En la comunidad de cuidado El Bosque, ubicada en Bogotá, los días de Héctor Catamuscay Ramírez transcurren entre el agradecimiento por tener un techo y el dolor profundo de un teléfono que no suena. A sus 82 años, este hombre es parte de una estadística alarmante en la capital colombiana, donde se estima que 22.000 adultos mayores viven en condiciones de abandono. Séptimo Día conoció su caso. Sin embargo, para Héctor, la cifra no es lo que duele, sino la reacción de su propia familia ante sus intentos de comunicarse con ellos.Según el adulto mayor, sus tres hijos han decidido borrarlo de sus vidas. Según relata, el rechazo ocurre en el instante en que su identificación aparece en las pantallas de los celulares. "Yo los llamo, no me contesto. ¿Ven que es el número mío? Apagar", afirma Héctor con una resignación que evidencia años de intentos fallidos por restablecer un vínculo que hoy parece inexistente.De sostener a su familia a estar desamparadoLa historia de Héctor no siempre fue de carencias. Según su propio testimonio, hubo una época de estabilidad donde el trabajo y la familia eran su eje central. Recuerda con especial afecto a la madre de sus hijos, a quien conoció cuando él tenía 31 años y ella era una joven campesina.Durante ese tiempo, Héctor asegura haber cumplido con su rol. "Yo lo trataba muy bien y cuando hacía un buen trabajo, un contrato bueno, les compraba ropita, me gustaba verlos bien vestiditos y todo. Los llevaba fútbol, los llevaba al radio y todo lo que me pedían", relata Héctor al recordar los años en los que sus hijos eran pequeños.Incluso, menciona que cuando crecieron, utilizó sus conexiones laborales para asegurarles un futuro: "Les conseguía trabajito, me dijeron, tráigalo, son menores, entre 14 y 15 años. Y después fueron ascendiendo como ayudantes en los camiones".Sin embargo, el fallecimiento de su esposa marcó el inicio de un declive emocional y financiero. "Casi me vuelvo loco. Vendí el taller y estaban pequeños. Entonces ahí fue cuando empezó lo duro para mí, pero salí adelante", explica sobre el momento en que la estructura familiar comenzó a quebrarse.Tras la partida de su compañera y el matrimonio de sus hijos, el apoyo desapareció: "Ya se casaron, entonces ya no me volvieron a ayudar, hasta que llegó el abandono total".Ese vacío lo llevó a vivir dos años en la indigencia, deambulando por las calles de Bogotá sin rumbo fijo. Héctor describe la crudeza de esas noches a la intemperie antes de ser rescatado por los servicios sociales del Distrito: "Cuando ya el cansancio de caminar tanto donde me sentaba ahí quedaba conseguía unos cartoncitos y me arropaba".Contradicción de las versiones: ¿Un "buen padre"?Como en muchos casos de abandono en Colombia, la historia de Héctor Catamuscay tiene otra cara. Aunque él se describe como un padre ejemplar que lo dio todo por sus hijos, el testimonio de uno de ellos ofrece una perspectiva diferente sobre las razones del alejamiento. Aunque prefirió no hablar ante las cámaras de manera oficial, el hijo cuestionó la conducta de su padre durante su juventud, señalando que Héctor "tomara alcohol con frecuencia y no se preocupara por el futuro de sus hermanos y el suyo".Sus hijos argumentan que en el pasado ya intentaron auxiliarlo pagando un lugar para que viviera, pero que él optó por otros caminos. Independientemente de quién tenga la razón sobre el pasado, Héctor hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad, dependiendo del Estado.Un ruego por afecto antes que por dineroA diferencia de otros adultos mayores que claman por recursos económicos, la petición de Héctor Catamuscay es estrictamente emocional. A pesar de residir en un hogar donde recibe alimentación y atención interdisciplinaria, el vacío que siente es de compañía. El Estado colombiano, a través del sistema distrital, invierte aproximadamente $7 millones mensuales en la atención de cada adulto mayor en estas condiciones.Gerson Bermont, secretario de salud de Bogotá, enfatizó que la ayuda estatal no debería eximir a la familia de sus responsabilidades: "Si necesitan ayuda, estamos dispuestos a dárselo, pero sin romper el vínculo familiar, porque la corresponsabilidad sigue siendo conjunta".El marco legal: El abandono como delitoEn Colombia se contemplan consecuencias graves. La Ley 1850 de 2017 establece que el abandono de una persona mayor es una forma de violencia intrafamiliar y un delito penal. Las sanciones para quienes incurran en este desamparo pueden incluir penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 8 años, además de multas económicas significativas.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La historia de José Benjamín Sánchez y María Felisa Mosquera, ambos de 82 años, representa uno de los matices más crueles del desamparo en la vejez: el abuso económico por parte de parientes cercanos. Tras compartir casi medio siglo de vida, esta pareja regresó a Colombia buscando tranquilidad, pero terminó enfrentando la indigencia. Séptimo Día los conoció.Su unión comenzó en 1980, cuando se conocieron y decidieron, según palabras de María Felisa, unirse "para siempre". Durante décadas, la pareja se estableció en Venezuela, donde construyeron un patrimonio fruto de su trabajo. Él se desempeñó como conductor y ella como costurera, logrando adquirir una vivienda y vehículos. Sin embargo, en 2019, la combinación de una crisis económica profunda y el deterioro en la salud de ambos, ella sufrió una trombosis que le quitó la vista y él enfrentó dos infartos, los obligó a venderlo todo para buscar refugio en Bogotá.El robo de su sobrina que los dejó en la calleAl llegar al barrio Venecia, en el sur de Bogotá, José Benjamín portaba el capital de toda su vida, una suma cercana a los 90.000 dólares. Con la intención de no estar solos y contar con apoyo familiar, invitaron a una sobrina de María Felisa a vivir con ellos. Lo que esperaban que fuera un acto de acompañamiento se transformó en el inicio de una pesadilla.José Benjamín relata con amargura el momento del robo: "Alquilé un apartamento ahí, pues había un familiar de ella por allá y nos lo trajimos para que nos acompañara, pero resulta que la señora nos robó, se llevó la platica, quedamos pues prácticamente sin nada"Esta traición no solo les arrebató su seguridad financiera, sino que los dejó en una situación de vulnerabilidad extrema. Según sus propias palabras, la decisión de confiar en su pariente fue "una perdición más grande" que los dejó "con una mano adelante y otra atrás".El dolor del desamparo durante su vejezA diferencia de otros casos de abandono donde existen hijos que se desentienden de sus padres, José Benjamín y María Felisa enfrentan la soledad de no haber tenido hijos. Esta ausencia de una red de apoyo hizo que, tras el robo, no hubiera nadie que pudiera responder por sus necesidades básicas.Al ser consultado sobre si existían otros familiares que pudieran auxiliarlos, José Benjamín explicó la distancia y la imposibilidad de sus otros parientes: "Somos muy, muy distantes, ya los hermanos míos pues son más viejos que yo, entonces ya ellos viven de los hijos, de los nietos. Yo pienso que ellos pues a la hora de la verdad ellos no tienen con uno"Ante esta difícil situación, el Estado colombiano debió intervenir para evitar que la pareja terminara viviendo en las calles, una realidad que afecta a miles de adultos mayores en el país.El dolor de la separación institucionalLa entrada al sistema de protección trajo consigo un nuevo desafío emocional. Inicialmente, al no existir protocolos que permitieran