Lo que comenzó como la desaparición de una joven administradora de un bar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de Bogotá. El 7 de enero de 2011, Sandra Viviana Ravelo, de 26 años, desapareció. Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en una zona desolada de Ciudad Bolívar.La Fiscalía centró rápidamente la investigación en John Alexander Quintero, novio de la víctima y patrullero de la Policía. Todo apuntaba a una condena de hasta 60 años de prisión, hasta que una nueva revisión de las evidencias forenses cambió el rumbo del caso. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reconstruyó la investigación.El peso de la acusación: las pruebas de ADNDesde el inicio del proceso, la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre dos pruebas biológicas que parecían irrefutables. En el cuerpo de la víctima se hallaron tres perfiles genéticos, uno de los cuales coincidía con el de su pareja. Además, debajo de las uñas de Sandra se encontró material biológico del uniformado, un hallazgo que los investigadores interpretaron como la prueba de que la víctima lo había arañado mientras intentaba defenderse del ataque.La presión social y mediática fue inmediata. En el ámbito carcelario, Quintero fue apodado con nombres como "Pikachu" o "el descuartizador". Al respecto, el patrullero relató el impacto de pasar de ser un servidor público a un reo señalado por la justicia: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser el bandido más grande de todo Bogotá".Por su parte, la madre de la víctima, Claritza Murillo, expresó en su momento el dolor y el rechazo hacia el Policía: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo alguien que yo tuve en mi casa".¿Qué demostró el análisis forense?El caso comenzó a desmoronarse en 2015, cuando el médico forense Aníbal Navarro y un equipo revisaron los folios y la necropsia. Una de las primeras conclusiones que permitió desvirtuar la sevicia fue la causa de las lesiones en el cadáver. Contrario a lo que se informó inicialmente sobre un desmembramiento y quemaduras intencionales, la ciencia determinó que el daño fue causado por agentes externos del entorno rural.El doctor Navarro explicó que los hallazgos en el cuerpo no correspondían a una acción criminal tras la muerte: "No está desmembrado. Son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo. Y en este caso lo más probable son perros”.Asimismo, se descubrió que las supuestas quemaduras eran en realidad procesos naturales de descomposición mal interpretados debido a que la fotografía forense fue realizada por personal no experto. Según la investigación, quien tomó las imágenes era en realidad una auxiliar de enfermería sin la formación técnica necesaria.La prueba del ADN bajo las uñas, que la Fiscalía presentó como señal de una lucha desesperada, fue analizada bajo una nueva óptica por la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda. Al observar detalladamente el estado de las manos de la víctima, la experta notó que la evidencia física no respaldaba la teoría del forcejeo: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha".La defensa argumentó que el material genético hallado era mínimo y compatible con la convivencia normal de una pareja, un fenómeno conocido en la ciencia forense como transferencia por contacto cotidiano.El propio Quintero explicó este punto en su defensa: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo". Esta interpretación cambió el sentido de la evidencia: la presencia de material genético de Quintero no demostraba su participación en el crimen, ya que los análisis concluyeron que dicho rastro provenía de una relación consentida anterior a la desaparición de Sandra.Testimonios que rectificaron la inocencia del policíaOtro factor determinante para la libertad del policía fue la desarticulación del móvil del crimen. La Fiscalía sostenía que Quintero era un hombre posesivo y extremadamente celoso, una percepción que la familia de la víctima compartía. No obstante, los testimonios de amigos cercanos y clientes habituales del bar que Sandra administraba en el barrio Bosa Piamonte desmintieron esa conducta violenta.Adicionalmente, se logró identificar a los hombres con los que Sandra fue vista por última vez. Testigos confirmaron que la joven abandonó el establecimiento comercial en un taxi acompañada por dos sujetos. Uno de ellos era Néstor Yesit Sánchez, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia tras confirmarse que su ADN también estaba presente en la escena. Sánchez fue condenado, mientras que la identidad del tercer implicado nunca pudo ser establecida por las autoridades.La sentencia absolutoria y las secuelas del procesoTras pasar casi seis años privado de la libertad, entre cárceles como La Picota y detención domiciliaria, un magistrado dictó el fallo que declaró la inocencia de John Alexander Quintero. “Yo siempre tenía una Biblia. Ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios”, aseguró Luz Nidia Giraldo, madre del patrullero. “Esa fue esa primer Navidad otra vez en casa. Fue ver otra vez a mi familia reunida, volver a estar con todos, ver que tenía el apoyo de mi familia”, recordó John Alexander Quintero, conmovido.A pesar de la decisión judicial, el estigma social persiste para Quintero, quien ha manifestado dificultades para reinsertarse en la vida laboral debido a sus antecedentes judiciales, llegando a ser rechazado en decenas de empresas. Por otro lado, la familia de Sandra Viviana Ravelo mantiene su postura de desconfianza frente al veredicto. Claritza Murillo reafirmó su convicción tras conocerse la libertad del expolicía: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".El caso de Sandra Viviana Ravelo terminó convirtiéndose en mucho más que una investigación por feminicidio. También abrió un debate sobre el alcance de la evidencia forense, la interpretación de las pruebas científicas y las consecuencias que puede tener una investigación cuando los hallazgos son cuestionados años después. Mientras la familia de la víctima sigue reclamando justicia, John Alexander Quintero intenta reconstruir una vida marcada por un estigma que, asegura, aún no desaparece.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
El 7 de enero de 2011, la vida de Sandra Viviana Ravelo, una joven de 26 años y administradora de un bar en Bogotá, se apagó en circunstancias que estremecieron al país. Lo que inició como una búsqueda desesperada por parte de su hermano y su novio, ambos miembros de la Policía Nacional, terminó en un hallazgo macabro en una zona rural de Ciudad Bolívar. Sin embargo, el verdadero giro dramático ocurrió cuando la Fiscalía General de la Nación señaló al patrullero John Alexander Quintero, pareja de la víctima, como el principal responsable del crimen. Diego Guauque, periodista de Séptimo Día investigó el caso.El peso de una acusación de 60 añosLa Fiscalía no escatimó en calificativos ni en la severidad de la pena solicitada. Basándose en pruebas genéticas y testimonios familiares, el ente acusador pidió la máxima sanción permitida por el ordenamiento penal colombiano. Según los registros de las audiencias, se solicitó que la pena fuera de 500 meses de prisión, lo que equivale a más de 41 años, aunque en diversos escenarios se habló de una proyección de hasta 60 años debido a la gravedad de los delitos imputados: homicidio, violación y tortura.Para la familia de Sandra, la noticia fue un golpe devastador. Su madre, Claritza Murillo, recordó el momento en que la sospecha recayó sobre el hombre que frecuentaba su casa: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo que alguien que yo tuve en mi casa". La presión mediática y la sevicia reportada en el levantamiento del cadáver, que incluía relatos de desmembramiento y quemaduras, convirtieron a Quintero en el enemigo público número uno, apodado en prisión con alias como "Pikachu" o "el descuartizador".Las pruebas "reinas" de la FiscalíaEl caso contra el patrullero se