La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomará una decisión determinante en torno a la exsenadora y excompañera sentimental de alias Tirofijo, Sandra Ramírez. La desmovilizada podría ser llamada a versión libre por el reclutamiento de menores de edad durante el conflicto armado.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La jurisdicción estudiará una ponencia que propone llamar a rendir versión libre a la exsenadora. En el centro de la investigación están los testimonios de víctimas que han señalado que Ramírez habría tenido conocimiento de las prácticas que se presentaban al interior de los campamentos de la guerrilla. Se trata de una carta enviada por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia en abril de este año pidiendo incorporar a Ramírez al expediente.Una de esas víctimas que ha insistido en ser escuchada por la JEP es Daisy Guanaro, quien asegura haber sido reclutada cuando era menor de edad por las Farc. En el programa Los Informantes narró los vejámenes de los que fue víctima. "Y nos dice: Bueno, ustedes tomen. Y empieza a llevar una bolsa, yo me acuerdo tanto, una bolsa negra y nos empieza a repartir así ropa interior. Ese brasier que a mí me pusieron no me quedaba bien, no era mi talla, yo no tenía senos", relató.Según Guanaro y su crudo relato, Sandra Ramírez habría propiciado que fuera abusada sexualmente por integrantes del secretariado de las Fard. "Y vuelvo a sufrir otra violación asquerosa y humillante por órdenes de esa senadora Sandra Ramírez. Por eso he tenido la capacidad, la capacidad sin mentir, viendo las cámaras, de denunciarla ante la JEP", añadió.La propuesta es de la magistrada Lily Rueda y será discutida en la subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Si es aprobada, Ramírez deberá explicar qué conoció sobre el reclutamiento de menores de edad y qué papel habría tenido dentro de la estructura de las Farc. La investigación hace parte del macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. La JEP ha identificado 18.667 víctimas de estas prácticas."Me llevaron no solamente a mí, sino a varios niños nos reclutaron. Yo salí a comprar un desayuno a la vuelta de mi casa y fue cuando desafortunadamente esa noche fui abordada por personas de las Farc que nos llevaron a un camión y pues al otro día en la madrugada nos sacaron hacia el río Magdalena para empezar pues ya la travesía hacia un campamento de la guerrilla que quedaba sobre el Cimitarra", aseguró en julio de 2025 Sara Morales, otra víctima del reclutamiento forzado de las extintas Farc. La decisión de la JEP será clave para establecer si Ramírez deberá responder formalmente ante la jurisdicción por los señalamientos que han hecho las víctimas.TATIANA SANABRIAEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Durante el primer discurso que ofreció Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, dedicó unas palabras a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enfatizando que “el pueblo colombiano conoce mi posición frente” al alto tribunal, “lo expresé con claridad a lo largo de la campaña”. (Lea también: De la Espriella sobre la JEP: “Respetaré el orden jurídico vigente sin renunciar a revisar”)“Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo, no puede aceptar bajo ninguna circunstancia que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas. Respetaré el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”, agregó, asegurando que “la reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia, la verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”.“Piense en las víctimas”: RamelliEn entrevista con Caracol Radio, el presidente de la JEP reconoció que la jurisdicción ha recibido críticas, algunas de las cuales “vienen de las víctimas, que yo respeto profundamente porque vienen desde su dolor, desde lo que les sucedió, y es perfectamente entendible. Esas críticas lo que me generan es una enorme empatía. Pero hay otras que vienen del desconocimiento de lo que hacemos realmente. Lo que tienen es otro tipo de intereses, tienen que ver con las verdades y con que estamos procesando a personas nunca investigadas ni juzgadas. Son un doble o triple discurso, pero finalmente muchas de esas críticas lo que tienen es un ánimo negacionista, lo que quieren es ocultar la verdad”.Pero pese a esto, recordó la labor que hace el alto tribunal al abarcar cerca de 250 mil delitos con más de 300 mil víctimas: “Investigamos como lo hace la Fiscalía, juzgamos como lo hacen miles de jueces y tribunales en Colombia; tenemos que brindarles protección a las víctimas, entonces decretamos medidas de protección para víctimas y comparecientes; tenemos que brindarles atención psicosocial a los unos y a los otros como la que tendría que hacer el Estado colombiano a través del Ministerio de Salud; tenemos que garantizarles defensa a los comparecientes y unos abogados a las víctimas como lo haría la Defensoría del Pueblo, y tenemos que vigilar el cumplimiento de nuestras sentencias como lo harían los jueces de ejecución de penas”.Por eso, le pidió al presidente De la Espriella “que piense precisamente en las víctimas, en esas víctimas a las que nosotros hemos escuchado, a quienes les hemos dado una solución, a cuyos victimarios hemos imputado”, asegurando que, aunque tuvo fallas en su implementación, “ha sido exitoso. Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el acuerdo de paz”.Por otro lado, expresó su confianza en que la relación con el nuevo presidente esté “basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”. (Lea también: Lo que dijo De la Espriella sobre cadena perpetua para quienes atenten contra mujeres y niños)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Tras juramentarse como presidente de Colombia en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Abelardo de la Espriella se trasladó al Batallón Pichincha, también en la capital del Valle del Cauca, y allí pronunció su primer discurso como mandatario de Colombia. Habló, entre otras, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Señaló que, tal como lo había dicho durante su campaña, le pondrá el ojo a este tribunal porque “una Nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede hacer aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”.Sin embargo, enfatizó en que respetará “el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”.“La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia. La verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”, enfatizó Abelardo de la Espriella en su discurso.La respuesta de la JEP Hace unos días, tras las críticas del entonces presidente electo Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al acuerdo de paz con las Farc, las directivas de este organismo invitaron al gobierno entrante a una reunión para presentar resultados y discutir los principales retos del proceso de paz. Además, el presidente de la JEP recalcó que "hay muchos ojos" sobre esta jurisdicción y el cumplimiento de lo acordado, sobre todo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional."Este acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante ocho debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. (...) Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo y no solamente las sentencias, que ya llevamos cuatro y hasta final de año llevaremos siete, sino la más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado", indicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a Noticias Caracol.
La JEP informó que imputará por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 comparecientes de las extintas Farc, entre los que se encuentran cuatro miembros del secretariado del grupo ilegal, entre los que se encuentra Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias Timochenko. Además de él, también enfrentarán cargos: Milton De Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias El Médico o Mauricio Jaramillo, y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)Los imputados eran integrantes de los bloques Sur y Oriental, los más grandes de las antiguas Farc que, según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, “operaban en 15 departamentos. Estamos hablando de casi la mitad de Colombia”.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, fue más específica y dijo que los crímenes se cometieron en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, el oriente de Boyacá y zonas del nororiente de Caquetá, zona de operación del Bloque Oriental. Además, en Huila, Putumayo, Nariño, Amazonas, el oriente del Cauca y zonas limítrofes entre Meta y Caquetá, donde operó el Bloque Sur.¿De qué crímenes los acusan?“De acuerdo con lo indagado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los comparecientes fueron determinantes para la ejecución de los planes de la guerrilla, tenían mando sobre la tropa y autoridad para castigar a los subalternos”, señala el alto tribunal. Respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, indica que se trata de: “asesinatos y masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual contra civiles. También se les llama a reconocer responsabilidad por dirigir ataques intencionales contra la población y objetos protegidos (como escuelas y hospitales) en tomas guerrilleras y atentados”. Añade: “La imputación abarca el uso de métodos prohibidos como matar o herir a traición, atacar misiones médicas que usan el emblema de la Cruz Roja, destruir bienes indispensables para la población (como acueductos) y el uso indiscriminado de minas antipersonal”.“La justicia transicional colombiana pudo esclarecer los crímenes, establecer responsabilidades, cómo sucedieron los hechos, las lógicas y patrones criminales”, señaló el presidente de la JEP, quien sostuvo que “es la radiografía más completa y profunda que se ha realizado en Colombia”, explicando que se cruzan dos macrocasos: “El 10, que son violaciones al derecho internacional humanitario, y el 11 que es relacionado con violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida por las Farc”.Aseguró que “en la justicia ordinaria, el 97,94 % de estos crímenes no tenían condenas y el 90 % de los casos estaban en etapa preliminar”. De acuerdo con el magistrado Ramelli, es la primera vez que los integrantes del secretariado de las extintas Farc y quienes tuvieron mando en el sur y oriente del país rinden cuentas ante la justicia por estos hechos.El togado también hizo referencia a las víctimas, 2.436 “de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Estamos hablando de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por dinámicas de control social y territorial; estamos hablando de pastores de iglesias cristianas y evangélicas, sacerdotes católicos, soldados, policías, familias buscadoras y sobre todo víctimas pertenecientes a la Fiscalía -fiscales, investigadores- que fueron igualmente victimizados. Además de algunas figuras públicas de connotación nacional”, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, el general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, el profesor Jesús Antonio Bejarano, entre otros.Asimismo, la imputación “recoge tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores, así como masacres que sembraron terror, como la de los concejales en Rivera, Huila, o los de Puerto Rico, Caquetá. Además, establece responsabilidades por atentados como el