la compañía ante la Fiscalía. También demandó los actos administrativos de decomiso, expedidos por la DIAN, ante el Consejo de Estado.A esto se le suma que en 2026, la compañía detectó que la mercancía que le fue decomisada en 2023 estaba siendo vendida ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo a la marca Lili Pink. Por estos hechos se interpusieron dos denuncias penales. La defensa señala que a la fecha la justicia no ha avanzado frente a las denuncias de 2023 y 2026. “Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, afirmó.Los tres abogados reiteraron que como defensa seguirán actuando para mantener la presunción de inocencia hasta que se esclarezcan totalmente los hechos.Por su parte, la Fiscalía reveló una serie de llamadas telefónicas en las que supuestamente Max Abadi habla con Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos de Lili Pink, en las que hablan de supuestas pruebas de polígrafo realizadas a algunos empleados para averiguar quién podría estar filtrando información de la compañía a las autoridades.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El caso contra la empresa Lili Pink por una supuesta red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir tuvo un avance en las últimas horas. La Fiscalía General de la Nación informó que puso bajo la lupa a otra empresa vinculada a Lili Pink y Joy por presunto contrabando y lavado de activos. El ente acusador impuso medidas cautelares este viernes e incluyó en la investigación patrimonial a Elephant Import & Export S.A.S., con sede en la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico, señalada de ser uno de los principales proveedores de Fast Moda S.A.S., propietaria de las tiendas Lili Pink y Joy. La Fiscalía General adelantó 12 diligencias y se encontraron 12 contenedores con mercancía china que habría sido ingresada a Colombia de manera irregular a través de Panamá. La Dian, cabe señalar, ya había aprehendido otros 31 contenedores con mercancía. Esos productos ya tenían una marquilla que supuestamente acreditaba su comercialización en el país, pero que, según halló la investigación, es fraudulenta.Por este caso, a la fecha, han sido vinculadas 10 personas, una de ellas privada de la libertad y las otras nueve en proceso de judicialización a la espera de que un juez decida si las envía a la cárcel de manera preventiva para enfrentar este proceso penal.A mediados de julio ocho de los implicados se declararon inocentes. Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa Lili Pink revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. "Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal", explicó el ente investigador.La Fiscalía General ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones de pesos.Ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.NOTICIAS CARACOL
Polígrafos para encontrar supuestos infiltrados, doble marquilla en prendas y alertas por posibles filtraciones de información son algunas de las nuevas revelaciones de la Fiscalía General de la Nación en el caso Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. Además, el ente investigador reveló una serie de conversaciones en las que Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos de la empresa de ropa interior, hablan sobre pruebas de polígrafo a algunos empleados para saber quién estaría filtrando información a las autoridades.Caso Lili Pink: Fiscalía pide cárcel para Max Abadi, cofundador de la empresa de ropa interior"Mandé a hacer poligrafías"Max Abadi: “Bueno, yo quiero discutir contigo, y no sé con quién más, con Claudia o con quién, a ver qué gente mala tenemos en la empresa”.Roxana Mendoza: “Uy, don Max, de hecho, yo creo que con William, incluso, ya tuvimos esa conversación esta semana y él quedó en hacer una revisión para que yo mande a un grupo a hacer poligrafías”.Max Abadi: No pierdan la plata ni el tiempo. Tenemos que saber quiénes son y sabemos si sí o no.Roxana Mendoza: “Don William estaba haciendo un trabajo para identificar quiénes eran, don Max”."El mínimo de gente tiene que saber": Max AbadiTambién se refieren al cuidado que debían tener con el personal que recibía los contenedores, al parecer, según la fiscalía, llenos de mercancía de contrabando.Max Abadi: “Si, y más cuidado con los contenedores”.Roxana Mendoza: “Sí, de hecho, lo que hablábamos con Yesid esta mañana y también con don William”.Max Abadi: “El mínimo de gente tiene que saber. Tiene que saber el mínimo, mínimo”.Roxana Mendoza: “Sí. Incluyendo la misma gente de seguridad, don Max. Que no todos sepan que está llegando. Eso hablamos esta mañana”.Un video que está en poder de la Fiscalía General de la Nación registra un operativo de la Dian en el que fueron encontradas dobles marquillas en mercancía de la empresa Lili Pink. Según Alejandra Gómez, fiscal del caso, con dicha mercancía se tenía la finalidad “de no tener que presentar ningún tipo de declaración de importación cuando en realidad se tenían cortadas las etiquetas de producto hecho en China”.En las comunicaciones también se habla de una barrida contra quienes habrían filtrado información a las autoridades. Según la Fiscalía, el poder de esta estructura criminal habría llegado incluso a permear la investigación. “Se ha demostrado que, incluso, varios de estos ciudadanos abandonaron el país, previa alerta que se generara por una posible situación o fuga de información que se tuviera al interior de esta indagación”.En los próximos días, una juez decidirá si emite una orden de captura en contra de los implicados. Por lo pronto, la Fiscalía pidió que Max Abadi y siete involucrados en este caso más sean enviados a la cárcel por los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: MilografiasESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL
Este martes se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos y petición de medida de aseguramiento contra ocho directivos de la empresa Lili Pink. La Fiscalía General de la Nación solicitó que fueran enviadas a la cárcel las 8 personas vinculadas al caso y entre los implicados se encuentra Max Abadi, cofundador de la marca, y a los señalados les imputaron los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.Según el ente investigador, los procesados habrían hecho parte de una estructura que utilizó empresas fachada y sociedades comerciales para introducir mercancías al país y dar apariencia de legalidad a millonarios recursos. La Fiscalía señaló, además, que varias de las sociedades identificadas reportaban domicilios inexistentes, ubicados en lotes baldíos o en viviendas residenciales sin vínculo alguno con la actividad económica declarada. Asimismo, dijo el ente acusador, se determinó que las supuestas conductas fraudulentas habrían contribuido al incremento patrimonial de los señalados como coordinadores de la estructura ilícita.Así sería el entramado de contrabando y lavado de activos en el caso Lili Pink, según la FiscalíaLas pruebas de la fiscalía contra Lili PinkLa fiscal del caso, Alejandra Gómez, mencionó durante la audiencia de este martes que “se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, mercancía que posteriormente era vendida, materializándose de esta manera el delito de lavado de activos y obteniendo de esta manera un incremento patrimonial para sí o para otros, dependiendo de la imputación que se realizara con antelación”.Agregó la fiscal que “se identificaron también unas empresas panameñas que cumplían el rol de ostentar la titularidad del 100 % de las operaciones de las empresas comercializadoras en Colombia, así como también se logró determinar la constitución de proveedores nacionales, esto intentado dar apariencia de que se tercerizaba”.Cabe recordar que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene la posesión de cerca de 400 tiendas de Lili Pink en el marco de estas investigaciones que adelantan las autoridades.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Este jueves, se realizó una nueva audiencia de imputación de cargos en contra de varias personas por el caso de Lili Pink, en el que se acusa de comerte delitos como contrabando y lavado de activos. La fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, explicó cómo sería el entramado con la popular marca."Se puso en conocimiento unos posibles actos con relevancia penal realizados por la sociedad FASMODA, así como empresas ya disueltas y liquidadas tales como Innova Quality SAS, Pink Life SAS, que hacen parte de este mismo grupo empresarial, las cuales han venido comercializando a lo largo de los años las marcas denominadas Lily Pink y Joy en establecimientos de comercio a nivel nacional", comenzó diciendo la fiscal, quien agregó cómo habrían establecido que se dieron los delitos.¿Qué reveló la Fiscalía?"Se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que desde el año 2013 a la fecha se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional consistente principalmente en prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos, entre otros", agregó Gómez, quien dijo que se constituyeron empresas en Panamá y Colombia con el fin de lograr el "objetivo criminal".La fiscal aseguró que la finalidad de las empresas era "controlar la totalidad de la operación comercial desde su ingreso a territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel hasta su comercialización ilegal de manera a manera de contrabando y los dineros producto de estas ventas ser enviadas nuevamente a empresas panameñas que son controladas por la misma organización".También dijo que identificaron cómo eran creadas y liquidadas las empresas por parte de los mismos miembros de la organización. "Con el fin de de aparentar que se cumplían roles diferentes en el tráfico jurídico propio de las operaciones de comercio exterior y nacional, intentando de esta manera desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal, pues como se verá, quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa", añadió.