En Colombia, la entrega de apartamentos en obra gris ha impulsado a miles de ciudadanos a buscar empresas de remodelación con la esperanza de terminar su hogar ideal. Sin embargo, lo que para muchos comenzó como un proyecto de vida, terminó convirtiéndose en un calvario financiero y hasta emocional revelado en esta investigación de Séptimo Día."Te prometían entregarte el apartamento espectacular”, “Como que te venden la experiencia de que tú te desentiendes y pues te lo van a entregar superbonito", comentaron algunas de las afectadas. Son decenas de familias las que en Bogotá y el Valle del Cauca denuncian que recibieron sus casas en ruinas.¿Falsas promesas de diseño?En Bogotá, varios propietarios señalaron a la empresa Vivvidero (Vivi SAS), representada legalmente por Santiago Zúñiga Ramírez. Los afectados aseguran que, tras entregar millonarias sumas de dinero, las obras nunca avanzaron según lo pactado.Clara Liliana Gómez, quien contrató la remodelación de su apartamento en diciembre de 2025, relató su experiencia: "En el contrato me especificaban que me entregaban el apartamento el 26 de marzo... No me lo entregaron en esa fecha. Los pagos no estaban amarrados al avance de obra”.El patrón de incumplimiento parece repetirse con otros clientes. Juan Felipe Guzmán, quien pagó cerca de 23 millones de pesos, se encontró con una escena desoladora: "Cuando miré el apartamento sin nada, ni un avance, cosa que yo quedé super preocupado y dije ‘no puede ser’". Por su parte, Miguel Solanilla, quien afirma haber pagado el 99% de la obra, denunció la presión para realizar los pagos bajo amenazas de perder beneficios: "No movían un tornillo, pero a la par te decían ‘si usted no paga, le quitamos el descuento’". Al ser consultado, Santiago Zúñiga se limitó a decir: "Se puede estar hablando de más sin conocer el otro lado de la historia". Aunque inicialmente accedió a una entrevista, terminó cancelándola.Incendios y obras que "destruyeron" hogaresLa situación de los clientes de Celico, que está bajo la representación de Brandon Steven Ocampo Acevedo, también es dramática. Cristina Martínez denunció que, tras siete meses de espera, recibió su vivienda en condiciones deplorables: "Él lo que hizo fue comenzar a destruir la casa. Dejaron una colilla de cigarrillo dentro de todos los escombros y la casa se me incendió. Unas ruinas completas lo que ellos habían dejado en mi casa".Otros afectados, como la pareja conformada por Andrés Cristancho y Luz Mery Ruiz, invirtieron todos sus recursos sin ver resultados: "El dinero se perdió, los ahorros porque tanto él como yo sacamos absolutamente todos los recursos, ahorros, préstamos, tarjetas". Según la denuncia colectiva presentada por el abogado Sergio Urrea, las víctimas de esta empresa superan las 20 personas y el monto de la supuesta estafa ascendería a más de 400 millones de pesos.Ante los señalamientos, Brandon Ocampo admitió fallas administrativas: "La empresa colapsó. Nosotros tomamos malas decisiones administrativamente, porque yo no estaba ganando nada... Ellos no logran entender que la empresa quebró". Además, reconoció su falta de experiencia previa: "Yo cero conozco administración, bueno, no sabía nada de temas contables... Eso colapsó fue después".La pesadilla de un sueño en el Valle del CaucaEn Cali y municipios aledaños como Jamundí y Yumbo, la empresa Inmoacabados, representada por Diego Alejandro Muñoz Ibarra, de tan solo 20 años, enfrenta denuncias similares. Enrique Varón, quien ahorró durante 26 años trabajando en Estados Unidos con la esperanza de jubilarse en Colombia, vio su sueño estancarse: "Yo les di 28 millones y el avance de la obra era muy pequeño. Eso sí me llamaban, me recordaban y que si yo no pagaba tenía que pagar una multa".Wilson Rendón, otro afectado en Yumbo, denunció que, tras un año de haber firmado el contrato, sigue pagando arriendo porque su casa es inhabitable: "Hasta la fecha ha pasado un año y un mes... espero, pero nunca como tal cumplen con terminar lo que se contrató".El representante de la empresa, Diego Muñoz, reconoció que tiene "aproximadamente entre 30 a 35 clientes" en espera y admitió no tener el dinero para responderles en este momento. No obstante, negó ser un estafador: "Yo no soy ningún ladrón, ningún estafador... Si fuera una estafa, yo no les estaría dando la cara".Que no le pase: recomendaciones de expertosDe acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre enero de 2022 y mayo de 2026 se han registrado 75 denuncias por incumplimiento en remodelaciones de vivienda en el país. Para evitar caer en estas situaciones, expertos sugieren pasos fundamentales antes de entregar cualquier adelanto.Fabiola Ortiz, de la Lonja de Propiedad Raíz en Cali, recomienda: "Verificar que estén debidamente registrados en un directorio de contratistas de gremio, que eso es una garantía".Asimismo, enfatiza la importancia de las pólizas de seguro de cumplimiento, las cuales garantizan que el contratista "va a atender lo que se compromete a hacer en el servicio, que lo va a terminar y que va a ser de una calidad específica".
