Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
En Colombia y el mundo, desafortunadamente, cada día aparecen en las calles y en redes sociales nuevos carteles que alertan sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes, los cuales son buscados con desespero y angustia por parte de sus familiares. La situación empeora cuando estos menores son hallados sin vida y con signos de violencia porque para sus madres, incluso cuando se logra condenar a un culpable, el dolor y vacío que queda es indescriptible. Según Naciones Unidas, en el mundo cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada de manera violenta. En Colombia, según datos de Medicina Legal, en la última década cerca de 1.500 niñas murieron de forma violenta y más de 190 mil menores fueron valorados por violencia sexual, unos datos preocupantes sobre la sociedad en la que están creciendo los niños en el país. Tres madres le abrieron la puerta de sus casas a Los Informantes en diferentes lugares del país para contar la historia de sus hijas de 9, 12 y 15 años que un día salieron de casa y no volvieron. Aunque por el asesinato de sus pequeñas obtuvieron justicia legal, todas aseguran que no logran encontrar consuelo en la condena de un desconocido y que lo que les da verdadera paz es que sus hijas no sean olvidadas.Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años / 12 de octubre de 2024En Villagorgona, Valle del Cauca, el nombre de Sofía Delgado representa para los habitantes uno de los episodios más oscuros de su historia y para el país uno de los feminicidios de niñas más indignantes de los últimos años. Leidy Zúñiga, su mamá, reconoció que "lo que más extraño es levantarme, saber que llega la hora del almuerzo, saber que llegaba la hora de llevarla a su colegio, su hora de salida. Dios nos la prestó por 12 años, siempre le digo eso a Dios, no le reprocho nada".Sofía acababa de cumplir 12 años, le gustaban los animales, patinar y soñaba con ser veterinaria. El 29 de septiembre de 2024, Sofía salió de su casa rumbo a comprar comida para su mascota y no regresó. Leidy pegó carteles con su foto, habló con los vecinos y denunció ante medios y autoridades, pero durante 18 días no supo nada de su hija; hasta que el 17 de octubre, la encontraron sin vida en un cañaduzal en zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de su casa. "Nosotros cuando buscábamos a Sofía sentíamos que la íbamos a encontrar, pensábamos que íbamos a estar con ella, pero no fue así".El responsable fue un vecino del sector, el cual fue capturado, confesó y fue condenado a 58 años de prisión. Aunque para Leidy Zúñiga la condena contra el responsable de la muerte de su "ángel" es justicia, señaló también que "ella está en el cielo, pero su recuerdo va a seguir para toda la vida, así pasen los años y los días, porque perder un hijo es una de las pruebas más difíciles que como madre podemos pasar”.Laura Valentina Páez Velandia, de 9 años / 21 de enero de 2025En Chiquinquirá, Boyacá, Miryam Lucero Velandia también sabe en carne propia el dolor que implica perder a una hija de esta manera. “El sueño de ella era crecer y poder tener un trabajo para que yo no sufriera tanto, para ayudarme”, expresó la mujer al recordar a la pequeña Laura Valentina de 9 años, quien el 16 de enero de 2025 salió de su casa para pasear a su perro y desapareció. Cinco días después de denunciar su desaparición, el cuerpo de la menor de edad fue hallado sin vida en el río Minero, en el límite de Boyacá y Santander. En este caso las autoridades también dieron con el responsable y fue condenado, algo que para Miryam es una medida importante para la protección de otros niños, pero difícilmente compensa el dolor que causó en su familia. “La única ventaja es que el man está en la cárcel y se han salvado más niños, pero justicia no. [Ella] era la mayor parte de mi vida”.Entrar a la casa de la mamá de Laura Valentina es como ver dos mundos distintos. Por un lado está el cuarto de la menor que parece congelado en el tiempo porque sigue intacto, con sus peluches, zapatos y uniforme del colegio, hasta la alcancía que la niña estaba llenando con la esperanza de comprarle un regalo de cumpleaños a su mamá. Pero fuera del cuarto de la menor lo que se ve en cada rincón de la casa son plantas y flores que Miryam cuida con amor. El motivo es uno solo, según explicó. “Así fuera a salir al potrero, ella siempre me regalaba una flor, ella misma me las daba, las echaba en agua y volvía y me las daba. Fue lo más lindo y hermoso que tuve en mi vida”.Emily Dayana Villalba Vergara, de 15 años / 12 de marzo de 2025Finalmente, en el municipio de Chocontá, en Cundinamarca, todos recuerdan con cariño a Emily Villalba, una joven de 15 años que soñaba con ser una música profesional y destacaba tocando en la banda sinfónica del municipio y de su colegio. Además de sus destacadas calificaciones, la adolescente se había convertido en el gran apoyo de su mamá Nury Yuliana Vergara, ayudándola incluso en sus clases universitarias para convertirse en enfermera.“Ella fue fundamental porque cuando yo iba a empezar [a estudiar] yo pensaba que la parte de sistemas me costaba, entonces Emily me daba moral, me echaba la mano”, recordó la mujer que ahora trabaja en un asilo como enfermera de adultos mayores y que logró cumplirle a su hija el sueño de verla graduada de enfermera, aunque la menor no pudo estar ahí para acompañarla. El 12 de marso de 2025, Emily regresaba a su su casa luego de un ensayo con la banda, pero nunca llegó a su hogar, generando preocupación en su entorno. Horas más tarde su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la vereda Pueblo Viejo. Nury dice que, aunque el responsable de acabar con la vida de Emily está en la cárcel, su vida no volverá a ser la misma. "En términos legales pues de alguna manera sí [hubo justicia] porque el tipo fue capturado y condenado, pero ¿la vida de las víctimas qué? ¿Qué hay de la vida de las personas, que nos destruyeron la vida? Una criatura no es un número más, era una vida, era una vida con la que uno contaba, eran sueños, eran planes, eran proyectos”, reclamó. Agregó que, a pesar de lo ocurrido sigue trabajando para cumplirle la promesa a su hija de tener una casa propia y, en sus días más difíciles, aseguró que siente la presencia de Emily en una pequeña mariposa que siempre se posa en su ventana.La nueva ventana de la justicia Colombia acaba de lanzar la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata para niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidos, ya no hay que esperar 72 horas para denunciar. Si alguien desaparece puede comunicarse a estos números: Línea 123Líneas nacionales 122, 155 y 141También puede ir a la Fiscalía, a la Policía, al ICBF, las oficinas de la Defensoría del Pueblo o a una comisaría de familia