del Club El Nogal, los rockets contra la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y los atentados contra Germán Vargas Lleras”, o “el atentado de 2003 con un 'caballo bomba' en Chita, Boyacá, donde murieron ocho personas, entre ellas un niño, y donde más de 30 personas quedaron heridas. Muchas de ellas tienen secuelas permanentes como lesiones auditivas, visuales y físicas irreversibles”, indicó la JEP.Ramelli fue enfático en decir que “nunca se ha investigado tanto a las Farc como se ha hecho y este auto es una prueba más”, al recordar la primera sentencia de la JEP por 21 mil secuestros y otros casos que ha procesado el alto tribunal, con los que “hoy ya alcanzaríamos la cifra de 109 exintegrantes de las antiguas Farc considerados máximos responsables”. (Lea también: A diez años del acuerdo de paz, Santos, Defensoría y JEP defienden el proceso)¿Qué pasará tras la imputación a los exintegrantes de las Farc?La JEP informó que los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad por los hechos imputados o rechazarlos. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.La Jurisdicción, además, ordenó a los imputados “que aporten toda la información faltante que esté a su disposición, tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques, de los que ha identificado 241 casos. “Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados podrán dar la cara a la justicia, a las víctimas y al país”, explicó.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Por primera vez, los presidentes de las tres más importantes cortes de Colombia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se sentaron al tiempo para hablar, sin tapujos, sobre la transición de gobierno que se avecina en el país. Los magistrados dialogaron francamente con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el estado en el que quedaron las relaciones de la rama judicial con el poder ejecutivo, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y de las expectativas que tienen frente a la administración entrante con Abelardo de la Espriella. (Lea también: ¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia? Sería sede de De la Espriella en Bogotá)Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “esperaría con este nuevo Gobierno que haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma que se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y la justicia. (…) Esperamos que esa sea la dinámica durante estos cuatro años”.Por su parte, Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, reconoció que “siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ese no es un tema de estos momentos, esto ocurre cuando hay que ejercer competencias donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo”, refiriéndose a los momentos en que deben declarar la inconstitucionalidad de algún decreto, por lo que subrayó que “respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con que defendemos las propias”.Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, agregó frente a lo dicho por su par que “es legítimo que se hagan críticas; sin embargo, una cosa en no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplir”, explicando que las decisiones “tienen que ser cumplidas” aunque “a veces no les gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas”.¿El Gobierno Petro respetó los límites de los poderes públicos?El magistrado Lenis, “los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles” y “ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control”, por lo que instó a “los gobernantes a respetar las competencias de los otros poderes públicos”, asegurando que cuando se toma una “decisión frente a una acción de poder público, Ejecutivo o Legislativo, no se debe entender que es un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes”. Por otro lado, recordó el “hecho desafortunado” en que se bloqueó la salida de los magistrados cuando estaban eligiendo al fiscal que reemplazaría a Francisco Barbosa. Respecto al Gobierno actual, consideró que “no se facilitó ese diálogo institucional de manera armónica, eso fue tensionante”.La togada Meneses reiteró que siempre hay tensiones con los gobiernos, “pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y la ley. De manera que en estos cuatro años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad sólida y una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado Social y democrático de Derecho”.El presidente del Consejo de Estado manifestó que “sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo” porque “la rama judicial en general tuvo que hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y al respeto por las decisiones judiciales”. En el caso de su despacho, incluso “hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le pusimos de presente a la comisión esas reacciones del presidente”, ya que “decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial, como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, en materia de designación, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales ni deseables”.