A sus 23 años, Catherine Sánchez creyó haber logrado su sueño de ser reina cuando fue invitada a participar en el Reinado Nacional de Belleza de 1993 representado al Amazonas, pese a que había nacido en Caldas, Antioquia. Su paso por este concurso fue polémico y terminó hasta en una fuga de película la noche antes de la coronación. Más de 30 años después, Los Informantes habló con ella sobre lo ocurrido y lo que pasó en su vida luego del escándalo.En el año en que Colombia pasaba por uno de sus momentos más álgidos por la persecución a Pablo Escobar y al narcoterrorismo y la selección Colombia se jugaba las eliminatorias para el Mundial de Fútbol del 94, era furor el Reinado Nacional de la Belleza, al que Catherine Sánchez llegó a participar casada por la iglesia y con dos meses de embarazo, desafiando las estrictas reglas que tenía el concurso. Además, representaba a un departamento al que solo había ido un par de veces: el Amazonas. Sin embargo, uno de los jurados la daba como favorita y la expectativa era total.Catherine Sánchez se casó en 1992 con el piloto David Francisco Quiñonez en una gran ceremonia y tan enamorada que hasta dejó de lado sus estudios de Derecho para trasladarse a Bogotá. En la capital se inscribió a una escuela de modelaje y un día la invitaron a participar en el Reinado Nacional y ahí empezó lo que fue una verdadera travesía para cumplir su sueño de ser reina. Pese a que entró muy fácil al concurso, la noche anterior a la coronación pasó de todo y hasta se tuvo que fugar del hotel en el que se hospedaban todas las participantes.Los secretos salieron a la luzDías antes habían empezado los murmullos sobre su estado civil y los periodistas de la época investigaron hasta encontrar al cura que la había casado; fue él quien lo confirmó todo presionado por las preguntas de los reporteros. Entonces el escándalo estalló y el hotel se llenó de prensa que esperaba por sus declaraciones.“El hermano de la señorita Boyacá, la compañera de la habitación, me dijo ‘yo te ayudo’ y me tocó salir por detrás del Hilton, porque cómo salía normal. Se desdibujó lo que era el Reinado Nacional de Belleza y era Cathy Sánchez en una percusión”, recuerda la protagonista de esta historia casi de película. Salió el hotel como pudo rumbo al aeropuerto de Cartagena para salirle al paso a todos los seguidores y periodistas que la perseguían.Una avioneta la esperaba en el aeropuerto sin apagar sus motores y, según cuenta, “la gente se tiró a la plataforma, los periodistas corrían a coger el avión, que porque supuestamente yo me había ido de viaje a una isla escondida…puff, yo llegué a Bogotá, a Catam”, todo justo un día antes de la coronación en la que Carolina Gómez fue elegida reina.¿Qué ocurrió después del escándalo?Catherine Sánchez pasó de ser la favorita para coronarse como Miss Colombia a estar señalada por haber violado las reglas reales que imponía el concurso en aquellos años. Pasó por depresiones y tristezas profundas y hasta se dijo que los mafiosos de la época habían apostado por ella. Sin embargo, ella le salió al paso al escándalo, tuvo a su hija, luego a su hijo, se separó y hoy tiene cinco nietos y hace comidas para vuelos privados.“Me dedico a empresas de lujo, privadas, he trabajado con grandes artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, futbolistas...”, contó.
Para Nataly Torres, el acto de respirar, hablar o sentir la brisa en la cara no es un signo de vida, sino un dolor extremo. Esta mujer de Medellín vive atrapada en lo que los especialistas denominan un caso atípico de neuralgia del trigémino, una patología que históricamente se ha conocido como la “enfermedad del suicidio” debido a la intensidad insoportable de sus síntomas. Los Informantes conoció su testimonio.Su calvario comenzó en diciembre de 2023. Lo que parecía una jaqueca común se transformó en un dolor electrizante localizado en el lado derecho de su rostro que nunca más la abandonó. Antes de esto, Nataly era una mujer de 34 años, sociable, amante de la cocina y con 13 años de experiencia en servicio al cliente. Hoy, su realidad está en una especie de choques eléctricos que no cesan ni de día ni de noche.La medicina suele calificar el dolor en una escala del 1 al 10, pero para Nataly esas cifras se quedan cortas. "Es un dolor que pues a mí me ponen a calificarlo y yo simplemente respondo 11 por responder. Pues yo no puedo calificar el dolor en un porcentaje real porque el dolor es demasiado fuerte, es un dolor extremo. Un dolor que yo no le deseo a nadie", confiesa en Los Informantes.El impacto de la enfermedad ha sido devastador para su núcleo familiar. Su hijo de 11 años, diagnosticado con hiperactividad, tuvo que mudarse con su abuelo porque ella ya no puede brindarle los cuidados que requiere. "Incluso yo tengo por escrito la recomendación médica donde me dice que no puedo estar con los cuidados personales de mi hijo en el momento, hasta que yo no mejore y esté en condiciones", explica Nataly."El dolor es, yo lo llamo un dolor enloquecedor porque a mí se me olvida que soy madre, que soy esposa, que soy hija y me vuelvo egoísta, pienso en mí. Y hay momentos... por eso lo llaman la enfermedad del suicidio, porque hay momentos donde es tan fuerte el dolor que solamente uno quisiera terminar con él", relata sobre los episodios más fuertes de su crisis.¿Qué dicen los expertos?Para entender su sufrimiento, los médicos comparan el nervio trigémino con un cable eléctrico. El doctor Héctor Jaramillo, neurocirujano, explica que este nervio pierde su capa protectora, quedando como un "cable pelado" que, al entrar en contacto con otros tejidos o estímulos externos, genera descargas agudas e intensas.En el caso de Nataly, el diagnóstico es aún más complejo: neuralgia del trigémino del subtipo con dolor continúo asociado, lo que significa que, además de los "corrientazos", padece un dolor de fondo permanente. “Es como si yo me arrimara al alambre y me cogiera la luz. Se siente un corrientazo desde el oído, las tres ramas, la parte visual, la parte de la fosa nasal y mandibular", subraya.Medicamentos y cirugías fallidasEn su lucha por una vida normal tiene que consumir 16 medicamentos diarios, incluyendo hidromorfona, metadona, pregabalina y amitriptilina, pero este fuerte tratamiento le ha provocado efectos secundarios severos como amnesias temporales, movimientos involuntarios y un aumento de peso de 22 kilos. Sin embargo, incluso con esta carga química, el dolor apenas se estabiliza en un nivel 8 de 10.Nataly se ha sometido a múltiples procedimientos, desde bloqueos de ganglios hasta una craneotomía de alto riesgo. A pesar de los peligros de quedar cuadrapléjica o morir, ella aceptó la cirugía con una frase que resume su desesperación: "Yo tomo el riesgo porque es una posibilidad de no tener dolor".Lamentablemente, la intervención no solo no funcionó, sino que le provocó la pérdida total de la audición en su oído izquierdo y problemas de equilibrio.La sombra de la eutanasiaTras años de intentos fallidos y hospitalizaciones prolongadas —una de ellas de cinco meses y hasta pasó por cuidados intensivos—, la idea de la muerte digna ha cruzado su mente en repetidas ocasiones."En dos, tres ocasiones yo le decía a mi mamá, 'Yo quiero que me ayudes a gestionar la eutanasia, porque no quiero sentir más este dolor... Quiero vivir sin dolor'", admite Nataly.Recientemente, el uso de tecnología de punta como el CyberKnife (radiación focalizada) le ha brindado un alivio de apenas el 10% o 20%. Aunque es una mejora mínima, ha servido para alejar temporalmente las ideas suicidas. No obstante, ella es clara sobre su límite: "En una crisis como las que me han dado, fuertes, haría yo la gestión de la eutanasia sin decirle a nadie. Nadie me va a apoyar, pero no porque no quieran apoyarme, sino porque les duele apoyarme. Entonces, tendría que hacer yo esa gestión sola".Hoy, Nataly Torres sigue esperando un milagro médico o divino que la saque del dolor en el que vive encerrada hace más de dos años, anhelando simplemente volver a ser la mujer que alguna vez pudo abrazar a su hijo sin sentir que su rostro estallaba.