El crimen de Luis Alfonso Valencia, fundador de Arepas El Carriel, estremeció a los habitantes de Guaduas por la brutalidad con la que fue perpetrado. Lo que comenzó como la desesperada búsqueda de un empresario desaparecido terminó destapando una investigación que reveló un homicidio planeado y una traición que, según las autoridades, se habría gestado desde el círculo de confianza de la víctima.El Rastro reconstruyó este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2024, donde la aparente tranquilidad de una finca escondía una escena que cambiaría para siempre la vida de dos familias.El reconocido empresario, de 67 años, había dejado Bogotá ocho años antes para radicarse en el campo, con la esperanza de aliviar las afecciones pulmonares que padecía. Sin embargo, el retiro nunca estuvo en sus planes. Siguió dedicado a las labores de la finca y al cuidado de los animales.Su hijo, Leandro Valencia, lo recuerda como "un paisa de esos muy montañeros, de esos que se ganaban la vida pulso... fue una persona que todos los días se levantaba como si se quisiera comer el mundo".Un rastro de violenciaLa alerta se encendió cuando Valencia dejó de responder a las llamadas. Jairo Castellanos, amigo cercano del empresario, acudió a la finca y se encontró con una escena aterradora. Según su testimonio, "la casa estaba desordenada, la casa estaba saqueada totalmente, estaba patas arriba, todo". Los asaltantes no solo hurtaron objetos de valor; también rompieron techos y cortaron los muebles por debajo.Al ingresar las autoridades, el intendente Andrés Montoya, investigador de la Sijín, observó que "había varias cosas que estaban revolcadas como si hubiesen estado buscando algún elemento y en las mesas había unos vasos".La búsqueda en los alrededores de la propiedad llevó al hallazgo de dos cuerpos sin vida en una zona boscosa. Junto a Luis Alfonso Valencia se encontraba Rubén López, uno de sus trabajadores. El intendente Montoya detalló la crueldad del ataque: "Se ve que por lo menos a don Luis Alfonso le golpearon antes de causarle la muerte, ellos estaban amarrados de pies y manos".Las víctimas presentaban signos de tortura y heridas por proyectil de arma de fuego. En el sitio también fue hallada una trabajadora herida de gravedad, quien se convirtió en la única testigo presencial del hecho.El capataz bajo sospechaDesde el inicio, los investigadores sospecharon que el crimen no fue un simple hurto. La atención se centró rápidamente en Johan Daniel Pinzón, el capataz de la finca y hombre de confianza de Valencia. Pinzón vivía en la propiedad con su familia, pero tras el crimen desapareció misteriosamente. Aunque inicialmente se consideró que podía ser otra víctima, las pruebas técnicas comenzaron a desmentir esta versión.Un elemento fundamental fue el hallazgo de rastros físicos. Los peritos de la Sijín realizaron una inspección al interior de la casa, donde encontraron huellas dactilares de Pinzón en áreas donde él habitualmente no tenía permitido el ingreso.Según los investigadores, "era sospechoso porque él no tenía mucho acceso a la vivienda". Este indicio sugirió que el capataz participó activamente en el robo de la residencia.Pistas clave: huellas y cruce de llamadasLas autoridades comenzaron a rastrear los movimientos de Johan Daniel Pinzón. Tras los homicidios, el capataz cambió la tarjeta SIM de su teléfono celular, aunque continuó utilizando el mismo dispositivo, un detalle que llamó la atención de los investigadores.Al analizar los registros de llamadas, la Policía estableció que Pinzón se había comunicado con personas que estuvieron en el perímetro de la finca durante las horas previas y posteriores al crimen.Una interceptación telefónica fue la pieza que terminó de revelar el paradero del principal sospechoso. En la conversación, la pareja de Johan Daniel Pinzón le decía que había "cometido un error", mientras él aseguraba que debía abandonar la zona para evitar ser capturado por las autoridades.En ese momento, la única sobreviviente del ataque participó en un reconocimiento fotográfico. Según los investigadores, "nos confirma que Johan es la persona que está involucrada con el hurto y el homicidio".Última prueba y la captura de los señaladosLa investigación se extendió hasta el departamento del Tolima, siguiendo el rastro de una camioneta azul y una motocicleta hurtadas de la finca. Durante un operativo en Honda, la policía interceptó a varios hombres, entre ellos Sergio Andrés Gómez, quien intentó huir lanzándose por un caño. Al ser capturado, Gómez portaba un arma de fuego y un reloj Fossil de color café que intentó descartar al momento de la aprehensión.Al contactar a la familia Valencia para verificar la procedencia del objeto, el hijo de la víctima confirmó la pertenencia del accesorio: "Yo inmediatamente le digo que sí, que es el reloj de mi papá".Las autoridades identificaron a Gómez como el autor material de los disparos. Semanas después, Pinzón fue localizado en una vivienda en Ibagué, donde intentó escapar por los techos de una casa.Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, que incluían testimonios, huellas, interceptaciones y objetos recuperados, tanto Johan Daniel Pinzón como Sergio Andrés Gómez decidieron allanarse a los cargos. El 16 de septiembre de 2025, fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y porte ilegal de armas.Aunque la fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 56 años, la aceptación de cargos les permitió recibir una rebaja, quedando la sentencia final en 35 años de prisión. Para la familia del fundador de Arepas El Carriel, hay un cierre en el proceso, pero no la de una herida profunda por la traición de quien consideraban de su entorno.“Johan cumplió un papel de ganarse la confianza de ser una persona cercana de su empleador, del señor Luis Alfonso”, concluyó el coronel Mauricio Arley Herrera sobre los hechos del crimen.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de El Rastro.