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El caso de Lili Pink vuelve a moverse después de casi dos meses. Este 16 de julio se conoció la salida de Iván Cancino como abogado defensor de la empresa y se retomó la audiencia de imputación de cargos, en la que asisten otras cuatro personas vinculadas al caso por presunto contrabando y lavado de activos.En un comunicado, Lili Pink informó que el penalista, que venía acompañando el caso como representante jurídico de la compañía y de los directivos, concluía su gestión debido a que fue designado como ministro de Justicia por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. En ese sentido, entran nuevos abogados a asumir la defensa técnica. Ellos son Juan David Bazzani Montoya, Laura Kamila Toro y Andrés Eduardo Jiménez Camargo.La compañía también aclaró en su comunicación que los ciudadanos David y Max Abadi, quienes fueron vinculados al proceso, residen en el país desde antes de que iniciara el asunto ante las autoridades competentes. “No corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación”, dice el documento. Y agrega: “Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales”.Continúa el proceso de Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabandoEn la tarde de este 16 de julio se instaló la audiencia de imputación de cargos contra las personas vinculadas al caso Lili Pink, por presunto lavado de activos y contrabando. En línea con las declaraciones ya citadas por la compañía, Max Abadi, quien es el empresario colombo-panameño que figura como cofundador de la cadena de ropa, se presentó a la diligencia. Otros indiciados que hacen presencia son: David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro y Jonnatan Villamil Soler.Los ciudadanos podrían ser imputados, de acuerdo con su posible participación individual, por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Entre tanto, la empresa ha continuado con sus operaciones con normalidad, “preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación”.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El caso de Lili Pink sigue teniendo más capítulos que siguen desarrollándose entre la Fiscalía y distintos juzgados para encontrar a los presuntos responsables por los delitos de lavado de activos y contrabando que se habrían cometido dentro de un entramado empresarial. Hace poco se conoció que ocho personas más seríann imputadas por este caso que expuso la Fiscalía a mediados de abril y que continúa desarrollándose.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Hasta el momento, se tenía conocimiento de solo una persona detenida. Se trata de Walter Francisco Martínez, abogado de profesión, fue imputado por los delitos de presunto concierto para delinquir, contrabando y lavado de activos en audiencias preliminares. El sujeto fue enviado a prisión como medida preventiva.(Entérese de las noticias sobre el caso de Lili Pink aquí)A pleno inicio de junio se conoció que un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país.Los indiciados son: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. De acuerdo con su posible participación individual se les imputará los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Fuentes le señalaron a Noticias Caracol que, al parecer, estas personas están fuera del país. De todos modos, la audiencia quedó agendada para el próximo 24 de junio y podrían comparecer en la diligencia.En el momento que Martínez enfrentaba la audiencia de imputación, la compañía Fast Moda S.A.S. (dueña de Lili Pink) se desvinculó de toda relación con al abogado. En un comunicado aclaró que desde 2021, el abogado “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo” con la marca ni la empresa.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alertas sobre el futuro de las tiendas Lili Pink y Yoi tras recibir decenas de solicitudes para cancelar contratos de arrendamiento en centros comerciales donde operan estos establecimientos. La situación surge en medio del proceso de extinción de dominio que adelanta el Estado contra Fast Moda S.A.S., empresa responsable de ambas marcas.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Según el comunicado oficial, la entidad ha recibido 87 solicitudes de empresarios y administradores de centros comerciales que buscan terminar anticipadamente los contratos de locales comerciales. Paralelamente, también se registran más de 20 requerimientos adicionales para aclarar detalles del proceso legal en curso.Más de 250 personas que trabajan en Lili Pink perderían su empleoLa SAE advierte que estas decisiones podrían tener un fuerte impacto social, especialmente en el empleo, pues alrededor de 260 trabajadores dependen directamente de la operación de estas tiendas, muchos de ellos mujeres cabeza de hogar. La eventual cancelación de contratos de estas personas pondría en riesgo su sustento y generaría consecuencias económicas relevantes para sus familias.A este panorama se suma la presión de proveedores que han suspendido servicios clave —como los financieros, jurídicos y operativos— debido a la incertidumbre generada por el proceso judicial. Sin embargo, la SAE enfatiza que la empresa continúa funcionando bajo administración estatal, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que busca garantizar la conservación de los activos y la continuidad del negocio.Actualmente, un mandatario designado adelanta un diagnóstico integral de la compañía. El análisis abarca su situación financiera, contractual, laboral y productiva, con el objetivo de establecer si la operación es viable y definir acciones que permitan su sostenibilidad a mediano plazo.En ese contexto, la SAE reiteró que la protección de los trabajadores es una prioridad institucional. Por ello, ha instalado mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo para buscar mecanismos que garanticen los derechos laborales y eviten despidos masivos.Finalmente, la entidad hizo un llamado a centros comerciales, proveedores y demás actores involucrados a actuar con responsabilidad y prudencia. "se informa que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Walter Francisco Martínez Martínez será enviado a la cárcel por el caso de Lili Pink. Hasta ahora, él es el único capturado de esta investigación, cuyo entramado empresarial fue destapado por la Fiscalía a finales de abril de 2026. El señalado tuvo que comparecer a las primeras audiencias desde la cama de un hospital.