La comunicadora social y periodista Laura Camila Blanco murió la madrugada de 27 de julio de 2025 tras caer del noveno piso de su apartaestudio, ubicado en un conjunto residencial en el noroccidente de Bogotá, y, aunque las primeras hipótesis apuntaban a un suicidio, la evidencia forense dio un giro al caso y su entonces pareja, Óscar Santiago Gómez, de 28 años, fue capturada e imputada por el delito de feminicidio agravado.Debido a antecedentes de violencia por parte de Gómez, desde el inicio la familia de Laura Camila Blanco se rehusó a creer la versión del suicidio que había entregado Óscar Santiago y pidió celeridad en la investigación. Dos meses después de la muerte de la joven periodista, el examen forense realizado al cuerpo reveló que "Laura Camila fue estrangulada, fue asfixiada, luchó por su vida", confirmó Oswaldo Medina, abogado de la familia de la víctima, en una entrevista con Séptimo Día realizada a finales del 2025.Por ello, el 21 de agosto de 2025, capturaron a Óscar Santiago Gómez y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado bajo la teoría de que aprovechó su "superioridad corporal" para estrangularla y sofocarla, y "cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso". El sujeto no aceptó los cargos imputados.Juez negó apelación de la defensaMientras avanza el proceso en su contra, el viernes 24 de julio de 2026, el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá negó una solicitud de la defensa de Óscar Santiago Gómez, que, según se conoció, buscaba obtener algunos elementos para incorporar en el proceso, entre esos, información del celular de Laura Camila Blanco, una inspección al apartamento y planos del inmueble, además de la historia laboral de la víctima.Sin embargo, el juez señaló que la defensa del presunto feminicida no sustentó de forma suficiente la necesidad de acceder a la información solicitada ni cuál sería su utilidad en el caso."La defensa no explicó la relación existente entre la historia laboral y el delito de feminicidio agravado, tampoco explicó cuál era la utilidad probatoria para conocer la historia laboral, y que la información pretendida carecía de pertinencia, y en este caso no se cumplía. Por esas razones, entonces, se impone la confirmación de la decisión tomada en primera instancia", indicó en la audiencia el juez.Tras esta decisión, se espera que a finales de agosto se realice una audiencia preparatoria en la que las partes presentarán las pruebas del caso.Vea también: ¿Gritos de auxilio de Laura Camila Blanco no fueron escuchados por 7 amigos que estaban en la sala?
Por primera vez, los presidentes de las tres más importantes cortes de Colombia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se sentaron al tiempo para hablar, sin tapujos, sobre la transición de gobierno que se avecina en el país. Los magistrados dialogaron francamente con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el estado en el que quedaron las relaciones de la rama judicial con el poder ejecutivo, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y de las expectativas que tienen frente a la administración entrante con Abelardo de la Espriella. (Lea también: ¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia? Sería sede de De la Espriella en Bogotá)Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “esperaría con este nuevo Gobierno que haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma que se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y la justicia. (…) Esperamos que esa sea la dinámica durante estos cuatro años”.Por su parte, Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, reconoció que “siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ese no es un tema de estos momentos, esto ocurre cuando hay que ejercer competencias donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo”, refiriéndose a los momentos en que deben declarar la inconstitucionalidad de algún decreto, por lo que subrayó que “respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con que defendemos las propias”.Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, agregó frente a lo dicho por su par que “es legítimo que se hagan críticas; sin embargo, una cosa en no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplir”, explicando que las decisiones “tienen que ser cumplidas” aunque “a veces no les gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas”.¿El Gobierno Petro respetó los límites de los poderes públicos?El magistrado Lenis, “los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles” y “ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control”, por lo que instó a “los gobernantes a respetar las competencias de los otros poderes públicos”, asegurando que cuando se toma una “decisión frente a una acción de poder público, Ejecutivo o Legislativo, no se debe entender que es un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes”. Por otro lado, recordó el “hecho desafortunado” en que se bloqueó la salida de los magistrados cuando estaban eligiendo al fiscal que reemplazaría a Francisco Barbosa. Respecto al Gobierno actual, consideró que “no se facilitó ese diálogo institucional de manera armónica, eso fue tensionante”.La togada Meneses reiteró que siempre hay tensiones con los gobiernos, “pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y la ley. De manera que en estos cuatro años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad sólida y una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado Social y democrático de Derecho”.El presidente del Consejo de Estado manifestó que “sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo” porque “la rama judicial en general tuvo que hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y al respeto por las decisiones judiciales”. En el caso de su despacho, incluso “hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le pusimos de presente a la comisión esas reacciones del presidente”, ya que “decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial, como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, en materia de designación, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales ni deseables”.¿Qué debe tener una reforma a la justicia?El presidente de la Corte Suprema recordó la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, “como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y como funciona el procedimiento abreviado penal. Esa es una discusión que podemos dar. Pero no se trata de eliminar una audiencia sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y otras prerrogativas del proceso penal, eso implicará una reforma más integral”. Agregó que espera que “la justicia sea más cercana y más oportuna, y que los métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos”.En el concepto del magistrado Montaña “debemos ser muy prudentes porque son reformas que tienen que ver con nosotros”, pero “también debemos ser participativos en los problemas y en lo estructural” como “la congestión, donde hay que tomar medidas”, refiriéndose a “los jueces individuales, que este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando más”, señalando que hay jueces que tienen 5.000 procesos.La presidenta de la Corte Constitucional habló de las tutelas, indicando que reciben a diario, en promedio, 5.650. “Cada mes hay dos magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tenemos que revisar un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas” al mes para decidir cuáles se van a seleccionar, explicó. Por ello acuden al Consejo Superior de la Judicatura y actualmente hay “226.000 tutelas pendientes por radicar para hacer la selección”, agregó. También se refirió al tema del derecho a la salud, el segundo que más tutelas tiene, el primero es de petición.¿Qué ha significado la JEP?“Significó un consenso nacional en esa búsqueda por lograr la paz”, expresó el magistrado Lenis, quien señaló que “la JEP tiene unos plazos y es prudente esperar que se cumplan esos plazos para que cumpla su misión”, considerando que “la JEP viene actuando, hay unos logros que se pueden mirar, pueden ser intangibles: han identificado cuerpos, se los han entregado a sus familiares; ha facilitado construcción de verdad en medio de las circunstancias del conflicto armado, ha facilitado la reconciliación”, reconociendo que “viene un poco lento”. Agregó: “Cuando se cumplan esos plazos, vamos a mirar si es momento de hacer la prórroga como lo establece la Constitución”.El magistrado Montaña indicó que “para terminarla, para acabarla, para reformarla, se van a necesitar reformas constitucionales, no bastará una reforma legal”, y manifestó que “la justicia transicional no es una política de Gobierno, es una política de Estado”, por lo que “es un compromiso de todos los órganos del poder público y no solamente del Ejecutivo”. (Lea también: JEP le respondió a Abelardo de la Espriella y lo invitó a una reunión para presentar resultados)NOTICIAS CARACOL