cimentó sobre dos hallazgos biológicos que parecían irrefutables. El primero fue la presencia de su material genético en el cuerpo de Sandra. El segundo, y quizás más condenatorio para los jueces iniciales, fue el hallazgo de restos biológicos bajo las uñas de la víctima, lo que se interpretó como una señal de defensa.Al respecto, la madre de la víctima señaló en su momento: "En las uñas de mi hija habían encontrado a la piel de él, de John Alexander". Esta narrativa sugería que Sandra había forcejeado con su agresor antes de morir. Quintero, por su parte, se vio atrapado en una pesadilla jurídica: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser un el bandido más grande de todo Bogotá".La ciencia forense que desmontó la teoría del "monstruo"El enigma comenzó a resolverse cuando el médico forense Aníbal Navarro y su equipo interdisciplinario revisaron los folios del caso en 2015. El primer hallazgo fue que el cuerpo de Sandra nunca fue desmembrado por manos humanas ni quemado con intención criminal. Navarro explicó que los daños en el cadáver fueron causados por el entorno: "No está son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo... en este caso, por el contexto... lo más probable son perros".Además, se descubrió que las supuestas quemaduras eran, en realidad, procesos naturales de descomposición mal interpretados por personal técnico sin la formación adecuada en fotografía forense. Sobre la prueba del ADN bajo las uñas, la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda aportó una visión distinta a la de la Fiscalía. Al analizar la evidencia, notó que no había señales de lucha física: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha". Según la experta, el ADN encontrado era mínimo y compatible con el contacto cotidiano de una pareja. Quintero mismo explicó este punto: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo".El camino hacia la libertad y el estigma persistenteLa defensa también logró desvirtuar el móvil del crimen. Mientras la Fiscalía lo pintaba como un hombre posesivo y celoso, los testimonios de amigos y clientes del bar de Sandra indicaron lo contrario. Finalmente, se comprobó que el ADN de Quintero en el cuerpo de la joven correspondía a una relación consentida previa a su desaparición, mientras que los otros rastros hallados sí pertenecían a una agresión violenta en una zona remota donde el patrullero no tuvo presencia.Tras casi seis años de detención, un magistrado dictó el fallo que cambió su destino. Quintero recordó el impacto de ese momento: "Yo siempre yo tenía una Biblia ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios". A pesar de ser declarado inocente, el estigma social le ha impedido retomar una vida normal y conseguir un empleo estable.Por su parte, la familia de Sandra sigue sin encontrar paz, manteniendo su convicción sobre la culpabilidad del expolicía. Claritza Murillo fue enfática al ser consultada tras el veredicto: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".
En el departamento del Meta, una población de aproximadamente 180 cocodrilos del Orinoco, conocidos como caimanes llaneros, atraviesa una emergencia de supervivencia sin precedentes en la historia de la conservación. Estos animales, que son los depredadores más grandes de América, llevan nueve meses sin recibir alimento debido a que las instituciones responsables no han definido quién debe asumir los costos de su manutención. El conflicto involucra a la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y corporaciones ambientales como Cormacarena.Lo que está pasando con los cocodrilos en el MetaAunque los cocodrilos tienen un metabolismo que les permite pasar varios meses sin comer, el tiempo transcurrido en el Meta ha superado cualquier límite natural. El profesor Carlos Moreno, quien lleva 23 años dedicado al programa de conservación de esta especie, advirtió sobre la gravedad del asunto en Los Informantes: "Someter una población de 180 cocodrilos, todos simultáneamente a inanición hará que finalmente hagan canibalismo".La falta de alimento prolongada está destruyendo el organismo de los reptiles. Al no recibir nutrientes externos, los animales comienzan a consumir sus propias reservas de grasa y, posteriormente, sus tejidos musculares. Este proceso genera sustancias tóxicas que dañan los órganos internos. Moreno explica que el desecho metabólico, como el ácido úrico, afecta gravemente el funcionamiento del cuerpo: "esas sustancias que se llaman metabolitos, que son los desechos de las rutas biológicas que son tóxicas. Así que esos desechos como ácido úrico, por ejemplo, afectan el riñón. Técnicamente se llaman nefrotóxicas, pero también afectan el hígado". Según el investigador, el daño en muchos ejemplares podría ser ya irreversible.Una "reserva de vida" en peligroPara entender la magnitud de la tragedia, es necesario comprender que estos animales no son ejemplares comunes, sino que forman lo que los científicos llaman un "banco genético". En términos sencillos, se trata de una selección de los mejores individuos de la especie, elegidos mediante estudios de ADN para asegurar que el caimán llanero no se extinga.En el año 2020, una investigación liderada por la bióloga Ana María Saldarriaga identificó a 140 cocodrilos que eran "prioritarios" debido a su alta diversidad genética. Esto significa que su descendencia será más fuerte y saludable para repoblar los ríos. Estos animales fueron trasladados al Parque Agroecológico Merecure para que vivieran en condiciones de semicautiverio, donde aprendieron a cazar peces vivos y ganaron masa muscular antes de su liberación definitiva. Sin embargo, ese proyecto de vida hoy es una trampa mortal. Saldarriaga, reconocida como una de las conservacionistas más brillantes del mundo, lamenta la situación. "No puede ser que un animal que lleva 6 millones de años en la Tierra... y ahorita su mayor riesgo es el programa de conservación. Eso solo pasa en Colombia", señalan los expertos.El origen del enredo administrativo de los cocodrilosEl problema actual se deriva del vencimiento de acuerdos legales. En agosto de 2025, el convenio con el parque Merecure llegó a su fin, y en septiembre la comida dejó de llegar a los estanques porque no hubo un plan de transición. Actualmente, existe un vacío de responsabilidad: la Universidad Nacional afirma que no puede invertir dinero público en un predio privado sin un convenio vigente, mientras que el Ministerio de Ambiente señala que la custodia de los animales sigue siendo responsabilidad de la universidad.Además, el marco legal que rige la protección de esta especie parece estar desactualizado. Andrés Felipe Aponte, director de la estación de biología tropical Roberto Franco, explica que no hay una guía clara de acciones: "El programa vigente como tal con un documento normativo formal no existe actualmente. Ese programa se creó entre el 2002 y 2012. Posterior al 2012 pues no se generó como una evaluación formal". Esta incertidumbre normativa permite que cada institución evada sus obligaciones mientras los animales agonizan.Hacinamiento de los cocodrilos en VillavicencioMientras los ejemplares de Merecure mueren de hambre, los que se encuentran en la sede urbana de la Universidad Nacional en Villavicencio sufren por la falta de espacio. Los estanques, diseñados para albergar a 10 cocodrilos, hoy contienen hasta 30 de ellos. El reporte de la propia universidad es alarmante: el hacinamiento ha provocado peleas territoriales que han dejado ejemplares mutilados y al menos 18 individuos completamente ciegos.El cocodrilo del Orinoco es una especie que puede medir hasta 7 metros y pesar media tonelada. Solo habita en Colombia y Venezuela y se encuentra en la "lista roja" de peligro crítico de extinción, el mismo nivel de riesgo que enfrenta el gorila de montaña. A pesar de ser un tesoro nacional que mejora la pesca en los ríos donde es liberado, su futuro depende hoy de que una oficina estatal firme el presupuesto para su comida.