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Martínez, quien es abogado de profesión, fue imputado por los delitos de presunto concierto para delinquir, contrabando y lavado de activos en audiencias preliminares. Por ello, el ente judicial solicitó ante un juez medida de aseguramiento. Y es que este hombre también tiene un antecedente que salta a la vista en su prontuario: anotaciones por el delito de favorecimiento del contrabando.El juez encargado del caso resolvió cobijar al señalado con medida de aseguramiento intramural. Dadas las condiciones de Martínez, estará en detención hospitalario mientras se recupera de una afección que no fue revelada. En el momento que le den alta, el capturado será enviado a un centro de reclusión, reveló el Complejo Judicial de Paloquemao después de la audiencia.Descubrieron que escritora de libros infantiles asesinó a su esposo con veneno: esta es la historiaLa decisión judicial se da a conocer dos días después que Fast Moda S.A.S. -compañía dueña de Lili Pink- se desvinculara de cualquier relación con Martínez por medio de un comunicado que publicó su apoderado, el abogado Iván Cancino. El documento señala que, desde 2021, el abogado “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo” con la marca ni la empresa.Además especificó que la relación que tuvieron en el pasado era una comercial, de carácter cliente-proveedor, que es habitual en el mundo del retail. “En ningún momento el señor Walter Francisco Martínez Martínez hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink, ni tuvo participación alguna en la toma de decisiones del entorno empresarial”.En anteriores comunicados que ha publicado la compañía después de destaparse este caso, Fast Moda ha enfatizado que no existe una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de supuesto contrabando que ha expuesto la Fiscalía. “Lili Pink advierte, además, inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”, dice el segundo comunicado que publicaron después que el ente judicial ocupara 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Por tercera vez consecutiva, Deportivo Cali jugará una final de la Liga Femenina. Las dirigidas por Alber Ortiz dejaron en el camino a Atlético Nacional, rival al que vencieron tanto en el Atanasio Girardot (1-2) como en el Palmaseca (4-0), en la fase de semifinales.Las ‘azucareras’ golearon 6-1 en el marcador global a las ‘verdolagas’, y ahora, tienen entre ‘ceja y ceja’ firmar el tricampeonato. La gran figura de esta serie de ‘semis’ fue Ingrid Guerra, quien se reportó con tres goles, incluso, tuvo para anotar uno más, pero Stefany Castaño, la arquera de Nacional, le atajó un penalti en el compromiso disputado en Palmaseca.El partido de vuelta de 'semis' entre verdes comenzó parejo, con una escuadra de Nacional con el manejo del balón y la firme intención de llegar a la portería de Maryori Sánchez, pero la golera ‘verdiblanca’ se mostró ‘firme’ bajo los tres palos. La que más la intentó en las visitantes fue Manuela González, con una de sus armas, la media distancia. Pero con el correr de los minutos, Cali se hizo con el control de la esférica, buscando constantemente a Guerra y a Melany Aponzá en el frente de ataque; estas dos pusieron en aprietos a las verdes antioqueñas.Así las cosas, las dueñas de casa, después de insistir, lograron marcar el 1-0 a los 38 de juego, siendo la autora del festejo Ingrid Guerra. La delantera de las 'azucareras' aprovechó un mal rechazo de la zaga de las 'verdolagas', y tras pegar primero la pelota en el palo, aprovechó posteriormente el rebote para inflar las redes. Precisamente, Guerra marcó el 2-0 en el tablero, antes de que finalizara la primera parte en Palmaseca. La número '18' aprovechó un pase vertical y liquidó a Castaño. En ese momento, el marcador global estaba 3-1. Así cerró el telón de la primera parte.En la etapa complementaria siguió el dominio del plantel caleño, con buen juego y goles. Melany Aponzá fue la que anotó el 3-0 en el tablero, y con ello, el lugar en la final de la Liga Femenina 2026 estaba certificado.Incluso, al 60' Guerra tuvo la oportunidad de extender el marcador desde el punto blanco del penalti; no obstante, Castaño le adivinó el cobro. Luego, Nacional se quedó con una jugadora menos en cancha por la expulsión de Manuela González. Finalmente, Jessica Bermeo estableció el 4-0 por la vía del penalti, y en ese orden de ideas, Cali jugará una nueva final, defenderá el bicampeonato. Mientas que las 'verdolagas' volvieron a 'flaquear' en las finales.