13 cuerpos más fueron encontrados en un cementerio de Pitalito, Huila, en un trabajo conjunto entre 10 integrantes de la fuerza pública, imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Con este hallazgo, ya serían 54 cuerpos de personas no identificadas recuperados en el camposanto. Los comparecientes, que ya reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron en las labores que permitieron la recuperación de los restos que estaban en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito.La información fue dada a conocer por la JEP, que explicó que los comparecientes apoyaron la cuarta fase de intervención forense liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), desarrollada entre el 10 y el 19 de junio como parte de las acciones para esclarecer el paradero de víctimas del conflicto armado. Según los expedientes que señalaron este lugar como uno de interés, las personas que reposan allí provenían de municipios del sur del Huila como Acevedo, Suaza, Timaná, Palestina, San Agustín, Isnos, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Tarqui y La Plata, así como de Puracé (Coconuco) y Santa Rosa, en Cauca.De acuerdo con la JEP, el apoyo de los comparecientes fue clave para adecuar el terreno donde trabajó el equipo forense. Los militares retiraron 15 toneladas de guadua, una labor necesaria para limpiar y preparar el área de excavación. La jurisdicción señaló que las labores se realizaron en condiciones complejas, debido a la densa vegetación y a las características del suelo. Durante toda la intervención, los comparecientes permanecieron bajo restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanente por parte de la JEP.Tres cuerpos tienen orientación de identidadEntre los 13 cuerpos recuperados durante esta cuarta fase, tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que la información recopilada hasta ahora permite formular una hipótesis sólida sobre quiénes podrían ser las víctimas. No obstante, esa información deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.La JEP indicó que los trabajos realizados por los comparecientes fueron voluntarios y anticipados, por lo que podrán ser valorados por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les sea impuesta cuando se profiera la sentencia.Según el balance entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz, de los 54 cuerpos recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, nueve personas ya han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares. Las entregas se han realizado a familias de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca, en el marco de los esfuerzos de búsqueda humanitaria para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Tras las críticas del presidente electo Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al acuerdo de paz con las Farc, las directivas de este organismo invitaron al gobierno entrante a una reunión para presentar resultados y discutir los principales retos del proceso de paz. Además, el presidente de la JEP recalcó que "hay muchos ojos" sobre esta jurisdicción y el cumplimiento de lo acordado, sobre todo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional."Este acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante ocho debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. (...) Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo y no solamente las sentencias, que ya llevamos cuatro y hasta final de año llevaremos siete, sino la más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado", indicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a Noticias Caracol.Por medio de una carta, la JEP invitó a De la Espriella y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a sostener una reunión que busca presentar "los resultados tangibles (vgr. sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, otorgamiento de amnistías, atención a víctimas, asesoría jurídica a comparecientes, entre otros) e intangibles (vgr. verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios, seguridad jurídica para los comparecientes". "La reunión representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional y propiciar un intercambio de información que contribuya a la necesaria preservación de las instituciones, asegurar el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz, así como a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial. De igual manera, permitiría identificar mecanismos de coordinación y cooperación", añadió la carta.Presidente de la JEP habla sobre alias TimochenkoAbelardo de la Espriella afirmó en una alocución el pasado lunes que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, debe estar "preso de por vida". Esto después de que el exjefe de las Farc, quien participó en los acuerdos de paz con esa guerrilla, viajara a España a un seminario con permiso de la JEP. Luego de ser cuestionado al respecto, Alejandro Ramelli respondió: "Aquellos comparecientes, tanto de las Farc como de la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces el tema no solamente es para la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
En medio de las críticas del gobierno electo con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Iván Duque habló con Noticias Caracol al respecto. También, habló de la incertidumbre que existe frente a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, a pesar de que Gustavo Petro ordenó que ninguna instalación militar sea utilizada para este fin. "Yo creo que eso muestra la actitud mezquina que ha tenido Gustavo Petro y lo otro es, si el Presidente quiere posesionarse en una guarnición militar, como un acto simbólico, debería el gobierno actual facilitar ese proceso. Se puede hacer de muchas formas, la logística se puede acomodar, se puede hacer la juramentación ante el Congreso más temprano, y después se hace el acto que se quieran adelantar en la guarnición militar, o se puede hacer una juramentación simbólica en ese caso en una guarnición militar, y después hacer la presencia del Congreso", explicó. El expresidente Duque también habló sobre la posibilidad de acabar con el proceso de paz con las Farc, teniendo en cuenta que él fue el sucesor de Juan Manuel Santos, quien firmó estos acuerdos, por lo que en sus manos estuvo gran parte de la implementación. "Cuando llegamos a la Presidencia tomamos una decisión, seguir desarmando y desmovilizando a miembros de las Farc, que era una prioridad. Pero con o sin acuerdo también era fundamental llevar la inversión social a las zonas que históricamente habían sido afectadas por la violencia, que habían sido afectadas por el narcotráfico y por la pobreza. Y por eso nosotros pusimos en marcha un plan de implementación y de ejecución que fue respaldado por Naciones Unidas y por