¿Qué debe tener una reforma a la justicia?El presidente de la Corte Suprema recordó la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, “como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y como funciona el procedimiento abreviado penal. Esa es una discusión que podemos dar. Pero no se trata de eliminar una audiencia sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y otras prerrogativas del proceso penal, eso implicará una reforma más integral”. Agregó que espera que “la justicia sea más cercana y más oportuna, y que los métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos”.En el concepto del magistrado Montaña “debemos ser muy prudentes porque son reformas que tienen que ver con nosotros”, pero “también debemos ser participativos en los problemas y en lo estructural” como “la congestión, donde hay que tomar medidas”, refiriéndose a “los jueces individuales, que este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando más”, señalando que hay jueces que tienen 5.000 procesos.La presidenta de la Corte Constitucional habló de las tutelas, indicando que reciben a diario, en promedio, 5.650. “Cada mes hay dos magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tenemos que revisar un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas” al mes para decidir cuáles se van a seleccionar, explicó. Por ello acuden al Consejo Superior de la Judicatura y actualmente hay “226.000 tutelas pendientes por radicar para hacer la selección”, agregó. También se refirió al tema del derecho a la salud, el segundo que más tutelas tiene, el primero es de petición.¿Qué ha significado la JEP?“Significó un consenso nacional en esa búsqueda por lograr la paz”, expresó el magistrado Lenis, quien señaló que “la JEP tiene unos plazos y es prudente esperar que se cumplan esos plazos para que cumpla su misión”, considerando que “la JEP viene actuando, hay unos logros que se pueden mirar, pueden ser intangibles: han identificado cuerpos, se los han entregado a sus familiares; ha facilitado construcción de verdad en medio de las circunstancias del conflicto armado, ha facilitado la reconciliación”, reconociendo que “viene un poco lento”. Agregó: “Cuando se cumplan esos plazos, vamos a mirar si es momento de hacer la prórroga como lo establece la Constitución”.El magistrado Montaña indicó que “para terminarla, para acabarla, para reformarla, se van a necesitar reformas constitucionales, no bastará una reforma legal”, y manifestó que “la justicia transicional no es una política de Gobierno, es una política de Estado”, por lo que “es un compromiso de todos los órganos del poder público y no solamente del Ejecutivo”. (Lea también: JEP le respondió a Abelardo de la Espriella y lo invitó a una reunión para presentar resultados)NOTICIAS CARACOL
13 cuerpos más fueron encontrados en un cementerio de Pitalito, Huila, en un trabajo conjunto entre 10 integrantes de la fuerza pública, imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Con este hallazgo, ya serían 54 cuerpos de personas no identificadas recuperados en el camposanto. Los comparecientes, que ya reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron en las labores que permitieron la recuperación de los restos que estaban en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito.La información fue dada a conocer por la JEP, que explicó que los comparecientes apoyaron la cuarta fase de intervención forense liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), desarrollada entre el 10 y el 19 de junio como parte de las acciones para esclarecer el paradero de víctimas del conflicto armado. Según los expedientes que señalaron este lugar como uno de interés, las personas que reposan allí provenían de municipios del sur del Huila como Acevedo, Suaza, Timaná, Palestina, San Agustín, Isnos, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Tarqui y La Plata, así como de Puracé (Coconuco) y Santa Rosa, en Cauca.De acuerdo con la JEP, el apoyo de los comparecientes fue clave para adecuar el terreno donde trabajó el equipo forense. Los militares retiraron 15 toneladas de guadua, una labor necesaria para limpiar y preparar el área de excavación. La jurisdicción señaló que las labores se realizaron en condiciones complejas, debido a la densa vegetación y a las características del suelo. Durante toda la intervención, los comparecientes permanecieron bajo restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanente por parte de la JEP.Tres cuerpos tienen orientación de identidadEntre los 13 cuerpos recuperados durante esta cuarta fase, tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que la información recopilada hasta ahora permite formular una hipótesis sólida sobre quiénes podrían ser las víctimas. No obstante, esa información deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.La JEP indicó que los trabajos realizados por los comparecientes fueron voluntarios y anticipados, por lo que podrán ser valorados por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les sea impuesta cuando se profiera la sentencia.Según el balance entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz, de los 54 cuerpos recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, nueve personas ya han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares. Las entregas se han realizado a familias de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca, en el marco de los esfuerzos de búsqueda humanitaria para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Tras las críticas del presidente electo Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al acuerdo de paz con las Farc, las directivas de este organismo invitaron al gobierno entrante a una reunión para presentar resultados y discutir los principales retos del proceso de paz. Además, el presidente de la JEP recalcó que "hay muchos ojos" sobre esta jurisdicción y el cumplimiento de lo acordado, sobre todo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional."Este acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante ocho debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. (...) Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo y no solamente las sentencias, que ya llevamos cuatro y hasta final de año llevaremos siete, sino la más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado", indicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a Noticias Caracol.Por medio de una carta, la JEP invitó a De la Espriella y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a sostener una reunión que busca presentar "los resultados tangibles (vgr. sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, otorgamiento de amnistías, atención a víctimas, asesoría jurídica a comparecientes, entre otros) e intangibles (vgr. verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios, seguridad jurídica para los comparecientes". "La reunión representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional y propiciar un intercambio de información que contribuya a la necesaria preservación de las instituciones, asegurar el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz, así como a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial. De igual manera, permitiría identificar mecanismos de coordinación y cooperación", añadió la carta.Presidente de la JEP habla sobre alias TimochenkoAbelardo de la Espriella afirmó en una alocución el pasado lunes que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, debe estar "preso de por vida". Esto después de que el exjefe de las Farc, quien participó en los acuerdos de paz con esa guerrilla, viajara a España a un seminario con permiso de la JEP. Luego de ser cuestionado al respecto, Alejandro Ramelli respondió: "Aquellos comparecientes, tanto de las Farc como de la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces el tema no solamente es para la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
En medio de las críticas del gobierno electo con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Iván Duque habló con Noticias Caracol al respecto. También, habló de la incertidumbre que existe frente a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, a pesar de que Gustavo Petro ordenó que ninguna instalación militar sea utilizada para este fin. "Yo creo que eso muestra la actitud mezquina que ha tenido Gustavo Petro y lo otro es, si el Presidente quiere posesionarse en una guarnición militar, como un acto simbólico, debería el gobierno actual facilitar ese proceso. Se puede hacer de muchas formas, la logística se puede acomodar, se puede hacer la juramentación ante el Congreso más temprano, y después se hace el acto que se quieran adelantar en la guarnición militar, o se puede hacer una juramentación simbólica en ese caso en una guarnición militar, y después hacer la presencia del Congreso", explicó. El expresidente Duque también habló sobre la posibilidad de acabar con el proceso de paz con las Farc, teniendo en cuenta que él fue el sucesor de Juan Manuel Santos, quien firmó estos acuerdos, por lo que en sus manos estuvo gran parte de la implementación. "Cuando llegamos a la Presidencia tomamos una decisión, seguir desarmando y desmovilizando a miembros de las Farc, que era una prioridad. Pero con o sin acuerdo también era fundamental llevar la inversión social a las zonas que históricamente habían sido afectadas por la violencia, que habían sido afectadas por el narcotráfico y por la pobreza. Y por eso nosotros pusimos en marcha un plan de implementación y de ejecución que fue respaldado por Naciones Unidas y por otros organismos", dijo.En ese sentido, añadió que "darle continuidad a los temas de tierras, al tema de desmovilización, desarme, reinserción, al tema de la construcción de un tejido estatal en las regiones más apartadas del país, sigue siendo una prioridad". Sin embargo, dijo que "hay una una especie de de asfixia, de angustia y también de desilusión frente a muchas de las cosas que fueron prometidas en su momento, sobre todo en lo que tiene que ver con las víctimas, porque se les ofreció que iba a haber verdad, justicia y reparación. Y este año, que son 10 años desde la firma de ese acuerdo, no vemos a ninguno de los miembros del secretariado, ninguno de los máximos responsables de crímenes de esa humanidad con ninguna sanción proporcional o ligeramente proporcional frente a los delitos que cometieron por parte de la justicia transicional. Y esa es una deuda con Colombia".LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetió contra Rodrigo Londoño, conocido antes con el alias de Timochenko, y contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que ese tribunal le concediera un salvoconducto al ex jefe guerrillero de las Farc para un viaje a España con el fin de participar en unas conferencias. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella. Sus declaraciones llevaron a que el expresidente Juan Manuel Santos, la Defensoría del Pueblo y la JEP defendieran el acuerdo de paz y llamaran a no detener su implementación.Esto, además, porque De la Espriella dijo que cuando asuma el mandato "se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno". Agregó que "a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad". El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz". (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)“El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente”: SantosEl expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dijo durante su intervención en el ‘Congreso Internacional de Paz, entre la firma y la realidad’ que realizó la Contraloría General de la República, que “culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”. Por eso hizo un “llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. (…) En la implementación integral del acuerdo está gran parte de la solución a esos desafíos”. (Lea también: Decir que el acuerdo de paz es “culpable de la situación de inseguridad es falso”: Santos)“Debemos respetar ese acuerdo”: defensoraIris