El programa Los Informantes de Caracol Televisión fue distinguido en la más reciente entrega de los Premios de Periodismo Simón Bolívar. La directora del informativo dominical María Elvira Arango y la productora Silvia Santamaría recibieron el prestigioso galardón en la categoría de Mejor Entrevista en Televisión por la historia titulada 'Una jueza valiente'.Al recibir el reconocimiento, María Elvira Arango señaló: "El premio Simón Bolívar es un honor, un gran reconocimiento y una responsabilidad enorme. Lo recibo a nombre de todo el equipo de Los Informantes, son los mejores: gracias por el apoyo, el cariño y el trabajo serio".La investigación judicial que expuso el paramilitarismo en ColombiaEl informe premiado cuenta la labor de Martha Lucía González, quien a sus 29 años asumió como Jueza Segunda de Orden Público durante el mandato del presidente Virgilio Barco. A los tres días de su posesión, debió investigar la masacre de 42 personas en las fincas Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia, y posteriormente la masacre de Mejor Esquina, en Córdoba.Sobre su motivación para asumir los despachos en esa época de violencia, González relató: "No, no tuve miedo. Tenía ganas de hacer algo. Yo escuchaba que los jueces no hacen nada, que los jueces no trabajan. Yo decía: 'Yo voy a trabajar y voy a mostrar, voy a hacerlo bien'". A partir de interrogatorios, la funcionaria vinculó a miembros del Batallón Voltígeros y descubrió la red de adiestramiento paramilitar en el Magdalena Medio, financiada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.Amenazas, atentados y el impacto del exilioTras expedir órdenes de captura contra los capos del narcotráfico, jefes paramilitares y oficiales implicados, la jueza recibió constantes amenazas. Ante el riesgo contra su vida, el Gobierno dispuso su traslado al exterior como cónsul en Indonesia. Como represalia, la red criminal perpetró un atentado en Bogotá en el que fue asesinado su padre, el abogado Álvaro González Santana.Al recordar el hecho, González manifestó: "A mí no me pudieron matar porque me sacaron al exilio como cónsul de Colombia en Indonesia. Entonces como no pudieron atentar contra mí se desquitaron con mi papá. Me mataron en vida". Tras cuatro décadas de exilio, durante una breve visita a Colombia para un homenaje la jueza dio esta entrevista a Los Informantes.Todos los Premios Simón Bolívar ganados por Caracol TelevisiónEsta distinción formó parte de un total de cuatro Premios de Periodismo Simón Bolívar entregados a Caracol Televisión. La lista completa de galardones obtenidos por esta casa periodística:1. Mejor Entrevista en Televisión: Otorgado a Los Informantes (María Elvira Arango y Silvia Santamaría) por el reportaje 'Una jueza valiente'.2. Mejor Investigación en Video: Obtenido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol (Ricardo Calderón y Johanna Álvarez) por el trabajo 'Los archivos secretos de Calarcá'.3. Mejor Noticia en Video: Concedido a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por 'Los espías colombianos de Putin'.4. Mejor Noticia en Audio: Ganado por Blu Radio (liderado por Ricardo Ospina y un equipo de 16 periodistas) por el cubrimiento de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
Hay alerta por la seguridad vial en las carreteras colombianas debido a la manipulación celulares mientras se conduce. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el porcentaje de conductores distraídos por el uso de celulares en vehículos livianos aumentó, pasando de representar un 11 % en el año 2022 a un 25,03 % en 2026. Esta creciente imprudencia estaría siendo una de las causas más recurrentes de siniestralidad y fallecimientos en el país. Séptimo Día investigó.Los especialistas consultados por el programa de Caracol Televisión señalaron que el uso del teléfono al manejar desencadena cuatro clases de distracción: visual, motora, auditiva y cognitiva. Al desviar la atención hacia la pantalla o atender una llamada, la capacidad de reacción del conductor disminuye drásticamente ante cualquier eventualidad sobre la vía. Si bien las normas de tránsito en Colombia sancionan esta conducta con comparendos y multas económicas, las autoridades de tránsito reconocen la complejidad técnica para sorprender a los infractores en flagrancia o certificar que esta sea la causa exacta de un siniestro.Trágico antecedente de Kbeto Zuleta en 2023Para esta investigación, Séptimo Día se reunió con el cantante vallenato Kbeto Zuleta dos días antes del siniestro en el que perdió una pierna, y habló con él y su equipo de un angustioso momento que habían vivido el 9 de enero de 2023. En aquella fecha, el bus en el que se movilizaba la agrupación tras cumplir compromisos musicales en Santander se vio involucrado en un choque fatal en inmediaciones del municipio de Codazzi, Cesar. En ese caso, un motociclista que manipulaba su teléfono celular perdió la vida.Esteban Bolaño, manager de la agrupación y testigo de lo sucedido dentro del automotor, detalló en Séptimo Día cómo, según él, ocurrió la imprudencia del conductor de la moto: "El señor venía hablando por celular, manejando con el celular aquí (entre el hombro y su oreja) …Él gira, saca la moto... El chófer del bus le pita para que tenga precaución, pero el señor como que se aturdió y en vez de frenar lo que hizo fue acelerar".Los vehículos chocaron, la cabeza del motociclista, que no llevaba casco, golpeó el panorámico del bus y el hombre terminó debajo del vehículo de pasajeros, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.En este hecho, varios integrantes del grupo sufrieron contusiones y heridas menores por la ruptura de cristales. Reflexionando sobre el hecho, Bolaño sostuvo: "hubo una persona fallecida. A veces uno no tiene la culpa, la tiene la culpa la otra persona. Ya es una lección de vida que uno aprende o aprende". Por su parte, Kbeto Zuleta valoró haber salido ileso de aquel impacto y expresó: "Dios es tan grande que me salvó de esa mala hora". Y el cantante también aprovechó para dejar una reflexión: "gracias a Dios nunca en mi vida me ha pasado nada. Es un llamado de atención para toda la gente, incluido yo". Ante el riesgo inminente al que se exponen miles de conductores en las carreteras, Zuleta instó a crear conciencia masiva manifestando: "Sería bueno hacer una campaña que nos ayude a concientizarnos, una campaña bien fuerte a nivel nacional".Nuevo siniestro Kbeto ZuletaDos días después de conceder la entrevista a Séptimo Día, Kbeto Zuleta y los integrantes de su conjunto sufrieron otro grave accidente de tránsito mientras transitaban por las carreteras del Cesar, cerca del municipio de Bosconia. El choque dejó un saldo trágico con la muerte de tres colaboradores de su agrupación musical y mantuvo al cantante vallenato en delicado estado de salud; perdió una pierna.Frente a la gravedad de este nuevo siniestro cuyas causas permanecen bajo investigación oficial, Séptimo Día extiende un mensaje de solidaridad, pronta recuperación y apoyo para Kbeto Zuleta y los músicos heridos, expresando también sentidas condolencias a las familias de los integrantes fallecidos en las vías.El debate por endurecer las penasEn la actualidad, el Código Nacional de Tránsito cataloga estos accidentes mayoritariamente como eventos involuntarios u homicidios culposos en caso de víctimas mortales, imponiendo sanciones predominantemente monetarias.Sin embargo, voces parlamentarias y representantes de víctimas piden modificar drásticamente el marco legal vigente. Autoridades y analistas concluyen que sin leyes contundentes ni herramientas efectivas de fotodetección en las vías, la manipulación de pantallas al volante continuará cobrando vidas inocentes en el territorio nacional.
