En Los Informantes: una entrevista profunda con Margarita Rosa de Francisco, la transformación del cacao en el campo colombiano y un emotivo tributo a la vida y obra del cantautor Piero.
Noelia Maximino, una turista española de 31 años, planeó durante meses sus vacaciones en Colombia. Apasionada por los viajes y por ser una persona alegre, llegó al país a finales de julio junto a un grupo de amigos para recorrer diversos destinos turísticos, entre ellos el Parque Nacional Natural Tayrona, cerca de Santa Marta.Lidia García, una de sus amigas más cercanas y compañera de viaje, recordó la relación que las unía y la personalidad de Noelia: "Éramos uña y carne y para mí Noelia era como una hermana, era parte de mi familia".El grupo realizó una caminata por el parque ecológico y llegó por la tarde al sector de Cabo de San Juan. Cerca de las 4:00 de la tarde, cuando se preparaban para regresar, vieron las embarcaciones de transporte que ofrecían llevar a los visitantes por vía marítima para evitar el trayecto a pie de retorno."No quedaban más chalecos": los minutos previos al accidenteAl momento de abordar la lancha, los integrantes del grupo notaron que no había elementos suficientes de protección para todos los pasajeros. Sin embargo, según relatan los sobrevivientes, la salida del bote se dio de manera apresurada.Lidia García detalló lo que ocurrió al momento de subir con su amiga: "Nos dijeron que ya no quedaban más chalecos y ya está. No, no hubo tiempo ni de reacción, no hubo tiempo de negarnos".Pese a no contar con los chalecos salvavidas, la embarcación inició su recorrido mar adentro hacia mar abierto. Pocos segundos después de haber dejado la orilla de la playa, la lancha enfrentó el fuerte oleaje característico de esa zona de la costa caribeña.García narró los momentos de angustia que vivieron cuando fueron alcanzadas por las olas: "Noelia y yo cuando volcamos estamos dentro de la lancha, conseguimos salir de ahí y a partir de ahí es una película de auténtico terror". El choque de una segunda ola hizo que la nave se diera vuelta por completo, dejando a los ocupantes en el agua y dispersos.Cuestionamientos por la presunta falta de salvavidas en la playaTras el volcamiento, varios pasajeros quedaron a la deriva intentando mantenerse a flote, mientras las olas los empujaban hacia las zonas rocosas de la costa. De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, la primera ayuda vino de otros visitantes que presenciaron el accidente.Los propios turistas formaron una cadena humana en el agua para sacar a los afectados y llevaron a Noelia hasta las rocas, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban apoyo.Lidia García cuestionó la presunta ausencia de puestos de socorro en esta zona turística: "No hubo ni atención ninguna ni medios ningunos, no hubo nada. O sea, si se ponen medidas del tipo que sea, aunque sean mínimas, este tipo de cosas no pasan".La joven fue sacada del agua, pero llegó sin signos vitales al centro asistencial.La lancha no tenía permisos de navegaciónEl accidente abrió una investigación por parte de las autoridades marítimas e instituciones de turismo para esclarecer cómo operaba la lancha en una reserva natural.El capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, representante de la Dirección General Marítima (DIMAR), confirmó que la embarcación involucrada en el hecho presuntamente no contaba con las autorizaciones legales para transportar pasajeros: "Esta embarcación no estaba autorizada. Es una embarcación que provino de un sitio no autorizado que fue Buritaca, zonas que quedan hacia el norte del Cabo San Juan".El oficial explicó además que los operadores de la lancha habrían aprovechado las condiciones del sector para ofrecer el servicio de manera irregular: "Se aprovecharon de la lejanía y de la buena fe de los turistas".Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia emitió un comunicado en el que indicó que dos guardaparques se trasladaron hacia el Cabo de San Juan al conocer lo sucedido, a una distancia aproximada de 40 minutos desde su punto de control.Entre tanto, Luis Ángel Reyes, subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, señaló las acciones que se adelantan tras el caso: "Todas estas cosas están siendo evaluadas. Ya hoy contamos con una mesa técnica que pretende rigurizar el seguimiento a los controles para la práctica correcta de estos servicios turísticos".Piden investigar a los responsablesDesde España, la familia de Noelia Maximino exige que se aclaren las fallas de seguridad y se identifique a los encargados de la lancha pirata y de la vigilancia en la playa.Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes a este hecho.
Lo que iba a ser un paseo familiar y de trabajo en Chinácota, a poco más de una hora de Cúcuta, terminó en un hecho trágico que hoy investigan las autoridades. Yuris Cristel Camila García, una joven de 29 años, profesional en Salud Ocupacional y madre soltera, viajó desde Tibú con su pequeño hijo a visitar a su mamá, Claudia Patricia Manrique, y a su hermano, pero un accidente en un tobogán acabó con su vida.Antes del hecho, la joven habló por teléfono con su madre por última vez. "Yo la llamo a ella antes como a las 6:20. Le pregunto: 'Mami, ¿dónde estás?'. Me dice: 'Mamita, me estoy tomando un café'. Yo le digo: 'Hija, ¿pero dónde?'. Me dice: 'Mami, aquí donde tú conoces, en Entre Flores. Termino el café y nos devolvemos'", relató Claudia. Sin embargo, minutos después de colgar, la joven decidió subir al tobogán del lugar."Usted no se va a salir": la frase grabada antes del golpeUn video grabado por uno de sus acompañantes registró los momentos previos a la caída y hoy es una prueba clave para los investigadores. En las imágenes se ve a Camila acomodándose sobre una llanta en la parte alta del tobogán mientras conversa con el operador de la atracción.Luz Adriana Manrique, tía de la víctima, explicó lo que se observa en la grabación: "Se ve la niña arriba en el tobogán acomodándose en el neumático ese, hablando con el tipo, confirmando de que se cumple con todo lo de la seguridad porque ella pregunta que quién la va a esperar abajo, que si no se va a salir".Ante la duda de la joven sobre si existía riesgo de salirse, el trabajador le respondió: "No, no, usted no se va a salir. Tranquila". Con esa indicación, Camila se lanzó. Pero al tomar la primera curva la joven salió expulsada, cayendo desde una altura cercana a los tres metros.Testigos denuncian falta de paramédicos y ambulanciaCarlos Ramírez, amigo de Camila y quien grabó el recorrido, relató lo que vivió al ver el accidente: "Ella se tira y yo veo como coge demasiada velocidad. Cuando veo que el neumático pega y ella se sale del tobogán". Ramírez corrió de inmediato al punto donde cayó la joven para tratar de ayudarla: "Muy mal, llena de sangre, todavía con vida, porque pues creo que ella no estaba asimilando lo que estaba pasando. Ella me alcanzó a decir que pues no la dejáramos sola".El testigo aseguró que en ese momento no había personal de auxilio preparado para atender la emergencia: "Pero en ese momento ningún trabajador llegó. Fue agonizante porque pues las personas estaban gritando como que no hay camillas aquí, no hay nada de primeros auxilios". Según su versión, el traslado inicial se hizo en un vehículo privado: "Al rato llegó, creo que era el dueño y su esposa, llegaron en unas camionetas y pues no sé de dónde salió la camilla ni nada, pero pues lograron subirla a ella a la camilla y la metieron en la camioneta".La tía de la víctima también cuestionó cómo se atendió a su sobrina tras el impacto: "A ella la atienden los mismos visitantes. Ellos ni siquiera llaman a una ambulancia. Ellos lo único que tenían ahí para la niña era una camilla. A la niña no le pudieron colocar un cuello ortopédico porque no había".La joven fue llevada al hospital de Chinácota y luego remetida de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. El doctor Freddy Contreras, asesor de gerencia del centro médico, detalló el estado en que ingresó la paciente: "Al momento del ingreso la paciente llega sin signos vitales, por lo cual es declarada fallecida al momento del ingreso". El informe indicó que presentaba trauma craneoencefálico severo, trauma facial y fractura en el antebrazo derecho.