Marín recordó que Rodrigo Londoño “es un antiguo comandante de las Farc, responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, (que) está asumiendo su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican una restricción de derechos efectiva y también compromiso con las víctimas; ese fue el acuerdo de paz, esa fue la obligación constitucional, así que todas las personas, las autoridades públicas, independientemente de nuestras posiciones personales, debemos respetar ese acuerdo”.Presidente de la JEP se sentaría con gobierno entrante para hacer revisión del trabajo del tribunalAlejandro Ramelli, presidente la de JEP, fue específico en decir que la jurisdicción “tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional”, ante la posibilidad de que este tribunal fuera eliminado. “Eso sería desconocer el acuerdo de paz, que estableció diferentes tipos de sanciones: si una persona no reconoce responsabilidad termina en la cárcel, y algunos van a terminar en la cárcel, pero la cárcel es para aquellos que no reconocen responsabilidad, no aportan verdad y que son derrotados en un juicio. La JEP también tiene cárcel en esos eventos. Si usted se va por el otro lado, como se ha ido el 85 % de la fuerza pública, no solamente las Farc, no va a terminar en la cárcel”, recalcó.La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este martes 14 de julio que Londoño ya había regresado al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. Precisó “que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes” y recalcó que “en ninguna ocasión se han producido incumplimientos al régimen de condicionalidad”. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, intervino en el Congreso Internacional de Paz, entre la firma y la realidad, que adelantó la Contraloría General de la República, al cumplirse 10 años de la firma de paz con las extintas Farc. Su discurso estuvo enfocado en resaltar los aspectos positivos de la negociación y en defender la gestión de la JEP, a la que Abelardo de la Espriella ha criticado.“Hoy, 10 años después, el acuerdo está vivo y está más vigente que nunca. (...) El acuerdo no es perfecto, ningún proceso humano lo es, pero es la oportunidad más clara y más estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto después de la Constitución de 1991”, dijo el exmandatario en su intervención.La JEP es admirada en el mundo, según SantosEl presidente electo lanzó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz por el permiso que le otorgó a Rodrigo Londoño para salir del país. “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de Tribunal: la JEP. Ese bandido de 'Timochenko' merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes”, expresó. (Lea también: Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social")Sin hacer referencia a las palabras de De la Espriella, Santos aseguró que con el acuerdo de paz “logramos consolidar un sistema integral de justicia transicional que es admirado por el mundo entero, la JEP”. Agregó que “las Farc dejaron de existir como grupo armado. Hoy participan en política sin armas, como debe ser cualquier democracia”, mientras que “la JEP emitió sus primeras sanciones, que para muchos pueden parecer insuficientes, pero que demuestran que el programa está funcionando, que está produciendo decisiones basadas en la verdad y en la responsabilidad”.Destacó, además, que están los “máximos responsables reconociendo crímenes atroces, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad”. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella) El llamado a implementar el acuerdo de pazDe la Espriella había informado que la figura del comisionado de Paz se acaba “porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”.Por su parte, Santos expresó que decir que “el acuerdo de paz es el culpable de la situación de inseguridad que vive hoy Colombia es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores y a las economías ilícitas”.El Nobel de Paz añadió que “culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”.Por eso hizo un “llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. (…) En la implementación integral del acuerdo está gran parte de la solución a esos desafíos”. (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía, una menor de 9 años que había sido dada como desaparecida y terminó siendo encontrada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, dio inicio a una investigación que ya dio como resultado la captura del presunto responsable de su muerte y va dejando pistas que funcionarán para que el detenido sea imputado por tres posibles delitos. En las últimas horas, Noticias Caracol conoció la posible causa de muerte de la pequeña a medida que avanzan las pesquisas y la necropsia, que ha sido adelantada por el Instituto de Medicina Legal.Ana Lucía González Mendoza, de nacionalidad venezolana, fue reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, el pasado 14 de septiembre en horas de la mañana. La Alerta Rosa fue activada por las autoridades el 15 de septiembre de manera oficial. Solo unas horas más tarde, se notificaría el hallazgo del cuerpo de una niña en el alcantarillado del barrio J.J. Rendón, de Ciudad Bolívar. En un inicio, la comunidad no reconoció a la menor como alguien que viviera en el sector. Conforme avanzó la investigación, las autoridades se percataron que el cuerpo correspondía a Ana Lucía. Paralelo a la necropsia, la Policía Judicial de Bogotá, en articulación con las autoridades de Mosquera, investigaban para seguirle el paso al presunto responsable, identificado como el venezolano José Rojas Larez. El sistema de videovigilancia hizo posible que este hombre fuera identificado.Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a Noticias Caracol de manera preliminar que la causa de muerte de la menor habría sido asfixia. Entre tanto, Medicina Legal continúa el abordaje del cuerpo de la niña para establecer si la víctima habría sufrido abuso sexual, de acuerdo con la petición de la Fiscalía. Los resultados de la necropsia serán determinantes para la imputación. Y es que este hombre podría enfrentar cargos por homicidio agravado, acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años.NOTICIA EN DESARROLLO