Desde 2008, después de la liquidación de DMG se han repartido más de 500 bienes entre 194 mil afectados y, según la agente liquidadora, faltan por adjudicar menos de 10 predios. Sin embargo, lo que debía ser una reparación terminó siendo un dolor de cabeza para quienes alguna vez invirtieron en esta pirámide. Los Informantes conoció historias de deudas increíbles.Cuando a Juan Carlos Suárez su contador lo llamó para hablar de la declaración de renta y le preguntó si había comprado tres inmuebles, uno en Unicentro, Bogotá, y dos lotes en el Atlántico, supo que algo muy extraño estaba pasando. Tras revisar su información tributaria, se enteró de que invertir en DMG y comprar un computador hace 18 años seguía pasándole factura.A este hombre le adjudicaron 2 lotes y un apartamento del que solo es dueño de 15x15 centímetros, ni si quiera una baldosa de tamaño promedio, pues son 4.290 personas las propietarias de este mismo predio que, además, debe impuestos.María Mercedes Perry, agente liquidadora de DMG, explicó en Los Informantes que “la reglamentación para esta clase de procesos indica que cuando un bien que es de la entidad en liquidación está para la venta y no se puede vender dentro de los dos meses siguientes a los que se aprueba su inventario se debe adjudicar entre los afectados”. Por ello, la cantidad de propietarios de este apartamento.¿Qué era DMG y qué pasó?DMG era la pirámide de David Murcia Guzmán, una de las mayores captadoras ilegales de dinero en la historia de Colombia. A quienes invertían en esa pirámide les prometían triplicar los ingresos a los 6 meses, aumentar las ganancias por cada referido que llevara y les entregaban una tarjeta con la que podían comprar televisores, neveras, lavadoras y todo tipo de electrodomésticos o muebles que vendía el mismo conglomerado, era un negocio redondo.El 17 de noviembre de 2008 DMG fue intervenida y, luego, Los afectados fueron citados en El Campín para entregarles un poco más de 200 mil pesos de la venta de algunos de los bienes de David Murcia Guzmán y de sus socios. Al acreditarse como afectados, los nombres fueron incluidos en la lista de repartición de los bienes que no lograron venderse y quienes no quisieran recibir nada debían avisar los días siguientes a la adjudicación, aunque pocos lo supieron.El apartamento con más dueñosJustamente, Los Informantes conoció la historia de Juan Carlos, uno de los 4.290 dueños de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá. La solución al problema de tantas personas sería que un copropietario encontrara a todos los demás y le comprara a cada uno su parte, el 0.023%. Una misión casi imposible.Y el dolor de cabeza es cada vez mayor, pues por el pedazo del predio que tiene a su nombre en Bogotá, avaluada en 160 mil pesos, Juan Carlos debe aproximadamente 1 millón de pesos de impuestos, sanciones e intereses.“No me siento reparado, me siento frustrado, muy aburrido con todo eso”, enfatizó Juan Carlos en Los Informantes.También hay historias de quienes tienen propiedades compartidas en Girardot o hasta en la última calle del suroriente de Bogotá.Entre tanto, David Murcia paga una pena de 22 años de cárcel por lavado de activos y captación ilegal de dinero.
La búsqueda de Yulixa Toloza, quien desapareció tras realizarse un procedimiento en el barrio Venecia de Bogotá, culminó con su hallazgo sin vida en Cundinamarca. Los tres señalados cayeron en Venezuela, pero la ley frena su entrega a Colombia. Séptimo Día investigó.¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?El 13 de mayo de 2026, Yulixa Toloza, comerciante de 51 años de la localidad de Bosa, ingresó a un establecimiento de estética llamado Beauty Láser en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, para someterse a un procedimiento quirúrgico. Sus allegados recordaron su trayectoria y su carácter. Su sobrina, Ana Bareño, expresó: "Mi tía era un alma libre, un alma feliz. Siempre ella estuvo dispuesta a enfrentar los desafíos con una sonrisa", dijo.Horas después de la intervención, la persona que la acompañaba no volvió a tener contacto con ella. El intendente Luis Alejandro González, integrante del grupo de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó la información entregada por la testigo: "La señora María nos decía, 'No, mi amiga, ella ya no estaba bien. Mi amiga estaba era literal como agonizando'".Ante la falta de informaciónde la mujer, miembros de la Policía ingresaron al inmueble y corroboraron que el lugar no contaba con los permisos de la Secretaría de Salud. A través de cámaras de seguridad del establecimiento se observó la salida de la paciente cerca de las siete de la noche. Respecto a las imágenes obtenidas, el intendente González afirmó: "Para nosotros o iba inconsciente o iba sin vida, pero ella no era realmente la que dirigía sus movimientos. A ella la llevaban arrastrando".El hallazgo en Cundinamarca y el dictamen médicoLas investigaciones permitieron rastrear la ruta del vehículo en el que fue movilizada la víctima desde Bogotá hacia el municipio de Apulo, Cundinamarca, y posteriormente el desplazamiento del carro hacia la ciudad de Cúcuta. En esa zona fronteriza, la Policía colombiana detuvo a dos ciudadanos encargados de ocultar el vehículo. Por su parte, los tres principales sospechosos, una enfermera, su esposo y un supuesto médico, cruzaron hacia territorio venezolano.El 19 de mayo de 2026, las autoridades de Venezuela notificaron la localización y aprehensión de estas tres personas. Tras las capturas, los procesados suministraron coordenadas que orientaron las labores de búsqueda en el departamento de Cundinamarca. Las autoridades ubicaron el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza a un costado de una vía en zona rural de Apulo.El abogado de la familia, Juan Camilo Caicedo, detalló las conclusiones médicas sobre la causa de la muerte: "Con la cánula que hacen la extracción de grasa del cuerpo, un fragmento de grasa se fue al torrente sanguíneo y de allí pasó a los pulmones generando ese tromboembolismo graso, que fue lo que terminó llevando a la muerte a la señora Yulixa". El mismo abogado afirmó: "Aquí lo que vemos es que ellos deliberadamente dejaron morir a la señora Yulixa y ellos sabían que ese procedimiento médico no se estaba llevando a cabo con las condiciones adecuadas". De igual manera, se estableció que el profesional a cargo del procedimiento carecía de homologación o especialización en cirugía en Colombia.Lo que ha pasado con lo señalados Aunque las órdenes de captura internacionales fueron emitidas y ejecutadas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de forma tajante la prohibición de extraditar a sus ciudadanos nacidos en dicho país. Esta disposición impide el traslado de los procesados a territorio colombiano para ser juzgados bajo las leyes locales. Según, el abogado Miguel Ángel Ruiz, los presuntos responsables enfrentarían cargos por "el más grave que es el delito de desaparición forzada, el homicidio agravado y la tortura".La familia de la víctima insiste en la necesidad de que el proceso sea llevado en el lugar donde ocurrieron los hechos. En ese sentido, Ana Barreño manifestó: "Si el crimen, si los actos fueron cometidos en Colombia que respondan ante la ley donde esos actos fueron cometidos".