El 8 de mayo de 2025, David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años con sueños de emprender en el diseño de camisetas, salió de su casa en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, para encontrase con su exnovia. Según el relato de su padre, Diego Armando Nocua, el joven recibió un mensaje de la joven, de 15 años, para verse esa tarde. "Yo lo vi tan feliz que me dijo: 'Papá ya vengo'. Y se iba a encontrar con ella", recordó en Séptimo Día sobre los últimos momentos con vida de su hijo.La cita, sin embargo, era el inicio de una dolorosa odisea. Cámaras de seguridad del sector captaron a David caminando junto a la adolescente y otro compañero de clase hacia una zona apartada a orillas del río Tunjuelo. El engaño consistió en invitarlo a conocer una supuesta casa abandonada. Al llegar al punto desolado, la joven le pidió que cerrara los ojos para entregarle una sorpresaDiego Nocua relató el momento exacto de la agresión según las pruebas judiciales: "Ella le dice al muchacho con que iban: 'Tápele los ojos que le voy a dar un regalo'. El regalo era tremenda apuñalada en el abdomen".Los hallazgos clave en el casoLa investigación penal permitió descubrir que el ataque no fue un hecho fortuito, sino una represalia por un suceso ocurrido antes. En aquel entonces, David Esteban intervino en una situación crítica en su colegio para proteger la integridad de la misma joven que terminaría siendo su victimaria. Su madre, Juliana Monroy, explicó el trasfondo de esta relación: "Él impide que ella se tire del segundo piso del colegio; él la detiene para que no lo haga".A raíz de este intento, las directivas escolares y las autoridades de infancia tomaron medidas de protección para la menor. Yanire Arcos, profesora de los adolescentes, señaló que "la idea es tratar de no revictimizar a los muchachos; entonces el manejo que se le dan es enviarlo al Instituto de Bienestar Familiar". Sin embargo, lo que para las autoridades era una medida de restablecimiento de derechos, para la joven fue un agravio personal del cual culpó directamente a David.Tras permanecer un mes bajo custodia en un hogar de paso del ICBF, la adolescente logró evadirse del sistema. Su único objetivo al recuperar la libertad de forma irregular era buscar al joven. "Ella se llenó de rabia; su único plan después de salir de allí era que Esteban pagara el encierro que ella tuvo", dijo la madre de la víctima.Captura y fallas en el sistema de custodiaEl cuerpo de David fue hallado dos días después de su desaparición con múltiples heridas en el rostro, extremidades y abdomen. Tras el hallazgo, "ella se pone muy nerviosa y dice: 'Sí eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó'", narró Diego Nocua.Aunque la Fiscalía logró la aprehensión de la joven y su cómplice, el proceso judicial dejó un sentimiento de insatisfacción en los familiares. Ambos menores aceptaron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado; ella recibió una sanción de siete años, mientras que al otro implicado se le redujo la pena a cinco años. La indignación creció cuando, en enero de 2026, solo nueve meses después del crimen, la joven volvió a burlar la seguridad del Estado.La joven se escapó del centro de atención especializada del ICBF donde estaba cumpliendo su sanción, denunciaron los padres, quienes alertaron que la menor fue vista nuevamente en su barrio antes de ser aprehender por segunda vez. Este caso, junto al asesinato de la cuidadora Karely Merlano en Barrancabermeja, ha intensificado el debate sobre la necesidad de reformar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel Germán Alberto León Durán a 5 años, 9 meses y 1 día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas en Casanare y Boyacá.El caso hace parte de los llamados falsos positivos y es la primera vez que el alto tribunal impone “una sanción alternativa para un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación de la JEP, pero que después, en etapa de juicio, decidió hacerlo”, indicó el despacho.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, explicó que “este mecanismo se diferencia de la justicia ordinaria porque no se limita a la aceptación de cargos para obtener una rebaja de pena. En la JEP, el reconocimiento de responsabilidad debe estar acompañado de aportes efectivos a la verdad y de un diálogo directo con las víctimas, quienes ocupan el centro del proceso judicial y restaurativo”.“Las víctimas no buscan únicamente una aceptación formal de los hechos, sino conocer la verdad sobre lo ocurrido”, precisó.Durante la lectura del fallo, se determinó que los hechos son crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, y crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. (Lea también: "Son muchos más de 10.000 casos de ejecuciones": presidenta de MAFAPO sobre 'falsos positivos')(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Quiénes eran las víctimas de estos falsos positivos?El presidente de la JEP, junto con el magistrado Gustavo Salazar y la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, nombraron a las personas asesinadas:Siervo Fernández Cuervo, Bautista Leguizamón Riaño, Luis Antonio Gavidia Jiménez, Silverio Rodríguez Camacho, Carlos Alfonso Fonseca Romero, Armando Collazos Vásquez, Javier Eduardo Garcés Guacarapare, Bernardo Ramos Espinel, Hermes Pedraza Rojas, Giovanny Arias Sánchez, José Rubiel Llano Arias, Edilson Mendoza Soto, Gustavo Adolfo Wilkin Correa, Luis Carlos Peña Martínez, Luis Uriel Caciano Murillo, Joel Bernal Barrera, William Salamanca Cruz, René Geofrey Ojeda Escobar, José Manuel Montoya Beltrán, Hugo Ricardo Díaz Camacho, José Hember Leonel Guzmán, Héctor Elí Contreras Gutíerrez.Hay otras víctimas del caso que aún permanecen sin identificar.Estos falsos positivos ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando miembros del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional, “perpetraron una cadena sistemática de asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles inocentes en Casanare y Boyacá”, indicó la JEP.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander, algunos de los cuales fueron trasladados mediante engaños y falsas ofertas de trabajo.“Otras fueron estigmatizadas con reportes falsos y antecedentes fabricados, ejecutadas y posteriormente desaparecidas para impedir que sus familias las encontraran”, señaló el alto tribunal.“No se trató de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de un patrón criminal deliberado y continuado, respaldado mediante órdenes operacionales, sistemas de incentivos y mecanismos de encubrimiento”, agregó.NOTICIAS CARACOL
Emiro del Carmen Ropero Suárez y Paulino Coronado Gámez tienen lo que podría catalogarse como una amistad imposible. Por muchos años de sus vidas cada uno estuvo en un extremo de la violencia en Colombia: el primero fue guerrillero de las extintas FARC y el segundo un General del Ejército Nacional. Sin embargo, en la actualidad, los dos dejaron de lado los camuflados y las armas para hablar de paz.La violencia en Colombia ha dejado todo tipo de historias tristes y desgarradoras que, con el paso de los años, hicieron cada vez más difícil la reconciliación y el perdón. Pero sin duda son muchos más los colombianos que siguen soñando y construyendo un país en paz, algo de lo que estos dos hombres son un claro ejemplo.¿Cómo se conocieron el exguerrillero y el militar?Esta historia de reconciliación inició en medio de la guerra, en el año 2000, cuando el entonces general Paulino Coronado, comandante de la Brigada de Norte de Santander, lideraba un programa de emisoras en el departamento que tenía gran acogida en la zona del Catatumbo. Fue tal su sorpresa cuando, en medio de su programa, recibió al aire una llamada de su objetivo militar número uno: alias Rubén Zamora, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).“En una ocasión me llamó Emiro, pero no como yo hubiera querido, al programa de las emisoras. Me dijo: ‘le habla Rubén Zamora’ y le dije: ‘¿Sí? Y yo soy Superman’”, recordó el general (r). Ante la incredulidad del militar de que del otro lado de la línea estaba su ‘enemigo’, procedió a preguntarle su nombre de pila y su fecha de cumpleaños. Así conoció a Emiro del Carmen Ropero Suárez, quien hoy es su amigo.