¿Tenía permisos la atracción? Habla la Alcaldía de ChinácotaEl hecho abrió una investigación administrativa y penal en Norte de Santander para verificar si la atracción contaba con las licencias exigidas por la ley. Ramiro Luna, alcalde de Chinácota, señaló: "¿Esta atracción no contaba con los protocolos de seguridad para ser utilizado? No, en el momento que empezaron a funcionar no contaba con la documentación, los requisitos y la tramitología necesaria. No tienen las pólizas que se requieren".El mandatario explicó que el negocio tenía permisos para operar como restaurante y hotel, pero no para atracciones mecánicas de entretenimiento.La respuesta de los abogados del establecimientoAnte las denuncias de los familiares y las declaraciones del alcalde, los dueños del restaurante Entre Flores delegaron la vocería del caso en los abogados Óscar Giraldo y José Chía para hablar con Séptimo Día:El abogado Giraldo afirmó que el lugar sí contaba con medidas de atención: "Sí, el establecimiento contaba con todos los protocolos de seguridad, con todas las personas encargadas de brindar los primeros auxilios". Sobre el diseño de la estructura, agregó: "Se realizaron más de 2000 pruebas donde pues realmente no ocurría pues ninguna situación que pusiera en riesgo la integridad de las personas que lo llegaran a utilizar". Asimismo, sugirió que el clima pudo influir en el hecho.Por su parte, el abogado José Chía admitió que faltaban trámites administrativos: "Realmente los permisos que administrativamente se debían implementar para poner en marcha el tobogán no se habían realizado porque se hizo un trabajo pues con expertos y con profesionales que datan sobre la efectividad". El análisis técnico y la investigación de la FiscalíaEl caso también fue analizado por expertos en ingeniería. Joaquín Álvarez, integrante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, explicó que en condiciones de humedad o condensación un usuario puede alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora en ese tipo de estructuras. El especialista señaló preliminarmente que, al tratarse de un recorrido con curvas pronunciadas y alta velocidad, la mejor opción de contención física habría sido un sistema tubular cerrado.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales de Norte de Santander adelantan la recolección de testimonios, videos e inspecciones técnicas para determinar si existieron responsabilidades penales, civiles o administrativas en este hecho.
Al cumplirse un año del fallecimiento de María Alejandra Parada, conocida en redes sociales como Baby Demoni, las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin esclarecerse. La joven bogotana tenía 24 años, era madre de una niña y acumulaba cerca de un millón de seguidores en redes sociales cuando ocurrió su deceso el 15 de octubre de 2025. Desde el primer momento, sus familiares rechazaron la explicación inicial de un suicidio y sostienen que se trató de un homicidio.Antes de dedicarse de lleno al contenido digital, María Alejandra trabajaba en una peluquería para mascotas, lugar donde conoció a Miguel Ángel López, un cantante de rap conocido en redes como 'Samor One'. Ambos iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos, periodo en el que eran frecuentes las discusiones y peleas en la pareja. Cinco días después de que la joven se hiciera una cirugía estética, ocurrió el trágico suceso que desencadenó el proceso judicial.Las evidencias y contradicciones en este caso En la tarde del 14 de octubre de 2025 se desató una fuerte pelea presuntamente por celos en el apartamento donde vivían, la cual fue grabada en audios por el propio 'Samor One'. Horas más tarde, la influenciadora fue llevada a urgencias en una clínica por un supuesto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, al ingresar a verla en la unidad de cuidados intensivos, su padre, Manuel Ariza, notó un golpe en la frente y dos marcas en el cuello producidas por dedos humanos y no por la tela de una sábana. La joven falleció al día siguiente.Durante la investigación difundida por el programa Séptimo Día, la Unidad de Investigación Criminal expuso hallazgos clave encontrados en el teléfono celular de la influenciadora. El investigador Yefrin Garavito mostró una fotografía en formato 'live' tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos, en la que quedaron registrados ruidos y manchas de sangre en el piso tras la discusión.El especialista explicó que no resulta lógico ni común que una persona con intenciones de quitarse la vida decida fotografiar las manchas de sangre dejadas tras un altercado. De igual forma, la inspección al cuerpo reveló heridas en sus manos y un surco en el cuello que no correspondía al tejido de la sábana. Por su parte, el abogado de la familia, Francisco Bernate, sostuvo que por la reciente operación la joven no contaba con la fuerza física necesaria para autoasfixiarse.Frente a estos señalamientos, Miguel Ángel López rechazó las acusaciones en Séptimo Día y aseguró que se trató de un suicidio. Explicó que grabó la pelea para proteger su carrera musical, que salió hacia un estudio de grabación y que luego recibió un mensaje de texto de María Alejandra pidiéndole perdón. Según su testimonio, al regresar la encontró colgada en el baño con una sábana y la auxilió. Tiempo después viajó a vivir a Madrid, España, argumentando amenazas en su contra. En ese momento, la Fiscalía prefirió no dar declaraciones públicas al tratarse de una investigación activa.El pedido de justicia de la familia tras un año de la muerteAl cumplirse 12 meses de la tragedia, la familia de la creadora de contenido habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad. Su padre reiteró ante este medio de comunicación que las evidencias y los dictámenes médicos desmienten la versión del suicidio.“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.Asimismo, los allegados expresaron su preocupación por la permanencia del sospechoso en el exterior y criticaron la falta de decisiones judiciales concretas a pesar del tiempo transcurrido y de las pruebas entregadas. En sus declaraciones al canal capitalino, el padre de la joven hizo un llamado directo a los investigadores para que el caso avance. “Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, afirmó en Citytv.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves al coronel retirado Juan Carlos Figueroa a seis años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 38 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, reconoció su responsabilidad en 24 hechos durante una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar el 27 y 28 de agosto, después de haber rechazado inicialmente los cargos. La sentencia establece una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl exmilitar fue declarado responsable, en calidad de superior, por conductas relacionadas con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, así como por la muerte de dos personas que se encontraban fuera de combate por haber dejado las armas. El fallo incluye además once obligaciones restaurativas, entre ellas entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos, reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados y participar en acciones para dignificar su buen nombre y preservar la memoria de lo ocurrido.También deberá aportar información para localizar e identificar a personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos, incluidos los posibles responsables y las personas que pudieron intervenir en ellos.La sentencia contempla medidas de reparación, memoria y dignificación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados por los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales derivados de estos crímenes.Además, ordena a distintas entidades estatales avanzar en la búsqueda e identificación de cinco víctimas mencionadas en la decisión, facilitar el acceso a la reparación material y gestionar la inclusión en el Registro Único de Víctimas de quienes aún no estén inscritos.Entre las medidas impuestas figura también la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón, así como la realización de un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.Durante la audiencia restaurativa, el coronel retirado pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufridas por las víctimas y sus familias.Esta es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda sanción alternativa impuesta tras el reconocimiento tardío de responsabilidad de un máximo responsable.EFE