Dos hermanitos, un niño y una niña de 5 y 2 años, fueron rescatados en el barrio La Fragua, de la localidad Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, donde fueron dejados solos en una vivienda, al parecer, desde la noche anterior, según informó la Policía Metropolitana. En el primer piso del inmueble, los menores de edad abrieron una ventana con rejas y empezaron a pedir ayuda.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Por la línea 123 recibimos el llamado de la comunidad en el cual nos indicaban que había 2 niños al interior de una vivienda en la localidad de Antonio Nariño, Barrio La Fragua, en el cual un niño de 5 años y un niño de 2 años habían sido abandonados. Infancia y Adolescencia de inmediato se pone al frente de la situación y se coordina para poder rescatarlos y recobrar los derechos de ellos y que estuvieran ya con las condiciones necesarias que debe tener un niño”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano. (Lea también: Esta sería la línea de tiempo del crimen de niña hallada en alcantarilla: ¿hay un cómplice?)¿En qué condiciones estaban los hermanitos?Al llegar a la vivienda, la patrullera Katherin Milena Riaño, del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, encontró a los hermanitos asomados por la ventana. “Yo lo que hago es abordar con tranquilidad y todo el profesionalismo a los niños. Visualmente llegamos a la vivienda, evidenciamos que los niños tenían la ventana abierta. Ellos en ese momento manifiestan que se encuentran solos”, relató.Las autoridades, con el apoyo de habitantes del sector, pudieron ingresar al inmueble donde estaban los niños, en donde se veía un par de colchones, uno en cada cuarto, y en condiciones inadecuadas de higiene para los menores de edad. La patrullera dijo que, al ver el estado de los pequeños, “yo lo que procedo a hacer es, obviamente, buscarles ropita, ya que era muy temprano en la mañana. Entonces, por tal motivo, les pongo ropita, los zapatos” y salió con los hermanitos del lugar para llevarlos a un lugar donde sean restablecidos sus derechos.Sobre este caso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció “por la labor que cumplió Katherine y a toda la Policía Nacional, porque, además, infortunadamente no es un caso aislado”, ya que, según cifras oficiales, en lo corrido de 2026, la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha rescatado a 75 niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono. (Lea también: ¿Qué está pasando con las desapariciones de menores en Bogotá? Secretario de Seguridad responde)NOTICIAS CARACOL
La bióloga Brigitte Baptiste presentó su renuncia al cargo de rectora de la Universidad Ean, función que desempeñará oficialmente hasta el 30 de octubre de 2026. Así lo anunció este jueves esa institución en un comunicado, en el que anota que la decisión marca el cierre de un ciclo de siete años de liderazgo al frente de la institución y el inicio de una nueva etapa orientada a seguir fortaleciendo su proyecto educativo bajo la visión de su Sala General y Consejo Superior. Durante la dirección de Baptiste, destacó la Universidad Ean, se avanzó en la consolidación del emprendimiento y la sostenibilidad como pilares centrales de su propuesta de valor institucional. De igual forma, la rectoría promovió la ejecución de diversas iniciativas estratégicas para ampliar la comunidad estudiantil y robustecer la presencia regional de la universidad.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEntre los hitos más destacados de este periodo, la universidad cita la creación del programa Becas por Colombia, orientado a brindar nuevas oportunidades a jóvenes emprendedores; el fortalecimiento de las alianzas con el sector empresarial, con el fin de ampliar las oportunidades laborales y de desarrollo para estudiantes y egresados, y la evolución de la propuesta académica para responder a los desafíos sociales y económicos del país.Tras hacer efectiva su salida de la rectoría, la universidad explicó que Brigitte Baptiste mantendrá su vínculo en calidad de Profesora Emérita. En esta nueva faceta, estará al frente de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento", desde donde continuará aportando al diálogo sobre los retos contemporáneos en educación, sostenibilidad e innovación. Por su parte, la Universidad Ean expresó su agradecimiento por los siete años de dedicación de la rectora saliente y reafirmó su compromiso con la continuidad del proyecto educativo institucional.NOTICIAS CARACOL