“Comenzamos a hablar de la situación del Catatumbo estando yo en ejercicio y él en la clandestinidad”. Desde ese momento, las conversaciones iban enfocadas en la búsqueda de un mejor país y menos violencia. El general (r) Coronado recordó que le ofreció todos los parámetros a alias Rubén Zamora para que dejara las armas. “Le dije: ‘Usted me llama porque tiene algún interés y yo soy garante, soy hombre de honor y la palabra mía vale. Si usted se compromete en la desmovilización, movemos todo lo que haya que hacer y usted me dice cómo lo quiere hacer, en el lugar que usted quiera’”.Sin embargo, en ese momento las luchas de ambos eran totalmente diferentes y no recibió la respuesta que esperaba. “General, usted está equivocado. Primero se desmoviliza usted que yo”, le respondió.Por su parte, Emiro del Carmen Ropero, quien ejerció como jefe del Frente 33 de las FARC, recuerda hoy en día cuál era el objetivo de su llamada al general. “Eso hacía parte de la filosofía política de las FARC, la necesidad de diálogo con el estamento militar. No era fácil porque veníamos de una guerra muy compleja, pero todo eso nos llevaba a la reflexión de la necesidad de querer detener la guerra”.Aunque un poco accidentado y con grandes diferencias marcadas, en ese momento empezó el vínculo entre el exguerrillero y el exmilitar. Las conversaciones telefónicas de los dos a través de las emisoras fueron pequeños ladrillos en la construcción de un proceso de paz, pero ninguno de los dos abandonaba sus objetivos. El general Coronado tenía claro que quería detener a alias Rubén Zamora y constantemente se estuvieron enfrentando.El encuentro en la vida realSe conocieron finalmente en 2019 después de los diálogos de la paz en La Habana, donde Emiro del Carmen entregó las armas y empezó su proceso de desmovilización. Para ese momento, Coronado ya no hacía parte de las fuerzas militares y fue esto lo que les permitió reencontrarse y verse por primera vez en persona. El evento ocurrió en el apartamento de un amigo que tenían en común.En esa primera conversación se dieron la oportunidad de conocer a la persona que había detrás de sus respectivos uniformes y se dieron cuenta que ambos habían sido víctimas de la guerra, lo que los había llevado a participar desde diferentes orillas. "¿Para qué persistir en una guerra que nos está generando mayores tragedias?", resaltó el exguerrillero.El general (r) Paulino Coronado había salido de las fuerzas militares de una manera poco honrosa en 2008, en medio de la investigación realizada en el país al conocerse los primeros casos de falsos positivos. Tras ese primer encuentro en persona con Emiro del Carmen, fue el exguerrillero el que lo invitó a acogerse y declarar ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.“A mí me parece que lo que le hicieron al general fue descargar una responsabilidad que era más una responsabilidad política del alto gobierno, que de los oficiales que estaban en terreno liderando la confrontación. Porque nosotros lo hemos dicho, eso fue promovido desde el mismo Ministerio de la Defensa”, defiende hoy en día el exguerrillero al exgeneral y agrega también que “yo aplaudo la decisión del general Paulino Coronado de reconocer ante la JEP su responsabilidad por cadena de mando, no por acción”.Desde entonces, los encuentros entre los dos se hicieron más comunes, con sus familias a bordo y conversaciones profundas en las que en ocasiones salen a relucir todavía sus diferencias, pero siempre con el respeto. Hoy en día, deciden hacer a un lado esas cosas que los alejan para juntos ser ejemplo de paz en un país que tanto lo necesita, porque si dos ‘enemigos mortales’ pueden aceptar sus diferencias, todos podríamos aprender algo de ellos.“Existen coincidencias a pesar de las diferencias, existen posibilidades para el entendimiento. Queremos ser referentes especialmente para las nuevas generaciones”, resaltó el general (r) Coronado. “Ha sido muy positivo que nos vean conversando, que nos vean en un café donde nos reunimos a planear ya no la guerra, sino actividades pedagógicas en colegios, universidades, con fundaciones”, complementó el exguerrillero Emiro del Carmen.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha actualizado una de las cifras más dolorosas del conflicto armado colombiano. Lo que inicialmente se documentó como 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos", ha ascendido ahora a 7.837 víctimas. Este incremento de 1.435 nuevos casos no es solo un ajuste estadístico, sino el resultado de un exhaustivo proceso de contraste de datos y el clamor persistente de las familias que buscan justicia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este aumento responde al cruce de bases de datos que no se habían incluido inicialmente, como las de la Procuraduría General de la Nación, y a la recepción de casi 1.000 nuevos informes presentados por las víctimas. Además, la magistratura decidió ampliar el periodo de investigación, abarcando ahora desde el año 1990 hasta el 2016, lo que ha permitido identificar crímenes que antes quedaban fuera del radar judicial.Para las familias, esta noticia tiene un sabor agridulce. Jacqueline Castillo, presidenta de la asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), señaló en entrevista con Noticias Caracol que la nueva cifra no les sorprende. "Nosotras ya veníamos hablando de más de seis mil crímenes de lesa humanidad; de hecho, los comparecientes ante la JEP han mencionado que la barbaridad podría superar los 10.000 casos". Castillo advirtió que departamentos como el Putumayo aún no han sido plenamente priorizados, lo que sugiere que el conteo seguirá creciendo a medida que avance la verdad.La investigación de la JEP ha revelado que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática bajo una presunta política de Estado. Según Castillo, aunque el pico más alto ocurrió entre 2002 y 2008 con 6.402 casos, el fenómeno tiene raíces que se remontan a 1983. El incentivo económico y la presión por mostrar "resultados excelentes" frente a la guerrilla, impulsados en parte por recursos del Plan Colombia, habrían fomentado este patrón de conducta criminal en el seno del Ejército Nacional.Uno de los puntos más polémicos revelados por las víctimas es la existencia de la denominada "prima del silencio". Según el testimonio de un coronel ante la JEP, se trataría de una bonificación económica institucional que reciben los altos mandos y que, en la práctica, funcionaría como un incentivo para no confesar la realidad de las órdenes impartidas. "Por esa razón, los generales nunca van a decir la verdad", lamentó Castillo, refiriéndose a la presunta responsabilidad de figuras como el general Mario Montoya, cuyas audiencias han sufrido múltiples aplazamientos.Detrás de cada número hay una historia de vida truncada. Castillo compartió el desgarrador caso de su hermano, Jaime, quien desapareció en Bogotá y fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate en Ocaña, Norte de Santander. El horror de Jacqueline se profundizó recientemente al descubrir que el cuerpo que enterró podría no ser el de su hermano, debido al hallazgo de un platino quirúrgico en los restos que Jaime nunca tuvo.Esta actualización de la JEP representa un paso crucial hacia la reparación de las víctimas, quienes por años fueron tildadas de querer lucrarse del Estado. Hoy, la evidencia institucional les da la razón: sus hijos, hermanos y padres no eran combatientes, sino ciudadanos víctimas de un engranaje de violencia que el país apenas comienza a dimensionar en toda su magnitud. La búsqueda de los verdaderos responsables, incluidos los altos mandos militares y políticos de la época, sigue siendo la deuda pendiente de la justicia transicional en Colombia.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