La cifra de víctimas de falsos positivos aumenta conforme avanzan las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre casos ocurridos de 2016 para atrás en el marco del conflicto armado. La Jurisdicción sumó 124 víctimas al registro investigativo. La cifra pasó de 7.837 a 7.961 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que ha documentado el Grupo de Análisis de la Información. Cada una de estas casi 8.000 personas asesinadas entre 1990 y 2016 tiene un nombre propio y ha estado en bases de datos oficiales y no gubernamentales.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl cambio en los números se conoció después de que la JEP vinculara a 10 generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008. Entre ellos figuran los nombres de Mario Montoya Uribe y Luis Roberto Pico, quienes no aceptaron los cargos imputados por el sistema de justicia transicional.La investigación a cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de diversas unidades militares ocurrieron a lo largo de todo el país como parte de un patrón de conducta sistemático y generalizado que causó miles de víctimas. Solo entre enero de 2002 y diciembre de 2008, seis años, 2.702 civiles fueron asesinados para ser presentados como supuestas bajas en combate. Solo 44 personas sobrevivieron.Los expedientes contra otros tres oficiales retirados —dos generales y un mayor general— fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) después de que los comparecientes manifestaran que no reconocían responsabilidad en los hechos de los que se les señala.¿Qué significa este avance para la JEP?Con esto, la Sala encargada cierra la etapa de investigación en el esclarecimiento de responsabilidades del Caso 03 a nivel nacional, que justamente investiga los asesinatos y desapariciones forzadas. El 76 % de los casos de falsos positivos ocurrieron entre 2005 y 2008, según recogen los datos oficiales de la Jurisdicción, que documentó 2.077 ejecuciones extrajudiciales en este periodo.“La investigación del Caso 03 permitió establecer que estas prácticas, inicialmente asociadas a factores como la estigmatización contrainsurgente, las relaciones de connivencia con estructuras paramilitares y las presiones por obtener resultados operacionales, experimentaron una transformación progresiva. Entre 2005 y 2008, esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional. Así, las prácticas criminales se expandieron y reprodujeron a escala nacional, articuladas en torno a una finalidad común: asesinar a personas protegidas y presentarlas ilegítimamente como bajas en combate para aparentar resultados militares exitosos”, explicó la JEP en un comunicado.El cierre del caso coincide con el hundimiento del proyecto de acto legislativo que buscaba terminar con las actividades de la JEP antes de tiempo, ya que la propuesta planteaba que la Jurisdicción finalizara en marzo de 2028, quitándole los cinco años adicionales que le concedía el Acto Legislativo 01 de 2017, una vez pasaran 10 años de la creación de la justicia transicional, para que iniciaran los juicios. María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El proyecto que planteaba un fin anticipado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se hunde en el Congreso de la República cuando la idea llegó a debate en plenaria del Senado. La Comisión Primera de la Cámara Alta ya le había dado luz verde a la iniciativa en primer debate el pasado 28 de octubre. Desde que pasó esta fase, la justicia especial advirtió los riesgos que este proyecto podía representar para las víctimas que buscan verdad, justicia y reparación tras el Acuerdo de Paz.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALas posiciones dentro del Congreso sobre el fin de la JEPEl senador ponente de la iniciativa, Enrique Gómez, confirmó que el proyecto se cayó en plenaria después de que los congresistas de la oposición salieran del recinto y rompieran el cuórum. “Hoy le huyeron descaradamente en la plenaria del Senado y tumbaron la sesión con tal de no discutir el Proyecto de Acto Legislativo que busca cerrar la JEP en 2028”, dijo Gómez en sus redes sociales, quien continúa en su posición de críticas contra la Jurisdicción.El congresista Ariel Ávila afirmó que senadores del Pacto Histórico, Alianza Verde y otros partidos rompieron el quórum “para salvar la JEP y que el país pueda conocer quiénes financiaron grupos ilegales”. Ávila recordó que en su momento intentó recusar al senador Gómez por un supuesto "interés familiar” por un caso que la Jurisdicción estaría investigando. El senador de Alianza Verde señaló que romper el cuórum es un “acto legítimo” que se ha hecho “muchas veces” en el Capitolio Nacional en discusiones de proyectos.¿Qué va a pasar con la JEP tras hundimiento del proyecto?Así las cosas, el texto que pretendía acortar el tiempo de existencia de la JEP se hunde entre las discusiones dentro del Congreso. Y es que, por normativa, debía atravesar ocho debates entre Cámara y Senado. El tiempo límite para que el proyecto pasara por cuatro debates vence este 16 de diciembre. Los tiempos no darían matemáticamente, en caso de que no sea discutido este miércoles, para que entonces la iniciativa llegue a la Cámara de Representantes en el tiempo justo para sobrevivir al periodo legislativo.El congresista de Salvación Nacional proponía en dicho proyecto que la JEP cesara actividades en marzo de ese año. Hay que recordar que la Jurisdicción surgió un año después del Acuerdo de Paz, firmado en 2016, y tenía como plazo 10 años para llevar a cabo las investigaciones. La propuesta de Gómez limitaba las actividades hasta ese tiempo y omitía los cinco años posteriores que el Acto Legislativo 01 de 2017 le concedía a la justicia especial para adelantar juicios desde 2028, lo que alargaría la existencia de la JEP hasta 2032. (Lea sobre las implicaciones del proyecto aquí: Congreso aprueba proyecto que busca que la JEP termine en 2028: ¿qué implicaría?)La JEP señalaba que la modificación del artículo transitorio que define el periodo de actividad de la Jurisdicción y la posibilidad de su prórroga “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz”. Además, representaría un riesgo de que las víctimas no tengan el derecho de recibir una respuesta judicial en el marco de las investigaciones de la JEP.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El tribunal de paz de Colombia sentenció este viernes a cinco exmilitares por el asesinato y la desaparición de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate en el noroeste de Colombia. (¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Es la tercera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que impone penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables del conflicto cuenten la verdad sobre sus crímenes y reparen a las víctimas.Los cinco condenados deberán realizar acciones restaurativas como la búsqueda de personas desaparecidas o el desminado humanitario, tras reconocer el asesinato y la desaparición de 35 personas entre 2002 y 2006 en la convulsa región de Antioquia.Son "crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida, constitutivo de crimen de guerra", dice la sentencia de la JEP.Entre las víctimas figuran campesinos, habitantes de calle y menores de edad, según la sentencia.Durante los años más sangrientos del conflicto, miles de jóvenes, en su mayoría pobres y desempleados, fueron asesinados de manera sistemática en medio de la ofensiva militar contra organizaciones ilegales como las FARC.Con esos crímenes los militares buscaban inflar las cifras de éxitos militares a cambio de beneficios como días de descanso o condecoraciones.Antioquia, bastión paramilitar histórico, fue escenario de masacres, asesinatos y desapariciones. Allí se estigmatizaba y acusaba a campesinos de colaborar con la guerrilla."La verdad permitió saber qué ocurrió (...) El horizonte de esta sentencia es aportar a la no repetición, la reconciliación y la paz", dijo Diana Vega, vicepresidenta de la JEP.El tribunal recoge casos como el de Óscar Chaverra, que fue engañado y trasladado desde Medellín al municipio de Dabeiba, donde lo asesinaron y desaparecieron por años.Su familia recuperó sus restos durante el juicio contra los exmilitares.La colaboración de los condenados permitió recuperar 77 cadáveres de víctimas de desaparición forzada, según la JEP."La paz no consiste en que Colombia olvide lo que pasó, consiste en que tenga el valor de reconocerlo", dijo Esneda Altamirano, tía de una víctima presentada falsamente como guerrillero, en un video proyectado durante la lectura de la sentencia.Nacida del acuerdo de paz de 2016 con la extinta FARC, la JEP se encuentra en la mira del presidente derechista Abelardo de la Espriella, quien prometió en campaña acabar con el tribunal y ahora impulsa recortes presupuestales.AGENCIA AFP