el ingreso conjunto inmediato, la pareja fue separada por primera vez en 46 años. María Felisa recuerda el impacto psicológico de ese momento: "No, yo me puse a llorar porque, ¿cómo es posible que me van a llevar a mí sola por allá y me separaron de Benjamín?".Durante dos meses, los adultos mayores vivieron en centros distintos, enfrentando la incertidumbre y la tristeza de la soledad. No fue sino hasta su traslado a la Comunidad de Cuidado Bello Horizonte, gestionada por la Secretaría de Integración Social en Bogotá, que lograron reencontrarse. José Benjamín describe el alivio de volver a estar juntos: "Pues sentimos alegría porque duramos dos meses distanciados, entonces que nunca nos había tocado y llegamos a este lugar y estamos junticos, pues estamos felices".Abandono y justicia: el marco legal en ColombiaEl caso de esta pareja hace parte de una problemática nacional creciente. Según datos oficiales, en el año 2024 se registraron más de 1.000 denuncias que involucraban a 2.000 ancianos abandonados en el país. En Bogotá, el costo de atender a un adulto mayor en estas comunidades de cuidado asciende a los $7 millones mensuales por persona, recursos que provienen del erario público cuando las familias no responden.La legislación colombiana, a través de la Ley 1850 de 2017, tipifica el abandono como un delito que puede acarrear penas de 4 a 8 años de prisión y multas económicas de hasta cinco salarios mínimos. Esta ley no solo castiga el desamparo físico, sino que también busca proteger a los adultos mayores de la violencia económica y el maltrato intrafamiliar. Expertos señalan que "es un delito dejar a una persona mayor pariente en una situación de abandono", una advertencia que cobra relevancia ante el envejecimiento acelerado de la población.Actualmente, José Benjamín y María Felisa residen en Bello Horizonte, donde reciben alimentación y atención interdisciplinaria costeada por el Estado. Aunque han recuperado la estabilidad, su historia permanece como un testimonio del riesgo que enfrentan los adultos mayores ante la falta de redes de apoyo sólidas y la fragilidad de los vínculos familiares frente al interés económico.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
Colombia enfrenta una crisis silenciosa pero creciente: el abandono de los adultos mayores. Según cifras recientes, solo en Bogotá existen más de 22.000 personas en condición de desamparo, una cifra que satura los servicios y plantea interrogantes éticos sobre la responsabilidad familiar. Séptimo Día investigó.Roberto Angulo, secretario de Integración Social, señala una realidad preocupante en el país: "No deberíamos tener nosotros personas en abandono con lazos familiares de familias que sí tienen capacidad de pago, no solamente en cumplimiento de la ley, sino en el marco del afecto".Esta problemática no solo responde a la falta de recursos económicos, sino a fracturas emocionales profundas. El Estado colombiano, a través de diversas comunidades de cuidado, asume el costo de la atención interdisciplinaria, que puede alcanzar los 7 millones de pesos mensuales por persona. María Cristina Tobón, subdirectora para la Vejez, explica la labor institucional ante la ausencia de redes de apoyo: "Atendemos personas en abandono donde sus redes de familia no pueden hacerse cargo de las personas y aquí es donde entramos como Estado a apoyar en esa labor".El error que fracturó una familiaDentro de este panorama de indiferencia resalta la historia de Marina Niño. A sus 70 años, vive en el hogar geriátrico Santa María, en la localidad de Suba, donde pasa sus días tejiendo y recordando cómo terminó apartada de sus hijos hace tres décadas. El origen de su tragedia se remonta a finales de los años 80, cuando una crisis personal y económica la llevó a tomar decisiones desesperadas. Tras descubrir la infidelidad de su esposo, Marina relata su difícil situación: "Los encontré la misma cama de mi casa y yo no quise volver más con él. Me puse a trabajar en Abastos ayudando a cargar las bolsitas a las señoras del mercado con una barriguita y me regalaban comida por ahí, cualquier pesito".Con un hijo recién nacido y una niña de dos años, Marina aceptó una propuesta para transportar mercancía a Panamá, creyendo que obtendría el dinero suficiente para un apartamento. Sin embargo, la realidad fue distinta. "Droga", responde cuando se le pregunta qué contenían los pantalones que llevó en ese primer viaje. Asegura que nunca recibió el pago prometido y que, un año después, ante la necesidad, aceptó llevar una maleta con cocaína hacia México, donde fue capturada.La condena de ocho años en MéxicoLa captura en el aeropuerto mexicano marcó el inicio de una condena doble: la judicial y la afectiva. Marina pasó ocho años tras las rejas en un país extranjero, aislada completamente de su realidad en Colombia. "Me cogieron presa en el aeropuerto. Me dieron nervios porque llevaba la maleta... Esa cárcel se volvió terrible. Sin visita, sin nada. Fue muy terrible para mí"Durante casi una década, el contacto con sus hijos fue inexistente. "Nunca", afirma con contundencia al ser consultada sobre si pudo hablar con ellos durante su reclusión.Al cumplir su condena y regresar al país, Marina esperaba un reencuentro, pero se encontró con resentimiento alimentado, según su testimonio, por la mujer que originalmente la envió a México. Segúncuenta, esta persona les contó a los niños una versión que los indispuso contra ella. "Ella ya les había llenado la cabeza de ellos. Y cuando yo fui a decirle la verdad, ya ellos no me quisieron creer. Me dijo: 'Usted está acomodando eso, mamá. Eso no fue así'"."Ellos no me quieren": el ruego por una última oportunidadHoy, Marina habita en una de las comunidades de cuidado del distrito en Bogotá. Su dolor no es físico ni financiero, pues cuenta con alojamiento y alimentación; su agonía es emocional. "Ellos no me quieren, ellos no me quieren", repite entre lágrimas al referirse a sus hijos. La mujer admite que cometió un error grave, pero enfatiza que su intención actual no es obtener beneficios económicos de ellos: "Quisiera tenerlos acá para poder hablar y pedir perdón".El caso de Marina refleja una de las caras más crudas del abandono. A pesar de los intentos de mediación, el rechazo persiste. Uno de sus hijos, contactado telefónicamente, se abstuvo de dar declaraciones públicas, aunque reconoció haber vivido momentos de profundo dolor debido a las acciones pasadas de su madre.El debate legal y la responsabilidad del EstadoEl abandono de adultos mayores en Colombia no es solo una falta ética, sino un delito tipificado. La Ley 1850 de 2017 establece penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes desamparen a sus parientes mayores. Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, señala la importancia de mantener los vínculos: "Si necesitan ayuda, estamos dispuestos a dárselo, pero sin romper el vínculo familiar, porque la corresponsabilidad sigue siendo conjunta".Aun así, existen 500 personas en lista de espera en Bogotá para acceder a un cupo en hogares, aguardando, en muchos casos, el fallecimiento de otro residente para ser atendidos. La situación de Marina Niño, quien llegó a estas instancias tras deambular por las calles y vivir la pandemia de 2020 en total vulnerabilidad, es el espejo de miles que hoy solo esperan una palabra de sus familiares. Marina concluye su relato con una petición directa a quienes la escuchan, esperando que llegue a oídos de sus hijos: "Que ellos no crean lo que han dicho y lo que han hablado. Que me perdonarán".