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) absolvió plenamente a Javier de Jesús Cadavid, un comerciante de abarrotes del oriente antioqueño que pasó 12 años y 4 meses en prisión tras ser acusado falsamente de extorsión y enriquecimiento ilícito a favor del Frente 47 de las antiguas FARC-EP. Con esta providencia judicial, el tribunal transicional dejó sin efecto las condenas impuestas por la justicia ordinaria en 2009, cerrando un calvario de 17 años e invalidando un proceso viciado por investigaciones deficientes que ignoraron la realidad del conflicto armado en los territorios.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Tras 12 años preso, comerciante fue absuelto por la JEPEl fallo se fundamentó en el análisis de las dinámicas territoriales y en el testimonio unánime de los antiguos comandantes y financieros guerrilleros, quienes desmintieron bajo gravedad de juramento cualquier nexo entre el comerciante y la organización insurgente. La historia de Javier Cadavid se sitúa en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño (Antioquia), una zona golpeada por el abandono estatal que permaneció entre 12 y 15 años sin presencia de la fuerza pública y bajo el dominio territorial de las guerrillas. En este poblado, Cadavid administraba un granero y tienda de abarrotes con el que proveía el sustento para su esposa y sus cuatro hijos. Para mantener abastecido el establecimiento, el comerciante viajaba cada ocho días a la Central Mayorista de Medellín a comprar mercancía. Debido a sus dinámicas comerciales, Cadavid era el único habitante de todo el corregimiento que contaba con una cuenta bancaria activa en Bancafé en la capital antioqueña. Ante la inexistencia de cajeros o sucursales bancarias en la región, su cuenta se convirtió en un servicio comunitario informal.Profesores del magisterio, agentes de la policía local, campesinos y arrieros recurrían habitualmente a Cadavid para que les facilitara su número de cuenta, permitiendo que sus hijos y familiares les remitieran giros, salarios o encomiendas desde distintas ciudades del país. Sin embargo, esta práctica solidaria fue instrumentalizada por la guerrilla sin el conocimiento del comerciante. Entre 2005 y 2007, alias 'Rojas', responsable financiero del Frente 47 de las FARC-EP, realizó extorsiones contra comerciantes de Pácora y Aguadas (Caldas) y coordinó con intermediarios locales para consignar parte de esos dineros en la cuenta de Cadavid, diluyéndose entre los giros cotidianos de la tienda."En ese corregimiento, como es pequeño, yo era el único que tenía cuenta en Medellín. A muchas personas del corregimiento yo les prestaba ese número de cuenta, porque sucede que en los pueblitos los hijos se van a trabajar a las ciudades y buscan la forma de mandarle plata a los viejos. A veces gente que mercaba en la tienda, amigos míos, gente del mismo pueblo de la región, como el magisterio, la misma policía, el ejército, necesitaban mandar plata o hacer giros. Mire el perjuicio tan berriondo por uno haber tenido la cuenta a la disposición de la gente del pueblo", explicó Cadavid.Cómo una acusación de extorsión vinculada a las FARC llevó a Javier Cadavid a la cárcelEn 2009, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la policía judicial de Manizales citaron a Cadavid en la Central Mayorista de Medellín para interrogarlo sobre movimientos bancarios realizados entre 2005 y 2007. A pesar de que el comerciante aportó sus archivos y explicó el uso comunitario de su cuenta, la Fiscalía formuló imputación por coautoría intelectual en extorsión y por enriquecimiento ilícito. La investigación de la justicia ordinaria estuvo marcada por graves omisiones procesales. Los investigadores no realizaron visitas ni inspecciones de campo en Puerto Venus, omitieron auditorías a los libros contables del negocio, no efectuaron un arqueo de cuentas ni entrevistaron a los habitantes o a las autoridades policiales de Nariño y Arboleda para verificar la idoneidad moral de Cadavid.Tampoco vincularon al juicio a alias 'Rojas', quien para la época ya se encontraba privado de la libertad. El sistema judicial ordinario flexibilizó los estándares de prueba, privilegiando la búsqueda de una "verdad procesal" por encima de la verdad material de los hechos. Al calificarlo como coautor, los jueces supusieron erróneamente que Cadavid debía conocer el origen ilícito de las consignaciones de un millón de pesos mensuales e incluso un depósito de 11 millones de pesos, sumas que pasaban desapercibidas frente a los elevados volúmenes de dinero que movía la tienda por pagos de nóminas públicas y compras de abarrotes."Javier termina siendo víctima del sistema judicial en el sentido de que se le impone una condena de semejantes proporciones, fundamentada en conclusiones sesgadas que desconocían muchísimo la realidad del conflicto que estaba viviendo el corregimiento de Puerto Venus. Flexibilizaron la exigencia de llegar a una certeza más allá de toda duda razonable. Desde el principio existían dudas razonables sobre la responsabilidad de Javier y aun así se le impuso esta condena", sostuvo la doctora Ana María Gallego, abogada de Javier Cadavid.La afectación para el hogar Cadavid Palacio comenzó incluso antes de la detención. Años atrás, un exintegrante del grupo armado alertó a la familia sobre un plan para secuestrar a uno de los hijos de Javier, lo que forzó el desplazamiento urgente de su esposa e hijos hacia otra localidad. A pesar del peligro, Cadavid continuó desplazándose a Puerto Venus cada mes y medio o dos meses para atender el negocio, única fuente de ingresos del grupo familiar.Tras su captura en 2009, la economía familiar colapsó. La familia enfrentó un severo detrimento patrimonial al costear múltiples abogados para interponer apelaciones consecutivas ante la justicia ordinaria, mientras realizaba ingentes esfuerzos financieros para evitar que tres de sus hijos suspendieran sus estudios universitarios. Mientas Javier permanecía encarcelado, su esposa y sus hijos adelantaron protestas públicas y llegaron a amarrarse en la Plaza de Nariño en Bogotá para exigir la atención de las altas cortes.Dentro del centro penitenciario, Cadavid soportó la reclusión en una celda de tres por tres metros. Para sobrellevar la angustia, transformó el encierro en aprendizaje: realizó múltiples cursos, obtuvo 18 diplomas, se graduó como técnico ambiental y ocupó sus jornadas practicando la pintura, las artes manuales y los tejidos en telar. Sin embargo, el encarcelamiento le privó de momentos familiares irrepetibles, sufriendo en prisión la noticia del fallecimiento de su madre, además de perderse cumpleaños, Navidades, grados universitarios de sus hijos y el nacimiento de un nieto.Las pruebas con las que la JEP declaró inocente a Javier Cadavid"Pagar una cosa que no debe es lo más injustamente inhumano y sufrimos mucho demasiado por eso. Fue mucha angustia cuando en un cumpleaños, una Navidad, los grados de un hijo o el nacimiento de un nieto uno no está presente. Eso nunca se vuelve a recuperar. Estando en prisión me dieron la noticia de la muerte de mi madre; moralmente sufrí mucho", agregó Cadavid. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, la familia Cadavid Palacio contactó a excombatientes del antiguo Frente 47 para pedirles que atestiguaran la verdad. El caso fue asumido por la abogada Ana María Gallego, quien solicitó la libertad condicionada, otorgada en un lapso de dos meses en enero de 2021, y radicó la acción de revisión ante la JEP.Al estudiar el expediente, la Sección de Revisión de la JEP determinó que para configurar el delito de coautoría en la extorsión era imprescindible probar la existencia de un "plan común" entre Cadavid y el grupo armado, elemento que quedó desvirtuado en las audiencias. Los máximos mandos del Frente 47, entre ellos alias 'Karina', alias 'Marcos Urbano', alias 'Kaddafi' y el propio alias 'Rojas', quien grabó un testimonio en video desde la cárcel, declararon bajo gravedad de juramento que no conocían a Javier Cadavid y confirmaron que nunca perteneció, colaboró ni fue simpatizante de la guerrilla.Asimismo, las pericias contables descartaron el delito de enriquecimiento ilícito al demostrar que el patrimonio personal de Cadavid no tuvo ningún incremento inusitado. Los análisis demostraron que los dineros consignados eran retirados inmediatamente por intermediarios para sostener la estructura armada, y que el grupo guerrillero en ningún caso utilizó dineros de extorsiones para pagar deudas a un comerciante local."Para usted poder juzgar a alguien como coautor tiene que probar la existencia de un plan común, y eso fue precisamente lo que se termina desvirtuando. Tuvimos la presencia de excombatientes que pertenecieron al Frente 47 que uno por uno dijeron: 'No, a este señor no lo conocemos... nunca tuvo ninguna relación, no perteneció, no colaboró, ni siquiera lo podemos reconocer como un simpatizante'", explicó la abogada. Tras ser absuelto plenamente en 2026 y recuperar de manera integral sus derechos civiles y políticos, Javier Cadavid vive actualmente en una finca amplia, en la que disfruta del aire libre y la tranquilidad junto a su familia, comparando constantemente su entorno actual con los años que pasó confinado en la prisión.Pese a estar reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado desde hace más de 15 años, el grupo familiar señala no haber recibido reparaciones económicas por parte del Registro Único de Víctimas (RUV). En la actualidad, Cadavid y su equipo jurídico analizan la viabilidad legal de interponer acciones de reparación directa contra el Estado para demandar la indemnización por los severos perjuicios morales y materiales causados por el error judicial.Más allá de las acciones legales por venir, Cadavid enfatiza que su historia debe servir como un precedente para que los jueces e investigadores analicen a fondo las realidades de las comunidades rurales vulneradas por el conflicto armado antes de dictar condenas infundadas: "Es un cambio total, es como el renacer del fénix. Yo me siento tan libre estando solamente en esta casa que no tengo ni necesidad ni me provoca salir, porque afortunadamente vivo en una finquita, un sitio muy amplio... y cada rato recuerdo esa celda de tres por tres en la cual viví durante tanto tiempo"."Es una reflexión que debe tomar mucho en cuenta el Estado colombiano y la justicia: que miren a fondo siempre los asuntos relacionados con el conflicto. En Puerto Venus estuvimos como 12 o 15 años sin la fuerza pública, donde únicamente la fuerza eran las armas de las guerrillas. Cuando a una persona no la está protegiendo el Estado, ¿cómo la van a culpar? ¿Cómo le van a meter delitos que ni siquiera los investigan a fondo?", puntualizó Cadavid.NOTICIAS CARACOL
El expresidente Juan Manuel Santos criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la lentitud que ha tenido para entregar resultados a las víctimas del conflicto armado. Este alto tribunal se creó tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Dicho acuerdo estableció que la JEP está diseñada para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más. Sin embargo, el Nobel de Paz sostuvo que la jurisdicción “tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa JEP juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, cometidos por los exguerrilleros y militares durante el conflicto armado de medio siglo con la exguerrilla de las Farc. Sin embargo, en el Congreso de la República se debate un recorte presupuestal de 170.000 millones para 2027. "Con esa reducción de 170.000 que aprobaron realmente nos dejan inoperantes", dijo en una declaración en video Alejandro Ramelli, presidente del alto tribunal. "Lo que está de por medio no es el presupuesto", agregó, "esta es una discusión sobre los derechos fundamentales de las víctimas, sobre la verdad del país". (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea trasladar los fondos que serían recortados a la JEP en 2027 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", según el mandatario. Sin embargo, ha negado tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz.Sobre el recorte de presupuesto, Santos recordó que “la JEP es una parte fundamental del acuerdo y si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí las que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo así sea temporal”.“Hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”La JEP emitió sus primeras sentencias en septiembre de 2025. En virtud de esas determinaciones, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos jefes de la extinta guerrilla están cooperando en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto, según imágenes transmitidas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz.Respecto a estas decisiones, Santos expresó en la Universidad del Rosario, en medio de un foro sobre cooperación internacional, que “quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”. (Lea también: Alto comisionado de DDHH de ONU elogia esfuerzos de reparación a víctimas en Colombia)NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla. La Jurisdicción dio detalles sobre los hechos y lo que viene para los comparecientes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa decisión se toma en un contexto en el que el presupuesto de la JEP fue puesto en debate por una proposición de un congresista y en una semana que mostrará avances significativos del sistema de justicia transicional que surgió en 2016 después de los Acuerdos de Paz. La JEP adelantó que esta semana iniciar´na las primeras sanciones restaurativas, entre las que están incluidas las restricciones de liberta y derechos. “Las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto serán las principales beneficiarias de las actividades que obligatoriamente deberán llevar a cabo las personas condenadas”, detalla el tribunal. (Le recomendamos leer: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La decisión establece para ellos responsabilidad de mando, relacionada con no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, evitar y sancionar estos crímenes dentro de las estructuras que comandaban. Los procesados fueron alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”.¿Qué crímenes les imputó la JEP?De acuerdo con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cinco excomandantes fueron hallados responsables de los siguientes crímenes de lesa humanidad:Violación.Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.Persecución por motivos de género contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.Además, la JEP les imputó crímenes de guerra como violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal por la anticoncepción forzada practicada contra mujeres que pertenecían a las filas de la antigua guerrilla. Los crímenes se habrían cometido contra niñas y mujeres en casas, fincas, cuando estaban indefensas transitando caminos de la región como una forma de castigo. La Sala identificó un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra población civil y contra integrantes de las Farc-EP. Según la investigación, estas conductas fueron ejercidas en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona. En total, la Sala de Reconocimiento documentó 68 atribuidos a las Frc contra un total de 35 víctimas: 30 de ellas eran civiles y cinco eran de la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios de esta región, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca; así como en Florida, Valle del Cauca. (Lea también: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)La JEP explcó que estos casos de violencia sexual profujeron consecuencias como afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También hubo daños colectivos a las comunidades étnicas. La Sala, por ejemplo analizó que para el Pueblo Nasa “la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la 'Uma Kiwe', la Madre Tierra, y afecta a toda la comunidad. En pueblos afrodescendientes, estas conductas afectaron la espiritualidad, su organización social y sus prácticas culturales”.¿Qué viene para este caso y los cinco imputados?Los cinco excomandantes las extintas Farc-EP tiene 30 días hábilas para reconocer o no su responsbailiad en los hechos de los que se les señala y tendrán que responder los requerimientos de las víctimas. “Si reconocen su responsabilidad, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia. Si no reconocen, los casos podrán pasar a la UIA y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial”, explicó la Jurisdicción.Es el primer auto de la JEP dedicado a estas violencias en el Caso 05La decisión hace parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro de este caso y del primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género. Este es el macrocaso que tiene más víctimas acreditadas de la JEP: 461 víctimas individuales, dentro de las cuales hay 10 víctimas LGBTIQ+ y 207 víctimas colectivas que reúnen a más de 180.000 personas.Con esta decisión, la JEP identificó el patrón criminal número 10 dentro del Caso 05. La Sala ya había determinado otros patrones en dos decisiones anteriores. La investigación de la Jurisdicción busca establecer las responsabilidades por los hechos cometidos durante el conflicto armado en esta región y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estas conductas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la retención violenta contra una abogada que trabaja como defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP. Se trata de Sandra Mónica Herrera Gaviria, quien está vinculada al sistema de justicia transicional mediante el convenio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con el relato de la JEP, la abogada se encontraba atravesando el cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), para ir hasta La Plata (Huila). Luego, tenía proyectado ir hasta Florencia (Caquetá) para desarrollar sus labores de representación legal de los comparecientes de la JEP. (Le puede interesar: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El trayecto fue interrumpido cuando sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Herrera, que pertenece a la Unidad Nacional de Protección. Los ocupantes encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona. Posteriormente, los agresores se apropiaron del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos; como consecuencia, el esquema y la abogada quedaron incomunicados en el lugar.Este hecho de violencia fue antecedido por denuncias que hizo la abogada sobre presuntas amenazas que recibió en su contra. Por esa razón, la magistratura de la JEP le ordenó a la UNP que garantizara su seguridad mediante la asignación de un esquema de protección que fue efectuada el pasado 6 de mayo del presente año. (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La JEP rechazó el hecho de violencia y aseguró que este constituye un “acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial”. A sus declaraciones, la jurisdicción también agregó su rechazo categórico a “cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio”.“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura. La JEP exige al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia”.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, defendió este domingo el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 al considerar que los recursos del Estado deben priorizar la justicia ordinaria, que enfrenta congestión de procesos. "Mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos", afirmó el mandatario en X, donde respondió a las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien lanzó el viernes un "SOS" a la comunidad internacional por la reducción de 100.000 millones de pesos propuesta para el tribunal. De la Espriella señaló que la JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018 y detalló que para 2027 solicitó 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", sostuvo el mandatario, quien rechazó que cada peso no aprobado se presente como un "castigo" y defendió que el presupuesto debe definirse de acuerdo con los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos. El presidente también cuestionó la gestión administrativa de la JEP y reclamó explicaciones sobre cómo planifica y ejecuta sus recursos, así como sobre los resultados judiciales alcanzados. "Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", manifestó De la Espriella, quien negó que su Gobierno mantenga una política de venganza contra la jurisdicción.Durante la campaña presidencial, De la Espriella llegó a plantear la eliminación de la JEP y cuestionó el gasto de la jurisdicción, una medida que no puede ejecutar unilateralmente, pues el tribunal tiene rango constitucional y su existencia está vinculada al marco jurídico del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC.Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido en tan poco tiempo. Ramelli lanzó el "SOS" ante la propuesta que fue presentada por el senador Enrique Gómez y que plantea trasladar esos recursos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Según la jurisdicción, el recorte afectaría el 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones de pesos.Ante esta situación, Ramelli pidió a la comunidad internacional que contribuya a garantizar los recursos que considera indispensables para el funcionamiento de la JEP y advirtió sobre el impacto que tendría la medida en las labores de esa jurisdicción, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las extintas Farc.La JEP sostiene que ya arrastra un déficit acumulado de unos 26 millones de dólares y que el traslado propuesto dejaría sin financiación de otro 19,7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que, según el tribunal, pondría en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.También, asegura que otros 9,2 millones de dólares requeridos para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sus sedes quedarían comprometidos, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40 %, con posibles consecuencias para la reserva y seguridad de la información y la gestión digital de los procesos.La alerta de la JEP coincide además con el trámite en el Senado de una reforma constitucional que plantea someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de ese tribunal contra miembros de la fuerza pública. La jurisdicción considera que ambas iniciativas configuran una estrategia de presión económica y de sometimiento de sus decisiones a la Justicia Penal Militar, una interpretación que atribuye a la combinación de las dos propuestas.Por ello, la JEP anunció que informará de la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.NOTICIAS CARACOL*Con información de EFE