En las últimas horas se hizo noticia el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se aumentó la cifra de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Colombia, la cual era de 6.402 y pasó a ser de 7.837 casos. La afirmación por parte del mecanismo de justicia transicional se hizo el pasado 24 de abril por parte del magistrado Pedro Díaz Romero en Apartadó, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El magistrado Pedro Díaz Romero sostuvo que los testimonios rendidos por los comparecientes ratificaron lo ya consignado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP en relación con la articulación entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares.Según explicó el magistrado, “el informe también destacó las estadísticas de los homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, entre los años 1990 a 2016, a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”.Asimismo, el togado indicó que en el caso específico de Antioquia, entre 1990 y 2016, el número de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate asciende a 1.932. El magistrado aclaró que tanto las cifras nacionales como las departamentales son variables y pueden modificarse a medida que avanza la investigación del caso 03, relacionado con los denominados falsos positivos.Cifra de falsos positivos puede aumentar: JEPSobre el porqué se amplió la cifra de falsos positivos en Colombia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, dijo que “siempre hemos dicho que esa cifra de 6,402 es un universo provisional de hechos, o sea, es algo que puede aumentar. Y, efectivamente, cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008, pero el Grai, que es nuestra unidad, digamos, de análisis de información amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió hasta el año 1990 y llegó hasta el 2016. Y pues ahí se incluyeron muchos más casos que no estaban en la cifra inicial. La segunda razón es que el Grai igualmente cruzó más bases de datos que las cuatro inicialmente que se conocen”.Agregó el presidente de la JEP que dichos datos se cruzaron con los que la Procuraduría, que no estaban inicialmente, dijo, “y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1000. Entonces, toda esa información no hizo parte de la cifra inicial. Entonces, cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando”.Finalmente, el magistrado Ramelli mencionó que la cifra de 7.837 solo corresponde al caso 03 (falsos positivos). “¿Qué quiere significar esto? Que todavía faltarán los datos de la sala definición de situaciones jurídicas, que viene realizando audiencias territoriales con no máximos responsables que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca habían sido investigadas. Entonces, lo más probable es que incluso esta nueva cifra pues vaya a aumentar en el futuro”.Cruce de Iván Cepeda y Paloma Valencia por aumento de cifra de falsos positivosLos candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia se pronunciaron sobre el anuncio de la JEP y el aumento de la cifra de los falsos positivos. El candidato de la izquierda señaló que “es una cifra monstruosa, que debe sacudir la memoria y la consciencia de Colombia. También pesa sobre la consciencia de quien ha sido postulado para ser, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez. Yo señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe, antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.Por su parte, la candidata Valencia indicó: “No sea descarado, Iván Cepeda Castro. Responda usted por los resultados de su 'paz total', por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas, las usa”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
"Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor". Con esas palabras, Yésica Natalia Giraldo Marín se dirigió al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien hace 23 años asesinó a su padre, John Darío Giraldo Quintero, en la vereda El Jordán, en Cocorná, Antioquia. El encuentro ocurrió en Medellín durante el tercer día de audiencia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de comparecientes de la fuerza pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Oriente antioqueño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Yésica Natalia estaba junto a Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, su abuela y madre de John Darío. Frente a frente, víctimas y victimario protagonizaron un conmovedor acto de perdón. "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo", le dice Yésica Natalia al exmilitar, quien de inmediato se arrodilla frente a los mujeres y rompe en llanto. El teniente retirado reconoció ante la JEP haber asesinado en septiembre de 2006 a John Darío Giraldo Quintero para presentarlo como una baja en combate, uno de los miles de casos mal llamados 'falsos positivos'."Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor", le dice Yésica Natalia al exmilitar mientras ella y su abuela lo abrazan. "Perdóneme de todo corazón", le responde él, arrodillado. "Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad", se escucha decir a las mujeres, que sostienen el micrófono en medio del conmovedor momento.Rosero Bravo fue uno de los militares citados a la audiencia y que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES). En la diligencia se explicó que uniformados de ese batallón asesinaron a tres hombres -Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález- durante 2002 y 2007 y los presentaron posteriormente como muertos en combate. El teniente retirado fue seleccionado como máximo responsable y ha reconocido responsabilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.En la audiencia, el teniente retirado reconoció que si bien los militares contaban con un soldado que hacía labores de enfermero, este no atendió a John Darío Giraldo Quintero. "No doctora -le respondió a una magistrada de la JEP-. No di la orden (de atenderlo) porque sabía lo que íbamos a hacer con él. Yo di la orden, que los vistieran (como guerrilleros)".En la audiencia, la JEP contó que los militares, bajo el mando de Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por "La Pacho", una mujer que señaló a las víctimas como supuestos guerrilleros. "Después de los hallazgos, se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate", relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis. "Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil".De acuerdo con la información recopilada por la JEP, Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para que interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma que estaban entregando. Después de eso, el teniente, ahora retirado, dio la orden de asesinar a las víctimas. Al respecto se les preguntó a los comparecientes por el origen de las armas que implantaron a las víctimas. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", dijo Rosero."Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé", dijo el compareciente Diego Londoño Rojas a las víctimas. Luego de sus palabras les entregó a algunas, entre ellas Rosalba Angélica y Yésica Natalia, el árbol con el que recuerdan la memoria de las víctimas para ubicarlo en el Bosque del recuerdo."Yo quiero decirles que los perdono", les dijo Rosalba Angélica a todos los comparecientes. "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso (…). Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó (…). Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor", dijo, por su parte, Yésica Natalia durante le diligencia.La audiencia pública hace parte de la 'Ruta no sancionatoria' y tiene como finalidad propiciar un espacio para consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su aceptación de responsabilidad y sus propuestas de medidas para contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de condicionalidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Durante la audiencia de Reconocimiento de Verdad del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien inicialmente negó su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate (los llamados falsos positivos), el clamor de la madre de una de las víctimas se escuchó fuertemente en el auditorio, quien le reclamaba al uniformado retirado por el crimen de su hijo. "Un ser que yo amaba (...) Lo odio, con todo mi corazón, porque ustedes no saben cómo es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones (...) Un hijo que me amaba", dijo ante los presentes. La audiencia se realizó en Yopal (Casanare), y fue socializada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este miércoles 18 de marzo. La mujer que habló se llama María Dolores Sánchez, y era madre de Giovanny Arias, quien fue hallado, identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. "Les pido que la rodeen porque ella tiene un dolor que hasta ahora está tramitando", aseguró el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.María Dolores fue consolada por las demás víctimas y por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia. Mientras hablaba, según mencionó la JEP en sus redes sociales, "su voz reflejaba no solo el dolor persistente, sino también la exigencia de verdad y justicia que atraviesa este proceso".