Lorena Rodríguez, una administradora de empresas nacida en Garagoa, Boyacá, enfrentó durante casi una década una batalla. Lo que comenzó como una alta autoexigencia y perfeccionismo derivó en trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, para finalmente consolidarse en un trastorno mixto ansioso depresivo que la llevó al límite de su resistencia física y emocional. Los Informantes conoció su historia.La mujer describe su estado previo a la cirugía como una agonía constante. "Dios o la fuerza suprema que esté ahí, ya vivir así no es vivir, es modo supervivencia. No quiero. Si tú tienes la potestad, porque yo no tengo la potestad, ya llévame. Y si hay alguna otra herramienta, ponla en mi camino, por favor. Pero ya no aguanto más así. Ya estoy cansada. Estoy agonizando. Mi alma está agonizando realmente", relata Lorena sobre sus momentos de mayor desesperación, en los que llegó a intentar quitarse la vida ingiriendo todos sus antidepresivos.A pesar de ser una profesional competitiva y exitosa, su cerebro había perdido la capacidad de procesar el bienestar. "Yo llegaba de tener un día de trabajo, pero me derrumbaba en la casa. Entonces, no siempre ser productivo es sinónimo de bienestar emocional", explica, señalando que "su cerebro no tiene la capacidad de ver el éxito y de gozarlo".¿Qué es la depresión resistente?La condición de Lorena se clasifica como depresión resistente, una patología que afecta a entre 500.000 y 800.000 personas en Colombia. En estos casos, los tratamientos convencionales como la psicoterapia y los psicofármacos no logran regular la actividad cerebral. El neurocirujano William Contreras, encargado del caso, explica que la depresión no es solo un desequilibrio químico, sino un problema de circuitos eléctricos.El especialista utiliza una analogía automovilística para describir el funcionamiento de los neurotransmisores y la electricidad en el cerebro: "Yo mando una información por un Ferrari, tengo unas carreteras y mando el Ferrari. El Ferrari necesita gasolina en cada ciudad o cada estación. Esos son los neurotransmisores y eso es lo que nosotros modificamos con los medicamentos. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que hay avenidas que están con atasco, mucho tráfico".Según Contreras, en pacientes con depresión, áreas como el área subgenual están hiperactivas, funcionando como un "cortocircuito" de tristeza, culpa y desesperanza que impide que la información fluya.La intervención: electrodos en el centro del cerebroLa solución propuesta fue la estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés), una tecnología ya probada en pacientes con Parkinson pero innovadora en el tratamiento de la salud mental. El procedimiento consistió en implantar cuatro electrodos diminutos en las áreas más profundas del cerebro para reorganizar los circuitos eléctricos. La cirugía se realizó con la paciente consciente, utilizando anestesia local, lo que permitió una interacción en tiempo real entre los médicos y Lorena mientras se modulaban los impulsos eléctricos."Tú diriges una orquesta y hay unos instrumentos que están desafinados, la corriente los afina. ¿Qué hace el neurotransmisor? El neurotransmisor le sube el volumen, pero está desafinado. Entonces, la orquesta no va a cantar a un unísono. Necesita es con electricidad regular esos instrumentos", señala el doctor Contreras.Durante la cirugía, Lorena experimentó un cambio inmediato al activarse los electrodos. "Sentía que el doctor estaba por allá metiendo. Escuché cómo sonaba mi cerebro, en un momento como que estaban modulando una partecita y yo dije, 'Se me fue el nudo.' Yo siempre tenía un nudo en la garganta. Estaban subiendo el impulso. Yo no sé qué hicieron. Yo no sé en dónde tocó el doctor y yo dije, 'Se me fue el nudo que tengo en la garganta.' Sentí un alivio", recuerda Lorena sobre lo que sintió.Los resultados de la innovadora cirugíaUn año después de la intervención, Lorena vive con un generador de impulsos o batería alojado debajo de su clavícula, conectado a los electrodos cerebrales.Este dispositivo funciona como un regulador externo que ella misma puede gestionar según sus necesidades emocionales. "El doctor lo ajusta y lo único que yo puedo hacer es o encender o apagar la estimulación o cambiarlo de programa porque dejan ciertos programas prediseñados dependiendo mis necesidades", explica.Si Lorena siente que la desesperanza comienza a dispararse tras un evento externo, puede activar un programa específico para controlarla. Sin embargo, aclara que la tecnología no elimina las emociones humanas naturales: "La tristeza en mí sigue existiendo, la nostalgia, pero de manera normal, no de manera ya patológica".Un nuevo comienzo en España para LorenaLa evolución de la paciente ha sido drástica. De estar "paralizada" por la ansiedad y la depresión, Lorena ha recuperado su funcionalidad al punto de mudarse a Madrid, España, donde actualmente trabaja.Ella estima su mejoría en un 80% y destaca pequeños gestos cotidianos como grandes victorias: "Siento que el hecho de estar aquí sentada, de haberme maquillado, de haberme peinado, de sentir felicidad al verte, al contarte esta historia, al dar luz. Eso para mí ya es ganancia".Esta cirugía representa una esperanza para miles de pacientes en Colombia que no encuentran alivio en la medicina tradicional. Para Lorena, los electrodos se han convertido en un soporte vital que ella describe con afecto: "Te tengo aquí. Eres como un corazoncito más. Me estás ayudando bastante".