Lo que comenzó como la desaparición de una joven administradora de un bar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de Bogotá. El 7 de enero de 2011, Sandra Viviana Ravelo, de 26 años, desapareció. Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en una zona desolada de Ciudad Bolívar.La Fiscalía centró rápidamente la investigación en John Alexander Quintero, novio de la víctima y patrullero de la Policía. Todo apuntaba a una condena de hasta 60 años de prisión, hasta que una nueva revisión de las evidencias forenses cambió el rumbo del caso. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reconstruyó la investigación.El peso de la acusación: las pruebas de ADNDesde el inicio del proceso, la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre dos pruebas biológicas que parecían irrefutables. En el cuerpo de la víctima se hallaron tres perfiles genéticos, uno de los cuales coincidía con el de su pareja. Además, debajo de las uñas de Sandra se encontró material biológico del uniformado, un hallazgo que los investigadores interpretaron como la prueba de que la víctima lo había arañado mientras intentaba defenderse del ataque.La presión social y mediática fue inmediata. En el ámbito carcelario, Quintero fue apodado con nombres como "Pikachu" o "el descuartizador". Al respecto, el patrullero relató el impacto de pasar de ser un servidor público a un reo señalado por la justicia: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser el bandido más grande de todo Bogotá".Por su parte, la madre de la víctima, Claritza Murillo, expresó en su momento el dolor y el rechazo hacia el Policía: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo alguien que yo tuve en mi casa".¿Qué demostró el análisis forense?El caso comenzó a desmoronarse en 2015, cuando el médico forense Aníbal Navarro y un equipo revisaron los folios y la necropsia. Una de las primeras conclusiones que permitió desvirtuar la sevicia fue la causa de las lesiones en el cadáver. Contrario a lo que se informó inicialmente sobre un desmembramiento y quemaduras intencionales, la ciencia determinó que el daño fue causado por agentes externos del entorno rural.El doctor Navarro explicó que los hallazgos en el cuerpo no correspondían a una acción criminal tras la muerte: "No está desmembrado. Son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo. Y en este caso lo más probable son perros”.Asimismo, se descubrió que las supuestas quemaduras eran en realidad procesos naturales de descomposición mal interpretados debido a que la fotografía forense fue realizada por personal no experto. Según la investigación, quien tomó las imágenes era en realidad una auxiliar de enfermería sin la formación técnica necesaria.La prueba del ADN bajo las uñas, que la Fiscalía presentó como señal de una lucha desesperada, fue analizada bajo una nueva óptica por la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda. Al observar detalladamente el estado de las manos de la víctima, la experta notó que la evidencia física no respaldaba la teoría del forcejeo: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha".La defensa argumentó que el material genético hallado era mínimo y compatible con la convivencia normal de una pareja, un fenómeno conocido en la ciencia forense como transferencia por contacto cotidiano.El propio Quintero explicó este punto en su defensa: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo". Esta interpretación cambió el sentido de la evidencia: la presencia de material genético de Quintero no demostraba su participación en el crimen, ya que los análisis concluyeron que dicho rastro provenía de una relación consentida anterior a la desaparición de Sandra.Testimonios que rectificaron la inocencia del policíaOtro factor determinante para la libertad del policía fue la desarticulación del móvil del crimen. La Fiscalía sostenía que Quintero era un hombre posesivo y extremadamente celoso, una percepción que la familia de la víctima compartía. No obstante, los testimonios de amigos cercanos y clientes habituales del bar que Sandra administraba en el barrio Bosa Piamonte desmintieron esa conducta violenta.Adicionalmente, se logró identificar a los hombres con los que Sandra fue vista por última vez. Testigos confirmaron que la joven abandonó el establecimiento comercial en un taxi acompañada por dos sujetos. Uno de ellos era Néstor Yesit Sánchez, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia tras confirmarse que su ADN también estaba presente en la escena. Sánchez fue condenado, mientras que la identidad del tercer implicado nunca pudo ser establecida por las autoridades.La sentencia absolutoria y las secuelas del procesoTras pasar casi seis años privado de la libertad, entre cárceles como La Picota y detención domiciliaria, un magistrado dictó el fallo que declaró la inocencia de John Alexander Quintero. “Yo siempre tenía una Biblia. Ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios”, aseguró Luz Nidia Giraldo, madre del patrullero. “Esa fue esa primer Navidad otra vez en casa. Fue ver otra vez a mi familia reunida, volver a estar con todos, ver que tenía el apoyo de mi familia”, recordó John Alexander Quintero, conmovido.A pesar de la decisión judicial, el estigma social persiste para Quintero, quien ha manifestado dificultades para reinsertarse en la vida laboral debido a sus antecedentes judiciales, llegando a ser rechazado en decenas de empresas. Por otro lado, la familia de Sandra Viviana Ravelo mantiene su postura de desconfianza frente al veredicto. Claritza Murillo reafirmó su convicción tras conocerse la libertad del expolicía: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".El caso de Sandra Viviana Ravelo terminó convirtiéndose en mucho más que una investigación por feminicidio. También abrió un debate sobre el alcance de la evidencia forense, la interpretación de las pruebas científicas y las consecuencias que puede tener una investigación cuando los hallazgos son cuestionados años después. Mientras la familia de la víctima sigue reclamando justicia, John Alexander Quintero intenta reconstruir una vida marcada por un estigma que, asegura, aún no desaparece.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel Germán Alberto León Durán a 5 años, 9 meses y 1 día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas en Casanare y Boyacá.El caso hace parte de los llamados falsos positivos y es la primera vez que el alto tribunal impone “una sanción alternativa para un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación de la JEP, pero que después, en etapa de juicio, decidió hacerlo”, indicó el despacho.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, explicó que “este mecanismo se diferencia de la justicia ordinaria porque no se limita a la aceptación de cargos para obtener una rebaja de pena. En la JEP, el reconocimiento de responsabilidad debe estar acompañado de aportes efectivos a la verdad y de un diálogo directo con las víctimas, quienes ocupan el centro del proceso judicial y restaurativo”.“Las víctimas no buscan únicamente una aceptación formal de los hechos, sino conocer la verdad sobre lo ocurrido”, precisó.Durante la lectura del fallo, se determinó que los hechos son crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, y crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. (Lea también: "Son muchos más de 10.000 casos de ejecuciones": presidenta de MAFAPO sobre 'falsos positivos')(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Quiénes eran las víctimas de estos falsos positivos?El presidente de la JEP, junto con el magistrado Gustavo Salazar y la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, nombraron a las personas asesinadas:Siervo Fernández Cuervo, Bautista Leguizamón Riaño, Luis Antonio Gavidia Jiménez, Silverio Rodríguez Camacho, Carlos Alfonso Fonseca Romero, Armando Collazos Vásquez, Javier Eduardo Garcés Guacarapare, Bernardo Ramos Espinel, Hermes Pedraza Rojas, Giovanny Arias Sánchez, José Rubiel Llano Arias, Edilson Mendoza Soto, Gustavo Adolfo Wilkin Correa, Luis Carlos Peña Martínez, Luis Uriel Caciano Murillo, Joel Bernal Barrera, William Salamanca Cruz, René Geofrey Ojeda Escobar, José Manuel Montoya Beltrán, Hugo Ricardo Díaz Camacho, José Hember Leonel Guzmán, Héctor Elí Contreras Gutíerrez.Hay otras víctimas del caso que aún permanecen sin identificar.Estos falsos positivos ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando miembros del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional, “perpetraron una cadena sistemática de asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles inocentes en Casanare y Boyacá”, indicó la JEP.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander, algunos de los cuales fueron trasladados mediante engaños y falsas ofertas de trabajo.“Otras fueron estigmatizadas con reportes falsos y antecedentes fabricados, ejecutadas y posteriormente desaparecidas para impedir que sus familias las encontraran”, señaló el alto tribunal.“No se trató de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de un patrón criminal deliberado y continuado, respaldado mediante órdenes operacionales, sistemas de incentivos y mecanismos de encubrimiento”, agregó.NOTICIAS CARACOL
