La mañana del miércoles 15 de julio de 2026, la jornada escolar en el colegio John F. Kennedy, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, se vio marcada por un grave hecho de violencia. Antes de que comenzaran las clases, una estudiante de 15 años resultó herida por un disparo dentro del salón.Séptimo Día conoció su historia y habló con su familia, que pide reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas para evitar nuevas tragedias por el ingreso de armas a las aulas. ¿Quién está controlando lo que entran los estudiantes a los colegios?Una advertencia que pensó que era bromaLaura, a quien le cambiamos el nombre para proteger su identidad, estaba en su salón de clases, cuando un compañero de aula le dijo: “Le voy a pegar un tiro”. Según relató la madre de la menor, Laura creyó que se trataba de una broma y respondió: “Bueno”.Sin embargo, segundos después de la advertencia, el estudiante accionó el arma de fuego. "Escuché el estallido, pero en el momento pensé que era como pólvora, no pensé que había sido un disparo", recordó Laura.Tras percibir humo en el lugar, la joven sintió el impacto en sus extremidades: "Yo volteo hacia el lado de él y veo que sale como humo y me paro y siento el dolor en las piernas y empiezo a gritar: ‘mis piernas, me duelen mis piernas’, y caigo al piso”.De inmediato, la menor fue trasladada al hospital El Tintal y, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente remitida al hospital de Kennedy. Su madre, Yesenia Zuleta, relató la gravedad de las lesiones que sufrió su hija.“La bala entra por el fémur derecho, se pasa la pierna izquierda y se queda en la pierna izquierda, o sea, nunca salió. Fractura la tibia. Donde hubiera pasado por la vena aorta, la niña se me muere a los 2 minutos", contó Yesenia.Al ver las heridas de su hija, la madre temió que las consecuencias fueran irreversibles. “Le veo sus piernitas y yo dije: ‘mi hija va a quedar inválida, le van a quitar sus piernas’", recordó.Estudiante quedó con secuelasLaura logró sobrevivir tras ser sometida a un una intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y permanecer ocho días hospitalizada. Sin embargo, meses después del hecho, la adolescente continúa sin poder retornar a sus actividades habituales como asistir a su colegio."Estar aquí, pues no es lo mismo que estar en el colegio con mis amigas riéndome y haciendo cosas en el colegio", aseguró.Asimismo, la familia denunció la falta de explicaciones oportunas por parte del rector y de las autoridades educativas sobre cómo ingresó un arma cargada a las instalaciones. “No hay seguridad a pesar de que hay vigilantes ahí en la entrada, pues que no les pueden revisar las maletas, pero a mí me parece mejor que las revisaran en la entrada. Igual un niño solo debe cargar cuadernos, esferos y colores, no armas”, concluyó la madre de la estudiante.Debido a esto, la representación legal de la víctima, Jimmy Erazo, radicó una demanda para determinar la responsabilidad por omisión de la institución, según él, por permitir que un menor ingresara con un arma.¿Qué está pasando dentro de las aulas?Frente a la presencia de armas en los entornos escolares, expertos analizan las implicaciones legales y las garantías de protección que deberían garantizar. Erazo sostuvo que existe una responsabilidad institucional directa en la seguridad de los estudiantes: "Al ser un colegio del estado y al ser un colegio que tiene en su custodia menores de edad, tiene que brindar todos los escenarios de protección para los menores incluso al permitir que un estudiante vinculado a su institución ingrese con un arma".El concejal de Bogotá Julián Uscategui se pronunció a favor de implementar controles tecnológicos en los accesos: "Yo estoy completamente de acuerdo con instalar detectores de metales en las entradas de los colegios de Bogotá porque es una medida que haciendo uso de la tecnología permite controlar y evitar que entren armas cortopunzantes o armas de fuego a los colegios".Por otro lado, el debate institucional abarca posturas contrapuestas en materia de costos, eficacia y derechos fundamentales dentro del entorno pedagógico. Al respecto, la senadora Mari Jurado cuestionó el carácter obligatorio de estas medidas: "Yo pienso que no es de obligación. No podemos generar en los colegios como si fuera una cárcel".Sin embargo, cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá indican que, entre 2023 y 2026, se registraron 900 reportes relacionados con el ingreso de armas u objetos potencialmente peligrosos a los colegios de la capital.Aunque aún no existe un acuerdo para implementar detectores de metales en las instituciones educativas como medida para prevenir el ingreso de armas, la familia de Laura considera que esta tecnología habría podido evitar la tragedia que cambió la vida de la menor.
Viktor Tomnyuk, ciudadano nacido en Ucrania que estudió en la Unión Soviética, vivió en Italia y se estableció en Cali, Colombia, actuó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos en el frente 30 de las Farc.Motivado por una recompensa económica, logró ganarse la confianza de Jorge Neftalí Umenza Velasco, alias Mincho, comandante de esta estructura del Bloque Occidental de las Farc, que ejercía control sobre los cultivos de coca en la región.La Nena Arrázola, de Los Informantes, habló con Tomnyuk para conocer los detalles de su papel como infiltrado y su participación en las labores de inteligencia durante el conflicto armado colombiano.Así fue la estrategia de infiltraciónPara ingresar a los campamentos guerrilleros, el ciudadano ucraniano se presentó como un supuesto enviado internacional con acceso a armamento y conexiones políticas.Este habría sido el argumento que utilizó para infiltrarse en el frente 30 de las Farc: “Yo soy un delegado de Partido Comunista Ucrainano y nosotros estamos muy fascinados de cómo ustedes están tantos años luchando con contra capitalismo, contra todo y nosotros queremos hacer contactos, tenemos armas si ustedes necesitan”.Su formación académica en territorio soviético le facilitó sostener el discurso ante el mando guerrillero. “Conozco todo, me tocó estudiar Lenin, Karl Marx, por eso se me hizo fácil hablar con Mincho porque él estaba muy convencido en estas cosas”, dijo.Respecto a su llegada a la zona de infiltración, Tomnyuk afirmó que “una semana me quedaba allá. Me mostraron un campamento, yo me fui por la noche y llegamos en lancha a la selva y ahí estaba el campamento”.La operación de inteligencia y tecnología encubiertaLa Dijín y el coronel retirado Paulo Cruz fueron los instructores de este hombre, aventurero de profesión y geógrafo por pasión, que tuvo que asumir el papel de comunista para convencer a la guerrilla de que era uno de los suyos.