Emiro del Carmen Ropero Suárez y Paulino Coronado Gámez tienen lo que podría catalogarse como una amistad imposible. Por muchos años de sus vidas cada uno estuvo en un extremo de la violencia en Colombia: el primero fue guerrillero de las extintas FARC y el segundo un General del Ejército Nacional. Sin embargo, en la actualidad, los dos dejaron de lado los camuflados y las armas para hablar de paz.La violencia en Colombia ha dejado todo tipo de historias tristes y desgarradoras que, con el paso de los años, hicieron cada vez más difícil la reconciliación y el perdón. Pero sin duda son muchos más los colombianos que siguen soñando y construyendo un país en paz, algo de lo que estos dos hombres son un claro ejemplo.¿Cómo se conocieron el exguerrillero y el militar?Esta historia de reconciliación inició en medio de la guerra, en el año 2000, cuando el entonces general Paulino Coronado, comandante de la Brigada de Norte de Santander, lideraba un programa de emisoras en el departamento que tenía gran acogida en la zona del Catatumbo. Fue tal su sorpresa cuando, en medio de su programa, recibió al aire una llamada de su objetivo militar número uno: alias Rubén Zamora, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).“En una ocasión me llamó Emiro, pero no como yo hubiera querido, al programa de las emisoras. Me dijo: ‘le habla Rubén Zamora’ y le dije: ‘¿Sí? Y yo soy Superman’”, recordó el general (r). Ante la incredulidad del militar de que del otro lado de la línea estaba su ‘enemigo’, procedió a preguntarle su nombre de pila y su fecha de cumpleaños. Así conoció a Emiro del Carmen Ropero Suárez, quien hoy es su amigo.“Comenzamos a hablar de la situación del Catatumbo estando yo en ejercicio y él en la clandestinidad”. Desde ese momento, las conversaciones iban enfocadas en la búsqueda de un mejor país y menos violencia. El general (r) Coronado recordó que le ofreció todos los parámetros a alias Rubén Zamora para que dejara las armas. “Le dije: ‘Usted me llama porque tiene algún interés y yo soy garante, soy hombre de honor y la palabra mía vale. Si usted se compromete en la desmovilización, movemos todo lo que haya que hacer y usted me dice cómo lo quiere hacer, en el lugar que usted quiera’”.Sin embargo, en ese momento las luchas de ambos eran totalmente diferentes y no recibió la respuesta que esperaba. “General, usted está equivocado. Primero se desmoviliza usted que yo”, le respondió.Por su parte, Emiro del Carmen Ropero, quien ejerció como jefe del Frente 33 de las FARC, recuerda hoy en día cuál era el objetivo de su llamada al general. “Eso hacía parte de la filosofía política de las FARC, la necesidad de diálogo con el estamento militar. No era fácil porque veníamos de una guerra muy compleja, pero todo eso nos llevaba a la reflexión de la necesidad de querer detener la guerra”.Aunque un poco accidentado y con grandes diferencias marcadas, en ese momento empezó el vínculo entre el exguerrillero y el exmilitar. Las conversaciones telefónicas de los dos a través de las emisoras fueron pequeños ladrillos en la construcción de un proceso de paz, pero ninguno de los dos abandonaba sus objetivos. El general Coronado tenía claro que quería detener a alias Rubén Zamora y constantemente se estuvieron enfrentando.El encuentro en la vida realSe conocieron finalmente en 2019 después de los diálogos de la paz en La Habana, donde Emiro del Carmen entregó las armas y empezó su proceso de desmovilización. Para ese momento, Coronado ya no hacía parte de las fuerzas militares y fue esto lo que les permitió reencontrarse y verse por primera vez en persona. El evento ocurrió en el apartamento de un amigo que tenían en común.En esa primera conversación se dieron la oportunidad de conocer a la persona que había detrás de sus respectivos uniformes y se dieron cuenta que ambos habían sido víctimas de la guerra, lo que los había llevado a participar desde diferentes orillas. "¿Para qué persistir en una guerra que nos está generando mayores tragedias?", resaltó el exguerrillero.El general (r) Paulino Coronado había salido de las fuerzas militares de una manera poco honrosa en 2008, en medio de la investigación realizada en el país al conocerse los primeros casos de falsos positivos. Tras ese primer encuentro en persona con Emiro del Carmen, fue el exguerrillero el que lo invitó a acogerse y declarar ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.“A mí me parece que lo que le hicieron al general fue descargar una responsabilidad que era más una responsabilidad política del alto gobierno, que de los oficiales que estaban en terreno liderando la confrontación. Porque nosotros lo hemos dicho, eso fue promovido desde el mismo Ministerio de la Defensa”, defiende hoy en día el exguerrillero al exgeneral y agrega también que “yo aplaudo la decisión del general Paulino Coronado de reconocer ante la JEP su responsabilidad por cadena de mando, no por acción”.Desde entonces, los encuentros entre los dos se hicieron más comunes, con sus familias a bordo y conversaciones profundas en las que en ocasiones salen a relucir todavía sus diferencias, pero siempre con el respeto. Hoy en día, deciden hacer a un lado esas cosas que los alejan para juntos ser ejemplo de paz en un país que tanto lo necesita, porque si dos ‘enemigos mortales’ pueden aceptar sus diferencias, todos podríamos aprender algo de ellos.“Existen coincidencias a pesar de las diferencias, existen posibilidades para el entendimiento. Queremos ser referentes especialmente para las nuevas generaciones”, resaltó el general (r) Coronado. “Ha sido muy positivo que nos vean conversando, que nos vean en un café donde nos reunimos a planear ya no la guerra, sino actividades pedagógicas en colegios, universidades, con fundaciones”, complementó el exguerrillero Emiro del Carmen.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha actualizado una de las cifras más dolorosas del conflicto armado colombiano. Lo que inicialmente se documentó como 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos", ha ascendido ahora a 7.837 víctimas. Este incremento de 1.435 nuevos casos no es solo un ajuste estadístico, sino el resultado de un exhaustivo proceso de contraste de datos y el clamor persistente de las familias que buscan justicia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este aumento responde al cruce de bases de datos que no se habían incluido inicialmente, como las de la Procuraduría General de la Nación, y a la recepción de casi 1.000 nuevos informes presentados por las víctimas. Además, la magistratura decidió ampliar el periodo de investigación, abarcando ahora desde el año 1990 hasta el 2016, lo que ha permitido identificar crímenes que antes quedaban fuera del radar judicial.Para las familias, esta noticia tiene un sabor agridulce. Jacqueline Castillo, presidenta de la asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), señaló en entrevista con Noticias Caracol que la nueva cifra no les sorprende. "Nosotras ya veníamos hablando de más de seis mil crímenes de lesa humanidad; de hecho, los comparecientes ante la JEP han mencionado que la barbaridad podría superar los 10.000 casos". Castillo advirtió que departamentos como el Putumayo aún no han sido plenamente priorizados, lo que sugiere que el conteo seguirá creciendo a medida que avance la verdad.La investigación de la JEP ha revelado que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática bajo una presunta política de Estado. Según Castillo, aunque el pico más alto ocurrió entre 2002 y 2008 con 6.402 casos, el fenómeno tiene raíces que se remontan a 1983. El incentivo económico y la presión por mostrar "resultados excelentes" frente a la guerrilla, impulsados en parte por recursos del Plan Colombia, habrían fomentado este patrón de conducta criminal en el seno del Ejército Nacional.Uno de los puntos más polémicos revelados por las víctimas es la existencia de la denominada "prima del silencio". Según el testimonio de un coronel ante la JEP, se trataría de una bonificación económica institucional que reciben los altos mandos y que, en la práctica, funcionaría como un incentivo para no confesar la realidad de las órdenes impartidas. "Por esa razón, los generales nunca van a decir la verdad", lamentó Castillo, refiriéndose a la presunta responsabilidad de figuras como el general Mario Montoya, cuyas audiencias han sufrido múltiples aplazamientos.Detrás de cada número hay una historia de vida truncada. Castillo compartió el desgarrador caso de su hermano, Jaime, quien desapareció en Bogotá y fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate en Ocaña, Norte de Santander. El horror de Jacqueline se profundizó recientemente al descubrir que el cuerpo que enterró podría no ser el de su hermano, debido al hallazgo de un platino quirúrgico en los restos que Jaime nunca tuvo.Esta actualización de la JEP representa un paso crucial hacia la reparación de las víctimas, quienes por años fueron tildadas de querer lucrarse del Estado. Hoy, la evidencia institucional les da la razón: sus hijos, hermanos y padres no eran combatientes, sino ciudadanos víctimas de un engranaje de violencia que el país apenas comienza a dimensionar en toda su magnitud. La búsqueda de los verdaderos responsables, incluidos los altos mandos militares y políticos de la época, sigue siendo la deuda pendiente de la justicia transicional en Colombia.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