Un ciudadano venezolano que durante meses llamó la atención de conductores en Medellín por ofrecer supuestas bendiciones a vehículos en plena vía pública terminó expulsado de Colombia. El caso volvió a tomar fuerza luego de que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, revelara que el hombre hacía parte de un grupo de 17 ciudadanos venezolanos que fueron expulsados recientemente tras ser identificados con antecedentes, anotaciones o requerimientos relacionados con distintos delitos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl mandatario aseguró que entre las personas retornadas a Venezuela se encontraba el supuesto sacerdote que acostumbraba ubicarse en corredores viales de Medellín para solicitar dinero a conductores mientras utilizaba prendas religiosas. Según indicó, las autoridades determinaron que se trataba de un estafador y no de un integrante reconocido de la Iglesia católica. De acuerdo con la información entregada por Migración Colombia, el extranjero tiene 39 años y fue identificado como José Emanuel Torres, de nacionalidad venezolana. La entidad confirmó que se le aplicó una medida administrativa de expulsión después de verificar su situación migratoria y las conductas que venía desarrollando en la capital antioqueña.¿Quién es el hombre que se hacía pasar por sacerdote en Medellín?Las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que José Emanuel Torres se presentaba ante los conductores utilizando ornamentos religiosos para simular que pertenecía al clero. Su actividad consistía en acercarse a los vehículos, realizar supuestas bendiciones y solicitar dinero a cambio.Las denuncias de ciudadanos fueron fundamentales para que las autoridades iniciaran verificaciones sobre su comportamiento. Según reportó Migración Colombia, la presencia constante del hombre en la avenida Regional, una de las vías más transitadas de Medellín, generaba afectaciones a la movilidad y quejas de conductores que consideraban inapropiada la actividad desarrollada en plena vía pública.Antes de ser expulsado, el extranjero fue trasladado inicialmente al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Posteriormente quedó a disposición de Migración Colombia, entidad que tomó la decisión administrativa de retirarlo del territorio nacional. La autoridad migratoria señaló que su función consiste en garantizar el orden migratorio y aplicar las medidas previstas por la ley cuando se detecten situaciones que puedan afectar la convivencia o el cumplimiento de las normas vigentes para los ciudadanos extranjeros en el país.Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que el caso no era nuevo. De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano venezolano ya había sido identificado anteriormente en la Autopista Sur de Bogotá, donde realizaba actividades similares haciéndose pasar por sacerdote. Según la información recopilada por las autoridades migratorias, el hombre habría salido del país tras esos episodios, pero posteriormente regresó a Colombia y se instaló en Medellín, donde retomó la práctica utilizando nuevamente vestimentas religiosas para acercarse a conductores.En reportes conocidos en semanas anteriores también se mencionó que las autoridades habían revisado antecedentes y anotaciones relacionadas con comportamientos que motivaron intervenciones previas por parte de organismos de seguridad y convivencia. El caso ganó notoriedad en redes sociales debido a videos en los que aparecía caminando entre vehículos mientras realizaba oraciones o bendiciones. Las imágenes provocaron debate entre usuarios que cuestionaban tanto la autenticidad de su condición religiosa como los efectos de su presencia sobre el tráfico vehicular.La expulsión se produjo junto con otros ciudadanos venezolanosLa situación del falso sacerdote salió nuevamente a la luz luego del anuncio realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien informó que 17 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Medellín y enviados a su país tras ser identificados por las autoridades. Según el mandatario, varios de los expulsados registraban antecedentes o anotaciones relacionadas con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y participación en riñas. Además, aseguró que tres de ellos tenían requerimientos judiciales en Venezuela por procesos relacionados con hurto agravado, homicidio y secuestro.Gutiérrez afirmó que las autoridades continuarán desarrollando operativos conjuntos entre la administración distrital, la Policía Nacional y Migración Colombia para identificar a extranjeros que puedan ser objeto de medidas administrativas de expulsión conforme a la legislación vigente. Con la salida de José Emanuel Torres del país, concluye uno de los casos que más atención había generado en Medellín durante las últimas semanas, debido a la combinación de denuncias ciudadanas, afectaciones a la movilidad y el uso de símbolos religiosos para desarrollar una actividad que terminó bajo la lupa de las autoridades migratorias.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El arquero del Barcelona, Joan Garcia, presenta unas leves molestias en la rodilla derecha, según anunció este jueves el club azulgrana, que no ha especificado el tiempo previsto de baja.El internacional español sintió dichas molestias durante la primera mitad del partido que enfrentó el miércoles al Barcelona y al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, y fue sustituido al descanso por el guardameta polaco Wojciech Szczesny.En esta ocasión, Joan Garcia no tiene afectada la rodilla izquierda, de la que fue operado el pasado año por una rotura del menisco interno que le obligó a estar de baja durante más de un mes.Tras la goleada frente al conjunto cántabro (7-2), el equipo azulgrana se ejercitó este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.Los jugadores que disputaron más minutos hicieron hoy trabajo de compensación, mientras que el resto se ejercitó sobre el césped del Camp Tito Vilanova. También participaron los futbolistas del filial Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim.El Barcelona volverá a ejercitarse este viernes y, posteriormente, el entrenador Hansi Flick comparecerá en la sala de prensa para analizar el partido del sábado contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.