Gustavo Salazar, un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llamó este jueves al orden al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por cuestionar la legitimidad de ese tribunal y reclamar mayor celeridad en sus decisiones. Los hechos se produjeron durante una audiencia pública sobre las garantías de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, cuando Ordóñez afirmó que la legitimidad de la JEP se consigue con resultados y transparencia, y celebró que su nuevo presidente, Danilo Rojas Betancourt, manifestara su intención de acelerar las imputaciones y avanzar hacia los juicios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección", le respondió al ministro el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, quien consideró que no era pertinente utilizar ese espacio para poner en duda la legitimidad de la jurisdicción.El ministro insistió en que no había terminado su exposición y pidió completarla, a lo que Salazar respondió que podía continuar, pero le recordó que tanto él como los demás funcionarios convocados debían ceñirse a los asuntos relacionados con el seguimiento de las medidas cautelares y las responsabilidades institucionales en materia de protección. "Aquí no estamos para juzgar a la JEP, es un asunto político que no nos compete en esta audiencia. Usted puede tener sus opiniones, pero este no era el lugar", insistió posteriormente el magistrado, quien pidió al Gobierno presentar un cronograma de acciones concretas para cumplir sus obligaciones de protección.Ordóñez había señalado que la seguridad de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y defendió la necesidad de que la jurisdicción acelere sus procesos, cierre los casos pendientes y avance hacia decisiones definitivas que permitan satisfacer los derechos de las víctimas.También cuestionó las "amplias benevolencias, prerrogativas y tratamientos penales especiales" incorporados en el modelo de justicia transicional del acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Las cifras de violenciaLa audiencia, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, buscaba evaluar los avances institucionales en la protección de los firmantes de paz, sus familias y sus organizaciones, en medio de la persistencia de homicidios, atentados, amenazas y desplazamientos.En la audiencia está previsto también que la JEP escuche a excombatientes de las FARC, entre ellos, a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante de esa guerrilla.En la diligencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un panorama preocupante sobre la violencia contra esta población, ya que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 521 firmantes han sido asesinados entre 2017 y el 18 de julio de 2026. Además, según información de la Fiscalía, 353 de esos homicidios ocurrieron en municipios que contaban con una alerta de seguridad."Esto quiere decir que las instituciones disponían de advertencias sobre las dinámicas de violencia. Es necesario fortalecer la articulación entre la advertencia a cargo de la Defensoría del Pueblo y la respuesta rápida, a cargo del Ministerio del Interior", argumentó Marín. EFE
Nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional fueron imputados por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) por 32 masacres perpetradas en los Montes de María, región ubicada en los departamentos de Bolívar y Sucre, y en el Canal del Dique. El mecanismo de justicia reveló detalles de las investigaciones y de que la imputación se da por crímenes de guerra y lesa humanidad.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"Por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María. Estas masacres se cometieron en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales", explicó la JEP sobre la imputación a los exuniformados.Lea: JEP imputó a 11 excomandantes de las Farc por crímenes como atentado con burro bomba y masacresDe acuerdo con un comunicado de la JEP, "la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08. La investigación, que priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001, estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las organizaciones insurgentes, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial".Asimismo, la sala determinó que las masacres y las conductas criminales asociadas "hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil". La investigación sobre estos hechos estableció que "la población campesina fue señalada reiteradamente como colaboradora real o potencial de las extintas Farc-EP (...) La violencia no se limitó a los homicidios. La sala determinó que también se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas y desplazamientos forzados, entre otras conductas que destruyeron las condiciones materiales y comunitarias de existencia".Respecto a las violencias basadas en género, "la sala determinó que no fueron marginales ni accesorias. Las agresiones sexuales, reproductivas y sexualizadas fueron utilizadas para castigar, humillar, disciplinar y transmitir mensajes de terror y dominación sobre las víctimas, sus familias y las comunidades. Asimismo, se determinó la existencia de persecución por razón de género".Las 32 masacres investigadas tiene en total 284 personas asesinadas. 169 de ellas en las cuatro masacres ilustrativas, y 115 en las 28 adicionales que fueron determinadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. "En 15 de las 32 masacres, la Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales, y violencias contra mujeres y niñas. En tres hechos ilustrativos (Capaca, El Salado y Chengue) fueron identificadas 73 víctimas de las distintas formas de violencia examinadas", indicó la entidad.Por su parte, en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08 se acreditaron 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios —Montes de María y Canal del Dique— y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas eindeterminadas. "La sala atribuyó responsabilidad individual a nueve integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, luego de examinar sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos, capacidades de actuación y las acciones u omisiones concretas relacionadas con los hechos investigados", aseguró la JEP.La entidad por lo tanto, también reveló quiénes son los comparecientes de la Armada Nacional: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Y asimismo, los de la Policía Nacional: Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.Lea: JEP condena a coronel (r) Juan Carlos Figueroa por responsabilidad en 38 ejecuciones extrajudicialesMATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, asumió el cargo con un llamado a que cesen los ataques contra ese tribunal transicional creado por el acuerdo que firmó el Gobierno nacional y la antigua guerrilla de las Farc en 2016. "Necesitamos (...) que cesen los ataques desinformados contra la JEP", expresó durante su discurso de posesión en un cargo que ocupará dos años y en el que reemplaza al magistrado Alejandro Ramelli.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl nuevo presidente de la JEP es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, y especialista, magister y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Fue presidente del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, y en la actualidad se desempeñaba como magistrado de la Sección de Apelación de la JEP, el órgano encargado de resolver las impugnaciones de las sentencias en primera instancia.Recortes presupuestales y retosEl presupuesto de la JEP sufrió un recorte de 170.000 millones de pesos para 2027, por lo que la asignación para el tribunal pasaría de los 821.803 millones de pesos a 651.803 millones. Eso, expresó Rojas, "obliga a una restructuración sustancial de la JEP, en la que se está trabajando ya a marchas forzadas". (Lea también: De la Espriella dice que recorte previsto para la JEP en 2027 es para "priorizar justicia ordinaria")"Debemos ajustar el nuevo plan estratégico, que nos servirá de hoja de ruta en los próximos cuatro años a partir del criterio pragmático de hacer más con menos, menos tiempo, menos recursos", explicó. Rojas agregó que "la afectación a la capacidad operativa para que la JEP cumpla su misionalidad es sensible, ello pone en riesgo grave e inminente no solo la culminación en tiempo de su responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos, sino especialmente ofrecer un tratamiento distinto a las víctimas". Sin embargo, aseguró que, durante su gestión, Colombia podrá "tener la certeza de que, a pesar del entorno social y político adverso, incluso hostil" que vive la JEP, este tribunal "cumplirá con sus responsabilidades"."Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, se hará cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el acuerdo final de paz, las normas constitucionales y legales que lo desarrollan", añadió el magistrado.En ese sentido, Rojas aseguró que entregarán el edificio donde funciona el tribunal. “La JEP se pasa de un edificio de 15.000 metros cuadrados a un edificio de 4.200 metros cuadrados”, declaró en Noticias Caracol, por lo que se cambiará “el modelo de trabajo, en donde vamos a privilegiar la virtualidad y un trabajo rotativo, porque de otra manera es imposible que en un espacio tan reducido logremos el cometido”.Además, se reducirán los “esquemas de seguridad, tanto de la magistratura, como de la Fiscalía, de la JEP, pero también y muy dolorosamente, de los testigos, víctimas y comparecientes que están amenazados. En este punto en especial, queremos pedirle al Gobierno que asuma la responsabilidad en relación con la protección de toda esta población que está amenazada”, declaró el magistrado, quien también informó que se redujo en un 85 % la contratación de prestación de servicios, “que venía apoyando la defensa técnica de víctimas y victimarios, y el apoyo psicosocial a las víctimas”.La Jurisdicción ya había advertido que la reducción de recursos limitaría las audiencias en los territorios, la representación judicial de las víctimas y las medidas de protección para testigos y comparecientes.Sobre el cumplimiento de la misión de la JEP, el presidente del alto tribunal dijo que se podrá hacer en la medida que “cesen los ataques mediáticos que se han hecho, es mi primera petición; y la segunda, que tengan la certeza -tanto las víctimas como los comparecientes- que mientras exista un juez en la JEP va a hacer cumplir sus responsabilidades constitucionales y legales. Vamos a cumplir en el tiempo de los 15 años previstos en las normas constitucionales y en el acuerdo final de paz, vamos a cumplir ese cometido”. Por eso, hizo un llamado al Congreso para “que revisen el carácter del acuerdo final de paz” para no reducir el tiempo de trabajo de la jurisdicción. (Lea también: Congreso aprueba proyecto que busca que la JEP termine en 2028: ¿qué implicaría?)REPORTERÍA DE JUAN ANDRÉS BELTRÁN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una nueva imputación de crímenes a 11 excomandantes de las Farc, que corresponden a hechos que afectaron a las regiones Caribe y Magdalena Medio. Entre ellos están sucesos que marcaron la historia de la sangre derramada en los territorios, como el atentado con un burro bomba en Sucre, el uso de carros bomba en Bogotá y Barranquilla, masacres, homicidios y desapariciones forzadas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa imputación se conoce en el marco de la discusión que prevalece en el Congreso de la República, donde se propuso que la JEP cese actividades en 2028 y no en 2033. Y es que la justicia especial cuenta con 10 años desde su inicio para investigar. Luego tiene cinco años para proferir condenas.La investigación fue liderada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del caso 10. No obstante, hay una imputación que se da de manera conjunta con el subcaso 01 del caso 11, que investiga hechos de violencia sexual. Todos los hechos investigados que hacen parte de la imputación son no amnistiables, es decir, no tienen posibilidad de recibir el perdón judicial o el indulto.¿Quiénes fueron los imputados de las Farc?Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’.Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien fue conocido como ‘Pastor Alape’.Erasmo Traslaviña Benavides, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’.Pedro Trujillo Hernández, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’.Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien fue conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.Abelardo Caicedo Colorado, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’.Osmany Landero Fajardo, quien fue conocido como ‘Hernando González’.Gilberto de Jesús Giraldo David, quien fue conocido como ‘Aldemar Altamiranda’.Luis Alejandro Cuadras Solórzano, quien fue conocido como ‘Leonardo Muñoz’.Uriel Antonio Oviedo Aldana, quien fue conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’. Oviedo fue capturado por la justicia ordinaria, previo al Acuerdo de Paz.Héctor Enrique Hernández López, quien fue conocido como ‘Fabio Borges’.Los 11 excombatientes fueron señalados por la Jurisdicción como los máximos responsables de crímenes de guerra, tales como el homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (como hospitales, escuelas e iglesias), matar o herir a traición (por medio de engaños), tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual.¿Cuáles son los hechos abordados por la JEP?De acuerdo con la Jurisdicción, la imputación da respuestas a las víctimas de sucesos como:El atentado con un ‘burro bomba’ en Chalán, Sucre (1996): Se utilizó un animal cargado con 50 kg de dinamita y se activó frente a la estación policial. Dejó 11 policías muertos (4 ejecutados tras rendirse) y el desplazamiento de más del 50 % de la población.Atentado con carro bomba en Barranquilla, Atlántico (2002): El Frente 19 detonó 3 cilindros de gas camuflados en un carro de helados al paso de la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Dejó 5 civiles muertos y 11 heridos, incluida una niña de 3 años.Atentado con carro bomba en Caracol Radio, Bogotá (2010): A las 5:40 a. m., el Frente 33 detonó un vehículo con 50 kg de mezcla explosiva, ANFO, en la carrera 7.ª con calle 67. La explosión afectó edificaciones y redes de acueducto.Masacre en la finca La Duquesa, Tibú, Norte de Santander (2004): El Frente 33 y la Columna Gabriel Galvis incursionaron en la finca a las 5:00 a. m., retuvieron y amarraron de pies y manos a 44 campesinos recolectores de coca, a quienes señalaron de colaborar con las autodefensas. 34 personas fueron asesinadas (entre ellas, 2 menores de edad).Masacre de la familia Peña, Colosó, Sucre (2004): En la noche, milicias del Frente 35 (BCAR) entraron a una casa familiar y acusaron a sus integrantes de apoyar y prestar servicios a la Policía y a los paramilitares. El ataque dejó 5 personas asesinadas (4 mujeres, una de ellas embarazada).Desaparición y homicidio de Martha y Alexandra Vargas Ávila en Becerril, Cesar (1988): Milicianos raptaron a dos hermanas, acusándolas de ser “informantes” por lavar uniformes policiales. Fueron ejecutadas y enterradas en una fosa clandestina.Homicidio del padre José Antonio Beltrán en Landázuri, Santander (1991): El sacerdote de 70 años fue raptado tras una misa; su cuerpo fue hallado sin vida dos días después.La justicia especial remarcó que, durante décadas, la mayoría de estos crímenes perduraron en la impunidad —la desaparición y el desplazamiento en su totalidad— y muchos quedaron en la justicia ordinaria como procesos abiertos que no llegaron a juicio o siquiera a la etapa de indagación preliminar.La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que correspondían a grandes patrones que fueron identificados: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades, es decir, en medio de la guerra o las acciones armadas, como las tomas guerrilleras.De hecho, la imputación conjunta entre el caso 10 y el 11 se dio por hechos de violencia sexual cometidos por integrantes de las Farc contra civiles, que se enmarcaron en acciones pensadas hacia el control social y territorial. Los vejámenes se habrían perpetrado como castigo por supuestamente colaborar con la fuerza pública o no cumplir lo que imponía la guerrilla.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Comisión Primera del Senado votó este 28 de octubre a favor del proyecto de ley que pretende modificar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El trámite apenas recibió luz verde en el primer debate de los ocho que debe atravesar en el Congreso de la República. La JEP se pronunció sobre la iniciativa legislativa y centró su atención en los “serios riesgos” que este proyecto representaría para los derechos de las víctimas y la justicia transicional. Y es que la iniciativa plantea que la Jurisdicción termine todas sus actividades antes de tiempo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Qué implica para la JEP la aprobación en primer debate?El proyecto obtuvo 11 votos a favor y cero en contra en un debate al que no asistió la oposición. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, aliado del Gobierno de De la Espriella, quien recibió con beneplácito la idea una vez fue planteada a la opinión pública. Esta propuesta pretende que la vigencia de la JEP sea modificada y que la justicia transicional trabaje hasta marzo de 2028. Hay que recalcar que la Jurisdicción, que surgió a partir del Acuerdo de Paz de 2016, tiene un plazo de 10 años de investigación. Lo que plantea la iniciativa de Gómez es que absolutamente todas las actividades de la JEP culminen dentro de dos años. Y es que el apartado que se pretende modificar establece que solo las etapas de investigaciones duran hasta 2028. De ahí, vienen cinco años más para los juicios correspondientes, lo que alargaría la existencia de esta justicia transicional hasta 2032. Pero con este proyecto, existe el riesgo de que todo (incluyendo juicios) tenga que culminar en dos años. Así las cosas, los juicios tendrían que ser adelantados a mayor velocidad. Hasta ahora, solo hay pocas sentencias proferidas desde la Jurisdicción, que son un adelanto de las etapas de juicio.Para la JEP, la modificación del artículo transitorio que define el periodo de actividad de la Jurisdicción y la posibilidad de su prórroga “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz”. Además, representaría un riesgo de que las víctimas no tengan el derecho de recibir una respuesta judicial en el marco de las investigaciones de la JEP.