En las últimas horas se hizo noticia el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se aumentó la cifra de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Colombia, la cual era de 6.402 y pasó a ser de 7.837 casos. La afirmación por parte del mecanismo de justicia transicional se hizo el pasado 24 de abril por parte del magistrado Pedro Díaz Romero en Apartadó, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El magistrado Pedro Díaz Romero sostuvo que los testimonios rendidos por los comparecientes ratificaron lo ya consignado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP en relación con la articulación entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares.Según explicó el magistrado, “el informe también destacó las estadísticas de los homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, entre los años 1990 a 2016, a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”.Asimismo, el togado indicó que en el caso específico de Antioquia, entre 1990 y 2016, el número de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate asciende a 1.932. El magistrado aclaró que tanto las cifras nacionales como las departamentales son variables y pueden modificarse a medida que avanza la investigación del caso 03, relacionado con los denominados falsos positivos.Cifra de falsos positivos puede aumentar: JEPSobre el porqué se amplió la cifra de falsos positivos en Colombia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, dijo que “siempre hemos dicho que esa cifra de 6,402 es un universo provisional de hechos, o sea, es algo que puede aumentar. Y, efectivamente, cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008, pero el Grai, que es nuestra unidad, digamos, de análisis de información amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió hasta el año 1990 y llegó hasta el 2016. Y pues ahí se incluyeron muchos más casos que no estaban en la cifra inicial. La segunda razón es que el Grai igualmente cruzó más bases de datos que las cuatro inicialmente que se conocen”.Agregó el presidente de la JEP que dichos datos se cruzaron con los que la Procuraduría, que no estaban inicialmente, dijo, “y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1000. Entonces, toda esa información no hizo parte de la cifra inicial. Entonces, cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando”.Finalmente, el magistrado Ramelli mencionó que la cifra de 7.837 solo corresponde al caso 03 (falsos positivos). “¿Qué quiere significar esto? Que todavía faltarán los datos de la sala definición de situaciones jurídicas, que viene realizando audiencias territoriales con no máximos responsables que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca habían sido investigadas. Entonces, lo más probable es que incluso esta nueva cifra pues vaya a aumentar en el futuro”.Cruce de Iván Cepeda y Paloma Valencia por aumento de cifra de falsos positivosLos candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia se pronunciaron sobre el anuncio de la JEP y el aumento de la cifra de los falsos positivos. El candidato de la izquierda señaló que “es una cifra monstruosa, que debe sacudir la memoria y la consciencia de Colombia. También pesa sobre la consciencia de quien ha sido postulado para ser, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez. Yo señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe, antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.Por su parte, la candidata Valencia indicó: “No sea descarado, Iván Cepeda Castro. Responda usted por los resultados de su 'paz total', por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas, las usa”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
"Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor". Con esas palabras, Yésica Natalia Giraldo Marín se dirigió al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien hace 23 años asesinó a su padre, John Darío Giraldo Quintero, en la vereda El Jordán, en Cocorná, Antioquia. El encuentro ocurrió en Medellín durante el tercer día de audiencia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de comparecientes de la fuerza pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Oriente antioqueño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Yésica Natalia estaba junto a Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, su abuela y madre de John Darío. Frente a frente, víctimas y victimario protagonizaron un conmovedor acto de perdón. "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo", le dice Yésica Natalia al exmilitar, quien de inmediato se arrodilla frente a los mujeres y rompe en llanto. El teniente retirado reconoció ante la JEP haber asesinado en septiembre de 2006 a John Darío Giraldo Quintero para presentarlo como una baja en combate, uno de los miles de casos mal llamados 'falsos positivos'."Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor", le dice Yésica Natalia al exmilitar mientras ella y su abuela lo abrazan. "Perdóneme de todo corazón", le responde él, arrodillado. "Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad", se escucha decir a las mujeres, que sostienen el micrófono en medio del conmovedor momento.Rosero Bravo fue uno de los militares citados a la audiencia y que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES). En la diligencia se explicó que uniformados de ese batallón asesinaron a tres hombres -Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález- durante 2002 y 2007 y los presentaron posteriormente como muertos en combate. El teniente retirado fue seleccionado como máximo responsable y ha reconocido responsabilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.En la audiencia, el teniente retirado reconoció que si bien los militares contaban con un soldado que hacía labores de enfermero, este no atendió a John Darío Giraldo Quintero. "No doctora -le respondió a una magistrada de la JEP-. No di la orden (de atenderlo) porque sabía lo que íbamos a hacer con él. Yo di la orden, que los vistieran (como guerrilleros)".En la audiencia, la JEP contó que los militares, bajo el mando de Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por "La Pacho", una mujer que señaló a las víctimas como supuestos guerrilleros. "Después de los hallazgos, se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate", relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis. "Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil".De acuerdo con la información recopilada por la JEP, Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para que interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma que estaban entregando. Después de eso, el teniente, ahora retirado, dio la orden de asesinar a las víctimas. Al respecto se les preguntó a los comparecientes por el origen de las armas que implantaron a las víctimas. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", dijo Rosero."Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé", dijo el compareciente Diego Londoño Rojas a las víctimas. Luego de sus palabras les entregó a algunas, entre ellas Rosalba Angélica y Yésica Natalia, el árbol con el que recuerdan la memoria de las víctimas para ubicarlo en el Bosque del recuerdo."Yo quiero decirles que los perdono", les dijo Rosalba Angélica a todos los comparecientes. "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso (…). Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó (…). Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor", dijo, por su parte, Yésica Natalia durante le diligencia.La audiencia pública hace parte de la 'Ruta no sancionatoria' y tiene como finalidad propiciar un espacio para consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su aceptación de responsabilidad y sus propuestas de medidas para contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de condicionalidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Durante la audiencia de Reconocimiento de Verdad del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien inicialmente negó su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate (los llamados falsos positivos), el clamor de la madre de una de las víctimas se escuchó fuertemente en el auditorio, quien le reclamaba al uniformado retirado por el crimen de su hijo. "Un ser que yo amaba (...) Lo odio, con todo mi corazón, porque ustedes no saben cómo es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones (...) Un hijo que me amaba", dijo ante los presentes. La audiencia se realizó en Yopal (Casanare), y fue socializada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este miércoles 18 de marzo. La mujer que habló se llama María Dolores Sánchez, y era madre de Giovanny Arias, quien fue hallado, identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. "Les pido que la rodeen porque ella tiene un dolor que hasta ahora está tramitando", aseguró el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.María Dolores fue consolada por las demás víctimas y por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia. Mientras hablaba, según mencionó la JEP en sus redes sociales, "su voz reflejaba no solo el dolor persistente, sino también la exigencia de verdad y justicia que atraviesa este proceso".