otros organismos", dijo.En ese sentido, añadió que "darle continuidad a los temas de tierras, al tema de desmovilización, desarme, reinserción, al tema de la construcción de un tejido estatal en las regiones más apartadas del país, sigue siendo una prioridad". Sin embargo, dijo que "hay una una especie de de asfixia, de angustia y también de desilusión frente a muchas de las cosas que fueron prometidas en su momento, sobre todo en lo que tiene que ver con las víctimas, porque se les ofreció que iba a haber verdad, justicia y reparación. Y este año, que son 10 años desde la firma de ese acuerdo, no vemos a ninguno de los miembros del secretariado, ninguno de los máximos responsables de crímenes de esa humanidad con ninguna sanción proporcional o ligeramente proporcional frente a los delitos que cometieron por parte de la justicia transicional. Y esa es una deuda con Colombia".LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetió contra Rodrigo Londoño, conocido antes con el alias de Timochenko, y contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que ese tribunal le concediera un salvoconducto al ex jefe guerrillero de las Farc para un viaje a España con el fin de participar en unas conferencias. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella. Sus declaraciones llevaron a que el expresidente Juan Manuel Santos, la Defensoría del Pueblo y la JEP defendieran el acuerdo de paz y llamaran a no detener su implementación.Esto, además, porque De la Espriella dijo que cuando asuma el mandato "se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno". Agregó que "a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad". El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz". (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)“El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente”: SantosEl expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dijo durante su intervención en el ‘Congreso Internacional de Paz, entre la firma y la realidad’ que realizó la Contraloría General de la República, que “culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”. Por eso hizo un “llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. (…) En la implementación integral del acuerdo está gran parte de la solución a esos desafíos”. (Lea también: Decir que el acuerdo de paz es “culpable de la situación de inseguridad es falso”: Santos)“Debemos respetar ese acuerdo”: defensoraIris Marín recordó que Rodrigo Londoño “es un antiguo comandante de las Farc, responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, (que) está asumiendo su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican una restricción de derechos efectiva y también compromiso con las víctimas; ese fue el acuerdo de paz, esa fue la obligación constitucional, así que todas las personas, las autoridades públicas, independientemente de nuestras posiciones personales, debemos respetar ese acuerdo”.Presidente de la JEP se sentaría con gobierno entrante para hacer revisión del trabajo del tribunalAlejandro Ramelli, presidente la de JEP, fue específico en decir que la jurisdicción “tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional”, ante la posibilidad de que este tribunal fuera eliminado. “Eso sería desconocer el acuerdo de paz, que estableció diferentes tipos de sanciones: si una persona no reconoce responsabilidad termina en la cárcel, y algunos van a terminar en la cárcel, pero la cárcel es para aquellos que no reconocen responsabilidad, no aportan verdad y que son derrotados en un juicio. La JEP también tiene cárcel en esos eventos. Si usted se va por el otro lado, como se ha ido el 85 % de la fuerza pública, no solamente las Farc, no va a terminar en la cárcel”, recalcó.La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó este martes 14 de julio que Londoño ya había regresado al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. Precisó “que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes” y recalcó que “en ninguna ocasión se han producido incumplimientos al régimen de condicionalidad”. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, intervino en el Congreso Internacional de Paz, entre la firma y la realidad, que adelantó la Contraloría General de la República, al cumplirse 10 años de la firma de paz con las extintas Farc. Su discurso estuvo enfocado en resaltar los aspectos positivos de la negociación y en defender la gestión de la JEP, a la que Abelardo de la Espriella ha criticado.“Hoy, 10 años después, el acuerdo está vivo y está más vigente que nunca. (...) El acuerdo no es perfecto, ningún proceso humano lo es, pero es la oportunidad más clara y más estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto después de la Constitución de 1991”, dijo el exmandatario en su intervención.La JEP es admirada en el mundo, según SantosEl presidente electo lanzó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz por el permiso que le otorgó a Rodrigo Londoño para salir del país. “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de Tribunal: la JEP. Ese bandido de 'Timochenko' merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes”, expresó. (Lea también: Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social")Sin hacer referencia a las palabras de De la Espriella, Santos aseguró que con el acuerdo de paz “logramos consolidar un sistema integral de justicia transicional que es admirado por el mundo entero, la JEP”. Agregó que “las Farc dejaron de existir como grupo armado. Hoy participan en política sin armas, como debe ser cualquier democracia”, mientras que “la JEP emitió sus primeras sanciones, que para muchos pueden parecer insuficientes, pero que demuestran que el programa está funcionando, que está produciendo decisiones basadas en la verdad y en la responsabilidad”.Destacó, además, que están los “máximos responsables reconociendo crímenes atroces, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad”. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella) El llamado a implementar el acuerdo de pazDe la Espriella había informado que la figura del comisionado de Paz se acaba “porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”.Por su parte, Santos expresó que decir que “el acuerdo de paz es el culpable de la situación de inseguridad que vive hoy Colombia es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores y a las economías ilícitas”.El Nobel de Paz añadió que “culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”.Por eso hizo un “llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. (…) En la implementación integral del acuerdo está gran parte de la solución a esos desafíos”. (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetiera contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y contra Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en las extintas Farc, porque se le concedió un salvoconducto para un viaje a España con el fin de participar en unas conferencias, el alto tribunal se pronunció. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella. Por su parte, la JEP confirmó que Londoño ya regresó al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. (Lea también: Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social")“La JEP continuará ejerciendo con independencia sus funciones”A través de un comunicado, el alto tribunal aclaró “que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes”.