“La propuesta no solo reduciría en una tercera parte (5 años) el plazo originalmente previsto para el funcionamiento de la Jurisdicción, sino que eliminaría la fase de cierre judicial de juzgamiento a los máximos responsables, imposición de sanciones y definición de la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes no máximos responsables, que fue dispuesta para cinco años, y dispondría que los procesos pendientes fueran trasladados a la jurisdicción ordinaria, con la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, declaró la Jurisdicción.A juicio de la JEP, esta “reducción de la duración” dejaría un cierre improrrogable y definitivo que no ofrece garantías de que los procesos judiciales puedan concluir. Además, advierte que el traslado de estos asuntos pendientes no implica la desaparición de la responsabilidad del Estado ni de los costos institucionales, pues los casos pasarían a la justicia ordinaria, que —según la JEP— enfrenta un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes.Hay que recordar también que Colombia adquirió un compromiso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021, por el cual acordó respaldar el funcionamiento de la justicia transicional y la implementación efectiva de las sanciones previstas. En caso de que la financiación y el funcionamiento queden vulnerados, señala el comunicado, podría haber una nueva evaluación de la CPI.En ese sentido, la justicia transicional declaró que el hecho de que la Jurisdicción finalice no debe significar que termine la justicia. “Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por la imposición de un plazo improrrogable”, señaló.Mientras la iniciativa avanza dentro de las cámaras alta y baja del Congreso, la JEP sigue emitiendo sanciones e investigando casos que van de 2016 para atrás que se enmarcan en el conflicto armado colombiano. Este 27 de octubre se conoció que la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) revocó de manera inmediata la libertad condicionada a Kendry Téllez Álvarez, un hombre conocido también como "Yako" y que es investigado actualmente por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La SAI declaró el incumplimiento grave del régimen de condicionalidad al encontrar que Téllez incumplió con sus deberes de comparecencia y disponibilidad ante la JEP y la Agencia de la Reincorporación y la Normalización (ARN).María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves al coronel retirado Juan Carlos Figueroa a seis años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 38 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, reconoció su responsabilidad en 24 hechos durante una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar el 27 y 28 de agosto, después de haber rechazado inicialmente los cargos. La sentencia establece una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl exmilitar fue declarado responsable, en calidad de superior, por conductas relacionadas con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, así como por la muerte de dos personas que se encontraban fuera de combate por haber dejado las armas. El fallo incluye además once obligaciones restaurativas, entre ellas entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos, reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados y participar en acciones para dignificar su buen nombre y preservar la memoria de lo ocurrido.También deberá aportar información para localizar e identificar a personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos, incluidos los posibles responsables y las personas que pudieron intervenir en ellos.La sentencia contempla medidas de reparación, memoria y dignificación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados por los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales derivados de estos crímenes.Además, ordena a distintas entidades estatales avanzar en la búsqueda e identificación de cinco víctimas mencionadas en la decisión, facilitar el acceso a la reparación material y gestionar la inclusión en el Registro Único de Víctimas de quienes aún no estén inscritos.Entre las medidas impuestas figura también la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón, así como la realización de un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.Durante la audiencia restaurativa, el coronel retirado pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufridas por las víctimas y sus familias.Esta es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda sanción alternativa impuesta tras el reconocimiento tardío de responsabilidad de un máximo responsable.EFE
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) absolvió plenamente a Javier de Jesús Cadavid, un comerciante de abarrotes del oriente antioqueño que pasó 12 años y 4 meses en prisión tras ser acusado falsamente de extorsión y enriquecimiento ilícito a favor del Frente 47 de las antiguas FARC-EP. Con esta providencia judicial, el tribunal transicional dejó sin efecto las condenas impuestas por la justicia ordinaria en 2009, cerrando un calvario de 17 años e invalidando un proceso viciado por investigaciones deficientes que ignoraron la realidad del conflicto armado en los territorios.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Tras 12 años preso, comerciante fue absuelto por la JEPEl fallo se fundamentó en el análisis de las dinámicas territoriales y en el testimonio unánime de los antiguos comandantes y financieros guerrilleros, quienes desmintieron bajo gravedad de juramento cualquier nexo entre el comerciante y la organización insurgente. La historia de Javier Cadavid se sitúa en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño (Antioquia), una zona golpeada por el abandono estatal que permaneció entre 12 y 15 años sin presencia de la fuerza pública y bajo el dominio territorial de las guerrillas. En este poblado, Cadavid administraba un granero y tienda de abarrotes con el que proveía el sustento para su esposa y sus cuatro hijos. Para mantener abastecido el establecimiento, el comerciante viajaba cada ocho días a la Central Mayorista de Medellín a comprar mercancía. Debido a sus dinámicas comerciales, Cadavid era el único habitante de todo el corregimiento que contaba con una cuenta bancaria activa en Bancafé en la capital antioqueña. Ante la inexistencia de cajeros o sucursales bancarias en la región, su cuenta se convirtió en un servicio comunitario informal.Profesores del magisterio, agentes de la policía local, campesinos y arrieros recurrían habitualmente a Cadavid para que les facilitara su número de cuenta, permitiendo que sus hijos y familiares les remitieran giros, salarios o encomiendas desde distintas ciudades del país. Sin embargo, esta práctica solidaria fue instrumentalizada por la guerrilla sin el conocimiento del comerciante. Entre 2005 y 2007, alias 'Rojas', responsable financiero del Frente 47 de las FARC-EP, realizó extorsiones contra comerciantes de Pácora y Aguadas (Caldas) y coordinó con intermediarios locales para consignar parte de esos dineros en la cuenta de Cadavid, diluyéndose entre los giros cotidianos de la tienda."En ese corregimiento, como es pequeño, yo era el único que tenía cuenta en Medellín. A muchas personas del corregimiento yo les prestaba ese número de cuenta, porque sucede que en los pueblitos los hijos se van a trabajar a las ciudades y buscan la forma de mandarle plata a los viejos. A veces gente que mercaba en la tienda, amigos míos, gente del mismo pueblo de la región, como el magisterio, la misma policía, el ejército, necesitaban mandar plata o hacer giros. Mire el perjuicio tan berriondo por uno haber tenido la cuenta a la disposición de la gente del pueblo", explicó Cadavid.Cómo una acusación de extorsión vinculada a las FARC llevó a Javier Cadavid a la cárcelEn 2009, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la policía judicial de Manizales citaron a Cadavid en la Central Mayorista de Medellín para interrogarlo sobre movimientos bancarios realizados entre 2005 y 2007. A pesar de que el comerciante aportó sus archivos y explicó el uso comunitario de su cuenta, la Fiscalía formuló imputación por coautoría intelectual en extorsión y por enriquecimiento ilícito. La investigación de la justicia ordinaria estuvo marcada por graves omisiones procesales. Los investigadores no realizaron visitas ni inspecciones de campo en Puerto Venus, omitieron auditorías a los libros contables del negocio, no efectuaron un arqueo de cuentas ni entrevistaron a los habitantes o a las autoridades policiales de Nariño y Arboleda para verificar la idoneidad moral de Cadavid.Tampoco vincularon al juicio a alias 'Rojas', quien para la época ya se encontraba privado de la libertad. El sistema judicial ordinario flexibilizó los estándares de prueba, privilegiando la búsqueda de una "verdad procesal" por encima de la verdad material de los hechos. Al calificarlo como coautor, los jueces supusieron erróneamente que Cadavid debía conocer el origen ilícito de las consignaciones de un millón de pesos mensuales e incluso un depósito de 11 millones de pesos, sumas que pasaban desapercibidas frente a los elevados volúmenes de dinero que movía la tienda por pagos de nóminas públicas y compras de abarrotes."Javier termina siendo víctima del sistema judicial en el sentido de que se le impone una condena de semejantes proporciones, fundamentada en conclusiones sesgadas que desconocían muchísimo la realidad del conflicto que estaba viviendo el corregimiento de Puerto Venus. Flexibilizaron la exigencia de llegar a una certeza más allá de toda duda razonable. Desde el principio existían dudas razonables sobre la responsabilidad de Javier y aun así se le impuso esta condena", sostuvo la doctora Ana María