“Es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, dijo el magistrado Salazar Arbeláez al retomar la audiencia. Durante su intervención, explicó que la JEP ha dispuesto espacios de acompañamiento para atender el dolor, así como para que las víctimas y sobrevivientes puedan expresarse. General (r) reconoce ante la JEP su responsabilidadEl teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 30 víctimas cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno), adscrito a la Brigada XVI que operó en la región. La imputación de la JEP incluyó homicidio en persona protegida y desaparición forzada, a pesar de que el teniente (r) en años pasados había negado estos hechos.En su intervención, León Durán explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío: “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.Asimismo, expresó la importancia de haber conocido a las familias de las víctimas durante su proceso en la JEP y se dirigió a ellas. “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, aseguró. Y añadió: “Entendí que para mí era obligatorio y esencial saber quiénes eran las víctimas y conocer a sus familiares (…) Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.Esta audiencia restaurativa, en el marco del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, continuará el jueves 19 de marzo en Yopal.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITALlmercado@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- decidió expulsar al general (r) Mauricio Santoyo del Sistema Integral para la Paz, “consistente en aportar verdad plena”.Lo anterior porque “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, explicó el alto tribunal.Santoyo está sometido ante la JEP por dos casos de 1999 y 2000, por lo que responde por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.Detalla el alto tribunal que el general retirado tenía la obligación de presentar una propuesta de régimen de condicionalidad “en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición”.De acuerdo con el documento emitido por la JEP, “frente a la pregunta relacionada con la colaboración que puede prestar a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas", señaló que “no puedo prestar colaboración, pues no he tenido relación con los hechos que se me atribuyen respecto de personas desaparecidas”. (Lea también: JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos)Lo anterior tiene que ver con la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos e integrantes de la Asociación ASFADDES, ocurrida el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué beneficios pierde Mauricio Santoyo?El general retirado tenía el “beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar -PLUMP- 119, el cual la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar” y se pide al Inpec "coordinar su traslado a un centro de reclusión”, indica la JEP.Además, “sus asuntos” deberán “retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento”.Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia para traficar cocaína.Aunque fue sentenciado en 2012 a 13 años de prisión, tuvo una reducción y terminó pagando 6 años y 8 meses por colaborar con la justicia y registrar buena conducta.NOTICIAS CARACOL
La Contraloría General de la República advirtió que la desmovilizada guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación", expresó en el ente regulador en un comunicado. En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las Farc se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, detalló en Noticias Caracol en vivo que, además, la extinta guerrilla, “de los lingotes de oro, se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro, han entregado 252 mil. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades, han en entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722, han entregado uno”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Es verdad que entregaron dólares falsos?La contralora delegada reveló que “solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las Farc se comprometieron a entregar 450 mil dólares, de los cuales 1.500 según nos certificó la SAE son falsos, que la SAE no va a poder monetizar”, lo que se traduce en “menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales”.La funcionaria insistió en que “sí hay un riesgo” porque “con ocasión de estas decisiones judiciales, el esfuerzo que se hace, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que vayan a reparar a las víctimas”.Detalló que “de las dos primeras sentencias se requirieron más de 100 mil millones de pesos, el Gobierno nacional ha destinado 20 mil, para un total de 120 mil”, pero “hay una brecha grande y este año vienen nuevas decisiones judiciales que se requiere para garantizar su ejecución”. (Lea también: ¿En qué consiste la condena de 8 años a exintegrantes de las Farc? Magistrado de la JEP responde)“Se estima en más de 500 mil millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan que se podrán dictar en el curso de este año”, agregó.¿Quién responde si las Farc no entregan los bienes para reparar a las víctimas?Jenny Lindo recalcó que son “más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado” y “hay una gran debilidad en el cumplimiento de los bienes que se comprometieron (las Farc) a entregar y que estos bienes son los que se previeron en el proceso de paz para las víctimas. En ausencia de estos recursos es el Estado el que debe responder”.“El Gobierno debe hacerse responsable ante la ausencia de estos bienes de las Farc que no han podido monetizar o entregado completamente. Responder del Presupuesto General de la Nación”, precisó."La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP está desfinanciada en un 83,6% para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción", detalló la información. En 2025, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como falsos positivos. Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó "con urgencia" al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras. Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas "depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 falsos positivos. (Lea también: JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados)En la sentencia, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señala que resolvió "condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad".Mejía fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, Cesar, donde varios de los antiguos integrantes están involucrados en asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y premios de sus superiores, una política conocida como falsos positivos.Esta es la primera vez que la JEP impone una condena de este tipo a un alto mando del Ejército.La sentencia, de 1.149 páginas, se dictó porque Mejía no aceptó su responsabilidad por los crímenes cometidos cuando comandó el Batallón La Popa, lo que llevó al tribunal a someterlo a un juicio ordinario, en lugar de las sanciones alternativas previstas para quienes reconocen los hechos.La JEP emitió una orden de captura contra el exmilitar y le denegó beneficios como "la prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa", además de prohibirle su salida del país sin autorización judicial.De acuerdo con el fallo, Mejía fue declarado responsable de asesinar y hacer desaparecer civiles entre 2002 y 2005 en los departamentos del Cesar y La Guajira.Los falsos positivos, uno de los episodios más graves del conflicto armado y considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejaron al menos 6.402 personas asesinadas, según los registros de la JEP.El tribunal atribuyó a Mejía la responsabilidad por decenas de homicidios y desapariciones forzadas, crímenes que hicieron parte de patrones de macrocriminalidad, entre ellos una alianza entre unidades militares bajo su mando y grupos paramilitares, así como ejecuciones de personas en situación de vulnerabilidad. (Lea también: JEP imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por genocidio de la UP)Un juicio inédito en la JEPEl proceso contra Mejía fue el primer juicio adversarial abierto por la JEP contra un miembro de la fuerza pública que se negó a aceptar los cargos formulados por este tribunal.A diferencia de otros exmilitares que en el mismo caso aceptaron su responsabilidad y recibieron sanciones de carácter restaurativo, es decir, sin cárcel, el coronel retirado se negó a hacerlo, lo que lo expuso a la pena máxima de hasta 20 años de prisión.El juicio comenzó en septiembre de 2024 en Valledupar, bajo la conducción de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano de la JEP que actúa como fiscalía y que desde el inicio pidió la condena máxima.Según la acusación, Mejía ideó y ejecutó un plan criminal para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate, con el objetivo de inflar resultados operacionales y proyectar una imagen de eficacia militar.Entre las víctimas hubo campesinos, personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad e integrantes del pueblo indígena kankuamo.Durante el proceso, Publio Hernán Mejía, uno de los militares más condecorados del país, negó su responsabilidad y afirmó que era un "soldado de honor", postura que fue rechazada por la UIA y por las organizaciones de víctimas.AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como "genocidio" la campaña de exterminio perpetrada contra el partido colombiano de izquierdas Unión Patriótica (UP), principalmente en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, e imputó a cinco altos mandos retirados del Ejército.