“Dentro de esa estrategia política de las Farc es necesario hablar del frente Internacional. Esta persona cuando está en esta conversación dice todo que sí, pero lo que hace es buscar los organismos del Estado para contarles lo que está pasando”, contó Paulo Cruz, coronel retirado.Como parte del trabajo de inteligencia, Viktor Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros de comunismo y películas. “A él le gustaba mucho la película de Pavel Korchagin, un héroe comunista de Unión Soviética en años 20, que estaba enfermo con todo. Un héroe de la lucha contra capitalismo”, reveló.En un disco que entregó junto con la película, se instaló un dispositivo GPS que permitió a las autoridades rastrear la ubicación y obtener las coordenadas exactas de los asentamientos de la guerrilla.Asimismo, para proteger la fachada del infiltrado y mantener la credibilidad del operativo, la policía junto a la Dijín simuló una captura del ucraniano en Buenaventura. “Nosotros montamos eso para darle credibilidad, que llegaba una persona de la Embajada a la selva y me captura la Policía. Cruz montó una película así y me llevaron al DAS, pero todo estaba montado”, contó.Revelaciones y testimonios judicialesLa información recopilada por el agente encubierto incluyó mapas, fotografías y datos sobre redes de apoyo compuestas por milicianos y financiamiento de movilizaciones.“En algún momento se conoció de una estrategia que denominaron los 12 apóstoles, era un importante número de persona, no eran 12, eran más, que desde la clandestinidad, pero desde roles estratégicos y puestos estratégicos, incluso dentro de estamentos gubernamentales, pretendía llevar al poder a las Farc... Estamos hablando de gente que no está uniformada, que la vemos todos los días, que la podíamos ver en televisión, que la podíamos ver en eventos, que la podíamos ver en cualquier sitio, pero que realmente tenía un trabajo estratégico para las Farc”, afirmó el coronel en retiro.Aunque el listado de los llamados 12 apóstoles aún permanece bajo reserva, sí se hicieron públicos los procesos que enfrentó la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. En uno de ellos, la Procuraduría la inhabilitó por 18 años, una sanción que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado. Además, tuvo que afrontar otros procesos e investigaciones que se extinguieron tras su fallecimiento.“De hecho, hay un resultado, ese resultado es público, que fue la relación de Mincho con la exenadora Piedad Córdoba. Se puede inferir razonablemente que podría ser una de ellas (de los llamados 12 apóstoles)...por Raúl Reyes y otros elementos que había un vínculo importante”, agregó Cruz.La discreta estadía de Tomnyuk en Colombia salió a la luz cuando la propia Corte lo citó a declarar como testigo. Actualmente, Viktor reside bajo esquema de seguridad en Florida, Estados Unidos.Por otro lado, el coronel retirado Paulo Cruz recuerda con especial celo y cierto orgullo la operación que culminó con la muerte de alias Mincho y debilitó hasta casi desaparecer al frente 30 de las Farc, una estructura que dominaba buena parte de los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.
Miguel Ángel López, conocido como 'Samor One' y expareja de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como 'Baby Demoni’, rompió el silencio mediante un video tras conocerse el informe de necropsia que estableció las causas del fallecimiento de la joven influencer.El cantante de rap, quien abandonó Colombia posterior a la muerte de la joven, manifestó a través de sus redes sociales que no se encuentra escondido ni temeroso frente a las acusaciones formuladas en su contra.“Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y, ante los ojos de Dios y la ley colombiana, yo soy inocente”, dijo ‘Samor One’ en el video publicado.Asimismo, afirmó que tanto su abogado como la Fiscalía conocen su paradero desde el primer momento. “A las únicas personas que les interesa en dónde estoy y lo saben desde el minuto uno que yo salí del país, es a mi abogado y a la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Resultado de la necropsia de Baby DemoniEn el video publicado en sus redes sociales, ‘Samor One’ también se refirió al resultado de la necropsia y cuestionó la fecha de entrega del documento, que, según señaló, habría sido emitido hace aproximadamente un año.“Dice que fue el 24 de octubre del 2025, es decir, que la Fiscalía cuenta con ese documento de un año en su poder...¿No creen ustedes lógico que yo ya estaría tal vez detrás de unas rejas”, afirmó.No obstante, el examen forense determinó que la causa de muerte de María Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, fue asfixia por compresión extrínseca del cuello, dictamen que se hizo público el pasado 17 de octubre de 2026.‘Samor One’ también señaló a la abogada de la familia, Wendy Herrera, quien ha solicitado avances de la investigación para que se establezca lo ocurrido el día de la muerte de la joven influencer.“Me parece muy poco ético y muy poco profesional de su parte que tenga que estarme enviando a mí mensajes por medio de videos de TikTok... Lo que pasa es que usted ya se dio cuenta que esto es una polémica a nivel mundial, usted también se quiere montar en la ola y quiere hacer su show”, dijo.Sin embargo, recientemente, la abogada de la familia de Baby Demoni publicó un video en su cuenta personal de Instagram en el que respondió a las declaraciones del joven cantante.“Yo no sé quién es usted, nunca lo he visto, solo sé que usted está vinculado a un proceso por un presunto feminicidio...Yo no le tengo miedo”, afirmó la abogada.¿Qué ocurrió el día de la tragedia?Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2025, fecha en la que la influencer bogotana, de 24 años, falleció tras un incidente en el apartamento donde convivía con ‘Samor One’.La tarde del 14 de octubre, un día antes, se registró una fuerte discusión entre la pareja. Horas después, la joven fue trasladada a una clínica por un presunto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, cuando su padre, Manuel Ariza, ingresó a verla en la Unidad de Cuidados Intensivos, observó un golpe en la frente y marcas en el cuello que, según su apreciación, corresponderían a dedos humanos y no a la tela.Posteriormente, las autoridades examinaron el teléfono móvil de la joven y halló una fotografía tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos que registró manchas de sangre en el piso y ruidos tras la discusión.El programa de Séptimo Día reveló los secretos que encontraron en el celular de Baby Demoni: “En su teléfono se encuentra todo lo que son las conversaciones, las imágenes fotográficas, los videos de toda la historia de la señora María Alejandra, pero lo más importante es de los días previos y del día de los hechos”.El director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, dijo que: "Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, dijo el investigador. Además, afirmó que en el cadáver de la joven se apreciaba un surco de presión extraño en el cuello que, dice, no correspondería al elemento con el que supuestamente se asfixió, que fue una sábana.Familia de Baby Demoni denuncian que no fue suicidioLa familia de la influencer rechazó la hipótesis de suicidio. Su padre habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad.“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.“Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, agregó.Por ahora, la investigación continúa en curso. Mientras la expareja de la joven afirma que “salió del país porque no tiene antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana”, la familia de Baby Demoni insiste en que se esclarezcan los hechos y pide que su muerte no quede en la impunidad.
En Los Informantes: una entrevista profunda con Margarita Rosa de Francisco, la transformación del cacao en el campo colombiano y un emotivo tributo a la vida y obra del cantautor Piero.