Gallego, abogada de Javier Cadavid.La afectación para el hogar Cadavid Palacio comenzó incluso antes de la detención. Años atrás, un exintegrante del grupo armado alertó a la familia sobre un plan para secuestrar a uno de los hijos de Javier, lo que forzó el desplazamiento urgente de su esposa e hijos hacia otra localidad. A pesar del peligro, Cadavid continuó desplazándose a Puerto Venus cada mes y medio o dos meses para atender el negocio, única fuente de ingresos del grupo familiar.Tras su captura en 2009, la economía familiar colapsó. La familia enfrentó un severo detrimento patrimonial al costear múltiples abogados para interponer apelaciones consecutivas ante la justicia ordinaria, mientras realizaba ingentes esfuerzos financieros para evitar que tres de sus hijos suspendieran sus estudios universitarios. Mientas Javier permanecía encarcelado, su esposa y sus hijos adelantaron protestas públicas y llegaron a amarrarse en la Plaza de Nariño en Bogotá para exigir la atención de las altas cortes.Dentro del centro penitenciario, Cadavid soportó la reclusión en una celda de tres por tres metros. Para sobrellevar la angustia, transformó el encierro en aprendizaje: realizó múltiples cursos, obtuvo 18 diplomas, se graduó como técnico ambiental y ocupó sus jornadas practicando la pintura, las artes manuales y los tejidos en telar. Sin embargo, el encarcelamiento le privó de momentos familiares irrepetibles, sufriendo en prisión la noticia del fallecimiento de su madre, además de perderse cumpleaños, Navidades, grados universitarios de sus hijos y el nacimiento de un nieto.Las pruebas con las que la JEP declaró inocente a Javier Cadavid"Pagar una cosa que no debe es lo más injustamente inhumano y sufrimos mucho demasiado por eso. Fue mucha angustia cuando en un cumpleaños, una Navidad, los grados de un hijo o el nacimiento de un nieto uno no está presente. Eso nunca se vuelve a recuperar. Estando en prisión me dieron la noticia de la muerte de mi madre; moralmente sufrí mucho", agregó Cadavid. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, la familia Cadavid Palacio contactó a excombatientes del antiguo Frente 47 para pedirles que atestiguaran la verdad. El caso fue asumido por la abogada Ana María Gallego, quien solicitó la libertad condicionada, otorgada en un lapso de dos meses en enero de 2021, y radicó la acción de revisión ante la JEP.Al estudiar el expediente, la Sección de Revisión de la JEP determinó que para configurar el delito de coautoría en la extorsión era imprescindible probar la existencia de un "plan común" entre Cadavid y el grupo armado, elemento que quedó desvirtuado en las audiencias. Los máximos mandos del Frente 47, entre ellos alias 'Karina', alias 'Marcos Urbano', alias 'Kaddafi' y el propio alias 'Rojas', quien grabó un testimonio en video desde la cárcel, declararon bajo gravedad de juramento que no conocían a Javier Cadavid y confirmaron que nunca perteneció, colaboró ni fue simpatizante de la guerrilla.Asimismo, las pericias contables descartaron el delito de enriquecimiento ilícito al demostrar que el patrimonio personal de Cadavid no tuvo ningún incremento inusitado. Los análisis demostraron que los dineros consignados eran retirados inmediatamente por intermediarios para sostener la estructura armada, y que el grupo guerrillero en ningún caso utilizó dineros de extorsiones para pagar deudas a un comerciante local."Para usted poder juzgar a alguien como coautor tiene que probar la existencia de un plan común, y eso fue precisamente lo que se termina desvirtuando. Tuvimos la presencia de excombatientes que pertenecieron al Frente 47 que uno por uno dijeron: 'No, a este señor no lo conocemos... nunca tuvo ninguna relación, no perteneció, no colaboró, ni siquiera lo podemos reconocer como un simpatizante'", explicó la abogada. Tras ser absuelto plenamente en 2026 y recuperar de manera integral sus derechos civiles y políticos, Javier Cadavid vive actualmente en una finca amplia, en la que disfruta del aire libre y la tranquilidad junto a su familia, comparando constantemente su entorno actual con los años que pasó confinado en la prisión.Pese a estar reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado desde hace más de 15 años, el grupo familiar señala no haber recibido reparaciones económicas por parte del Registro Único de Víctimas (RUV). En la actualidad, Cadavid y su equipo jurídico analizan la viabilidad legal de interponer acciones de reparación directa contra el Estado para demandar la indemnización por los severos perjuicios morales y materiales causados por el error judicial.Más allá de las acciones legales por venir, Cadavid enfatiza que su historia debe servir como un precedente para que los jueces e investigadores analicen a fondo las realidades de las comunidades rurales vulneradas por el conflicto armado antes de dictar condenas infundadas: "Es un cambio total, es como el renacer del fénix. Yo me siento tan libre estando solamente en esta casa que no tengo ni necesidad ni me provoca salir, porque afortunadamente vivo en una finquita, un sitio muy amplio... y cada rato recuerdo esa celda de tres por tres en la cual viví durante tanto tiempo"."Es una reflexión que debe tomar mucho en cuenta el Estado colombiano y la justicia: que miren a fondo siempre los asuntos relacionados con el conflicto. En Puerto Venus estuvimos como 12 o 15 años sin la fuerza pública, donde únicamente la fuerza eran las armas de las guerrillas. Cuando a una persona no la está protegiendo el Estado, ¿cómo la van a culpar? ¿Cómo le van a meter delitos que ni siquiera los investigan a fondo?", puntualizó Cadavid.NOTICIAS CARACOL
Las acciones de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, subieron un 17,07 %, hasta los 97,17 dólares cada una, al final de su primera jornada en bolsa. La compañía liderada por Dario Amodei, que opera en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, había fijado este miércoles el precio de su salida a bolsa en 83 dólares por título. (Lea también: Las 3 claves de la estrategia que propuso el CEO de Anthropic para ralentizar el desarrollo de la IA)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa creadora de Claude debutó este jueves 19 de noviembre en Wall Street con un primer precio de 111,50 dólares, un 34 % más de lo establecido inicialmente, y llegó a alcanzar los 115,10 dólares la acción durante la sesión. Con su salida a bolsa, Anthropic alcanzó una capitalización bursátil que ronda los 1,27 billones de dólares, teniendo en cuenta las acciones en circulación; sin embargo, el dato total asciende hasta 1,76 billones si se incluyen otras acciones que podrían emitirse en el futuro, como las comprometidas con sus empleados. En sus momentos más altos, la compañía, fundada hace seis años, llegó a una valoración de 2 billones de dólares, lo que confirma que los inversores mantienen un fuerte apetito por la inteligencia artificial (IA) y refuerza la capacidad del sector para tomar acciones similares. La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord. ¿Cómo fue la venta de acciones?Anthropic vendió 980 millones de acciones, 956,35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23,65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores. Además, acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA. Los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, podrán adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales por una sobreasignación (greenshoe) de 30 días. El éxito de Anthropic contrastó con una jornada difícil para el mercado. Tanto el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, como el índice ampliado S&P 500 perdieron más de un 2 %.En su discurso desde la sede de Nasdaq en Nueva York a la apertura de la bolsa, Amodei reafirmó su compromiso de centrarse en la seguridad durante el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). "Existe una diferencia abismal entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo lo hará si nos obsesionamos con ella, y esa obsesión por la seguridad y el bien público ha formado parte del ADN de Anthropic desde el principio", declaró. Los temores por la inteligencia artificialLa fuerte demanda de acciones de Anthropic se produjo en un contexto de grandes fluctuaciones bursátiles en el sector de la inteligencia artificial y de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en esta tecnología.Nvidia, el líder mundial de chips y accionista de Anthropic y de decenas de otras empresas de IA, se vio sacudida por la dimisión de su CEO Jensen Huang, después de que este admitiera una relación extramatrimonial con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía para China.El chatbot Claude de Anthropic es uno de los más potentes del mundo, pero, al igual que sus competidores, genera temores por su capacidad para desestabilizar sociedades y sustituir a trabajadores humanos. (Lea también: Las claves detrás de apagones tecnológicos en Estados Unidos y las teorías que se han tejido)Los ingresos de la compañía han crecido a un ritmo exponencial y alcanzaron 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.400 millones del mismo periodo de 2025. Gran parte de esos ingresos procede de clientes que pagan por utilizar sus modelos de inteligencia artificial para programar. Varios activistas protestaron frente a la sede de Nasdaq contra la salida a bolsa de Anthropic, con pancartas como 'Detengan a los oligarcas tecnológicos' y 'Congelen la IA', además de críticas a sus efectos sobre el empleo, el medioambiente y la vigilancia. (Lea también: Estos son los trabajos que la IA podría reemplazar en Colombia, según un estudio: ¿está el suyo?)AGENCIAS EFE/AFPEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Julio Alberto Ríos, más conocido como Julioprofe y quien cuenta con cerca de un millón de seguidores en Youtube y más de 300 mil en Instagram, denunció a través de sus redes sociales que, junto a su familia, ha sido víctima de amenazas y hostigamiento.