El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura. Desde la perspectiva del congresista, este dinero se destinaría para la creación de nuevos despachos o formalización de cargos en la planta de ese organismo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Sus indicadores de resultados son desastrosos”, mencionó Gómez Martínez sobre la JEP. Insistió, además, que mientras tanto los colombianos sufren porque la justicia ha quedado rezagada para atender cerca de 2.2 millones de procesos. Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella compartió el comunicado del congresista, agregando: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.Ante esta propuesta, la JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pidió que se garanticen los recursos indispensables para su operación. “La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes”, indicaron en un comunicado.En otro punto, la JEP indicó que en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.(Le recomendamos: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)Respecto a esta situación, manifestaron que “estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”.Finalmente, señalaron que la JEP pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.¿Qué dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP?En diálogo con Noticias Caracol, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, manifestó que esta reducción presupuestal deja “inoperante a la JEP”. Señaló que lo que están tramitando es una reducción de hasta 185.000 millones de pesos en total, por lo que hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que vean las implicaciones que tienen esas decisiones.“Están afectando el funcionamiento y entonces tocaría que trabaje cada uno en su casa”, señaló sobre el posible cierre de la sede. Explicó que le envío 190 páginas al senador Enrique Gómez respondiendo a un derecho petición. “Están todos los resultados de la JEP, que no son solo sentencias, sino denuncias, amnistías y resultados intangibles en términos de verdad”, explicó acerca de los 60 años de guerra que investiga el órgano.En cuanto a las críticas sobre el tiempo de investigación de la JEP, recordó que son casos macro y que ya hay sentencias en viarios de estos. Incluso planteó que hay 21.000 secuestros investigados. “Hemos sido más rápidos que la justicia ordinaria investigando esa cantidad de casos”, manifestó.También hizo énfasis en la reducción planteada por Gómez Martínez, indicando que la JEP quedaría “básicamente sin presupuesto”, anotando que habría que entregar la sede, no habría seguridad e incluso que “no habría forma de funcionar”. “Si quieren acabar la JEP, la están acabando con el presupuesto”, puntualizó.NOTICIAS CARACOL
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión a Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, en el marco del Caso 07, el cual investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.La JEP busca examinar la trayectoria y funciones desempeñadas por Ramírez, quien fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo jefe de las Farc, para determinar si su cercanía con la comandancia le otorgó un poder de facto o capacidad efectiva de influencia.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAdemás, se indagan sus posibles acciones, omisiones o conocimiento sobre los abusos cometidos contra menores dentro de la organización, incluyendo violencias sexuales y reproductivas. También se busca esclarecer responsabilidades ante tratos crueles, tortura y homicidio; violencias reproductivas; violencias sexuales; y violencia por prejuicio contra menores con orientaciones de género diversas.A propósito del tema, la magistrada Lily Rueda explicó, en entrevista con Noticias Caracol, que la JEP documentó la trayectoria de más de 30 años de Sandra Ramírez en las antiguas Farc, identificando que cumplió labores de comunicación, radioperadora, documentación e información entre Manuel Marulanda y los mandos de bloque. "Es una oportunidad de esclarecimiento, para la verdad y el aporte de las víctimas", detalló Rueda.Rueda resaltó que este rol se dio también en el marco de la cercanía personal que mantenía con el máximo dirigente y fundador de la guerrilla. A partir de las funciones identificadas y los señalamientos de víctimas, la Sala formuló una hipótesis para indagar si Ramírez ejerció un poder de facto sobre otros integrantes y cuál fue su alcance, especialmente respecto a las violencias de género sufridas por niñas en las filas.La magistrada definió la versión como una oportunidad de esclarecimiento, aporte a la verdad y participación garantizada tanto para las víctimas como para la compareciente. En la diligencia se le presentarán testimonios y relatos de víctimas que la señalan por presuntas acciones u omisiones, con el fin de escuchar su versión sobre los hechos y su trayectoria.Recordó que Ramírez firmó un acta de compromiso con la JEP, por lo que tiene la obligación procesal de asistir y aportar verdad. La magistrada Rueda aclaró que aportar verdad no implica necesariamente un reconocimiento de responsabilidad, sino dar su versión informada sobre los fenómenos investigados. Dicha diligencia está convocada para el 4 de noviembre.NOTICIAS CARACOL
La salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras solo 76 días en el cargo, se ha convertido en el símbolo de un punto de quiebre dentro de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La imagen de Lara revisando su teléfono celular en la plenaria del Senado, para luego organizar sus documentos, suspirar y abandonar el recinto, precedió por apenas 33 minutos al trino presidencial que hizo oficial su retiro de la cartera política.El retiro del funcionario más visible del Gobierno se produjo en medio de fuertes turbulencias en el Congreso. Aunque Lara sostuvo públicamente que las bancadas estaban garantizadas y los votos asegurados, su gestión se vio afectada por reveses parlamentarios como la pérdida de la presidencia del Senado, retrasos en la agenda legislativa y el hundimiento del proyecto de presupuesto para 2027 por un error en un artículo, hecho que obligó al ejecutivo a expedirlo vía decreto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAA estos tropiezos se sumaron cuestionamientos por contrataciones internas, como la llegada del exmagistrado Altus Baquero, roces con el estratega presidencial Carlos Suárez y denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos.El relevo en el Ministerio del Interior fue inmediato: el gobierno designó al exprocurador y exembajador ante la OEA Alejandro Ordóñez. La llegada de una figura de marcada trayectoria conservadora evidenció un giro ideológico hacia el endurecimiento del gabinete, dejando atrás el perfil liberal de Lara, quien buscaba articular mayorías mediante consensos.Funcionarios que han salido del gobierno de Abelardo de la EspriellaLa partida del jefe de la cartera política no es un hecho aislado, sino el episodio más reciente de una rotación acelerada de altos funcionarios. En solo 2 meses y 15 días de gestión, se contabilizan al menos siete salidas en el alto gobierno:Rodrigo Lara Restrepo (Ministerio del Interior): salió del cargo a los 76 días tras reveses legislativos, diferencias de fondo con el entorno presidencial y cuestionamientos sobre la contratación en su entidad.Viviane Morales (Ministerio de Educación): fue la primera ministra en dimitir, argumentando motivos estrictamente personales. En su reemplazo asumió Ilva Myriam Hoyos, una figura de corte marcadamente conservador.Ricardo Valencia (DANE): el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística fue declarado insubsistente a las tres semanas de haberse posesionado.Carlos René Montoya (Colpensiones): permaneció solo 30 días en la presidencia de la entidad pensional; se le solicitó la renuncia tras su intervención en un debate de control político en el Senado.Germán Miranda (Dirección Nacional de Bomberos): el capitán fue declarado insubsistente como director nacional luego de denuncias por presuntas anomalías graves en la contratación.Magda Yolima Maya (Secretaría General del MINTIC): presentó su renuncia a los pocos días de asumir el cargo dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Hannia Escobar (Ministerio de Salud): dimitió como directora del área de Medicamentos y Tecnologías en Salud en el mes de agosto, contando con escasos días de permanencia en la dirección.Esta inestabilidad en el gabinete ha generado un amplio análisis entre especialistas en política nacional. Para analistas como Pedro Viveros, estos movimientos responden a una búsqueda del presidente por rodearse de personas que interpreten de forma directa su discurso conservador duro, asociado al denominado "abelardismo" o "defensores de la patria", marcando distancia con figuras de formación más liberal o moderada.Por su parte, el analista Gabriel Cifuentes señala que en estas salidas se percibe un hilo conductor centrado en la exigencia de una lealtad absoluta hacia el proyecto político y en una estricta separación de personas vinculadas a administraciones anteriores. Varios de los retiros se desencadenaron tras reparos de sectores afines al gobierno que cuestionaban la presencia de funcionarios relacionados con mandatos pasados.Aunque desde el sector oficial se resalta la trayectoria jurídica de nuevos nombres como Alejandro Ordóñez para encarar los debates en el Congreso, la constante rotación de ministros y directores plantea interrogantes sobre los tiempos de empalme y el margen de maniobra para tramitar iniciativas clave, como la ley de rescate económico y la ley de sometimiento.