La Comisión Primera del Senado votó este 28 de octubre a favor del proyecto de ley que pretende modificar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El trámite apenas recibió luz verde en el primer debate de los ocho que debe atravesar en el Congreso de la República. La JEP se pronunció sobre la iniciativa legislativa y centró su atención en los “serios riesgos” que este proyecto representaría para los derechos de las víctimas y la justicia transicional. Y es que la iniciativa plantea que la Jurisdicción termine todas sus actividades antes de tiempo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Qué implica para la JEP la aprobación en primer debate?El proyecto obtuvo 11 votos a favor y cero en contra en un debate al que no asistió la oposición. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, aliado del Gobierno de De la Espriella, quien recibió con beneplácito la idea una vez fue planteada a la opinión pública. Esta propuesta pretende que la vigencia de la JEP sea modificada y que la justicia transicional trabaje hasta marzo de 2028. Hay que recalcar que la Jurisdicción, que surgió a partir del Acuerdo de Paz de 2016, tiene un plazo de 10 años de investigación. Lo que plantea la iniciativa de Gómez es que absolutamente todas las actividades de la JEP culminen dentro de dos años. Y es que el apartado que se pretende modificar establece que solo las etapas de investigaciones duran hasta 2028. De ahí, vienen cinco años más para los juicios correspondientes, lo que alargaría la existencia de esta justicia transicional hasta 2032. Pero con este proyecto, existe el riesgo de que todo (incluyendo juicios) tenga que culminar en dos años. Así las cosas, los juicios tendrían que ser adelantados a mayor velocidad. Hasta ahora, solo hay pocas sentencias proferidas desde la Jurisdicción, que son un adelanto de las etapas de juicio.Para la JEP, la modificación del artículo transitorio que define el periodo de actividad de la Jurisdicción y la posibilidad de su prórroga “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz”. Además, representaría un riesgo de que las víctimas no tengan el derecho de recibir una respuesta judicial en el marco de las investigaciones de la JEP.“La propuesta no solo reduciría en una tercera parte (5 años) el plazo originalmente previsto para el funcionamiento de la Jurisdicción, sino que eliminaría la fase de cierre judicial de juzgamiento a los máximos responsables, imposición de sanciones y definición de la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes no máximos responsables, que fue dispuesta para cinco años, y dispondría que los procesos pendientes fueran trasladados a la jurisdicción ordinaria, con la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, declaró la Jurisdicción.A juicio de la JEP, esta “reducción de la duración” dejaría un cierre improrrogable y definitivo que no ofrece garantías de que los procesos judiciales puedan concluir. Además, advierte que el traslado de estos asuntos pendientes no implica la desaparición de la responsabilidad del Estado ni de los costos institucionales, pues los casos pasarían a la justicia ordinaria, que —según la JEP— enfrenta un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes.Hay que recordar también que Colombia adquirió un compromiso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021, por el cual acordó respaldar el funcionamiento de la justicia transicional y la implementación efectiva de las sanciones previstas. En caso de que la financiación y el funcionamiento queden vulnerados, señala el comunicado, podría haber una nueva evaluación de la CPI.En ese sentido, la justicia transicional declaró que el hecho de que la Jurisdicción finalice no debe significar que termine la justicia. “Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por la imposición de un plazo improrrogable”, señaló.Mientras la iniciativa avanza dentro de las cámaras alta y baja del Congreso, la JEP sigue emitiendo sanciones e investigando casos que van de 2016 para atrás que se enmarcan en el conflicto armado colombiano. Este 27 de octubre se conoció que la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) revocó de manera inmediata la libertad condicionada a Kendry Téllez Álvarez, un hombre conocido también como "Yako" y que es investigado actualmente por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La SAI declaró el incumplimiento grave del régimen de condicionalidad al encontrar que Téllez incumplió con sus deberes de comparecencia y disponibilidad ante la JEP y la Agencia de la Reincorporación y la Normalización (ARN).María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves al coronel retirado Juan Carlos Figueroa a seis años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 38 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, reconoció su responsabilidad en 24 hechos durante una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar el 27 y 28 de agosto, después de haber rechazado inicialmente los cargos. La sentencia establece una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl exmilitar fue declarado responsable, en calidad de superior, por conductas relacionadas con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, así como por la muerte de dos personas que se encontraban fuera de combate por haber dejado las armas. El fallo incluye además once obligaciones restaurativas, entre ellas entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos, reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados y participar en acciones para dignificar su buen nombre y preservar la memoria de lo ocurrido.También deberá aportar información para localizar e identificar a personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos, incluidos los posibles responsables y las personas que pudieron intervenir en ellos.La sentencia contempla medidas de reparación, memoria y dignificación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados por los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales derivados de estos crímenes.Además, ordena a distintas entidades estatales avanzar en la búsqueda e identificación de cinco víctimas mencionadas en la decisión, facilitar el acceso a la reparación material y gestionar la inclusión en el Registro Único de Víctimas de quienes aún no estén inscritos.Entre las medidas impuestas figura también la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón, así como la realización de un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.Durante la audiencia restaurativa, el coronel retirado pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufridas por las víctimas y sus familias.Esta es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda sanción alternativa impuesta tras el reconocimiento tardío de responsabilidad de un máximo responsable.EFE
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) absolvió plenamente a Javier de Jesús Cadavid, un comerciante de abarrotes del oriente antioqueño que pasó 12 años y 4 meses en prisión tras ser acusado falsamente de extorsión y enriquecimiento ilícito a favor del Frente 47 de las antiguas FARC-EP. Con esta providencia judicial, el tribunal transicional dejó sin efecto las condenas impuestas por la justicia ordinaria en 2009, cerrando un calvario de 17 años e invalidando un proceso viciado por investigaciones deficientes que ignoraron la realidad del conflicto armado en los territorios.