“Las solicitudes de salida del país son evaluadas de manera individual por la autoridad judicial correspondiente, la cual analiza cada caso con base en criterios objetivos, el cumplimiento del régimen de condicionalidad y las obligaciones asumidas por cada compareciente. En consecuencia, la autorización o negación de estos permisos responde exclusivamente al ejercicio de la función judicial y no constituye un tratamiento preferencial para ningún compareciente o grupo en particular”, agregó, explicando que “el trámite de solicitud de permisos de salida temporal del país está reglamentado en el Decreto 2125 de 2017 y de la Resolución 011 de 2018, en los cuales se establecen los requisitos y las justificaciones jurídicas para la solicitud de estos permisos temporales en el marco de la Constitución y la ley”.Recalca que “estas decisiones no se otorgan exclusivamente a exintegrantes de las extintas Farc-EP. La Jurisdicción ha autorizado salidas del país a comparecientes de diferentes calidades, entre ellos, antiguos altos mandos de la fuerza pública, terceros civiles, agentes del Estado y exintegrantes de las Farc-EP, y en ninguna ocasión se han producido incumplimientos al régimen de condicionalidad”.En el caso de Rodrigo Londoño, informó “que su solicitud de autorización de salida del país fue radicada el 25 de mayo de 2026 y autorizada el 18 de junio; es decir, antes de que quedara en firme la sentencia del Caso 01 en segunda instancia, el 1 de julio. Esta solicitud fue tramitada conforme al procedimiento previsto por la Jurisdicción y evaluada por la Sección de Reconocimiento Verdad del Tribunal para la Paz”, ya que fue invitado “por la Federación de Partidos de Izquierda de España, Izquierda Unida, para participar en un seminario sobre el trabajo entre Europa y la Comunidad de Países Andinos”.Aseguró que el exguerrillero “se presentó ante la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP este martes 14 de julio de 2026”, y adjuntó el material correspondiente para corroborar la información. (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, criticó este lunes la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio al último jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, para un viaje a España a participar en unas conferencias. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella, quien agregó que "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".Londoño, es importante recordar, firmó en noviembre de 2016 con el entonces presidente, Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz y se ha sometido a la justicia de la JEP, que impone penas restaurativas, que no implican cárcel, a quienes colaboran con el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado.Las declaraciones de De la Espriella han generado varias reacciones, entre ellas la del exconsejero presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque, Emilio Archila, quien subrayó en entrevista con Noticias Caracol la magnitud de la implementación y los riesgos legales de incumplir los compromisos del Estado.Archila enfatizó que el proceso de paz va mucho más allá de la justicia transicional, y que involucra a millones de personas y vastos territorios. Según el exconsejero, la implementación implica atender a "10 millones de víctimas", gestionar la reincorporación de "15.000 excombatientes que se entregaron al Estado" y apoyar a "más de 150.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos".Para Archila, este proceso requiere de una "altísima gerencia que debe depender directamente del presidente", enfocada en los 170 municipios cobijados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales buscan sacar de la pobreza a cerca de "7 millones de colombianos".Ante los mensajes de mano dura enviados por De la Espriella, Archila reveló que existe una gran preocupación entre quienes dejaron las armas. "Están muy asustados... muchos de ellos quieren hablar directamente con el presidente, quieren transmitirle la ilusión, el entusiasmo con el cual han venido asumiendo su proceso de reincorporación", afirmó en conversación con este noticiero.El exconsejero hizo una distinción clara entre la base de excombatientes y las disidencias, y sañaló que a los primeros "el país les debe la protección, les debe seguirlos apoyando", mientras que a las disidencias, a las que calificó de "salvajes" y "extraquetos", se les debe combatir.Sobre la intención del presidente electo de encarcelar a Rodrigo Londoño, Archila recordó que el Estado realizó una negociación validada por el Congreso e incorporada en la Constitución. Y advirtió que desconocer estos compromisos no será sencillo: "Va a requerir un proceso jurídico muy complejo para analizar si es posible simplemente decirles 'No señores ahora ya no vamos a cumplir con lo que el Estado les prometió'".Y aunque reconoció que muchos sectores consideran que la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ha tenido la celeridad esperada, Archila recalcó que "es parte de la institucionalidad colombiana". De igual forma, recordó que la Corte Constitucional determinó que estos acuerdos deben implementarse durante un periodo de 25 años para lograr la transformación efectiva de los territorios.Londoño este martes certificó ante la JEP su regresó al país, luego que se cumplió el permiso que le dio el tribunal para viajar a España. Se espera que también asista a un congreso internacional que convoca la Contraloría General de la República para hacer un balance de los 10 años del acuerdo de paz, en el que comparte escenario con el expresidente Santos. En un mensaje en sus redes sociales, Londoño le respondió a De la Espriella. "Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De la Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciéndolo. Firmes por la paz con justicia social y las víctimas", escribió en sus redes sociales.Este lunes, De la Espriella también anuncióla eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales. "Se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", manifestó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.Según el presidente electo, que asumirá el próximo 7 de agosto, entre los cargos que eliminará también están la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa."A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", agregó De la Espriella, crítico de la política de 'paz total' del presidente saliente, Gustavo Petro.El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".NOTICIAS CARACOL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel Germán Alberto León Durán a 5 años, 9 meses y 1 día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas en Casanare y Boyacá.El caso hace parte de los llamados falsos positivos y es la primera vez que el alto tribunal impone “una sanción alternativa para un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación de la JEP, pero que después, en etapa de juicio, decidió hacerlo”, indicó el despacho.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, explicó que “este mecanismo se diferencia de la justicia ordinaria porque no se limita a la aceptación de cargos para obtener una rebaja de pena. En la JEP, el reconocimiento de responsabilidad debe estar acompañado de aportes efectivos a la verdad y de un diálogo directo con las víctimas, quienes ocupan el centro del proceso judicial y restaurativo”.“Las víctimas no buscan únicamente una aceptación formal de los hechos, sino conocer la verdad sobre lo ocurrido”, precisó.Durante la lectura del fallo, se determinó que los hechos son crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, y crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. (Lea también: "Son muchos más de 10.000 casos de ejecuciones": presidenta de MAFAPO sobre 'falsos positivos')(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Quiénes eran las víctimas de estos falsos positivos?El presidente de la JEP, junto con el magistrado Gustavo Salazar y la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, nombraron a las personas asesinadas:Siervo Fernández Cuervo, Bautista Leguizamón Riaño, Luis Antonio Gavidia Jiménez, Silverio Rodríguez Camacho, Carlos Alfonso Fonseca Romero, Armando Collazos Vásquez, Javier Eduardo Garcés Guacarapare, Bernardo Ramos Espinel, Hermes Pedraza Rojas, Giovanny Arias Sánchez, José Rubiel Llano Arias, Edilson Mendoza Soto, Gustavo Adolfo Wilkin Correa, Luis Carlos Peña Martínez, Luis Uriel Caciano Murillo, Joel Bernal Barrera, William Salamanca Cruz, René Geofrey Ojeda Escobar, José Manuel Montoya Beltrán, Hugo Ricardo Díaz Camacho, José Hember Leonel Guzmán, Héctor Elí Contreras Gutíerrez.Hay otras víctimas del caso que aún permanecen sin identificar.Estos falsos positivos ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando miembros del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional, “perpetraron una cadena sistemática de asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles inocentes en Casanare y Boyacá”, indicó la JEP.