Emiro del Carmen Ropero Suárez y Paulino Coronado Gámez tienen lo que podría catalogarse como una amistad imposible. Por muchos años de sus vidas cada uno estuvo en un extremo de la violencia en Colombia: el primero fue guerrillero de las extintas FARC y el segundo un General del Ejército Nacional. Sin embargo, en la actualidad, los dos dejaron de lado los camuflados y las armas para hablar de paz.La violencia en Colombia ha dejado todo tipo de historias tristes y desgarradoras que, con el paso de los años, hicieron cada vez más difícil la reconciliación y el perdón. Pero sin duda son muchos más los colombianos que siguen soñando y construyendo un país en paz, algo de lo que estos dos hombres son un claro ejemplo.¿Cómo se conocieron el exguerrillero y el militar?Esta historia de reconciliación inició en medio de la guerra, en el año 2000, cuando el entonces general Paulino Coronado, comandante de la Brigada de Norte de Santander, lideraba un programa de emisoras en el departamento que tenía gran acogida en la zona del Catatumbo. Fue tal su sorpresa cuando, en medio de su programa, recibió al aire una llamada de su objetivo militar número uno: alias Rubén Zamora, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).“En una ocasión me llamó Emiro, pero no como yo hubiera querido, al programa de las emisoras. Me dijo: ‘le habla Rubén Zamora’ y le dije: ‘¿Sí? Y yo soy Superman’”, recordó el general (r). Ante la incredulidad del militar de que del otro lado de la línea estaba su ‘enemigo’, procedió a preguntarle su nombre de pila y su fecha de cumpleaños. Así conoció a Emiro del Carmen Ropero Suárez, quien hoy es su amigo.“Comenzamos a hablar de la situación del Catatumbo estando yo en ejercicio y él en la clandestinidad”. Desde ese momento, las conversaciones iban enfocadas en la búsqueda de un mejor país y menos violencia. El general (r) Coronado recordó que le ofreció todos los parámetros a alias Rubén Zamora para que dejara las armas. “Le dije: ‘Usted me llama porque tiene algún interés y yo soy garante, soy hombre de honor y la palabra mía vale. Si usted se compromete en la desmovilización, movemos todo lo que haya que hacer y usted me dice cómo lo quiere hacer, en el lugar que usted quiera’”.Sin embargo, en ese momento las luchas de ambos eran totalmente diferentes y no recibió la respuesta que esperaba. “General, usted está equivocado. Primero se desmoviliza usted que yo”, le respondió.Por su parte, Emiro del Carmen Ropero, quien ejerció como jefe del Frente 33 de las FARC, recuerda hoy en día cuál era el objetivo de su llamada al general. “Eso hacía parte de la filosofía política de las FARC, la necesidad de diálogo con el estamento militar. No era fácil porque veníamos de una guerra muy compleja, pero todo eso nos llevaba a la reflexión de la necesidad de querer detener la guerra”.Aunque un poco accidentado y con grandes diferencias marcadas, en ese momento empezó el vínculo entre el exguerrillero y el exmilitar. Las conversaciones telefónicas de los dos a través de las emisoras fueron pequeños ladrillos en la construcción de un proceso de paz, pero ninguno de los dos abandonaba sus objetivos. El general Coronado tenía claro que quería detener a alias Rubén Zamora y constantemente se estuvieron enfrentando.El encuentro en la vida realSe conocieron finalmente en 2019 después de los diálogos de la paz en La Habana, donde Emiro del Carmen entregó las armas y empezó su proceso de desmovilización. Para ese momento, Coronado ya no hacía parte de las fuerzas militares y fue esto lo que les permitió reencontrarse y verse por primera vez en persona. El evento ocurrió en el apartamento de un amigo que tenían en común.En esa primera conversación se dieron la oportunidad de conocer a la persona que había detrás de sus respectivos uniformes y se dieron cuenta que ambos habían sido víctimas de la guerra, lo que los había llevado a participar desde diferentes orillas. "¿Para qué persistir en una guerra que nos está generando mayores tragedias?", resaltó el exguerrillero.El general (r) Paulino Coronado había salido de las fuerzas militares de una manera poco honrosa en 2008, en medio de la investigación realizada en el país al conocerse los primeros casos de falsos positivos. Tras ese primer encuentro en persona con Emiro del Carmen, fue el exguerrillero el que lo invitó a acogerse y declarar ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.“A mí me parece que lo que le hicieron al general fue descargar una responsabilidad que era más una responsabilidad política del alto gobierno, que de los oficiales que estaban en terreno liderando la confrontación. Porque nosotros lo hemos dicho, eso fue promovido desde el mismo Ministerio de la Defensa”, defiende hoy en día el exguerrillero al exgeneral y agrega también que “yo aplaudo la decisión del general Paulino Coronado de reconocer ante la JEP su responsabilidad por cadena de mando, no por acción”.Desde entonces, los encuentros entre los dos se hicieron más comunes, con sus familias a bordo y conversaciones profundas en las que en ocasiones salen a relucir todavía sus diferencias, pero siempre con el respeto. Hoy en día, deciden hacer a un lado esas cosas que los alejan para juntos ser ejemplo de paz en un país que tanto lo necesita, porque si dos ‘enemigos mortales’ pueden aceptar sus diferencias, todos podríamos aprender algo de ellos.“Existen coincidencias a pesar de las diferencias, existen posibilidades para el entendimiento. Queremos ser referentes especialmente para las nuevas generaciones”, resaltó el general (r) Coronado. “Ha sido muy positivo que nos vean conversando, que nos vean en un café donde nos reunimos a planear ya no la guerra, sino actividades pedagógicas en colegios, universidades, con fundaciones”, complementó el exguerrillero Emiro del Carmen.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha actualizado una de las cifras más dolorosas del conflicto armado colombiano. Lo que inicialmente se documentó como 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos", ha ascendido ahora a 7.837 víctimas. Este incremento de 1.435 nuevos casos no es solo un ajuste estadístico, sino el resultado de un exhaustivo proceso de contraste de datos y el clamor persistente de las familias que buscan justicia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este aumento responde al cruce de bases de datos que no se habían incluido inicialmente, como las de la Procuraduría General de la Nación, y a la recepción de casi 1.000 nuevos informes presentados por las víctimas. Además, la magistratura decidió ampliar el periodo de investigación, abarcando ahora desde el año 1990 hasta el 2016, lo que ha permitido identificar crímenes que antes quedaban fuera del radar judicial.Para las familias, esta noticia tiene un sabor agridulce. Jacqueline Castillo, presidenta de la asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), señaló en entrevista con Noticias Caracol que la nueva cifra no les sorprende. "Nosotras ya veníamos hablando de más de seis mil crímenes de lesa humanidad; de hecho, los comparecientes ante la JEP han mencionado que la barbaridad podría superar los 10.000 casos". Castillo advirtió que departamentos como el Putumayo aún no han sido plenamente priorizados, lo que sugiere que el conteo seguirá creciendo a medida que avance la verdad.La investigación de la JEP ha revelado que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática bajo una presunta política de Estado. Según Castillo, aunque el pico más alto ocurrió entre 2002 y 2008 con 6.402 casos, el fenómeno tiene raíces que se remontan a 1983. El incentivo económico y la presión por mostrar "resultados excelentes" frente a la guerrilla, impulsados en parte por recursos del Plan Colombia, habrían fomentado este patrón de conducta criminal en el seno del Ejército Nacional.Uno de los puntos más polémicos revelados por las víctimas es la existencia de la denominada "prima del silencio". Según el testimonio de un coronel ante la JEP, se trataría de una bonificación económica institucional que reciben los altos mandos y que, en la práctica, funcionaría como un incentivo para no confesar la realidad de las órdenes impartidas. "Por esa razón, los generales nunca van a decir la verdad", lamentó Castillo, refiriéndose a la presunta responsabilidad de figuras como el general Mario Montoya, cuyas audiencias han sufrido múltiples aplazamientos.Detrás de cada número hay una historia de vida truncada. Castillo compartió el desgarrador caso de su hermano, Jaime, quien desapareció en Bogotá y fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate en Ocaña, Norte de Santander. El horror de Jacqueline se profundizó recientemente al descubrir que el cuerpo que enterró podría no ser el de su hermano, debido al hallazgo de un platino quirúrgico en los restos que Jaime nunca tuvo.Esta actualización de la JEP representa un paso crucial hacia la reparación de las víctimas, quienes por años fueron tildadas de querer lucrarse del Estado. Hoy, la evidencia institucional les da la razón: sus hijos, hermanos y padres no eran combatientes, sino ciudadanos víctimas de un engranaje de violencia que el país apenas comienza a dimensionar en toda su magnitud. La búsqueda de los verdaderos responsables, incluidos los altos mandos militares y políticos de la época, sigue siendo la deuda pendiente de la justicia transicional en Colombia.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