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Tras 12 años preso, comerciante fue absuelto por la JEPEl fallo se fundamentó en el análisis de las dinámicas territoriales y en el testimonio unánime de los antiguos comandantes y financieros guerrilleros, quienes desmintieron bajo gravedad de juramento cualquier nexo entre el comerciante y la organización insurgente. La historia de Javier Cadavid se sitúa en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño (Antioquia), una zona golpeada por el abandono estatal que permaneció entre 12 y 15 años sin presencia de la fuerza pública y bajo el dominio territorial de las guerrillas. En este poblado, Cadavid administraba un granero y tienda de abarrotes con el que proveía el sustento para su esposa y sus cuatro hijos. Para mantener abastecido el establecimiento, el comerciante viajaba cada ocho días a la Central Mayorista de Medellín a comprar mercancía. Debido a sus dinámicas comerciales, Cadavid era el único habitante de todo el corregimiento que contaba con una cuenta bancaria activa en Bancafé en la capital antioqueña. Ante la inexistencia de cajeros o sucursales bancarias en la región, su cuenta se convirtió en un servicio comunitario informal.Profesores del magisterio, agentes de la policía local, campesinos y arrieros recurrían habitualmente a Cadavid para que les facilitara su número de cuenta, permitiendo que sus hijos y familiares les remitieran giros, salarios o encomiendas desde distintas ciudades del país. Sin embargo, esta práctica solidaria fue instrumentalizada por la guerrilla sin el conocimiento del comerciante. Entre 2005 y 2007, alias 'Rojas', responsable financiero del Frente 47 de las FARC-EP, realizó extorsiones contra comerciantes de Pácora y Aguadas (Caldas) y coordinó con intermediarios locales para consignar parte de esos dineros en la cuenta de Cadavid, diluyéndose entre los giros cotidianos de la tienda."En ese corregimiento, como es pequeño, yo era el único que tenía cuenta en Medellín. A muchas personas del corregimiento yo les prestaba ese número de cuenta, porque sucede que en los pueblitos los hijos se van a trabajar a las ciudades y buscan la forma de mandarle plata a los viejos. A veces gente que mercaba en la tienda, amigos míos, gente del mismo pueblo de la región, como el magisterio, la misma policía, el ejército, necesitaban mandar plata o hacer giros. Mire el perjuicio tan berriondo por uno haber tenido la cuenta a la disposición de la gente del pueblo", explicó Cadavid.Cómo una acusación de extorsión vinculada a las FARC llevó a Javier Cadavid a la cárcelEn 2009, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la policía judicial de Manizales citaron a Cadavid en la Central Mayorista de Medellín para interrogarlo sobre movimientos bancarios realizados entre 2005 y 2007. A pesar de que el comerciante aportó sus archivos y explicó el uso comunitario de su cuenta, la Fiscalía formuló imputación por coautoría intelectual en extorsión y por enriquecimiento ilícito. La investigación de la justicia ordinaria estuvo marcada por graves omisiones procesales. Los investigadores no realizaron visitas ni inspecciones de campo en Puerto Venus, omitieron auditorías a los libros contables del negocio, no efectuaron un arqueo de cuentas ni entrevistaron a los habitantes o a las autoridades policiales de Nariño y Arboleda para verificar la idoneidad moral de Cadavid.Tampoco vincularon al juicio a alias 'Rojas', quien para la época ya se encontraba privado de la libertad. El sistema judicial ordinario flexibilizó los estándares de prueba, privilegiando la búsqueda de una "verdad procesal" por encima de la verdad material de los hechos. Al calificarlo como coautor, los jueces supusieron erróneamente que Cadavid debía conocer el origen ilícito de las consignaciones de un millón de pesos mensuales e incluso un depósito de 11 millones de pesos, sumas que pasaban desapercibidas frente a los elevados volúmenes de dinero que movía la tienda por pagos de nóminas públicas y compras de abarrotes."Javier termina siendo víctima del sistema judicial en el sentido de que se le impone una condena de semejantes proporciones, fundamentada en conclusiones sesgadas que desconocían muchísimo la realidad del conflicto que estaba viviendo el corregimiento de Puerto Venus. Flexibilizaron la exigencia de llegar a una certeza más allá de toda duda razonable. Desde el principio existían dudas razonables sobre la responsabilidad de Javier y aun así se le impuso esta condena", sostuvo la doctora Ana María Gallego, abogada de Javier Cadavid.La afectación para el hogar Cadavid Palacio comenzó incluso antes de la detención. Años atrás, un exintegrante del grupo armado alertó a la familia sobre un plan para secuestrar a uno de los hijos de Javier, lo que forzó el desplazamiento urgente de su esposa e hijos hacia otra localidad. A pesar del peligro, Cadavid continuó desplazándose a Puerto Venus cada mes y medio o dos meses para atender el negocio, única fuente de ingresos del grupo familiar.Tras su captura en 2009, la economía familiar colapsó. La familia enfrentó un severo detrimento patrimonial al costear múltiples abogados para interponer apelaciones consecutivas ante la justicia ordinaria, mientras realizaba ingentes esfuerzos financieros para evitar que tres de sus hijos suspendieran sus estudios universitarios. Mientas Javier permanecía encarcelado, su esposa y sus hijos adelantaron protestas públicas y llegaron a amarrarse en la Plaza de Nariño en Bogotá para exigir la atención de las altas cortes.Dentro del centro penitenciario, Cadavid soportó la reclusión en una celda de tres por tres metros. Para sobrellevar la angustia, transformó el encierro en aprendizaje: realizó múltiples cursos, obtuvo 18 diplomas, se graduó como técnico ambiental y ocupó sus jornadas practicando la pintura, las artes manuales y los tejidos en telar. Sin embargo, el encarcelamiento le privó de momentos familiares irrepetibles, sufriendo en prisión la noticia del fallecimiento de su madre, además de perderse cumpleaños, Navidades, grados universitarios de sus hijos y el nacimiento de un nieto.Las pruebas con las que la JEP declaró inocente a Javier Cadavid"Pagar una cosa que no debe es lo más injustamente inhumano y sufrimos mucho demasiado por eso. Fue mucha angustia cuando en un cumpleaños, una Navidad, los grados de un hijo o el nacimiento de un nieto uno no está presente. Eso nunca se vuelve a recuperar. Estando en prisión me dieron la noticia de la muerte de mi madre; moralmente sufrí mucho", agregó Cadavid. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, la familia Cadavid Palacio contactó a excombatientes del antiguo Frente 47 para pedirles que atestiguaran la verdad. El caso fue asumido por la abogada Ana María Gallego, quien solicitó la libertad condicionada, otorgada en un lapso de dos meses en enero de 2021, y radicó la acción de revisión ante la JEP.Al estudiar el expediente, la Sección de Revisión de la JEP determinó que para configurar el delito de coautoría en la extorsión era imprescindible probar la existencia de un "plan común" entre Cadavid y el grupo armado, elemento que quedó desvirtuado en las audiencias. Los máximos mandos del Frente 47, entre ellos alias 'Karina', alias 'Marcos Urbano', alias 'Kaddafi' y el propio alias 'Rojas', quien grabó un testimonio en video desde la cárcel, declararon bajo gravedad de juramento que no conocían a Javier Cadavid y confirmaron que nunca perteneció, colaboró ni fue simpatizante de la guerrilla.Asimismo, las pericias contables descartaron el delito de enriquecimiento ilícito al demostrar que el patrimonio personal de Cadavid no tuvo ningún incremento inusitado. Los análisis demostraron que los dineros consignados eran retirados inmediatamente por intermediarios para sostener la estructura armada, y que el grupo guerrillero en ningún caso utilizó dineros de extorsiones para pagar deudas a un comerciante local."Para usted poder juzgar a alguien como coautor tiene que probar la existencia de un plan común, y eso fue precisamente lo que se termina desvirtuando. Tuvimos la presencia de excombatientes que pertenecieron al Frente 47 que uno por uno dijeron: 'No, a este señor no lo conocemos... nunca tuvo ninguna relación, no perteneció, no colaboró, ni siquiera lo podemos reconocer como un simpatizante'", explicó la abogada. Tras ser absuelto plenamente en 2026 y recuperar de manera integral sus derechos civiles y políticos, Javier Cadavid vive actualmente en una finca amplia, en la que disfruta del aire libre y la tranquilidad junto a su familia, comparando constantemente su entorno actual con los años que pasó confinado en la prisión.Pese a estar reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado desde hace más de 15 años, el grupo familiar señala no haber recibido reparaciones económicas por parte del Registro Único de Víctimas (RUV). En la actualidad, Cadavid y su equipo jurídico analizan la viabilidad legal de interponer acciones de reparación directa contra el Estado para demandar la indemnización por los severos perjuicios morales y materiales causados por el error judicial.Más allá de las acciones legales por venir, Cadavid enfatiza que su historia debe servir como un precedente para que los jueces e investigadores analicen a fondo las realidades de las comunidades rurales vulneradas por el conflicto armado antes de dictar condenas infundadas: "Es un cambio total, es como el renacer del fénix. Yo me siento tan libre estando solamente en esta casa que no tengo ni necesidad ni me provoca salir, porque afortunadamente vivo en una finquita, un sitio muy amplio... y cada rato recuerdo esa celda de tres por tres en la cual viví durante tanto tiempo"."Es una reflexión que debe tomar mucho en cuenta el Estado colombiano y la justicia: que miren a fondo siempre los asuntos relacionados con el conflicto. En Puerto Venus estuvimos como 12 o 15 años sin la fuerza pública, donde únicamente la fuerza eran las armas de las guerrillas. Cuando a una persona no la está protegiendo el Estado, ¿cómo la van a culpar? ¿Cómo le van a meter delitos que ni siquiera los investigan a fondo?", puntualizó Cadavid.NOTICIAS CARACOL