“Es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, dijo el magistrado Salazar Arbeláez al retomar la audiencia. Durante su intervención, explicó que la JEP ha dispuesto espacios de acompañamiento para atender el dolor, así como para que las víctimas y sobrevivientes puedan expresarse. General (r) reconoce ante la JEP su responsabilidadEl teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 30 víctimas cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno), adscrito a la Brigada XVI que operó en la región. La imputación de la JEP incluyó homicidio en persona protegida y desaparición forzada, a pesar de que el teniente (r) en años pasados había negado estos hechos.En su intervención, León Durán explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío: “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.Asimismo, expresó la importancia de haber conocido a las familias de las víctimas durante su proceso en la JEP y se dirigió a ellas. “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, aseguró. Y añadió: “Entendí que para mí era obligatorio y esencial saber quiénes eran las víctimas y conocer a sus familiares (…) Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.Esta audiencia restaurativa, en el marco del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, continuará el jueves 19 de marzo en Yopal.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITALlmercado@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- decidió expulsar al general (r) Mauricio Santoyo del Sistema Integral para la Paz, “consistente en aportar verdad plena”.Lo anterior porque “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, explicó el alto tribunal.Santoyo está sometido ante la JEP por dos casos de 1999 y 2000, por lo que responde por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.Detalla el alto tribunal que el general retirado tenía la obligación de presentar una propuesta de régimen de condicionalidad “en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición”.De acuerdo con el documento emitido por la JEP, “frente a la pregunta relacionada con la colaboración que puede prestar a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas", señaló que “no puedo prestar colaboración, pues no he tenido relación con los hechos que se me atribuyen respecto de personas desaparecidas”. (Lea también: JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos)Lo anterior tiene que ver con la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos e integrantes de la Asociación ASFADDES, ocurrida el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué beneficios pierde Mauricio Santoyo?El general retirado tenía el “beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar -PLUMP- 119, el cual la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar” y se pide al Inpec "coordinar su traslado a un centro de reclusión”, indica la JEP.Además, “sus asuntos” deberán “retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento”.Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia para traficar cocaína.Aunque fue sentenciado en 2012 a 13 años de prisión, tuvo una reducción y terminó pagando 6 años y 8 meses por colaborar con la justicia y registrar buena conducta.NOTICIAS CARACOL
La Contraloría General de la República advirtió que la desmovilizada guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación", expresó en el ente regulador en un comunicado. En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las Farc se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, detalló en Noticias Caracol en vivo que, además, la extinta guerrilla, “de los lingotes de oro, se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro, han entregado 252 mil. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades, han en entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722, han entregado uno”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Es verdad que entregaron dólares falsos?La contralora delegada reveló que “solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las Farc se comprometieron a entregar 450 mil dólares, de los cuales 1.500 según nos certificó la SAE son falsos, que la SAE no va a poder monetizar”, lo que se traduce en “menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales”.La funcionaria insistió en que “sí hay un riesgo” porque “con ocasión de estas decisiones judiciales, el esfuerzo que se hace, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que vayan a reparar a las víctimas”.Detalló que “de las dos primeras sentencias se requirieron más de 100 mil millones de pesos, el Gobierno nacional ha destinado 20 mil, para un total de 120 mil”, pero “hay una brecha grande y este año vienen nuevas decisiones judiciales que se requiere para garantizar su ejecución”. (Lea también: ¿En qué consiste la condena de 8 años a exintegrantes de las Farc? Magistrado de la JEP responde)“Se estima en más de 500 mil millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan que se podrán dictar en el curso de este año”, agregó.¿Quién responde si las Farc no entregan los bienes para reparar a las víctimas?Jenny Lindo recalcó que son “más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado” y “hay una gran debilidad en el cumplimiento de los bienes que se comprometieron (las Farc) a entregar y que estos bienes son los que se previeron en el proceso de paz para las víctimas. En ausencia de estos recursos es el Estado el que debe responder”.“El Gobierno debe hacerse responsable ante la ausencia de estos bienes de las Farc que no han podido monetizar o entregado completamente. Responder del Presupuesto General de la Nación”, precisó."La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP está desfinanciada en un 83,6% para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción", detalló la información. En 2025, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como falsos positivos. Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó "con urgencia" al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras. Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas "depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 falsos positivos. (Lea también: JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados)En la sentencia, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señala que resolvió "condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad".Mejía fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, Cesar, donde varios de los antiguos integrantes están involucrados en asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y premios de sus superiores, una política conocida como falsos positivos.Esta es la primera vez que la JEP impone una condena de este tipo a un alto mando del Ejército.La sentencia, de 1.149 páginas, se dictó porque Mejía no aceptó su responsabilidad por los crímenes cometidos cuando comandó el Batallón La Popa, lo que llevó al tribunal a someterlo a un juicio ordinario, en lugar de las sanciones alternativas previstas para quienes reconocen los hechos.La JEP emitió una orden de captura contra el exmilitar y le denegó beneficios como "la prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa", además de prohibirle su salida del país sin autorización judicial.De acuerdo con el fallo, Mejía fue declarado responsable de asesinar y hacer desaparecer civiles entre 2002 y 2005 en los departamentos del Cesar y La Guajira.Los falsos positivos, uno de los episodios más graves del conflicto armado y considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejaron al menos 6.402 personas asesinadas, según los registros de la JEP.El tribunal atribuyó a Mejía la responsabilidad por decenas de homicidios y desapariciones forzadas, crímenes que hicieron parte de patrones de macrocriminalidad, entre