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento del célebre actor estadounidense Tom Skerritt a los 93 años de edad. Su muerte ocurrió el pasado miércoles 21 de octubre por causas naturales en Palermo, Argentina, según confirmaron sus familiares a medios especializados estadounidenses como The Hollywood Reporter. La familia del intérprete enfatizó que Skerritt no padecía enfermedades degenerativas y que su deceso se produjo de manera apacible.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa triste noticia fue dada a conocer públicamente el jueves 22 de octubre de 2026 a través de un emotivo comunicado difundido por su círculo más cercano. En la declaración oficial, sus allegados compartieron unas sentidas palabras sobre la dimensión personal del artista:“Mientras el mundo conocía a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocíamos por su sentido del humor, su curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio, los veteranos, el mundo natural y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”.¿Quién era Tom Skerritt?Nacido bajo el nombre de Thomas Roy Skerritt, el actor creció en el seno de una familia de clase media en Detroit, donde su padre era un pequeño empresario y su madre se dedicaba al hogar. Durante su juventud, sirvió durante cuatro años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de encarar su formación académica. Tras realizar estudios en la Wayne State University, ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para especializarse en cine, fascinado e inspirado por una proyección de la película 'Citizen Kane'.Su debut en la gran pantalla se produjo en 1962 con la película independiente sobre la Guerra de Corea War Hunt, realizada con un presupuesto de tan solo 250,000 dólares. Dicha producción resultó histórica, ya que también marcó los debuts cinematográficos de futuras leyendas como Robert Redford, Sydney Pollack y Francis Ford Coppola. Aunque Skerritt y Redford compitieron inicialmente por el mismo papel protagónico, la experiencia forjó entre ambos una sólida amistad que perduró durante toda su vida. Décadas más tarde, Redford lo dirigió en la aclamada cinta 'A River Runs Through It' (1992), donde Skerritt interpretó al reverendo John Maclean.A lo largo de más de 60 años de carrera, Tom Skerritt se consolidó como uno de los actores más versátiles y reconocidos de Hollywood, caracterizado por encarnar a personajes de autoridad serios, sabios y reflexivos. Su primer gran salto a la fama internacional ocurrió con la sátira bélica 'MASH' (1970), dirigida por Robert Altman, la cual le abrió las puertas a producciones de gran envergadura. Entre sus papeles más icónicos en el cine destacan el capitán Dallas en 'Alien' (1979) y el inolvidable Comandante Mike 'Viper' Metcalf (1986).También participó en títulos aclamados como 'The Turning Point' (1977) —donde recibió el reconocimiento del National Board of Review—, 'The Dead Zone' (1983), 'Poltergeist III' (1988), 'Steel Magnolias' (1989) junto a Sally Field, 'Contact' (1997) al lado de Jodie Foster, 'Lágrimas del Sol' (2003) y la comedia 'Ted' (2012). Skerritt fue nominado en dos ocasiones al premio Emmy, obteniendo el galardón como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 1993.Al momento de su fallecimiento, a Tom Skerritt le sobrevivían su tercera esposa, Julie Tokashiki, y sus cinco hijos, quienes junto a millones de fanáticos alrededor del globo despiden a una auténtica leyenda de la era dorada del cine contemporáneo.MARÍA PAULA GONZÁLEZPERIODISTA DIGITALmpgonzal@caracoltv.com.co
Rodrigo Lara envió su carta de renuncia como ministro del Interior al presidente Abelardo de la Espriella, tras el anuncio de su salida que fue publicado en redes sociales este 21 de octubre. Sin exponer razones, pero sí agradecimientos, el mandatario dio a conocer este jueves que el sucesor de Lara es Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la OEA.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAPara oficializar su salida de la cartera, Lara remitió un documento de nueve folios dirigido a De la Espriella para presentar su renuncia de manera “voluntaria”. En él, dio algunas palabras, pero también dejó constancia de los resultados que tuvo durante su paso de solo 76 días.En la noche del miércoles 21, Lara fue visto en el Senado de la República cuando se debatía la ley de sometimiento. Media hora antes de que se publicara el trino anunciando su salida, el ministro fue visto tomando sus pertenencias y saliendo del recinto. A las 8:43 p. m., el país conoció este remezón ministerial."Hoy presenté mi renuncia como Ministro del Interior, luego de que me fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño. Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella la confianza y el honor de haberme permitido servir a Colombia. En apenas 76 días logramos 10 grandes resultados. Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad. A mi sucesor, el Dr. Ordóñez, le deseo éxitos y toda mi disposición para un empalme ordenado", dijo Lara en sus redes.¿Qué dijo Rodrigo Lara en su renuncia?En la carta, Lara manifiesta que presenta su dimisión de manera “libre, voluntaria e irrevocable, al cargo de Ministro del Interior, para el cual tuvo a bien designarme, con efectos a partir de la fecha en que sea aceptada”. Cabe decir que, mientras Ordóñez llega para asumir el puesto, el ministro Iván Cancino será el encargado de continuar con la agenda dentro de la entidad.El ministro saliente expresó su “profundo agradecimiento” por la confianza que depositó el presidente en él para tener esta responsabilidad. “Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor, y me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo comprometido con las instituciones, con los territorios y con la seguridad y la convivencia de los colombianos”.Asimismo, Lara se puso a disposición del jefe de Estado y de quien sea designado para sucederlo (Ordóñez), para llevar a cabo el proceso de empalme y entregar de manera oportuna la información sobre los asuntos en curso del Ministerio, “de modo que se garantice la continuidad de su gestión y de los compromisos adquiridos con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía”.Y es que el Gobierno nacional tiene iniciativas, como la ley de sometimiento, pendientes por tramitar en las dos cámaras parlamentarias, además de otros procesos en territorio, así como la firma del Presupuesto Nacional para 2027, que finalmente saldrá vía decreto después de que se evidenciara un vicio de trámite. A este le correspondía revisarlo al Ministerio del Interior para asegurarse de que el proyecto saliera igual tanto en Cámara como en Senado, dos cámaras con las que se relaciona la cartera.De la Espriella ni nadie dentro del Gobierno explicaron los motivos detrás de la destitución de Lara. No obstante, su salida de la cartera coincide con las dificultades que ha enfrentado la administración para armar una coalición en el Congreso que permita tramitar con más facilidad las iniciativas legislativas.