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander, algunos de los cuales fueron trasladados mediante engaños y falsas ofertas de trabajo.“Otras fueron estigmatizadas con reportes falsos y antecedentes fabricados, ejecutadas y posteriormente desaparecidas para impedir que sus familias las encontraran”, señaló el alto tribunal.“No se trató de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de un patrón criminal deliberado y continuado, respaldado mediante órdenes operacionales, sistemas de incentivos y mecanismos de encubrimiento”, agregó.NOTICIAS CARACOL
En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hablaron sobre las expectativas que tiene sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella y las tensiones que se han registrado con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
El conductor de una camioneta Nissan Patrol, de placas RZJ-669, en Bogotá, cometió una infracción de tránsito en la calle 116 con carrera 71 que se hizo viral en redes sociales e indignó a los ciudadanos y puso en alerta a las autoridades. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ya se pronunció e informó que el dueño del vehículo ya fue citado para que responda un proceso sancionatorio que se le abrió. Los hechos sucedieron en la tarde del martes 28 de julio durante la hora pico.A través de redes sociales se publicó un video en el que se ve al conductor del vehículo, para evitar ir hasta el retorno, se pasó por encima de la ciclovía y del separador para luego incorporarse a la vía. Este hecho causó la molestia de usuarios en redes sociales que le pidieron a las autoridades de Tránsito tomar medidas al respecto.Motociclista quedó atrapado en cemento por meterse en obra de TransMilenio: lo buscan para multarlo"El proceso sancionatorio empezó": Secretaría de Movilidad“Este salvaje en la vía creyó que una camioneta 4X4 le daba permiso para subirse al separador, atravesar una ciclorruta y hacer un giro, poniendo en riesgo la vida de quienes se movilizaban por ese sector, pero no vamos a permitir que esas conductas queden impunes”, dijo la Secretaría de Movilidad.Agregó la entidad que “el propietario del vehículo ya fue citado a comparecer y el proceso sancionatorio por estos hechos ya comenzó”.¿Cómo denunciar imprudencias viales en Bogotá?A los ciudadanos, la Secretaría de Movilidad envió un mensaje diciendo que si alguien es testigo de alguna maniobra temeraria por parte de un conductor “grábala o tómale una foto; súbela a tus redes sociales, etiquétanos y usa el numeral #SalvajesEnLaVía”. Para hacer eso, indicó Movilidad, el ciudadano que denuncie debe indicar la fecha de los hechos, la hora, el lugar y la placa del vehículo.La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, explicó que no en todos los casos se puede notificar comparendos a los ciudadanos infractores “porque depende de la conducta”. Lo más crítico, según la funcionaria, sucede cuando el conductor está poniendo en riesgo la integridad de los demás actores viales, especialmente los peatones.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La empresa operadora del centro comercial Aeon Mall, ubicado en la prefectura japonesa de Kumamoto, se pronunció oficialmente tras la explosión ocurrida luego del fuerte terremoto de magnitud 7.1 registrado el martes 28 de julio. Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, el presidente de la compañía, Akio Yoshida, compareció ante los medios e hizo una profunda reverencia antes de ofrecer disculpas por la tragedia."La empresa se toma muy en serio este incidente, ocurrido en una de nuestras instalaciones. Pedimos disculpas sinceras por haber provocado este desenlace", manifestó Yoshida, quien aseguró además que la compañía colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.El movimiento telúrico obligó a activar los protocolos de evacuación del complejo comercial. Según explicó el directivo, aproximadamente 3.000 clientes fueron desalojados cerca de 30 minutos después del sismo, cuando el personal comenzó a dirigir la salida de quienes se encontraban en el lugar.Sin embargo, cerca de 50 minutos después del terremoto se produjo una fuerte explosión que destruyó parte de la estructura del edificio. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la estructura metálica expuesta y una gran cantidad de escombros dispersos en el estacionamiento.El balance de víctimasDe acuerdo con la información entregada por la empresa operadora, la explosión dejó un saldo de tres empleados fallecidos, además de un trabajador que murió tras sufrir un ataque cardíaco durante la emergencia. A ello se suman otras tres personas que permanecen desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda.Yoshida explicó que, tras la evacuación inicial, la empresa creyó que tanto clientes como trabajadores ya habían abandonado el edificio. Sin embargo, posteriormente se conoció que algunos empleados permanecieron en el interior o regresaron al establecimiento por motivos que todavía no han sido establecidos.El presidente también informó que uno de los sobrevivientes fue encontrado herido dentro de un baño del centro comercial.Investigan una posible fuga de gasAunque las causas de la explosión aún no han sido determinadas oficialmente, el presidente de Aeon Mall indicó que la principal hipótesis apunta a una fuga de gas.Según declaró durante la conferencia de prensa, existe una probabilidad "muy alta" de que ese haya sido el origen del accidente, aunque aclaró que todavía se realizan peritajes e investigaciones para confirmar qué provocó la explosión.Las autoridades continúan recopilando información técnica mientras especialistas inspeccionan la infraestructura afectada para establecer cómo ocurrió el siniestro tras el terremoto.Había sido reforzado tras el terremoto de 2016El complejo comercial había reabierto sus puertas en junio de 2026, luego de permanecer sometido a una remodelación que buscaba reforzar su resistencia sísmica.Las obras fueron realizadas después del terremoto de magnitud 7.3 que afectó la misma región en abril de 2016 y ocasionó importantes daños. Como parte de esos trabajos, la empresa había informado sobre mejoras estructurales y refuerzos destinados a incrementar la seguridad del edificio frente a futuros movimientos telúricos.Mientras avanzan las investigaciones, la empresa reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para determinar las causas del accidente y esclarecer por qué, pese a las labores de evacuación, aún había personas dentro del centro comercial cuando ocurrió la explosión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El ministro de Hacienda saliente, German Ávila Plazas, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, por un monto de 575,6 billones de pesos, equivalente a 27,0% del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora el Congreso de la República, posicionado el pasado 20 de julio, tiene hasta el 15 de agosto para pedirle al Gobierno que modifique las cifras que considere. Luego de este paso, la corporación tiene un mes para aprobar el monto general, antes del 15 de septiembre. Finalmente, hasta el 20 de octubre hay plazo para aprobarlo totalmente, incluyendo distribución de