ellos una alianza entre unidades militares bajo su mando y grupos paramilitares, así como ejecuciones de personas en situación de vulnerabilidad. (Lea también: JEP imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por genocidio de la UP)Un juicio inédito en la JEPEl proceso contra Mejía fue el primer juicio adversarial abierto por la JEP contra un miembro de la fuerza pública que se negó a aceptar los cargos formulados por este tribunal.A diferencia de otros exmilitares que en el mismo caso aceptaron su responsabilidad y recibieron sanciones de carácter restaurativo, es decir, sin cárcel, el coronel retirado se negó a hacerlo, lo que lo expuso a la pena máxima de hasta 20 años de prisión.El juicio comenzó en septiembre de 2024 en Valledupar, bajo la conducción de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano de la JEP que actúa como fiscalía y que desde el inicio pidió la condena máxima.Según la acusación, Mejía ideó y ejecutó un plan criminal para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate, con el objetivo de inflar resultados operacionales y proyectar una imagen de eficacia militar.Entre las víctimas hubo campesinos, personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad e integrantes del pueblo indígena kankuamo.Durante el proceso, Publio Hernán Mejía, uno de los militares más condecorados del país, negó su responsabilidad y afirmó que era un "soldado de honor", postura que fue rechazada por la UIA y por las organizaciones de víctimas.AGENCIA EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que no permitirá que China ejerza control sobre el Canal de Panamá, durante un acto conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, marcado por reiteradas referencias al papel de liderazgo global de Estados Unidos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"China está intentando apoderarse del Canal de Panamá": Trump"China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no puedo permitir que eso suceda", declaró el mandatario durante una intervención en la biblioteca presidencial Theodore Roosevelt, ubicada en Bismarck, Dakota del Norte.Trump, quien llegó al evento a bordo del nuevo Air Force One donado por el Gobierno de Catar, repasó la historia de la construcción del Canal de Panamá y sostuvo que Estados Unidos terminó cediendo la infraestructura estratégica."Perdimos 38.000 personas construyendo el Canal de Panamá, nuestra gente, 38.000 personas murieron construyendo el Canal de Panamá. Se inauguró y, desde el primer día, fue un gran éxito, y lo regalamos. Lo regalamos", expresó.El mandatario insistió en que el Canal de Panamá "fue lo más caro que jamás construimos, y también lo más rentable".Además, aseguró que después de que Estados Unidos transfirió el control de la vía interoceánica a Panamá en 1999, "lo primero que hicieron fue multiplicar por cuatro las tarifas para los barcos" y "luego la subieron de nuevo, dos veces"."Todo lo que hicieron fue hacer enormes sumas de dinero durante años y años", añadió.Trump y el Canal de Panamá, un tema de vieja dataLas declaraciones no representan una postura nueva por parte del presidente estadounidense. En varias oportunidades, Trump ha manifestado que Washington no permitirá que China aumente su influencia sobre el Canal de Panamá, al considerar el tema como un asunto de seguridad nacional y parte de la estrategia geopolítica de la Casa Blanca en el hemisferio occidental.Desde su regreso a la Presidencia en 2025, Trump ha reiterado la necesidad de "recuperar el Canal de Panamá", argumentando que China mantiene una presencia e influencia excesivas en la región, una situación que, según él, también se refleja en países como Cuba y Venezuela.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: MilografiasESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE
La noche de este miércoles 1 de julio de 2026 reúne una gran jornada de los principales juegos en Colombia con la realización de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el Baloto con su modalidad Revancha. Una vez concluyen las transmisiones oficiales, las empresas publican los resultados oficiales para que el público pueda verificar si las combinaciones de sus billetes o tiquetes coinciden con las cifras ganadoras.Cada uno de estos sorteos se desarrolla bajo estrictas normas de supervisión para los juegos de suerte y azar en el país. Al finalizar las extracciones, los números ganadores son certificados y compartidos en los canales autorizados de cada operador.Lotería de ManizalesEsta lotería realiza su sorteo tradicional cada miércoles en la noche y entrega un gran premio mayor, además de varios secos.Número ganador: 3926Serie: 182Lotería del Valle La Lotería del Valle también juega su sorteo semanal este miércoles, entregando sus premios mediante un número de cuatro cifras y una serie.Número ganador: 2725Serie: 085Lotería del Meta La Lotería del Meta mantiene su cita de los miércoles por la noche y ofrece un atractivo premio mayor junto con secos y aproximaciones.Número ganador: 3736Serie: 050Baloto y RevanchaEl Baloto juega una nueva edición junto con la modalidad Revancha, la cual permite participar con los mismos números elegidos para el juego principal.BalotoNúmeros ganadores: 13 - 17 - 37 - 12 - 03Superbalota: 14RevanchaNúmeros ganadores: 35 - 26 - 14 - 34 - 03Superbalota: 08¿Cómo funcionan estos sorteos?Las loterías tradicionales (Manizales, Valle y Meta) se juegan con billetes físicos o virtuales de cuatro cifras y una serie. Para llevarse el premio mayor, usted debe acertar exactamente ambos datos en el mismo orden del sorteo.Por su parte, el Baloto consiste en escoger cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. La modalidad Revancha le da una segunda oportunidad con esos mismos números, pero juega con un acumulado millonario totalmente independiente.Recomendaciones para reclamar un premioSi usted es uno de los ganadores de la noche, es indispensable conservar el billete original o el tiquete en perfecto estado. Para iniciar el cobro, por lo general se exige:El comprobante original sin tachones ni enmendaduras.Su documento de identidad vigente.Formularios de la entidad cuando se trata de premios grandes.Los premios pequeños se pagan en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos altos se deben tramitar directamente con las oficinas del operador del juego. Tenga en cuenta que todos estos premios tienen las retenciones tributarias que ordena la ley colombiana.Por seguridad, nunca comparta fotos completas de sus tiquetes en redes sociales y recuerde que existe un plazo legal de un año para reclamar el dinero antes de que venza el derecho al cobro.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Al menos cuatro personas murieron durante la madrugada del miércoles en medio de las multitudinarias celebraciones registradas en Ciudad de México tras la clasificación de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial 2026, según informó el gobierno de la capital.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, señaló en una rueda de prensa que más de 1,4 millones de personas salieron a las calles para festejar, especialmente en el corredor turístico que conecta el Paseo de la Reforma con el centro histórico de la ciudad."En este tipo de celebración siempre hay riesgos", afirmó la mandataria al anunciar que ordenó reforzar las medidas de seguridad de cara al partido del próximo domingo, cuando México enfrentará a Inglaterra en el estadio Azteca en busca de un lugar en los cuartos de final.Dos mujeres y un hombre murieron por asfixiaDe acuerdo con las autoridades, tres de las cuatro víctimas fallecieron por asfixia en el sector de Reforma. Se trata de dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años.La cuarta víctima es un hombre de aproximadamente 30 años que fue trasladado a un centro asistencial tras presentar un ataque epiléptico y una hemorragia del tracto digestivo. Posteriormente murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.Brugada también hizo un llamado a la ciudadanía a "festejar con civismo".Asimismo, pidió a los aficionados distribuirse en distintos espacios públicos y evitar concentrarse únicamente en la glorieta del Ángel de la Independencia, lugar que tradicionalmente reúne a la mayor cantidad de personas durante este tipo de celebraciones."Nuestra solidaridad y apoyo", expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al inicio de su conferencia matutina, en la que lamentó las muertes ocurridas durante los festejos. La mandataria agregó que las familias de las víctimas recibirán acompañamiento por parte de las autoridades.Según el balance entregado por la alcaldía, los organismos de emergencia realizaron 1.615 atenciones médicas y cerca de 20 personas debieron ser trasladadas a hospitales.Ante la magnitud de las concentraciones, las autoridades también decretaron la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en las zonas donde se desarrollan las celebraciones.La selección de México consiguió el martes una victoria histórica al derrotar 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca, resultado con el que logró avanzar a los octavos de final y obtener su primer triunfo en una instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo en cuatro décadas.