En las últimas horas se hizo noticia el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se aumentó la cifra de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Colombia, la cual era de 6.402 y pasó a ser de 7.837 casos. La afirmación por parte del mecanismo de justicia transicional se hizo el pasado 24 de abril por parte del magistrado Pedro Díaz Romero en Apartadó, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El magistrado Pedro Díaz Romero sostuvo que los testimonios rendidos por los comparecientes ratificaron lo ya consignado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP en relación con la articulación entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares.Según explicó el magistrado, “el informe también destacó las estadísticas de los homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, entre los años 1990 a 2016, a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”.Asimismo, el togado indicó que en el caso específico de Antioquia, entre 1990 y 2016, el número de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate asciende a 1.932. El magistrado aclaró que tanto las cifras nacionales como las departamentales son variables y pueden modificarse a medida que avanza la investigación del caso 03, relacionado con los denominados falsos positivos.Cifra de falsos positivos puede aumentar: JEPSobre el porqué se amplió la cifra de falsos positivos en Colombia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, dijo que “siempre hemos dicho que esa cifra de 6,402 es un universo provisional de hechos, o sea, es algo que puede aumentar. Y, efectivamente, cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008, pero el Grai, que es nuestra unidad, digamos, de análisis de información amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió hasta el año 1990 y llegó hasta el 2016. Y pues ahí se incluyeron muchos más casos que no estaban en la cifra inicial. La segunda razón es que el Grai igualmente cruzó más bases de datos que las cuatro inicialmente que se conocen”.Agregó el presidente de la JEP que dichos datos se cruzaron con los que la Procuraduría, que no estaban inicialmente, dijo, “y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1000. Entonces, toda esa información no hizo parte de la cifra inicial. Entonces, cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando”.Finalmente, el magistrado Ramelli mencionó que la cifra de 7.837 solo corresponde al caso 03 (falsos positivos). “¿Qué quiere significar esto? Que todavía faltarán los datos de la sala definición de situaciones jurídicas, que viene realizando audiencias territoriales con no máximos responsables que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca habían sido investigadas. Entonces, lo más probable es que incluso esta nueva cifra pues vaya a aumentar en el futuro”.Cruce de Iván Cepeda y Paloma Valencia por aumento de cifra de falsos positivosLos candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia se pronunciaron sobre el anuncio de la JEP y el aumento de la cifra de los falsos positivos. El candidato de la izquierda señaló que “es una cifra monstruosa, que debe sacudir la memoria y la consciencia de Colombia. También pesa sobre la consciencia de quien ha sido postulado para ser, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez. Yo señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe, antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.Por su parte, la candidata Valencia indicó: “No sea descarado, Iván Cepeda Castro. Responda usted por los resultados de su 'paz total', por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas, las usa”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
"Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor". Con esas palabras, Yésica Natalia Giraldo Marín se dirigió al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien hace 23 años asesinó a su padre, John Darío Giraldo Quintero, en la vereda El Jordán, en Cocorná, Antioquia. El encuentro ocurrió en Medellín durante el tercer día de audiencia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de comparecientes de la fuerza pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Oriente antioqueño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Yésica Natalia estaba junto a Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, su abuela y madre de John Darío. Frente a frente, víctimas y victimario protagonizaron un conmovedor acto de perdón. "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo", le dice Yésica Natalia al exmilitar, quien de inmediato se arrodilla frente a los mujeres y rompe en llanto. El teniente retirado reconoció ante la JEP haber asesinado en septiembre de 2006 a John Darío Giraldo Quintero para presentarlo como una baja en combate, uno de los miles de casos mal llamados 'falsos positivos'."Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor", le dice Yésica Natalia al exmilitar mientras ella y su abuela lo abrazan. "Perdóneme de todo corazón", le responde él, arrodillado. "Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad", se escucha decir a las mujeres, que sostienen el micrófono en medio del conmovedor momento.Rosero Bravo fue uno de los militares citados a la audiencia y que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES). En la diligencia se explicó que uniformados de ese batallón asesinaron a tres hombres -Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález- durante 2002 y 2007 y los presentaron posteriormente como muertos en combate. El teniente retirado fue seleccionado como máximo responsable y ha reconocido responsabilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.En la audiencia, el teniente retirado reconoció que si bien los militares contaban con un soldado que hacía labores de enfermero, este no atendió a John Darío Giraldo Quintero. "No doctora -le respondió a una magistrada de la JEP-. No di la orden (de atenderlo) porque sabía lo que íbamos a hacer con él. Yo di la orden, que los vistieran (como guerrilleros)".En la audiencia, la JEP contó que los militares, bajo el mando de Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por "La Pacho", una mujer que señaló a las víctimas como supuestos guerrilleros. "Después de los hallazgos, se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate", relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis. "Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil".De acuerdo con la información recopilada por la JEP, Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para que interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma que estaban entregando. Después de eso, el teniente, ahora retirado, dio la orden de asesinar a las víctimas. Al respecto se les preguntó a los comparecientes por el origen de las armas que implantaron a las víctimas. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", dijo Rosero."Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé", dijo el compareciente Diego Londoño Rojas a las víctimas. Luego de sus palabras les entregó a algunas, entre ellas Rosalba Angélica y Yésica Natalia, el árbol con el que recuerdan la memoria de las víctimas para ubicarlo en el Bosque del recuerdo."Yo quiero decirles que los perdono", les dijo Rosalba Angélica a todos los comparecientes. "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso (…). Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó (…). Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor", dijo, por su parte, Yésica Natalia durante le diligencia.La audiencia pública hace parte de la 'Ruta no sancionatoria' y tiene como finalidad propiciar un espacio para consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su aceptación de responsabilidad y sus propuestas de medidas para contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de condicionalidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Durante la audiencia de Reconocimiento de Verdad del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien inicialmente negó su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate (los llamados falsos positivos), el clamor de la madre de una de las víctimas se escuchó fuertemente en el auditorio, quien le reclamaba al uniformado retirado por el crimen de su hijo. "Un ser que yo amaba (...) Lo odio, con todo mi corazón, porque ustedes no saben cómo es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones (...) Un hijo que me amaba", dijo ante los presentes. La audiencia se realizó en Yopal (Casanare), y fue socializada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este miércoles 18 de marzo. La mujer que habló se llama María Dolores Sánchez, y era madre de Giovanny Arias, quien fue hallado, identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. "Les pido que la rodeen porque ella tiene un dolor que hasta ahora está tramitando", aseguró el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.María Dolores fue consolada por las demás víctimas y por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia. Mientras hablaba, según mencionó la JEP en sus redes sociales, "su voz reflejaba no solo el dolor persistente, sino también la exigencia de verdad y justicia que atraviesa este proceso".“Es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, dijo el magistrado Salazar Arbeláez al retomar la audiencia. Durante su intervención, explicó que la JEP ha dispuesto espacios de acompañamiento para atender el dolor, así como para que las víctimas y sobrevivientes puedan expresarse. General (r) reconoce ante la JEP su responsabilidadEl teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 30 víctimas cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno), adscrito a la Brigada XVI que operó en la región. La imputación de la JEP incluyó homicidio en persona protegida y desaparición forzada, a pesar de que el teniente (r) en años pasados había negado estos hechos.En su intervención, León Durán explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío: “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.Asimismo, expresó la importancia de haber conocido a las familias de las víctimas durante su proceso en la JEP y se dirigió a ellas. “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, aseguró. Y añadió: “Entendí que para mí era obligatorio y esencial saber quiénes eran las víctimas y conocer a sus familiares (…) Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.Esta audiencia restaurativa, en el marco del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, continuará el jueves 19 de marzo en Yopal.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITALlmercado@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- decidió expulsar al general (r) Mauricio Santoyo del Sistema Integral para la Paz, “consistente en aportar verdad plena”.Lo anterior porque “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, explicó el alto tribunal.Santoyo está sometido ante la JEP por dos casos de 1999 y 2000, por lo que responde por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.Detalla el alto tribunal que el general retirado tenía la obligación de presentar una propuesta de régimen de condicionalidad “en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición”.De acuerdo con el documento emitido por la JEP, “frente a la pregunta relacionada con la colaboración que puede prestar a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas", señaló que “no puedo prestar colaboración, pues no he tenido relación con los hechos que se me atribuyen respecto de personas desaparecidas”. (Lea también: JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos)Lo anterior tiene que ver con la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos e integrantes de la Asociación ASFADDES, ocurrida el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué beneficios pierde Mauricio Santoyo?El general retirado tenía el “beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar -PLUMP- 119, el cual la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar” y se pide al Inpec "coordinar su traslado a un centro de reclusión”, indica la JEP.Además, “sus asuntos” deberán “retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento”.Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia para traficar cocaína.Aunque fue sentenciado en 2012 a 13 años de prisión, tuvo una reducción y terminó pagando 6 años y 8 meses por colaborar con la justicia y registrar buena conducta.NOTICIAS CARACOL
La Contraloría General de la República advirtió que la desmovilizada guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación", expresó en el ente regulador en un comunicado. En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las Farc se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, detalló en Noticias Caracol en vivo que, además, la extinta guerrilla, “de los lingotes de oro, se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro, han entregado 252 mil. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades, han en entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722, han entregado uno”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Es verdad que entregaron dólares falsos?La contralora delegada reveló que “solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las Farc se comprometieron a entregar 450 mil dólares, de los cuales 1.500 según nos certificó la SAE son falsos, que la SAE no va a poder monetizar”, lo que se traduce en “menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales”.La funcionaria insistió en que “sí hay un riesgo” porque “con ocasión de estas decisiones judiciales, el esfuerzo que se hace, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que vayan a reparar a las víctimas”.Detalló que “de las dos primeras sentencias se requirieron más de 100 mil millones de pesos, el Gobierno nacional ha destinado 20 mil, para un total de 120 mil”, pero “hay una brecha grande y este año vienen nuevas decisiones judiciales que se requiere para garantizar su ejecución”. (Lea también: ¿En qué consiste la condena de 8 años a exintegrantes de las Farc? Magistrado de la JEP responde)“Se estima en más de 500 mil millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan que se podrán dictar en el curso de este año”, agregó.¿Quién responde si las Farc no entregan los bienes para reparar a las víctimas?Jenny Lindo recalcó que son “más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado” y “hay una gran debilidad en el cumplimiento de los bienes que se comprometieron (las Farc) a entregar y que estos bienes son los que se previeron en el proceso de paz para las víctimas. En ausencia de estos recursos es el Estado el que debe responder”.“El Gobierno debe hacerse responsable ante la ausencia de estos bienes de las Farc que no han podido monetizar o entregado completamente. Responder del Presupuesto General de la Nación”, precisó."La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP está desfinanciada en un 83,6% para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción", detalló la información. En 2025, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como falsos positivos. Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó "con urgencia" al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras. Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas "depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El Baloto y Revancha realizan este miércoles 8 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteos, una de las más esperadas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre cada semana, el operador lleva a cabo la extracción oficial bajo los protocolos de seguridad y supervisión establecidos, con el fin de garantizar la transparencia durante todo el proceso.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Una vez concluye el sorteo, los números ganadores son publicados a través de los canales oficiales para que quienes registraron su apuesta puedan verificar si la combinación seleccionada coincide con la anunciada. Además del sorteo principal de Baloto, la modalidad Revancha ofrece una segunda oportunidad utilizando el mismo tiquete adquirido por el participante.Resultados de Baloto del 8 de julio de 2026Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales:BalotoNúmeros ganadores: 30 - 15 - 24 -11- 20Superbalota: 02RevanchaNúmeros ganadores: 37 - 04 - 12 - 26 -35Superbalota: 13Los resultados oficiales quedan sujetos al proceso de validación del operador autorizado antes de cualquier trámite relacionado con el pago de premios.