dineros en todas las entidades.Estas son las principales cifras del proyecto de Presupuesto General para 2027El proyecto incorpora ingresos contingentes (faltantes) por 1,4% del PIB ($30,2 billones), sujetos a la aprobación del proyecto de ley de recursos adicionales por parte del Congreso de la República. Según el documento, 545,1 billones de pesos corresponden a recursos de la Nación y 30,5 billones de pesos a ingresos propios de los Establecimientos Públicos Nacionales. En materia de rentas, $308,9 billones provendrán de ingresos tributarios y $905 mil millones de ingresos no tributarios. Los ingresos totales pasan de 27,3% del PIB en 2026 a 25,5% del PIB en 2027. Este retroceso, según el Ministerio de Hacienda, se debe a que la proyección para 2027 excluye los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas en 2026 al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto Ley 150 de 2026), así como a un menor recaudo por impuestos externos.El gasto de funcionamiento programado es de $367,7 billones), un monto "altamente inflexible". Seis rubros explican el 86,7% de su crecimiento: Sistema General de Participaciones (SGP); pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud; Fondo de prestaciones Sociales del Magisterio, Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y gastos de personal.En términos de composición del gasto, el PGN 2027 reduce su tamaño relativo frente a la economía al pasar de 27,5% del PIB en 2026 a 27% del PIB en 20273. Excluyendo el servicio de la deuda, que asciende a $118,0 billones (5,5% del PIB), el gasto total alcanza $454,3 billones (21,3% del PIB). Por otro lado, la inversión pública programada asciende a $90 billones en 2027 (4,2% del PIB), con una reducción de 0,2 % del PIB respecto a 2026, cuando llegó a 4,4%.Entre las estimaciones macroeconómicas empleadas en la formulación del presupuesto para el otro año se destacan: un crecimiento económico de 2,2%, una inflación de 4,4%, una devaluación promedio de 2,7%, una tasa de cambio promedio de $3.859 por dólar y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 2,0% del PIB. El ministerio aseguró que, en cumplimiento de la Constitución Política, "la mayor parte del gasto sin deuda se dirige fundamentalmente a los programas sociales (artículo 350 de la C.P); así como a financiar las obligaciones asociadas a la operación de la fuerza pública, la rama judicial, la nivelación salarial y la preservación del poder adquisitivo de los servidores públicos". Asimismo, el ministro Avila señaló que la corrección del desbalance entre los ingresos fiscales y el gasto público nacional "es un desafío estatal que requiere la adopción de reformas constitucionales y legales de gran calado: una reforma tributaria estructural, minimizar las rentas con destinación específica, disminuir la inflexibilidad presupuestal y elevar la eficiencia y calidad del gasto público". NOTICIAS CARACOL DIGITAL
Prosperidad Social anunció que desde el 29 de julio y hasta el 19 de agosto entregará el sexto ciclo de transferencias monetarias del programa Colombia Mayor, una iniciativa dirigida a apoyar económicamente a personas mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De acuerdo con la entidad, durante esta jornada se entregarán incentivos a aproximadamente tres millones de beneficiarios en todo el territorio nacional. Para este ciclo, la entidad destinará una inversión superior a los 686.206 millones de pesos, recursos que serán distribuidos a través de los operadores autorizados.La operación estará a cargo de SuperGiros y su red aliada SuRed, que cuentan con puntos habilitados en diferentes municipios y ciudades del país para realizar el pago de las transferencias. Y una de las novedades de este ciclo es la implementación del nuevo esquema de pagos mediante el Gestor de Información Financiera, herramienta que permite consignar el incentivo directamente en una cuenta bancaria o depósito electrónico registrado previamente por el beneficiario.Según Prosperidad Social, 4.098 participantes que completaron correctamente el proceso de inscripción de su producto financiero empezaron a recibir el dinero desde el 27 de julio, antes del inicio oficial de los pagos presenciales. Para esta modalidad se destinaron 1.118.980.000 pesos, correspondientes a las transferencias de quienes registraron exitosamente su información financiera. La entidad explicó que este mecanismo busca facilitar el acceso a los recursos y reducir los desplazamientos que normalmente deben realizar los beneficiarios para reclamar el subsidio en un punto físico.¿Qué ventajas tiene recibir el subsidio mediante una cuenta bancaria?Prosperidad Social indicó que el pago directo de este ciclo en una cuenta bancaria o depósito electrónico ofrece varias ventajas para los participantes del programa. Entre ellas se encuentra la posibilidad de disponer del dinero antes de que comiencen los pagos presenciales, además de evitar filas o traslados hasta los puntos de atención. Otra de las ventajas es que el beneficiario puede utilizar el dinero cuando lo considere necesario, sin depender de los horarios establecidos para el cobro presencial. Entre las recomendaciones entregadas por la entidad para registrar correctamente una cuenta en este sistema se encuentran:Adjuntar únicamente la certificación bancaria o el documento que acredite la titularidad del producto financiero.Confirmar que el documento sea completamente legible y corresponda a la persona que realiza el registro.Verificar que la entidad financiera seleccionada coincida con la certificación cargada.En caso de registrar una cuenta de Nequi, escoger la opción de depósito electrónico e ingresar el número del producto que inicia con 870, y no el número del teléfono celular.Revisar cuidadosamente todos los datos antes de finalizar el proceso.No cargar capturas de pantalla, extractos bancarios, recibos u otros documentos diferentes a la certificación bancaria.Descargar la certificación únicamente desde los canales oficiales de la entidad financiera.La entidad recordó que el incumplimiento de estos requisitos puede ocasionar el rechazo de la solicitud y retrasar la incorporación del beneficiario al nuevo sistema de pagos.¿Cómo registrar una cuenta en el Gestor de Información Financiera?Las personas interesadas en recibir el incentivo directamente en una cuenta bancaria o depósito electrónico pueden ingresar al portal oficial de Gestor de Información Financiera. Desde esta plataforma es posible registrar un nuevo producto financiero, consultar la información ya registrada o actualizar los datos cuando sea necesario y su fin es que los giros de los subsidios se realicen de forma directa a cada usuario, sin la intervención de terceros en el proceso de pago. Son varios los programas de transferencias monetarias que tienen esta nueva modalidad, tales como:Renta Ciudadana, orientado a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema.Colombia Mayor, dirigido a personas mayores sin ingresos o pensión.Devolución del IVA, que entrega apoyos económicos a hogares vulnerables.Renta Joven, enfocado en apoyo económico a población joven en situación de vulnerabilidad.Requisitos para ser parte de Colombia MayorEl subsidio está destinado a personas adultas mayores que no tienen una pensión ni suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas. Según las disposiciones de Prosperidad Social, los requisitos para ser beneficiario de Colombia Mayor son los siguientes:Tener nacionalidad colombiana.Haber vivido en el país durante los últimos 10 años.Tener al menos 54 años en el caso de mujeres y 59 años para los hombres.Estar inscritos en el Sisbén IV y clasificados en los grupos A, B o C1.No recibir ninguna pensión de vejez o sobrevivencia.No contar con otras fuentes de ingreso que aseguren su subsistencia.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