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"El ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano", y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad, según la JEP.El tribunal agregó que "este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual".Lea: JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retiradosLos militares retirados que fueron imputadosPor esos delitos, que formaron parte de "una política contrainsurgente" del Ejército en su lucha contra la guerrilla de las FARC, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores a cinco oficiales retirados. Se trata del mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio por el que en marzo de 2020 la JEP la acreditó como víctima de crímenes de agentes del Estado en uno de los once macrocasos abiertos por ese tribunal.Para llegar a la conclusión de que hubo genocidio contra la UP, la JEP examinó 34 informes -incluyendo los de entidades estatales como la Fiscalía, Procuraduría y Centro Nacional de Memoria Histórica-, 29 informes de organizaciones de víctimas, y además hizo 139 diligencias de toma de testimonios."Con base en la contrastación de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque territorialmente concentrada. Además, se ejerció a través de todas las formas posibles y contra todos los niveles de la organización política, es decir, contra la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales", agregó la JEP.Lea: JEP condena a 8 años de sentencia restaurativa a 12 exmilitares por falsos positivosEse tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, señaló que "la violencia contra la UP fue continuada en el tiempo" y puso como ejemplo que, "entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido"."La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país", indicó la JEP, que subrayó que "el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo que incluyó el daño a la paz, el daño a la institucionalidad estatal y el daño moral".Por el "plan de exterminio" de la UP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en enero de 2023 al Estado colombiano y le ordenó hacer un acto público de perdón que el presidente, Gustavo Petro, encabezó el pasado 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.AGENCIA EFEMATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El líder chino Xi Jinping recibió el jueves en Pekín al presidente estadounidense Donald Trump con un apretón de manos, en el marco de una cumbre entre las superpotencias para abordar temas espinosos como Irán, el comercio y Taiwán. Xi Jinping recibió a Trump en el opulento Gran Salón del Pueblo poco después de las 10:00 de la mañana (02:00 GMT), una grandiosa recepción que contrasta con las profundas tensiones entre las mayores economías del mundo.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Acompañado por Trump, Xi estrechó la mano de varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido a lo largo de su carrera por ser un acérrimo opositor de Pekín. Trump y Xi permanecieron en el centro mientras una banda militar china interpretaba el himno nacional estadounidense, The Star-Spangled Banner, y luego el himno nacional chino, al tiempo que se disparaban cañones.Niños de escuela, ataviados con coloridos uniformes y ondeando banderas estadounidenses y chinas, coreaban "¡Bienvenidos, bienvenidos!" mientras Trump y Xi pasaban junto a ellos en la plaza. Los dos líderes también disfrutarán de un banquete de Estado en el salón por la noche, y Trump visitará el histórico Templo del Cielo, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad donde los emperadores de China antaño rezaban por una buena cosecha.El presidente estadounidense llegó a la cumbre de dos días a bordo del Air Force One el miércoles por la noche, acompañado por destacados directores ejecutivos, entre ellos Jensen Huang de Nvidia y Elon Musk de Tesla, símbolos de los acuerdos comerciales que Trump espera alcanzar. Este viaje a Pekín es el primero de un presidente estadounidense en casi una década, después de que Trump visitara la ciudad en 2017, acompañado, a diferencia de esta vez, por su esposa Melania.'Un fuerte abrazo'En la lista de prioridades de Trump figurarán los acuerdos comerciales en agricultura, aviación y otros sectores, con una nutrida representación de importantes empresarios en la delegación del líder estadounidense. A bordo del Air Force One, de camino a Pekín, Trump prometió en las redes sociales presionar a Xi para que "abra" China a las empresas estadounidenses "para que estas personas brillantes puedan hacer su magia".Pero Trump se enfrenta a una China diferente y más envalentonada que la que visitó hace nueve años, con una serie de tensiones comerciales y geopolíticas sin resolver entre ambos países. La guerra con Irán, en particular, ha amenazado con debilitar la posición de Trump en las conversaciones con Xi, obligándolo ya a posponerlas desde marzo.El presidente estadounidense dijo que esperaba una "larga conversación" con Xi sobre Irán, que vende la mayor parte de su petróleo, sancionado por Estados Unidos, a China, pero insistió en que "no creo que necesitemos ninguna ayuda de Pekín con Irán". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adoptó un tono algo diferente. "Esperamos convencerlos de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo y tratando de hacer actualmente en el Golfo Pérsico", dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a la cadena Fox News en una entrevista emitida el miércoles.¿Tregua arancelaria?La prolongada guerra comercial entre ambos países también será un tema prioritario en la agenda, después de que los aranceles generalizados impuestos por Trump el año pasado provocaran una respuesta recíproca que superó el 100 por ciento. Trump y Xi tienen previsto debatir la prórroga de la tregua arancelaria de un año, a la que ambos líderes llegaron durante su última reunión en Corea del Sur en octubre, aunque un acuerdo dista mucho de ser seguro.Respecto a Taiwán, otro tema que ha entorpecido las relaciones, Trump dijo el lunes que hablaría con Xi sobre la venta de armas estadounidenses a la democracia autónoma que China reclama como propia. Eso supondría un cambio con respecto a la histórica insistencia de Estados Unidos en no consultar a Pekín sobre su apoyo a la isla, y será una decisión que Taipéi y los aliados estadounidenses en la región observarán con atención.Los controles chinos sobre las exportaciones de tierras raras, la rivalidad en el campo de la inteligencia artificial y la turbulenta relación comercial entre ambos países también figuran entre los temas que se espera que aborden los dos jefes de Estado. Ambas partes buscarán salir de la cumbre con los mayores logros posibles, al tiempo que intentan estabilizar la a menudo tensa relación entre Pekín y Washington, que tiene implicaciones globales. Trump también espera marcharse con una fecha concreta para una visita recíproca de Xi a Estados Unidos a finales de 2026, para demostrar su buena relación con su homólogo chino.EFEÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
A los 18 años, mientras muchos jóvenes apenas terminan la secundaria o comienzan sus primeros semestres universitarios, Jimmy Chilimigras ya suma un nuevo logro académico a una trayectoria poco común: graduarse con honores de la facultad de derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, en Estados Unidos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El joven, originario de Mississippi, obtuvo su título de abogado tras completar sus estudios en aproximadamente tres años, luego de haber ingresado a la universidad cuando tenía apenas 15 años. La institución aseguró que se trata, probablemente, del graduado más joven en la historia de su facultad de derecho.Además de graduarse summa cum laude, Chilimigras obtuvo cinco certificados de concentración en áreas como derecho tributario, justicia social, derecho de inmigración y ciudadanía, estudios jurídicos internacionales, así como tecnología y emprendimiento.Una trayectoria académica fuera de lo comúnLa historia académica de Jimmy comenzó mucho antes de ingresar a la facultad de derecho. Según medios locales y declaraciones de la universidad, terminó la secundaria a los 12 años y, antes de cumplir los 15, ya había obtenido una licenciatura y una maestría en contabilidad.Posteriormente, se convirtió en contador público certificado, siendo considerado uno de los más jóvenes del mundo en alcanzar esa acreditación profesional.Su desempeño en Loyola también llamó la atención por sus resultados. De acuerdo con la universidad, el estudiante se ubicó entre el 2 % de los mejores de su promoción y obtuvo la nota más alta en más del 40 % de las materias que cursó.Durante su paso por la institución, también participó en procesos relacionados con inmigración a través de la Clínica Jurídica Stuart H. Smith de Loyola, donde representó clientes en distintos casos.“Todo se trata de esforzarse”Tras culminar esta nueva etapa académica, Chilimigras habló sobre el esfuerzo que, según él, ha sido clave para alcanzar sus metas a una edad tan temprana.