¿Cómo funciona Baloto y Revancha?Baloto es un juego de selección de números en el que cada participante debe escoger cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. También existe la posibilidad de dejar que el sistema genere la combinación de manera automática.La modalidad Revancha utiliza la misma combinación registrada en el tiquete de Baloto y permite participar en un segundo sorteo durante la misma jornada, sin necesidad de seleccionar nuevos números.Si ningún participante acierta la combinación completa, el premio mayor continúa acumulándose para el siguiente sorteo, de acuerdo con las reglas establecidas por el operador.Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, en horario nocturno.¿Cómo reclamar un premio?Si la combinación registrada coincide con alguno de los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el comprobante original, ya que es el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:Presentar el comprobante original en buen estado.Documento de identidad vigente.Cumplir los procedimientos establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse conforme al procedimiento establecido por el operador del juego.Asimismo, los premios obtenidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal para reclamar los premios, por lo que recomiendan verificar oportunamente los resultados oficiales, conservar el comprobante sin alteraciones y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida de protección frente a posibles fraudes.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Lotería de Manizales realiza este miércoles 8 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada en la que se conoce la combinación favorecida del premio mayor y de las demás categorías contempladas en su plan oficial de premios. Como ocurre en cada emisión, la extracción se desarrolla bajo los mecanismos de control establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Al concluir el sorteo, la entidad divulga los resultados oficiales para que quienes adquirieron un billete puedan verificar si el número y la serie registrados coinciden con la combinación ganadora. Además del premio mayor, el plan de incentivos incluye premios secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de obtener un reconocimiento económico.Resultados de la Lotería de Manizales del 8 de julio de 2026Una vez finalice el sorteo correspondiente a este miércoles, estos serán los resultados oficiales de la jornada:Premio mayor: 5704Serie:217Es importante recordar que para establecer si un billete resulta favorecido es indispensable que coincidan exactamente las cuatro cifras y la serie anunciadas durante la extracción oficial.¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales opera mediante un sistema de billetes que incluyen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar ambas combinaciones exactamente como son anunciadas durante el sorteo.Las personas interesadas pueden adquirir el billete completo o comprar fracciones, según el valor que deseen invertir. Cuando el premio corresponde a una fracción, el pago se realiza de manera proporcional a la parte adquirida.Los billetes se comercializan por medio de distribuidores autorizados y vendedores oficiales, quienes garantizan la legalidad de cada emisión.Plan de premios de la Lotería de ManizalesEl plan de premios contempla diferentes categorías además del premio mayor, permitiendo que varios billetes resulten favorecidos en cada jornada.Entre los principales incentivos se encuentran:Tres premios secos de 200 millones de pesos.Cinco premios secos de 100 millones de pesos.Diez premios secos de 80 millones de pesos.Diez premios secos de 60 millones de pesos.Diez premios secos de 50 millones de pesos.Diez premios secos de 40 millones de pesos.Premios por aproximaciones y coincidencias de las últimas cifras.Cada categoría se liquida conforme al plan oficial vigente de la entidad.¿Cómo reclamar un premio?Si el billete coincide con alguno de los resultados oficiales, será indispensable conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para efectuar el proceso de reclamación.Generalmente, para realizar el cobro se solicita:Billete original sin tachaduras, alteraciones o deterioro.Documento de identidad vigente.Formularios adicionales cuando el premio corresponda a una cuantía mayor.Los premios de menor valor suelen reclamarse con los distribuidores autorizados, mientras que los montos superiores deben gestionarse directamente en las oficinas de la Lotería de Manizales, cumpliendo los procedimientos establecidos.Asimismo, los premios obtenidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.Recomendaciones para verificar el resultadoAntes de iniciar cualquier trámite, compare cuidadosamente el número y la serie impresos en el billete con la combinación oficial publicada por la entidad. También se recomienda evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de fraude.Finalmente, recuerde que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Los tradicionales sorteos de mitad de semana de las principales loterías del país vuelven a concitar la atención de miles de apostadores en el territorio nacional. Este miércoles 8 de julio, las loterías del Valle, Meta y Manizales ponen en juego sus respectivas bolsas de premios, ofreciendo la oportunidad de transformar la realidad financiera de los compradores que acierten a las combinaciones ganadoras.A continuación, se presentan los espacios oficiales destinados a los números y series favorecidas en las emisiones de la fecha, los cuales se actualizarán en tiempo real una vez las respectivas mesas de juego validen los resultados bajo la supervisión de las autoridades de control.Resultados de los Sorteos de Hoy: Miércoles 8 de julio de 2026 Lotería del VallePremio Mayor ($9.000 Millones): 3 - 3 - 2 - 9Serie: 084Lotería del MetaPremio Mayor ($1.800 Millones): 8 - 8 - 7 - 2Serie: 072Lotería de ManizalesPremio Mayor ($2.600 Millones): 5 - 7 - 0 - 4Serie: 217Baloto y RevanchaBaloto Tradicional (Acumulado: $46.800 Millones): 30 - 15 - 24 - 11 - 20 — Súper Balota: 02Baloto Revancha (Acumulado: $7.400 Millones): 37 - 04 - 12 - 26 - 35— Súper Balota: 13Dinámica de participación y costos de los tiquetesLas loterías tradicionales en Colombia funcionan mediante un sistema de billetes impresos o virtuales divididos en fracciones. Cada billete contiene un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) acompañado de una serie numérica.Por otro lado, Baloto opera bajo una dinámica de juego paramutual y electrónico. El usuario debe elegir cinco números del 1 al 43 y una "Súper Balota" con números del 1 al 16. La gran ventaja de este formato es que los acumulados se van sumando sorteo tras sorteo si no hay un ganador absoluto.Los valores fijados para la compra en cada una de las cuatro entidades vigentes para este miércoles son:Lotería del Valle: El billete completo consta de 3 fracciones y tiene un costo total de $12.000 COP, mientras que la fracción individual se comercializa a un precio de $4.000 COP.Lotería del Meta: Su estructura comercial establece un billete de 3 fracciones con un costo total de $12.000 COP, permitiendo la adquisición de fracciones sueltas por un valor de $4.000 COP cada una.Lotería de Manizales: Presenta una distribución de 4 fracciones por billete con un costo global de $12.000 COP, lo que sitúa el valor de la fracción individual en $3.000 COP.Baloto: La apuesta para el sorteo tradicional tiene un costo fijo de $5.700 COP. Si el jugador decide participar de manera simultánea en la modalidad de Revancha, debe abonar un valor adicional de $2.100 COP, para un costo total combinado de $7.800 COP.Estructura de los planes de premiosCada entidad dispone de una bolsa global que se distribuye no solo en el Premio Mayor, sino también en secos, aproximaciones y categorías secundarias por aciertos menores.La Lotería del Valle destaca con una bolsa de premios que supera los $22.000 millones de pesos, encabezada por su premio mayor de $9.000 millones. Su plan incluye un seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones y veinticinco de $30 millones.La Lotería del Meta ofrece un botín mayor de $1.800 millones de pesos, secundado por secos de gran valor (uno de $300 millones y otro de $200 millones), además de tres secos de $100 millones.La Lotería de Manizales pone sobre la mesa un premio mayor de $2.600 millones de pesos, complementado por un robusto esquema de secos: uno de $300 millones, dos de $200 millones, cinco de $100 millones y decenas de premios menores.Para Baloto, el plan de premios se enfoca en la bolsa acumulada variable ($46.800 millones para el tradicional y $7.400 millones para Revancha). No obstante, existen 8 categorías de premiación secundaria para quienes acierten combinaciones menores (desde tener solo la Súper Balota, hasta lograr 5 aciertos sin la Súper Balota).Es pertinente recordar que, de acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, todos los premios de lotería y juegos de azar masivos están sujetos a una retención por concepto de ganancia ocasional correspondiente al 20% del valor bruto del premio, sumado al descuento del impuesto técnico del 4 por mil aplicable a las transacciones financieras.