El orden público de Jamundí, municipio del Valle del Cauca, se ha visto afectado este 20 de septiembre por cuenta de dos situaciones que vienen registrándose desde horas de la mañana. Medios regionales reportaron un bloqueo de la vía pública y un atentado contra una subestación de la Policía Nacional.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATABloqueos en vía pública de JamundíDe acuerdo con los reportes conocidos en redes sociales, hombres encapuchados llegaron en vehículos y bloquearon una vía que conecta una zona alta con Jamundí, por el sector de Río Claro (zona rural del municipio). Allí, estas personas que ocultan su identidad se plantaron con más de 30 motos y están impidiendo el paso de los vehículos por la zona.Ataque con drones en el municipioLa Policía Nacional, que se concentra en la vereda Potrerito, zona rural de Jamundí, informó por su parte que hubo un ataque en horas de la tarde que se perpetró con drones. Al parecer, la ofensiva estaba dirigida a la subestación de la institución. Al parecer, fueron cinco ataques registrados con explosivos que cargaban estas naves no tripuladas. Las detonaciones fueron reportadas, aunque no se sabe con certeza qué grado de afectación hubo por cuenta de este atentado. A la hora, la Fuerza Pública verifica la situación.Los drones en Colombia: la nueva arma de guerraDesde 2023 en adelante, se ha observado en Colombia que los grupos armados ilegales han adaptado tácticas que se usan en pleno siglo XXI en conflictos bélicos, como el de Rusia con Ucrania. El primer ataque que se registró en el país con esta modalidad data de julio de 2023, precisamente en Valle del Cauca. Con los años, se ha observado un desarrollo de estos atentados, que pasaron de ser un ataque simple hasta implementar “enjambres” de hasta 15 drones usados en simultáneo.El Estado ha buscado adaptarse ante esta táctica que ya está lejos de ser algo incipiente y ha evolucionado con rapidez. Lejos del armamento convencional, los drones pueden ser fácilmente adquiridos en el mercado comercial y son muy económicos de armar de forma artesanal. Combatir esta amenaza ha resultado lento y costoso hasta ahora para el pie de fuerza pública. Por solo poner un ejemplo: los sistemas antidrones (inhibidores de señal) son escasos y han quedado obsoletos frente a nuevas tecnologías como los drones guiados por fibra óptica. Actualmente, el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares están en proceso de adquirir, desarrollar y probar tecnologías propias, como la de drones artillados, para poder desarrollar labores de inteligencia y tener una respuesta ofensiva ante los intentos de grupos armados ilegales de sembrar el terror e impedir el avance de las fuerzas militares en territorios.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Este domingo, en el estadio Maracaná, Flamengo venció 2-1 a RB Bragantino, por la fecha 28 del Brasileirao, con gran actuación del colombiano Jorge Carrascal.A los 13 minuto, Carrascal recibió una pelota por izquierda y lanzó un centro 'cómo con la mano' que fue complementado por la definición de Guillermo Varela para abrir la cuenta en el 'mengao'.Vea la asistencia de Jorge Carrascal:
En el segundo partido de la jornada dominical de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026, Atlético Bucaramanga venció 2-0 a Internacional de Bogotá, en el estadio Américo Montanini, de la capital de Santander.Los tantos del partido fueron obra del delantero Luciano Pons, quien facturó para los 'leopardos' a los 13 minutos, y de Emerson Batalla, al 90+5, y así los locales se quedaron con los tres enteros. Tras encontrarse en ventaja, Bucaramanga siguió insistiendo y fue por más, aunque con poca claridad. Mientras que los bogotanos le apostaron al contrataque y tuvieron un par de oportunidades malogradas por dudas en la definición. Además, Cristopher Fiermarín se mostró seguro bajo los tres palos. Ya en la segunda parte, las acciones también fueron de ida y vuelta, pero sin mayores emociones en los arcos. A los 73 minutos, el partido se detuvo porque la noche llegó a Bucaramanga y las luminarias tardaron en encender. Una vez arreglado el inconveniente, la pelota volvió a rodar, pero de nuevo, sin mayores momentos trascendentales. Aunque, en el tiempo de adición de la segunda parte, el 'leopardo' encontró un nuevo gol. Esta vez fue Emerson Batalla quien logró vencer la resistencia del arquero de Internacional de Bogotá, el venezolano Wuilker Faríñez.No hubo tiempo para más, y Bucaramanga, se quedó con los tres puntos en su estadio y junto a su hinchada. Con los enteros sumados, los 'búcaros' llegaron a 17 unidades en nueve partidos disputados, y escalaron en la tabla de posiciones. Mientras que el elenco capitalino se quedó en 11 puntos, en la misma cantidad de juegos. Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-0 Inter de Bogotá:PosiciónEquipoPJGEPGFGCDGPts1América de Cali962120515202Millonarios115421587183Atlético Nacional760117611184Bucaramanga94501486175Santa Fe944116106166Medellín851215105167Tolima951312102168Deportivo Cali94321486159Once Caldas10334131211210Águilas Doradas8251121201111Llaneros93241112-11112Internacional ...112541317-41113Cúcuta10235918-9914Fortaleza101541116-5815Pasto10226915-6816Alianza10226920-11817Boyacá Chicó9225718-11818Jaguares8143914-5719Deportivo Per...8143611-5720Junior81341214-26Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:Águilas Doradas 2 - 2 Deportivo PereiraMillonarios 3 - 0 Boyacá ChicóAlianza FC 1 - 4 Independiente Santa FeDeportivo Cali 3-0 Cúcuta DeportivoDeportivo Pasto 1-0 Once CaldasFortaleza 1-4 Junior de BarranquillaBucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá
Un hombre resultó herido de bala este domingo por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en la ciudad de Austin (Texas, EE. UU.), de acuerdo con la televisión local, KVUE, una filial de la cadena ABC. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del herido, que fue llevado a un hospital, ni su nombre. Tampoco ha trascendido información sobre el incidente. Testigos mencionan que la víctima sería un ciudadano oriundo de Venezela. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl congresista Greg Casar exigió una investigación y la publicación "inmediata" de las imágenes de las cámaras de los agentes, en un mensaje en su página de X. "El horror ha llegado a nuestra ciudad: ICE disparó a una persona en Austin esta mañana. A medida que se esclarecen los hechos, exijo una investigación completa e independiente, la publicación inmediata de las imágenes de las cámaras corporales y la rendición de cuentas de cualquier agente de ICE que haya infringido la ley", indica su mensaje.Aseguró que, al igual que ha ocurrido en otras ciudades, desde Minneapolis hasta Houston (donde han ocurrido incidentes con ICE), los habitantes de Austin alzarán la voz pacíficamente "contra esta letal maquinaria de deportación masiva". "El ICE ha aterrorizado a nuestro país durante demasiado tiempo. No guardaremos silencio", dijo.Incidentes con agentes de ICE han resultado en la muerte de varias personas, incluidos los estadounidenses Renée Good, madre de tres niños, y el enfermero Alex Pretti, ambos en enero de este año en Mineápolis. Ambos murieron durante multitudinarias protestas por el operativo Metro Surge de ICE en esa ciudad de Minesota.El caso más reciente ocurrió el pasado julio en Biddeford (Maine), cuando el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero murió tras recibir varios disparos durante un operativo migratorio en el que él no era el objetivo. El mismo mes, en Texas, el mexicano Lorenzo Salgado Araújo, que conducía su camioneta junto a compañeros de trabajo, perdió la vida por disparos de ICE, que aseguró que el inmigrante intentó embestir a los agentes.Antes, en septiembre de 2025, la víctima fue el mexicano Silverio Villegas durante una parada de tráfico en Chicago, cuando le dispararon porque presuntamente intentó escapar y, en su huida, arrastró a un agente, al que se vio en un video caminando sin dar importancia a lesiones que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el que opera ICE, eran graves.En 2025 murió otro estadounidense, Rubén Ray Martínez, también tras ser baleado durante un operativo de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, que también opera bajo el DHS.Mientras que el hondureño Josué Castro Rivera murió al ser atropellado cuando intentaba escapar de un operativo migratorio en octubre de 2025 en Virginia; o el mexicano Jaime Alanis García, quien en julio del mismo año perdió la vida al caer desde una altura de nueve metros durante una redada migratoria en California.Pero, además de estas víctimas, también se han reportado múltiples muertes bajo custodia en centros de detención a través de todo el país.EFE