El expresidente Juan Manuel Santos criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la lentitud que ha tenido para entregar resultados a las víctimas del conflicto armado. Este alto tribunal se creó tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Dicho acuerdo estableció que la JEP está diseñada para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más. Sin embargo, el Nobel de Paz sostuvo que la jurisdicción “tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa JEP juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, cometidos por los exguerrilleros y militares durante el conflicto armado de medio siglo con la exguerrilla de las Farc. Sin embargo, en el Congreso de la República se debate un recorte presupuestal de 170.000 millones para 2027. "Con esa reducción de 170.000 que aprobaron realmente nos dejan inoperantes", dijo en una declaración en video Alejandro Ramelli, presidente del alto tribunal. "Lo que está de por medio no es el presupuesto", agregó, "esta es una discusión sobre los derechos fundamentales de las víctimas, sobre la verdad del país". (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea trasladar los fondos que serían recortados a la JEP en 2027 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", según el mandatario. Sin embargo, ha negado tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz.Sobre el recorte de presupuesto, Santos recordó que “la JEP es una parte fundamental del acuerdo y si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí las que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo así sea temporal”.“Hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”La JEP emitió sus primeras sentencias en septiembre de 2025. En virtud de esas determinaciones, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos jefes de la extinta guerrilla están cooperando en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto, según imágenes transmitidas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz.Respecto a estas decisiones, Santos expresó en la Universidad del Rosario, en medio de un foro sobre cooperación internacional, que “quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”. (Lea también: Alto comisionado de DDHH de ONU elogia esfuerzos de reparación a víctimas en Colombia)NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla. La Jurisdicción dio detalles sobre los hechos y lo que viene para los comparecientes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa decisión se toma en un contexto en el que el presupuesto de la JEP fue puesto en debate por una proposición de un congresista y en una semana que mostrará avances significativos del sistema de justicia transicional que surgió en 2016 después de los Acuerdos de Paz. La JEP adelantó que esta semana iniciar´na las primeras sanciones restaurativas, entre las que están incluidas las restricciones de liberta y derechos. “Las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto serán las principales beneficiarias de las actividades que obligatoriamente deberán llevar a cabo las personas condenadas”, detalla el tribunal. (Le recomendamos leer: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La decisión establece para ellos responsabilidad de mando, relacionada con no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, evitar y sancionar estos crímenes dentro de las estructuras que comandaban. Los procesados fueron alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”.¿Qué crímenes les imputó la JEP?De acuerdo con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cinco excomandantes fueron hallados responsables de los siguientes crímenes de lesa humanidad:Violación.Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.Persecución por motivos de género contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.Además, la JEP les imputó crímenes de guerra como violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal por la anticoncepción forzada practicada contra mujeres que pertenecían a las filas de la antigua guerrilla. Los crímenes se habrían cometido contra niñas y mujeres en casas, fincas, cuando estaban indefensas transitando caminos de la región como una forma de castigo. La Sala identificó un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra población civil y contra integrantes de las Farc-EP. Según la investigación, estas conductas fueron ejercidas en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona. En total, la Sala de Reconocimiento documentó 68 atribuidos a las Frc contra un total de 35 víctimas: 30 de ellas eran civiles y cinco eran de la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios de esta región, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca; así como en Florida, Valle del Cauca. (Lea también: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)La JEP explcó que estos casos de violencia sexual profujeron consecuencias como afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También hubo daños colectivos a las comunidades étnicas. La Sala, por ejemplo analizó que para el Pueblo Nasa “la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la 'Uma Kiwe', la Madre Tierra, y afecta a toda la comunidad. En pueblos afrodescendientes, estas conductas afectaron la espiritualidad, su organización social y sus prácticas culturales”.¿Qué viene para este caso y los cinco imputados?Los cinco excomandantes las extintas Farc-EP tiene 30 días hábilas para reconocer o no su responsbailiad en los hechos de los que se les señala y tendrán que responder los requerimientos de las víctimas. “Si reconocen su responsabilidad, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia. Si no reconocen, los casos podrán pasar a la UIA y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial”, explicó la Jurisdicción.Es el primer auto de la JEP dedicado a estas violencias en el Caso 05La decisión hace parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro de este caso y del primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género. Este es el macrocaso que tiene más víctimas acreditadas de la JEP: 461 víctimas individuales, dentro de las cuales hay 10 víctimas LGBTIQ+ y 207 víctimas colectivas que reúnen a más de 180.000 personas.Con esta decisión, la JEP identificó el patrón criminal número 10 dentro del Caso 05. La Sala ya había determinado otros patrones en dos decisiones anteriores. La investigación de la Jurisdicción busca establecer las responsabilidades por los hechos cometidos durante el conflicto armado en esta región y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estas conductas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la retención violenta contra una abogada que trabaja como defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP. Se trata de Sandra Mónica Herrera Gaviria, quien está vinculada al sistema de justicia transicional mediante el convenio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con el relato de la JEP, la abogada se encontraba atravesando el cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), para ir hasta La Plata (Huila). Luego, tenía proyectado ir hasta Florencia (Caquetá) para desarrollar sus labores de representación legal de los comparecientes de la JEP. (Le puede interesar: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El trayecto fue interrumpido cuando sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Herrera, que pertenece a la Unidad Nacional de Protección. Los ocupantes encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona. Posteriormente, los agresores se apropiaron del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos; como consecuencia, el esquema y la abogada quedaron incomunicados en el lugar.Este hecho de violencia fue antecedido por denuncias que hizo la abogada sobre presuntas amenazas que recibió en su contra. Por esa razón, la magistratura de la JEP le ordenó a la UNP que garantizara su seguridad mediante la asignación de un esquema de protección que fue efectuada el pasado 6 de mayo del presente año. (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La JEP rechazó el hecho de violencia y aseguró que este constituye un “acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial”. A sus declaraciones, la jurisdicción también agregó su rechazo categórico a “cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio”.