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La Lotería de Manizales realiza este miércoles 1 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada en la que se conoce la combinación ganadora del premio mayor y las demás categorías disponibles. Tras la extracción oficial, la entidad publica los resultados para que las personas que compraron su billete puedan verificar si la suerte estuvo de su lado.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Cada sorteo se desarrolla bajo estrictas normas de control y supervisión para los juegos de suerte y azar en Colombia, con el propósito de garantizar la transparencia durante todo el proceso. Una vez concluye la jornada, los resultados oficiales son certificados y divulgados a través de las plataformas autorizadas.Se recomienda consultar la información únicamente por medios oficiales y revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro.Resultados de la Lotería de Manizales del 1 de julio de 2026Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los números de la suerte:Número ganador: 3926Serie: 182Para determinar si un billete de lotería resultó favorecido, es indispensable verificar tanto las cuatro cifras como la serie, ya que ambos datos hacen parte de la combinación oficial de la noche.¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?Esta lotería opera mediante un sistema de billetes que incluyen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden de la extracción en vivo.Cada persona puede elegir cómo participar según su presupuesto:El billete completo.Fracciones de lotería (un pedazo del billete).Cuando el premio corresponde a una fracción, el valor entregado se calcula de forma proporcional a la parte adquirida.Horario del sorteo de la Lotería de ManizalesEste sorteo se realiza todos los miércoles en horario nocturno. Habitualmente, la transmisión oficial se lleva a cabo alrededor de las 11:00 p. m., mediante los canales autorizados y las plataformas digitales de la entidad.Al concluir el proceso de extracción y validación, los números ganadores quedan disponibles para la consulta del público.Plan de premios de la Lotería de ManizalesEl plan de premios contempla diversas categorías que complementan al premio mayor, aumentando las oportunidades de ganar en cada jornada. Los principales incentivos son:Tres premios secos de 200 millones de pesos.Cinco premios secos de 100 millones de pesos.Diez premios secos de 80 millones de pesos.Diez premios secos de 60 millones de pesos.Diez premios secos de 50 millones de pesos.Diez premios secos de 40 millones de pesos.Premios por aproximaciones y coincidencias de las últimas cifras.¿Cómo reclamar un premio?Si usted resultó ganador, debe conservar el billete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para cobrar. Por lo general, se solicita:Presentar el billete original sin tachones ni alteraciones.Su documento de identidad vigente.Formularios adicionales de la empresa para premios grandes.Los premios de menor valor suelen pagarse directamente con los distribuidores autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse en las oficinas principales de la entidad. Recuerde que estos valores están sujetos a las retenciones tributarias de la ley colombiana.Recomendaciones al verificar los resultadosAntes de iniciar cualquier trámite, revise con calma que los datos coincidan exactamente con la publicación oficial. Por seguridad, se aconseja evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir fraudes.Finalmente, tenga en cuenta que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El Super Astro Luna realiza este miércoles 1 de julio de 2026 un nuevo sorteo, una de las modalidades de juego más populares que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador da a conocer la combinación ganadora para que el público pueda verificar de forma rápida si su jugada coincide con los resultados publicados.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Como sucede en cada jornada, el proceso se desarrolla bajo estrictas normas de control. Posteriormente, los resultados son certificados y divulgados a través de los canales oficiales, permitiendo la consulta del número ganador y el signo zodiacal correspondiente.Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente mediante medios autorizados y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio.Resultados de Super Astro Luna del 1 de julio de 2026Una vez finalice el sorteo de este miércoles, estos serán los resultados oficiales:Número ganador: 6444Signo zodiacal: EscorpiónEs muy importante revisar cuidadosamente tanto las cuatro cifras como el signo del zodiaco registrado en su papel, ya que ambos elementos hacen parte de la mecánica del juego y determinan el dinero que puede recibir.¿Cómo funciona Super Astro Luna?El juego consiste en combinar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Para participar, usted debe seleccionar una combinación entre el 0000 y el 9999, además del signo zodiacal de su preferencia.El premio principal se obtiene cuando coinciden exactamente las cuatro cifras y el signo sorteado en vivo. Sin embargo, el plan de premios también contempla dinero para ciertos aciertos parciales (como las últimas tres o dos cifras).Las jugadas pueden realizarse de forma segura en los puntos de venta autorizados y en las redes habilitadas para este sorteo en el país.Valor de la apuesta y premiosEl valor mínimo para participar en Super Astro Luna es de 500 pesos, mientras que el monto máximo permitido por cada formulario es de 10.000 pesos.La cantidad de dinero del premio depende directamente del monto apostado y de las cifras que logre acertar. Las principales categorías de premiación son:Cuatro cifras y signo zodiacal.Tres últimas cifras y signo.Dos últimas cifras y signo.Cada una de estas opciones cuenta con un esquema de pago definido previamente por el operador del juego.¿A qué hora juega Super Astro Luna?Este sorteo se realiza todas las noches del año, incluyendo domingos y días festivos. Los horarios habituales de transmisión son:Lunes a viernes: aproximadamente a las 10:50 p.m.Sábados: cerca de las 10:42 p.m.Domingos y festivos: alrededor de las 8:30 p.m.Al concluir la actividad, los resultados oficiales son publicados en internet para la consulta inmediata de todos los jugadores.¿Cómo reclamar un premio?Si la suerte lo acompaña y obtiene un premio, debe conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para realizar el cobro.Por lo general, para recibir el dinero se solicita:Presentar el formulario original sin tachones ni daños.Mostrar su documento de identidad vigente.Cumplir con los requisitos de la ley cuando se trate de premios de mayor cuantía.Los premios pequeños se pagan directamente en las agencias de distribuidores autorizados, mientras que las sumas de dinero más altas deben tramitarse ante el concesionario principal. Recuerde que estos valores están sujetos a las retenciones tributarias y de ganancias ocasionales de la ley colombiana.Finalmente, evite subir fotos de su tiquete a redes sociales y tenga en cuenta que cuenta con un plazo legal de un año para cobrar su dinero antes de que el premio venza de forma definitiva.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co