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El Estado colombiano dio un paso fundamental en el reconocimiento de uno de los errores judiciales más graves de las últimas décadas, un error que le costó a Gustavo Sastoque pasar una década en prisión acusado de un crimen que no cometió.
Treinta años después, y en cumplimiento de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ofreció disculpas públicas y asumió su responsabilidad por haberlo condenado injustamente por su presunta participación en el asesinato de Hernando Pizarro, hermano del excomandante del M-19, Carlos Pizarro, ocurrido en 1995, sin que él hubiese tenido ninguna intervención en los hechos.
Gustavo Sastoque, un exintegrante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue condenado inicialmente a 41 años por el homicidio agravado de Hernando Pizarro. Hoy, sigue batallando para limpiar su nombre, después de haber pasado diez años y nueve meses privado de la libertad en una cárcel.
El equipo de Los Informantes entrevistó a Gustavo Sastoque en marzo de 2021. En esa conversación, el hombre revivió, con sus propias palabras, el horror que padeció tras ser condenado injustamente por un crimen que no cometió.
“Sigo con la frente en alto. Llevo 25 años luchando para poder demostrar mi inocencia. Me tocó recurrir a organismos internacionales porque aquí no encontré garantías”, relató entonces en diálogo con Los Informantes.
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Los hechos ocurrieron la noche del 25 de febrero de 1995. Hernando Pizarro Leongómez, entonces disidente de las extintas FARC y posteriormente integrante del M-19, fue asesinado en un confuso episodio. Testigos relataron que una camioneta llegó hasta la vivienda de Pizarro y que los hombres que descendieron del vehículo se identificaron como miembros de la Fiscalía.
Gustavo Sastoque tenía 26 años cuando fue arrestado. Según él, “me quitaron los mejores años de mi vida”. En ese entonces trabajaba como auxiliar administrativo en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un cargo que, según contó, nada tenía que ver con operativos ni allanamientos. “La única adaptación que recibí de la institución fue una máquina de escribir y un carné… en ningún momento realicé operativos ni allanamientos”, afirmó.
Su vida comenzó a truncarse apenas un mes después del asesinato de Hernando Pizarro. Ese día, cuando Sastoque regresó de almorzar, una secretaria le entregó una notificación que cambiaría su destino para siempre. El documento, dentro de una bolsa, decía: "Gustavo Sastoque, presentarse en la Fiscalía Regional", junto con una dirección y el número de un proceso que desconocía por completo.
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Ingenuamente, Sastoque le comentó a su jefe que iría a averiguar de qué se trataba la citación, pensando que era solo un trámite de correspondencia. “A mí no me hicieron un operativo para detenerme, ni seguimiento, ni interceptación, ni nada”, recordó. Y añadió que: “Uno me dijo: ‘Es que yo escuché como que lo iban a ascender’. Yo dije: ‘No puede ser, yo me puse feliz’”.
Sin embargo, esa ilusión duró poco. “Me metieron a un cuarto y me entregaron una orden de captura con mi nombre… ahí me dio curiosidad y me di cuenta de que ahí nació el montaje”, relató.
Según él, la orden de captura estaba "sin firma" y, además, decía que su ubicación era "en Puerto Rico, Caquetá". Aunque pensó que era una equivocación que se aclararía pronto, fue puesto en los "calabozos del DAS".
Las noticias de su captura se difundieron rápidamente. Mientras lo señalaban como asesino, su nombre y foto circularon por todas partes. Recuerda que un superior le mostró un periódico que anunciaba: "Han capturado al presunto asesino de Hernando Pizarro". Al mismo tiempo, quince uniformados allanaron su casa buscando armas, pero se llevaron dos vestidos, dos fotos y unos desprendibles de su cuenta de ahorros.
La acusación contra Gustavo Sastoque se sustentó en el testimonio de tres testigos que aseguraron haberlo visto cometer el crimen. Además, un retrato hablado, que coincidía sospechosamente con una fotografía suya encontrada en su casa, fue utilizado como prueba para vincularlo al caso.
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“El problema es que los asesinos de Pizarro se identificaron como funcionarios de la Fiscalía, entonces yo creo que para ver la investigación tenían que buscar un chivo expiatorio de la misma Fiscalía”, aseguró.
Gustavo Sastoque era un joven tranquilo, lleno de sueños y responsable del cuidado de su madre, quien dependía de su sueldo. Tras ser señalado injustamente, comenzó una lucha desesperada por probar su inocencia. Reunió recibos de las compras que había hecho en el barrio Restrepo y buscó testigos que pudieran confirmar dónde estaba, qué hacía y con quién se encontraba aquel día. Todo con el propósito de demostrar que era imposible que, al mismo tiempo, estuviera al otro lado de la ciudad asesinando a Hernando Pizarro.
Fue en ese momento cuando empezó a ver "la mala fe de la justicia colombiana, en especial de la justicia sin rostro".
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Su familia se endeudó para pagar abogados. Presentaron pruebas que demostraban que él estaba en otro lugar el día del asesinato, pero no fueron tenidas en cuenta. Fue condenado a 41 años y seis meses de prisión. Tras una reforma del código penal, la pena se redujo a 25 años y seis meses.
El golpe más duro fue la pérdida de su madre, quien sufrió un derrame cerebral apenas se enteró de la condena por los medios de comunicación. "Me tocó llegar al entierro de mi mamá esposado como un delincuente", y esto fue algo "muy degradante". Para él, "ha sido lo más duro para mí perder a mi mamá por algo que yo no hice. La justicia mató a mi mamá".
La injusticia también le costó sus sueños y su vida personal, también perdió a su novia de la época. “El daño moral, el psicológico, no tiene reparación. ¿A mi mamá quién me la va a devolver, si la justicia me la quitó? ¿Quién me va a devolver ese tiempo?”, expresó con dolor.
El daño fue profundo y constante. “Uno no sabe si es mejor estar muerto o estar allá encerrado. Uno no sabe qué es peor, porque se siente frustrado y desilusionado con la justicia”, relató.
Un tiempo después del asesinato de Álvaro Gómez, cuando la Fiscalía investigaba, un testigo reveló que en el caso Pizarro habían comprado testigos para que acusaran a un funcionario de la fiscalía y ese chivo expiatorio era Gustavo Sastoque.
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Por eso, Gustavo Sastoque denunció a la Fiscalía, presentó reclamos ante la Procuraduría y llevó su caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sus esfuerzos no prosperaron y la condena fue ratificada.
Solo años después, cuando el exguerrillero de las FARC Carlos Lozada confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el homicidio de Hernando Pizarro fue ejecutado por un comando de la red urbana que él comandaba en ese momento, la verdad comenzó a salir a la luz.
El Estado colombiano reconoció públicamente su error y pidió perdón a Gustavo Sastoque. En el acto participaron representantes de la Fiscalía y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
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Durante la ceremonia, los funcionarios reconocieron que en el proceso contra Sastoque hubo testigos con identidad reservada, irregularidades en la orden de captura y una investigación deficiente.
En entrevista con Los Informantes, Sastoque aseguró que ahora su propósito es recuperar su vida, pese a las secuelas físicas y emocionales que aún lo afectan. “Estando detenido tuve tres cirugías. La salud a uno se le deteriora totalmente y de allá salí hipertenso y psicológicamente uno sale muy mal”, reveló. Aun así, no pierde la esperanza de rehacer su vida.
La retractación del Estado es, para él, un paso fundamental hacia la verdad y la reparación. Sin embargo, insiste en que el mayor anhelo que le queda es que su nombre quede limpio.