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEste ingeniero civil enseña matemáticas y física en su tierra natal, Cali, Valle del Cauca, y se destaca en su contenido virtual por educar en estas materias de una forma didáctica. (Lea también: Auxiliar de Policía habría sido víctima de insultos racistas en Cali: video desató rechazo)¿Cómo han sido las amenazas contra Julioprofe?El maestro, cuyos últimos contenidos fueron publicados en días pasados, se dirigió a su comunicado disculpándose “por estar ausente estos días”. Reveló que la causa es que su “familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz”. (Lea también: Liberan a Lizeth Alejandra Castaño, joven que fue secuestrada en panadería de Guacarí)Informó que “ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más. Gracias por estar siempre ahí”.No dio más detalles sobre la situación que atraviesa, pero ha recibido decenas de mensajes de apoyo de seguidores y otros colegas, como @math2me, quien confía en que todo “se resuelva pronto. Lamentablemente hay gente mala que se aprovecha del trabajo de otros”. El @profesorsergiollanos le envió “un abrazo solidario. Quienes compartimos el amor por enseñar y divulgar sabemos lo mucho que aportas y lo gran ser humano que eres. Mucha fortaleza para ti y los tuyos; deseamos de corazón que todo salga bien”.@heeyoliveer le escribió: “Ánimo profe, ojalá que todo salga bien, le mando mi apoyo y bendiciones a la distancia a usted y su familia”. Julioprofe, a traves de sus historias expresó: "Gracias por sus palabras de apoyo. Cero tolerancia con la violencia de género", sin decir algo más.NOTICIAS CARACOL
Este jueves se realiza un nuevo sorteo del Chontico Noche, uno de los juegos de chance con participantes en diferentes regiones de Colombia. Los jugadores esperan conocer las cifras ganadoras para comparar sus apuestas y comprobar si obtuvieron alguno de los premios de esta jornada.Resultado del Chontico Noche del 19 de noviembre de 2026El sorteo del Chontico Noche de este jueves 19 de noviembre tiene a los apostadores pendientes de conocer el número ganador. Una vez el operador publique el resultado oficial, será posible verificar las cifras y comprobar si coinciden con las registradas en cada tiquete. Estos son los datos que debe consultar:Número ganador: pendiente de publicación.La Quinta: pendiente de publicación.La revisión debe hacerse con el resultado completo y teniendo en cuenta la fecha y la modalidad en la que se realizó la apuesta.¿A qué hora juega el Chontico Noche?El Chontico cuenta con dos modalidades: Día y Noche. Cada una tiene su propio sorteo y resultado, por lo que es importante identificar cuál corresponde al comprobante antes de consultar las cifras ganadoras.El horario de cada jornada puede verificarse en la programación oficial del operador.¿Cómo consultar los resultados del Chontico Noche?Los resultados se pueden consultar en los canales oficiales del operador y en los puntos autorizados de venta. Para comprobar una apuesta, compare el número registrado en el tiquete con las cifras anunciadas para el sorteo de este jueves 19 de noviembre.También es importante revisar las condiciones de premiación, pues el valor que puede recibir un jugador depende del tipo de apuesta y de los aciertos obtenidos.¿Qué hacer si su número resulta ganador?Si las cifras de su comprobante coinciden con alguna de las combinaciones premiadas, conserve el tiquete en buen estado y consulte los procedimientos oficiales para reclamar el dinero. Verifique los plazos y requisitos establecidos por el operador antes de iniciar el trámite.Recuerde que el Chontico Día y el Chontico Noche son sorteos independientes. Por esta razón, quienes participaron en la modalidad nocturna deben revisar exclusivamente el resultado correspondiente a esa jornada.Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados y las condiciones del juego deben contrastarse con los canales oficiales del operador antes de su publicación.
El regreso de Don Omar a Colombia sigue rompiendo expectativas. Luego de que la boletería para sus conciertos en el país registrara una alta demanda y se agotara en tiempo récord, el artista puertorriqueño confirmó una segunda presentación en Medellín, una noticia que desató la celebración entre sus seguidores. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el intérprete de éxitos como Dale don dale, Pobre diabla, Salió el sol y Danza kuduro anunció que volverá a encontrarse con el público antioqueño en una fecha adicional de su gira The Last King World Tour, luego de la respuesta masiva que recibió la venta de entradas para sus primeros espectáculos programados en Colombia.Don Omar anuncia segundo concierto en Medellín por alta demandaEl cantante ya había confirmado conciertos en Bogotá, Cali y Medellín para noviembre de 2027, marcando así su regreso a los escenarios colombianos en solitario después de varios años de ausencia. Sin embargo, la expectativa por verlo nuevamente en vivo superó los pronósticos iniciales. Miles de personas ingresaron a las plataformas de venta durante la preventa para intentar asegurar un lugar en alguno de los conciertos. La demanda fue tan alta que las localidades disponibles se agotaron rápidamente, especialmente en Medellín, ciudad que históricamente ha mantenido una estrecha relación con la música urbana y con la carrera del llamado “Rey del Reguetón”.Ante esa respuesta, Don Omar decidió ampliar su agenda en la capital antioqueña. El anuncio llegó acompañado de un mensaje dirigido a sus fanáticos colombianos, en el que dejó claro el cariño que siente por el público de la ciudad. “Habrá que sacar más tiempo con ustedes”, dijo el artista al confirmar una nueva fecha para Medellín, enviando una señal de agradecimiento a quienes respaldaron su regreso con una masiva compra de entradas."Si se agotaron las boletas, denme tiempo y espacio para sentarme a hablar con los promotores para saber cuándo podemos abrir nuevas fechas. Estamos viendo lo que está pasando y nunca había pasado en mi vida. Esa muestra de cariño es algo inimaginable", expresó.La noticia fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron la oportunidad de conseguir boletos después de quedarse por fuera de la primera fecha. Muchos usuarios habían expresado su frustración por no alcanzar entradas durante las primeras horas de comercialización debido al volumen de compradores conectados al mismo tiempo. El regreso de Don Omar a Colombia se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados de los próximos meses. El artista puertorriqueño es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del reguetón y uno de los responsables de la internacionalización del género a comienzos de los años 2000.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Con una lista de 20 jugadores, Millonarios se alista para visitar al Deportivo Cali este viernes 20 de noviembre, en el estadio de Palmaseca, en el partido que marcará su debut en el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.Las principales novedades del equipo dirigido por Alberto Gamero son los regresos de Sergio Mosquera y Leonardo Castro, quienes vuelven a estar disponibles tras cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. En contraste, el cuerpo técnico 'embajador' mantiene bajas sensibles en su nómina: Daniel Ruiz y Sebastián Valencia continúan en departamento médico por lesión, mientras que Stiven Vega quedó fuera por decisión técnica.Eso sí, en el listado de viajeros a territorio vallecaucano aparecen referentes como Juan Guillermo Cuadrado, David Macalister Silva y Carlos Darwin Quintero; liderando al cuadro 'embajador' que buscará dar el golpe en el Palmaseca, en una nueva edición del 'Clásico Añejo'.Los convocados de Millonarios para visitar al Cali por fecha 1 de cuadrangulares: Arqueros: Javier Burrai y James Aguirre.Defensas: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Jhomier Guerrero.Volantes: Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.Con este choque en Palmaseca, capitalinos y vallecaucanos darán su primer paso en los cuadrangulares, compartiendo el grupo B junto a Atlético Bucaramanga y América de Cali. ¿A qué hora es Deportivo Cali vs. Millonarios y dónde ver EN VIVO por TV?Así las cosas, este vibrante compromiso entre 'azucareros' y 'embajadores' está pactado para este viernes 20 de noviembre y con un horario establecido de las 8:40 de la noche. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win). Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto, las jugadas virales, golazos, polémicas y más, para que se agende y no se lo pierda.