¿Qué afirma Lara que hizo durante su paso como ministro del Interior?A Rodrigo Lara le correspondió estar al frente de la atención de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, así como la oleada de incendios que asediaron al departamento de Tolima y al de Villa de Leyva. En la carta, Lara aseguró que suprimió 557 contratos de prestación de servicios de supuestos contratistas fantasmas. También habló sobre la contratación de un equipo de auditoría forense para revisar presuntas irregularidades en contrataciones.Lara mencionó que en su paso pudo reformar el decreto de protesta social: “Con él, el Gobierno nacional acuñó un principio: ni un derecho menos para quienes protestan, ni un espacio más para los violentos”. También se refirió a las acciones que adelantó en materia de seguridad y orden público, como reuniones con alcaldes de regiones como Catatumbo, Aguachica, Santa Rosa del Sur, Neiva y Riohacha.La agenda legislativa que queda tras la salida de Rodrigo LaraActo legislativo de transparencia legislativa (conocido como ‘ley antimermelada’): ya fue radicado en el Congreso con el fin de generar un cambio profundo y transparente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.Estatuto antiterrorista: es una herramienta para enfrentar la criminalidad que está compuesta por dos leyes: una ley estatutaria, que se encuentra lista para ser radicada, y una ley ordinaria, cuyos últimos artículos estaban programados para ser revisados con el equipo jurídico de la Presidencia. El estatuto pretende atacar las finanzas de organizaciones terroristas mediante la trazabilidad de minerales, la regulación de activos virtuales y restricciones al efectivo. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, la UNODC y la asistencia técnica acordada con la ONU, a través de Alexandre Zouev.Ley de sometimiento: obtuvo una rápida aprobación en su primer debate.Acto legislativo de Barranquilla Capital Alterna: está listo para ser radicado. Para su impulso, se tenía previsto un desayuno de trabajo con la bancada Caribe del Congreso.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El resultado de Super Astro Sol correspondiente a este jueves 22 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Este juego, regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S. A., se diferencia de otros chances porque combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco.Resultado de Super Astro Sol hoy, 22 de octubre de 2026Los datos del sorteo de este jueves se actualizarán una vez se conozca la combinación oficial:Número ganador: pendiente.Signo zodiacal: pendiente.Con estos datos, los jugadores podrán revisar sus comprobantes y verificar si lograron algún acierto dentro de las modalidades autorizadas por este juego de suerte y azar. Para aspirar al premio principal, es necesario acertar las cuatro cifras en el orden exacto y coincidir con el signo ganador anunciado en el sorteo.Este producto tiene cobertura nacional y se ha consolidado como uno de los juegos consultados en Colombia gracias a una mecánica diferente a la de los sorteos convencionales. Los participantes pueden escoger cualquier combinación entre 0000 y 9999 y acompañarla con uno de los doce signos disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.El sorteo de Astro Sol se realiza habitualmente en la tarde, mientras que Astro Luna se desarrolla en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar en dos emisiones independientes.El plan de premios contempla pagos para quienes aciertan distintas combinaciones. Según la información de referencia, acertar las cuatro cifras y el signo puede generar premios de hasta 42.000 veces el valor apostado. También existen reconocimientos para quienes coinciden con tres cifras y signo o con dos cifras y signo, de acuerdo con las condiciones del juego.Otro aspecto de Super Astro Sol es que el valor de la apuesta puede ajustarse dentro de los límites autorizados. Además, existe la modalidad denominada «Todos los Signos», en la que el mismo número participa simultáneamente con las doce opciones zodiacales disponibles.La combinación ganadora debe verificarse en los canales oficiales del operador antes de confirmar un premio.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.
Las dos niñas que habían sido reportadas como desaparecidas en Bogotá fueron encontradas y ya están con sus familias, luego de varios días de búsqueda. Las menores, conocidas como Nicol Dayana Trejos Pérez y Luz Maileth Urueña Sánchez, fueron ubicadas en una estación de Policía de Patio Bonito, en el suroccidente de la ciudad, donde se produjo el reencuentro con sus padres. El caso había generado preocupación desde el pasado viernes 16 de octubre, cuando se reportó la desaparición de las estudiantes en la localidad de Kennedy. Tras conocerse la situación, se activaron los mecanismos de búsqueda y la Alerta Rosa para intentar establecer su paradero.De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las niñas fueron localizadas inicialmente en la localidad de Usme. Posteriormente, llegaron a una estación de Policía en Patio Bonito, donde se reencontraron con sus padres. Ahora, ambas serán trasladadas a un centro médico para recibir una valoración. Este procedimiento también hace parte de las actuaciones previstas para garantizar el restablecimiento de sus derechos, mientras las autoridades avanzan en las verificaciones correspondientes.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Secretaría de Educación de Bogotá se había pronunciado por la desapariciónLas dos estudiantes desaparecieron el viernes 16 de octubre, luego de salir de un colegio distrital ubicado en Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, Bogotá. Según el relato de sus familiares, un joven habría retirado a ambas menores de la institución en momentos distintos, con cerca de 40 minutos de diferencia, haciéndose pasar por hermano de las dos. Una de las madres aseguró que, cuando llegó al colegio para recoger a su hija, le informaron que ya había sido entregada a un supuesto familiar.De acuerdo con información conocida por El Espectador, el joven, de aproximadamente 14 años y quien estudiaría en el mismo colegio, ya fue ubicado por las autoridades, que adelantaron el restablecimiento de sus derechos. Sin embargo, en ese momento no se conocía el paradero de las dos estudiantes. La Secretaría de Educación abrió una investigación para determinar si la institución cumplió los protocolos de seguridad y verificó la identidad de la persona que autorizó la salida de las menores.¿Como reportar a una persona desaparecida en Bogotá?Según la Secretaría de Convivencia y Justicia de la ciudad, el reporte de desaparición de cualquier persona debe realizarse de inmediato a través de la Línea 123, sin necesidad de esperar 72 horas para alertar a las autoridades. En estos casos, las tres primeras horas son decisivas para lograr una localización efectiva de la persona cuyo paradero se desconozca. Estas son las recomendaciones:Una vez la persona aparezca, reportarlo también a la Línea 123. De esta manera, los recursos podrán ser redirigidos a otra atención que requiera la misma importancia. Además, la información sobre los motivos de la desaparición es vital para identificar factores de riesgo, conocer con mayor profundidad este fenómeno y orientar los esfuerzos para evitar situaciones de esta magnitud.No compartir números de contacto personales en los boletines de búsqueda que se utilizan cuando se solicita la colaboración ciudadana a través de redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar estas situaciones para llamar, engañar e intentar estafar a los familiares, aprovechándose de su angustia y preocupación. Por ello, en este tipo de boletines se recomienda indicar que cualquier información sea suministrada a la Línea 123.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