“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura. La JEP exige al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia”.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, defendió este domingo el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 al considerar que los recursos del Estado deben priorizar la justicia ordinaria, que enfrenta congestión de procesos. "Mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos", afirmó el mandatario en X, donde respondió a las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien lanzó el viernes un "SOS" a la comunidad internacional por la reducción de 100.000 millones de pesos propuesta para el tribunal. De la Espriella señaló que la JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018 y detalló que para 2027 solicitó 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", sostuvo el mandatario, quien rechazó que cada peso no aprobado se presente como un "castigo" y defendió que el presupuesto debe definirse de acuerdo con los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos. El presidente también cuestionó la gestión administrativa de la JEP y reclamó explicaciones sobre cómo planifica y ejecuta sus recursos, así como sobre los resultados judiciales alcanzados. "Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", manifestó De la Espriella, quien negó que su Gobierno mantenga una política de venganza contra la jurisdicción.Durante la campaña presidencial, De la Espriella llegó a plantear la eliminación de la JEP y cuestionó el gasto de la jurisdicción, una medida que no puede ejecutar unilateralmente, pues el tribunal tiene rango constitucional y su existencia está vinculada al marco jurídico del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC.Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido en tan poco tiempo. Ramelli lanzó el "SOS" ante la propuesta que fue presentada por el senador Enrique Gómez y que plantea trasladar esos recursos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Según la jurisdicción, el recorte afectaría el 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones de pesos.Ante esta situación, Ramelli pidió a la comunidad internacional que contribuya a garantizar los recursos que considera indispensables para el funcionamiento de la JEP y advirtió sobre el impacto que tendría la medida en las labores de esa jurisdicción, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las extintas Farc.La JEP sostiene que ya arrastra un déficit acumulado de unos 26 millones de dólares y que el traslado propuesto dejaría sin financiación de otro 19,7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que, según el tribunal, pondría en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.También, asegura que otros 9,2 millones de dólares requeridos para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sus sedes quedarían comprometidos, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40 %, con posibles consecuencias para la reserva y seguridad de la información y la gestión digital de los procesos.La alerta de la JEP coincide además con el trámite en el Senado de una reforma constitucional que plantea someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de ese tribunal contra miembros de la fuerza pública. La jurisdicción considera que ambas iniciativas configuran una estrategia de presión económica y de sometimiento de sus decisiones a la Justicia Penal Militar, una interpretación que atribuye a la combinación de las dos propuestas.Por ello, la JEP anunció que informará de la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.NOTICIAS CARACOL*Con información de EFE
El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura. Desde la perspectiva del congresista, este dinero se destinaría para la creación de nuevos despachos o formalización de cargos en la planta de ese organismo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Sus indicadores de resultados son desastrosos”, mencionó Gómez Martínez sobre la JEP. Insistió, además, que mientras tanto los colombianos sufren porque la justicia ha quedado rezagada para atender cerca de 2.2 millones de procesos. Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella compartió el comunicado del congresista, agregando: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.Ante esta propuesta, la JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pidió que se garanticen los recursos indispensables para su operación. “La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes”, indicaron en un comunicado.En otro punto, la JEP indicó que en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.(Le recomendamos: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)Respecto a esta situación, manifestaron que “estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”.Finalmente, señalaron que la JEP pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.¿Qué dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP?En diálogo con Noticias Caracol, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, manifestó que esta reducción presupuestal deja “inoperante a la JEP”. Señaló que lo que están tramitando es una reducción de hasta 185.000 millones de pesos en total, por lo que hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que vean las implicaciones que tienen esas decisiones.“Están afectando el funcionamiento y entonces tocaría que trabaje cada uno en su casa”, señaló sobre el posible cierre de la sede. Explicó que le envío 190 páginas al senador Enrique Gómez respondiendo a un derecho petición. “Están todos los resultados de la JEP, que no son solo sentencias, sino denuncias, amnistías y resultados intangibles en términos de verdad”, explicó acerca de los 60 años de guerra que investiga el órgano.En cuanto a las críticas sobre el tiempo de investigación de la JEP, recordó que son casos macro y que ya hay sentencias en viarios de estos. Incluso planteó que hay 21.000 secuestros investigados. “Hemos sido más rápidos que la justicia ordinaria investigando esa cantidad de casos”, manifestó.También hizo énfasis en la reducción planteada por Gómez Martínez, indicando que la JEP quedaría “básicamente sin presupuesto”, anotando que habría que entregar la sede, no habría seguridad e incluso que “no habría forma de funcionar”. “Si quieren acabar la JEP, la están acabando con el presupuesto”, puntualizó.NOTICIAS CARACOL
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), mantiene abiertas las inscripciones para quienes deseen participar en los programas de formación dirigidos a fortalecer sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades para el trabajo. La convocatoria hace parte de la estrategia Talento +50, que busca facilitar el acceso de las personas mayores de 50 años a procesos de capacitación relacionados con las necesidades actuales del mercado laboral. Las alternativas incluyen cursos para mejorar las posibilidades de encontrar empleo, aprender a utilizar herramientas tecnológicas y comenzar a estudiar inglés.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)¿Qué cursos gratis ofrecen en Bogotá para mayores de 50 años?Experta +50: cursos para mejorar las habilidades laboralesLa primera línea está orientada al desarrollo de competencias para la búsqueda de empleo, el crecimiento profesional y el manejo de recursos digitales. En ella participan la Universidad del Rosario y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La Universidad del Rosario ofrece cinco rutas de aprendizaje con contenidos relacionados con la preparación para el mundo laboral. Los participantes pueden encontrar formación para fortalecer su confianza, reconocer sus capacidades y organizar un perfil profesional que responda a sus objetivos. Estas son las cinco opciones disponibles:Prepárate para trabajar: aborda aspectos relacionados con el bienestar, la confianza y la preparación para buscar empleo.Usa herramientas digitales para encontrar oportunidades de empleo: se enfoca en el uso de recursos tecnológicos para identificar vacantes y avanzar en los procesos de búsqueda laboral.Mejora tu productividad y perfil profesional con herramientas digitales: ofrece conocimientos para aprovechar herramientas digitales en las actividades profesionales.Encuentra oportunidades laborales en la sostenibilidad del ambiente: presenta alternativas relacionadas con el empleo en actividades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.Adquiere conocimientos financieros para el mundo del trabajo: busca fortalecer las habilidades financieras que pueden aplicarse en la vida laboral.Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con una alternativa de alfabetización digital, formación dirigida a quienes necesitan aprender o reforzar conocimientos básicos para desenvolverse en entornos digitales.Experta Tech: cursos gratuitos de inteligencia artificial y tecnologíaLa segunda línea está dirigida a quienes desean adquirir conocimientos tecnológicos o profundizar en áreas relacionadas con la transformación digital. La oferta incluye cursos de IBM, Oracle y Amazon Web Services (AWS), además de programas de la Universidad Distrital. Los contenidos abarcan desde el uso inicial de herramientas digitales hasta temas especializados como programación, inteligencia artificial, computación en la nube y análisis de datos. En el caso de IBM, las alternativas incluyen formación en fundamentos digitales, inteligencia artificial, elaboración de instrucciones para sistemas de IA, sostenibilidad tecnológica, seguridad cibernética, desarrollo web con Python y analítica de datos.Oracle, por otro lado, ofrece alternativas relacionadas con el liderazgo sénior en la nube, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), inteligencia artificial y aprendizaje automático, desarrollo de aplicaciones y bases de datos. La formación en computación en la nube permite conocer tecnologías utilizadas para almacenar información, ejecutar aplicaciones y administrar recursos informáticos a través de internet. Amazon Web Services también hace parte de la convocatoria con los cursos AI sin límites y Agente IA, enfocados en el campo de la inteligencia artificial.La oferta se complementa con cursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que incluyen comunicación y trabajo en equipo por internet, seguridad digital, elaboración de documentos y presentaciones accesibles, manejo de hojas de cálculo, videollamadas, edición de videos y búsqueda de información en la web.Yes, Bogotá: cursos de inglés para principiantesLa tercera línea de formación es Yes, Bogotá, una iniciativa que ofrece cursos de inglés en los niveles A1 y A2, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como aliado. Esta alternativa está dirigida a personas que quieren comenzar a estudiar el idioma o desarrollar conocimientos básicos para comunicarse en situaciones cotidianas. El nivel A1 corresponde a una etapa inicial del aprendizaje, en la que se trabajan expresiones comunes, vocabulario básico y formas sencillas de presentarse o intercambiar información personal. El nivel A2 permite avanzar en la comprensión y producción de mensajes relacionados con actividades habituales, necesidades inmediatas y situaciones conocidas.¿Cómo inscribirse a los cursos gratis de Experta +50 y Yes, Bogotá?Las personas interesadas en participar deben ingresar al formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y consultar las alternativas de capacitación. El enlace habilitado para realizar el proceso es: https://formacionsef.desarrolloeconomico.gov.co/f/experta-talento50. Antes de completar el registro, se recomienda revisar los contenidos de cada curso y escoger la alternativa que mejor responda a los intereses de formación. La oferta contempla rutas de aprendizaje laboral, alfabetización digital, herramientas tecnológicas, inteligencia artificial e inglés.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Este jueves 29 de octubre, el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto conocido como ley de rescate fiscal. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó en alocución en la Plaza de Bolívar de qué trata la iniciativa.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Según Restrepo, “el gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo, una bomba que estallaría el próximo año, en 2027, a menos que como gobierno actuemos. Una bomba que significa un hueco tan grande, que se resume de que cada 3 pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública”.Agregó Restrepo que dicha “bomba de tiempo multiplica casi por 2 los costos de la deuda. Hoy el país es más riesgoso para prestarle. Hoy el país cuesta más cuando se endeuda en términos de intereses de la deuda pública y significa el doble de lo que históricamente costaba; una bomba de haber sobreendeudado al país, de haber multiplicado la deuda pública de 800 billones a más de 1.200 billones de pesos, un crecimiento del 50 % en solamente un gobierno. Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como sucedió en los últimos 4 años en materia de sobreendeudamiento”."Para evitar entrar en recesión": vicepresidenteSobre la ley, el vicepresidente indicó que “significa una operación rescate porque arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Esta ley de rescate económico para salvar al país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360.000 empleos, para evitar entrar en una recesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera decisión de la ley de rescate económico es ser consciente de que lo primero que tiene que hacer el Estado es apretarse el cinturón. Eso significa enfrentar la politiquería de las corbatas inútiles del Estado, significa enfrentar la corrupción que ha sido rampante en los últimos 4 años, significa enfrentar el gasto innecesario y la burocracia desbordada”.Restrepo explicó que “el 70 % del ajuste fiscal de esta ley de rescate económico la hacemos apretándonos el cinturón, siendo más eficiente en el gasto público, evitando el derroche del gasto público. Hoy el problema que enfrentamos es real y el reloj corre; por eso, además del apretón del Estado, el resto la ponen quienes más tienen. Quienes más tienen van a cumplir con sus obligaciones para lograr que esta ley de rescate económico conduzca a salvar al país de la quiebra. Mientras tanto, los que menos tienen van a recibir más del Estado”."19 millones dejarán de pagar IVA", según vicepresidenteCon lo que el gobierno denominó como ‘operación rescate’, dijo Restrepo, “19 millones de colombianos, dentro de los cuales están los más vulnerables y pobres de este país que hoy pagan IVA, dejarán de pagarlo y se lo devolveremos anticipadamente. 38 de cada 100 colombianos se van a beneficiar con esta ley”.Añadió que el 10 % de colombianos más adinerados del país “aportará más. El que más tiene, tiene que poner más sabiendo que quien pone mayoritariamente es la reducción del tamaño del Estado. Eso significa que 9 de cada 10 colombianos no se verán directamente afectados por esta ley al final de cuentas. Uno de cada diez colombianos contribuirá y asumirá el 94 % de lo que asumen los que más tienen”.Los cinco puntos de la ley de rescate fiscalMiguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, también se pronunció sobre la ley y explicó que “cinco son los temas importantes de rescate. El primero de ellos es el rescate fiscal. Nos dejaron una bomba de tiempo y estamos en una situación muy difícil. Sin esta reforma habría una crisis fiscal porque sin ajuste no podríamos conseguir los recursos que necesitamos para financiar el presupuesto que tenemos que cerrar para el año próximo. Tenemos que frenar el aumento de la deuda: ese es un objetivo central. Segundo, el rescate social. Hoy, millones de colombianos más necesitamos pagan injustamente el IVA. A ellos, que son 19 millones, se los vamos a devolver. Hoy la tecnología nos permite hacerlo de manera individual y expedita". En el tercer punto, el ministro se refirió al rescate de la salud: nos dejaron el sistema de salud destruido. Esta es una necesidad de todos. Vamos a rescatar la salud con 30 billones de pesos durante los 4 años para que los colombianos puedan hacer efectivo este derecho fundamental. Cuarto, el rescate de la inversión: nos dejaron una economía con la inversión más baja en 50 años. A los pequeños empresarios les vamos a bajar los impuestos y les vamos a dar estímulos para que se pueda invertir, generar empleo y mejores ingresos. La inversión es la prosperidad del mañana. Quinto, el rescate del Estado de la corrupción del derroche: recibimos un Estado desangrado por la burocracia inútil y el despilfarro. Vamos a volverlo eficiente y menos costoso para que el dinero de los impuestos se vea en la atención de las necesidades de los colombianos”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Tras tres horas y media, terminó este jueves la diligencia de Deicy Jiménez, contratista de la pasada