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró el momento en que un ciudadano canadiense fue capturado mientras realizaba ejercicio en un reconocido gimnasio del barrio El Tesoro, en la comuna 14 (El Poblado), en Medellín. La detención llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar y posteriormente fue confirmada por las autoridades.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El capturado fue identificado como Arif Jhuman, alias Gillani, un ciudadano canadiense requerido mediante circular roja de Interpol y buscado tanto por las autoridades de Estados Unidos como de Canadá por investigaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.Así ocurrió la captura en un gimnasio de El PobladoDe acuerdo con la información conocida, Arif Jhuman, de 40 años, se encontraba utilizando una de las máquinas del gimnasio cuando agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y la Policía de Canadá, ingresaron al establecimiento para ejecutar la orden de captura.Según se conoció, los uniformados llegaron hasta el lugar con la orden judicial y procedieron con la detención del extranjero, quien era requerido mediante una circular roja de Interpol.Tras el procedimiento, fue trasladado bajo custodia policial a una estación de Policía para adelantar los trámites legales correspondientes y continuar con el proceso judicial en su contra.El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció frente a lo ocurridoLuego de conocerse el operativo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en X y destacó el trabajo conjunto entre las autoridades nacionales e internacionales."Medellín no es refugio de criminales. En una operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y agencias internacionales fue capturado en Medellín Arif Jhuman, alias 'Gillani', ciudadano canadiense requerido por las autoridades de Estados Unidos por su participación en una red de tráfico internacional de drogas y armas".El mandatario agregó que el extranjero también era buscado por las autoridades de Canadá y aseguró que "habría ingresado a Colombia con documentos falsos".Asimismo, señaló que enfrentaba cargos por la presunta conspiración para traficar más de 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá."Aquí trabajamos de la mano con las autoridades nacionales e internacionales para cerrarles el paso a las estructuras criminales transnacionales. Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia", escribió el alcalde.¿Por qué era requerido por las autoridades?De acuerdo con la información conocida, Arif Jhuman era buscado en Canadá porque tiene una sentencia vigente de nueve años y 11 meses de prisión por porte y tráfico de estupefacientes, emitida por un tribunal del estado de Ontario.Además, desde 2023 enfrentaba otro proceso judicial luego de incumplir las condiciones de la libertad condicional tras una captura registrada ese mismo año en un suburbio de Toronto por los mismos delitos.A esto se suma que, en diciembre del año pasado, autoridades de Tampa, en Estados Unidos, le imputaron cargos por porte y tráfico de armas y por presuntos vínculos con redes dedicadas al tráfico de fentanilo en el estado de Florida, junto con otras cinco personas.La investigación también está relacionada con una red señalada de traficar 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá para posteriormente distribuirlas en diferentes partes del mundo. Durante esos operativos fueron incautadas 29 armas de fuego.La circular roja de Interpol permitió ubicarlo en MedellínSegún la información divulgada, tras el proceso judicial adelantado por una corte de Florida, el ciudadano canadiense presuntamente se fugó, razón por la cual se emitió una circular roja de Interpol.Las investigaciones permitieron establecer que se encontraba residiendo en la comuna 14 (El Poblado), en Medellín, donde finalmente fue localizado y capturado mientras se ejercitaba en un gimnasio.Además, hace aproximadamente tres años, la Policía Provincial de Ontario había publicado una ficha de búsqueda en la que identificaba a Arif Jhuman como un hombre de 36 años, de 1,80 metros de estatura, 79 kilogramos de peso, cabello negro y ojos marrones, indicando que era conocido por frecuentar Toronto y solicitando información que permitiera establecer su ubicación.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La expectativa se apodera nuevamente de miles de hogares en todo el territorio colombiano. Este miércoles 8 de julio de 2026, la Lotería del Valle celebra su sorteo ordinario número 4856, consolidándose como una de las opciones predilectas de los apostadores que buscan transformar su realidad financiera y, al mismo tiempo, aportar al bienestar social del país.Resultados del sorteoEl escrutinio oficial se efectúa bajo una estricta supervisión de delegados del departamento y entes de control. Los resultados de las balotas principales comienzan a publicarse a partir de las 10:30 p.m.Premio Mayor ($9.000 millones): 3 - 3 - 2 - 9Serie: 084(Nota: Este espacio se actualiza en vivo con los resultados oficiales, cuando estos sean confirmados por los delegados, a las 11:00 p. m.).¿Cuándo juega, en qué horarios y dónde ver los resultados en vivo?La Lotería del Valle realiza su sorteo ordinario todos los miércoles en la noche, exactamente a partir de las 10:30 p.m. Si por motivos de días festivos el calendario se altera, el sorteo se traslada habitualmente para la noche del jueves.Para seguir el evento en directo, los usuarios pueden sintonizar la señal del canal regional Telepacífico. Del mismo modo, la entidad transmite el juego mediante su cuenta oficial de Facebook Live. Los resultados escritos se publican formalmente minutos después en sus plataformas digitales de la Beneficencia del Valle.¿Cómo se juega y cuánto se puede apostar?Participar es simple y accesible para diferentes presupuestos. Para armar su jugada debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) junto con una serie de tres dígitos (del 000 al 399). Las opciones para adquirirlo se dividen así:Fracción o fracción individual: Su costo es de $6.000 pesos colombianos, permitiéndole acceder a una parte proporcional del premio en caso de acertar.Billete completo: Consta de tres fracciones y tiene un valor de $18.000 pesos colombianos. Comprar el billete completo le asegura cobrar el 100% de la cifra del premio anunciado.Las apuestas se pueden realizar con loteros tradicionales en la calle, en redes físicas de chance legal como puntos Gane, o en portales web autorizados de lotería virtual.Plan de premiosEl plan de premios actual distribuye una bolsa total que supera los $22.000 millones de pesos. El gran atractivo es el Premio Mayor de $9.000 millones de pesos, pero el esquema otorga múltiples opciones de ganar mediante sus secos principales:Un seco de $500 millones.Dos secos de $100 millones.Tres secos de $60 millones.Un seco de $40 millones.25 secos de $30 millones de pesos cada uno.A esto se le añaden miles de millones asignados a las aproximaciones, las cuales pagan incentivos si el jugador acierta las últimas cifras del premio mayor en cualquier serie o si coincide el número completo pero con una serie distinta.Guía para ganadores: ¿Cómo reclamar el premio?Si su combinación resulta beneficiada en el sorteo de este 8 de julio, debe atender el siguiente protocolo legal:Montos inferiores: Si obtuvo un premio de menor cuantía (por debajo de los 20 o 30 millones de pesos), puede hacer efectivo el cobro directamente con su lotero de confianza o en las agencias de distribución autorizadas.Grandes sumas (Mayor o secos altos): Debe presentarse en la sede principal de la Beneficencia del Valle, ubicada en la Calle 9 # 4-50, Piso 10, en la ciudad de Cali.Documentos requeridos: Es obligatorio entregar el billete original físico en perfecto estado (sin tachaduras ni roturas), adjuntando copia de la cédula de ciudadanía y un certificado de cuenta bancaria vigente.Marco fiscal: Tenga en cuenta que todas las loterías en Colombia están sujetas al Estatuto Tributario, por lo que se aplica un descuento por ganancias ocasionales equivalente al 20% sobre el valor bruto ganado, además de las retenciones adicionales asociadas. Cabe recordar que el ganador dispone de un lapso máximo de 12 meses posteriores a la fecha del sorteo para reclamar sus fondos antes de que caduque el derecho.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