administración que presentó denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. La mujer rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia, donde habló sobre la existencia de una supuesta red de contratos a cambio de favores sexuales que previamente denunció en entrevista con un medio de comunicación y dio pie a que el tema pasara a instancias legales. Jiménez había sido citada por el alto tribunal para dar extensión a las denuncias proferidas contra el exmandatario y contra la exsenadora María José Pizarro, que apuntarían a una supuesta instrumentalización de mujeres que posteriormente obtuvieron contratos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADurante la audiencia, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas formuladas tanto por la Corte como por la defensa de Gustavo Petro. Entre los temas sobre los que no respondió está la presunta compra de una droga que, según se ha planteado, tendría como destino al exjefe de Estado. A pesar de la falta de respuestas, a lo que sí se comprometió a hacer la contratista fue entregar su teléfono celular, el cual será inspeccionado por la Policía Judicial. (Le puede interesar: Presidente De la Espriella anuncia militarización inmediata en Cúcuta por orden público en la ciudad)El abogado de Jiménez, Felipe Caballero, aseguró que ella continuará declarando cada vez que sea llamada, a pesar de las amenazas en su contra. Además, sostuvo que la contratista ha hablado de una superintendente. Por su parte, la defensa del exmandatario, mencionado en las declaraciones, afirmó sentirse tranquila con lo escuchado en la diligencia. Indicó que Petro emprendió una acción judicial contra Jiménez por haber aportado, según él, documentos falsos para su contratación.La defensa de Petro, a cargo del abogado Alejandro Carranza, también informó que presentó una denuncia penal contra el director del DAPRE, a quien acusa de supuestamente interrogar a funcionarias que trabajaron en el Gobierno de Petro para que declaren en contra del expresidente. Según el abogado, toda esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La próxima audiencia quedó agendada para el próximo 3 de noviembre en horas de la tarde.El caso de Jiménez llamó la atención de otros órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación, que ordenó la apertura de una indagación previa después de que la denunciante hablara sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal de mujeres que llegaron a cargos públicos, así como de presunto acoso y violencia basada en género que habría ocurrido durante el paso de Gustavo Petro por la Casa de Nariño. Por el momento, solo se busca encontrar quiénes serían los posibles responsables de estos casos y determinar si hay elementos que sean considerados suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Óscar Julián Ruiz no para de recibir distinciones. La FIFA lo incluyó en el top 10 de los mejores árbitros de los últimos años, junto a nombres de 'peso' como Pierluigi Collina, Markus Merk, Howard Webb y Nicola Rizzoli. El colombiano ocupa la novena posición, con 132 puntos de calificación, y sobre ello habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contando diversas anécdotas.¿Qué representa esa distinción?"Bien, tranquilo. Son solo estadísticas y no me gusta hacer alarde de ello. Eso sí, la historia no la borra nadie. Es placentero compartir lista con todos ellos".Y lo hicieron sin VAR..."Algunos sí usaron esa herramienta, pero habría que ver qué parámetros tuvieron en cuenta para armar el listado".¿Por qué tan pocos sudamericanos?"La verdad es que sí sorprende y llama la atención porque hay varios nombres importantes, que estuvieron en finales y lo hicieron bien. Para algunos, soy el noveno, para otros seré el 50, en fin, depende de la lista que armen, cómo la hagan y quiénes".¿Qué datos tiene de su carrera?"No soy de llevar estadísticas, pero recuerdo la Intercontinental, entre Real Madrid y Boca Juniors, finales de Copa América y Libertadores, haberle dirigido al Real Madrid en cuatro ocasiones, y también al Barcelona, de Ronaldinho con Messi en el banco. Dirigir cuatro veces el Brasil contra Argentina fue un honor. Lo otro es que dirigí a España, recién campeona del mundo, en su primer amistoso frente a Argentina".¿Cómo le gustaría que lo recordaran?"Que era muy humano en la cancha. No tenía buena condición física y lo sé, pero dejaba que hablaran y respetaba al jugador. Nunca impuse la autoridad. Disfrutaba mucho en la cancha. Hablaba con los futbolistas, cuando había que hacerlo. Era firme, me acuerdo que apercollé a Diego Simeone".¿Qué pasó con 'el Cholo'?"Los partidos entre Bolivia y Argentina siempre han tenido picante. Había jugadores de mucha personalidad. Llegamos al camerino y los jugadores de 'la albiceleste' preguntaron que con cuánto de presión estarán los balones y me llegaron donde estaba para revisar que las pelotas sí tuvieran eso y no más. En una confrontación entre los dos equipos, tuve que separar a Simeone y lo apercollé. En esa época no eran tan sensibles con el tema del contacto".¿Cree que el VAR ha afectado el arbitraje?"El VAR vino a ayudar y no ha solucionar. Hace que sea más justo. El fútbol es algo subjetivo. Hay quienes se están recostando mucho. Igual, bienvenido el VAR porque hubiera evitado tantas cagadas que hice".Mejores árbitros según la Federación de Historia y Estadística de la FIFA1. Pierluigi Collina (Italia) - 191 puntos.2. Markus Merk (Alemania) - 184 puntos.3. Félix Brych (Alemania) - 161 puntos.4. Kim Milton Nielsen (Dinamarca) - 159 puntos.5. Howard Webb (Inglaterra) - 156 puntos.6. Björn Kuipers (Países Bajos) - 152 puntos.7. Peter Mikkelsen (Dinamarca) - 142 puntos.8. Cüneyt Çakır (Turquía) - 140 puntos.9. Óscar Julián Ruiz (Colombia) - 132 puntos.10. Nicola Rizzoli (Italia) - 121 puntos.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización inmediata de Cúcuta, de Norte de Santander, después de varios hechos que golpearon el orden público de la ciudad. La medida por parte del Gobierno Nacional fue justificada bajo la premisa de recuperar la seguridad en la zona. "He dado instrucciones precisas al ministro de Defensa y altos mandos para actuar con toda la capacidad del Estado", dijo ante la opinión pública. Hay que decir que esta crisis de inseguridad que aqueja a los cucuteños es una cuestión que lleva varios años, los hechos no son un fenómeno aislado.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEsta es la segunda vez que una ciudad capital de Colombia es militarizada por orden presidencial. La primera fue Santa Marta poco después que la fuerza pública asestara un golpe contra la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que tiene influencia el Magdalena, La Guajira y Cesar. Cuando alias Cholo, uno de los principales cabecillas del grupo, fue abatido el pasado 21 de septiembre, se declaró un paro armado en la región,, que ocasionó el cierre de comercios y el temor entre los habitantes de la ciudad del Magdalena.Durante la última semana de octubre, Cúcuta ha vivido dos hechos de inseguridad, separados solo por menos de 12 horas. El primero fue el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Seguridad que aspiraba a la administración distrital de cara a las elecciones regionales de 2028. Castellanos fue asesinado en el Anillo Vial Occidental por una persona que se movilizaba en motocicleta. En ese momento, el occiso solo se transportaba con su hijo y no estaba con ningún escolta. El segundo fue la explosión que ocurrió cerca del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Colombia con Venezuela. Una persona, al parecer personificada como si fuera un habitante de calle, dejó una carga explosiva que dejó a seis personas heridas.Ante la crisis de inseguridad, este 29 de octubre De la Espriella ordenó la militarización temporal hasta que recupere el orden público de la ciudad. En ese sentido, el Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación la Policía para "fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras narcoterroristas y criminales". El mandatario no especificó cuánto durará el despliegue de las fuerzas militares en Cúcuta y bajo qué parámetros se consideraría levantar la militarización.El jefe de Estado también anuncio el traslado de las misiones Bosur y Esparta, que estará supervisando mientras que el despliegue pretende mejorar las condiciones de una ciudad fronteriza de la que se espera recuperar la soberanía en medios de los "ataques con sevicia" contra la ciudadanía.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co