“Todo se trata realmente de esforzarse”, dijo el joven a la cadena WWL-TV. “Creo que es muy importante. Con suficiente trabajo duro y perseverancia, puedes lograr prácticamente cualquier cosa”.El estudiante también reconoció que ingresar a la facultad de derecho siendo adolescente representó un reto importante. En declaraciones atribuidas por Loyola University, explicó que no sabía exactamente qué esperar cuando comenzó sus estudios, especialmente porque tenía una edad en la que muchos jóvenes apenas cursan los primeros años de secundaria.Sin embargo, aseguró que tanto profesores como compañeros contribuyeron a que pudiera adaptarse y avanzar en su proceso académico.Entre los graduados de derecho más jóvenesAunque Jimmy Chilimigras ya es considerado uno de los graduados de derecho más jóvenes de Estados Unidos, no ocupa el primer lugar histórico.De acuerdo con registros citados por distintos medios, Stephen Baccus obtuvo su título de abogado en la Universidad de Miami cuando tenía 16 años, en 1986. También se mencionan casos como el de Gabrielle Turnquest, quien logró su título a los 17 años y posteriormente se convirtió en una de las abogadas más jóvenes del Reino Unido.Aun así, la Universidad Loyola destacó que el caso de Chilimigras es excepcional dentro de su historia institucional y del estado de Luisiana.Lo que viene para Jimmy ChilimigrasLejos de detenerse, el joven ya tiene definidos sus próximos pasos académicos y profesionales. Según confirmó, planea presentar este verano el examen de barra, requisito necesario para ejercer formalmente como abogado en Estados Unidos.Después, continuará sus estudios en la Universidad Northwestern, en Chicago, donde cursará una especialización avanzada en derecho tributario.Sus padres, John y Erin Chilimigras, también reaccionaron públicamente al logro de su hijo y aseguraron sentirse orgullosos por el camino que ha construido.“Jimmy ha trabajado muchísimo y, sin importar cómo hubiera terminado todo, yo estaría orgulloso de él”, expresó su padre en declaraciones recogidas por medios estadounidenses. “Ver cómo todo ese esfuerzo dio resultados y cómo logró las cosas con las que soñaba es algo muy especial”.La historia del joven estadounidense ha llamado la atención dentro y fuera del ámbito académico por la velocidad con la que ha avanzado en su formación profesional, convirtiéndose en un caso poco habitual en el sistema universitario de Estados Unidos.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El sorteo de Baloto y Revancha de este miércoles, 13 de mayo de 2026, se realiza entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, con transmisión a través de plataformas digitales autorizadas. Quienes jugaron en esta jornada deberán estar atentos a los resultados, ya que existe la posibilidad de acertar la combinación ganadora y acceder al premio mayor.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Resultados completos Baloto y Revancha 13 de mayo de 2026BalotoLos números ganadores del sorteo principal fueron los siguientes:Números ganadores: 04 -39 - 31 - 19 - 18Superbalota: 04El acumulado del Baloto para este sorteo era de $37.200 millones. En caso de no haber ganadores con la combinación completa, el acumulado aumentará.RevanchaLos números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:Números ganadores: 16 - 22 - 03 - 38 - 15Superbalota: 02El acumulado de Revancha para este sorteo era de $2.600 millones. No obstante, al igual que con el Baloto, en caso de no haber ganador con la combinación completa, este incrementará para el próximo sorteo.¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?El sistema de premios de Baloto y Revancha funciona bajo un esquema paramutual, lo que implica que los montos entregados dependen del total de ventas registradas en cada sorteo. Del dinero recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios. Dentro de ese porcentaje, el 36,744 % se asigna al premio mayor, mientras que el resto se distribuye entre las diferentes categorías de aciertos.Los valores entregados están sujetos a las disposiciones fiscales vigentes en Colombia. Los premios que superan las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) tienen una retención del 20 %, lo que reduce el monto final recibido por el ganador. Este aspecto debe tenerse en cuenta al momento de calcular el dinero neto. En cuanto al costo de participación, una apuesta simple de Baloto tiene un valor de $5.700. Si el jugador decide incluir la opción de Revancha, el precio total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados, entre ellos redes de giros, comercios habilitados y plataformas en línea a través del sitio oficial del juego.Cómo jugar el BalotoPara jugar el Baloto en Colombia, se debe adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado o a través de plataformas digitales oficiales. El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de jugar con más números, lo que incrementa las posibilidades de ganar, pero también el costo del tiquete.Además del sorteo principal, se puede activar la opción de Revancha, que utiliza los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo con un acumulado independiente. El valor total de una apuesta con Revancha es mayor que el de una apuesta sin esta opción.Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados, y los resultados se publican en medios oficiales. Los premios se asignan según la cantidad de aciertos, y el acumulado mayor se entrega a quien acierte los cinco números más la superbalota. También se otorgan premios menores por aciertos parciales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El presidente Gustavo Petro informó en la noche de este miércoles que autorizó a la Consejería Comisionada para la Paz para que se realice el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco "zonas de concentración" o Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con el fin de avanzar en "el proceso de negociación" con estas guerrillas. "Serán órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas", aseguró el mandatario en consejo de ministros.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Cabe resaltar que el Gobierno Nacional pidió que se suspendieran las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, petición a la que no accedió la Fiscalía General de la Nación. Entre el listado de integrantes de este grupo armado que serían trasladados a una ZUT está Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, jefe criminal que es requerido en extradición por los Estados Unidos. "Los procesos de negociación se mantienen por obligación en Colombia (...) Eso significa que habrá las zonas de concentración, que son la última fase de un proceso de negociación, según la ley. Pero no se puede poner en duda en función de las facultades del Presidente, que la ley de orden público determina, y que depende, según la ley, del estado de avance de un proceso de paz, que hace exclusivamente el Presidente", dijo el jefe de Estado. La Consejería Comisionada para la Paz, por su parte, indicó en un comunicado que "en la primera fase de implementación de las ZUT no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes, situación que será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República".De hecho, para evaluar la suspensión de las órdenes de captura contra el Clan del Golfo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció una reunión este jueves con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el alto comisionado para la Paz, Otti Patiño. "En un estado avanzado del proceso de paz y aquí se infiere que es el Gobierno quien evalúa el avance del proceso, no la Fiscalía General de la Nación”, señaló Cuervo.¿Por qué Fiscalía no autorizó suspender órdenes de captura?En un comunicado, la Fiscalía señaló que para realizar dicha suspensión se necesita verificar, como mínimo, la plena identificación de las 29 personas, así como su "situación jurídica, existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición vigentes y la información disponible".Además, reiteró que la información remitida por parte del Gobierno Nacional "permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional. Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia".El ente acusador, además, reiteró que las ZUT "debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad".LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Se terminaron los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, este miércoles 13 de mayo, con la victoria 0-2 de Tolima sobre el Pasto y el empate 2-2 del Junior frente al Once Caldas, que dejaron a los 'pijaos' y 'tiburones' en las semifinales del campeonato del fútbol colombiano.Con esto, quedaron definidas las llaves de 'semis', que serán Atlético Nacional contra Deportes Tolima e Independiente Santa Fe frente al Junior. Los partidos de ida serán en Ibagué y Bogotá, mientras que los de vuelta en Medellín y Barranquilla.¿Cuándo se jugarán las semifinales de Liga BetPlay 2026-I?A falta de la confirmación de horarios por parte de la Dimayor, se conoció que este sábado 16 de mayo serán los dos partidos de ida de las semifinales del fútbol colombiano, porque Santa Fe y Tolima tienen programados partidos de Copa Libertadores, el próximo martes 19 de mayo. Solo faltaría conocer la hora de cada compromiso. Sábado 16 de mayo - partidos de idaTolima vs NacionalEstadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)Santa Fe vs JuniorEstadio: El Campín (Bogotá)Extraoficialmente se habla que el duelo entre 'cardenales' y 'tiburones' sería a las 8:30 p.m. en el Nemesio Camacho El Campín, mientras que el de 'pijaos' y 'verdolagas' se daría a las 6:00 p.m.Los partidos de vuelta serían el próximo fin de semana del 23 y 24 de mayo, aún por saber la programación por parte de la Dimayor, pero lo que sí es seguro es que las llaves se cerrarán en el Atanasio Girardot y el Romelio Martínez, respectivamente.Así llegó Nacional a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-ILos dirigidos por Diego Arias terminaron el 'todos contra todos' como líderes de la tabla de posiciones, con 40 puntos, producto de 13 victorias, un empate y cinco derrotas. Ya en los cuartos de final en la ida venció 1-2 a Internacional de Bogotá, y luego, en el Atanasio Girardot, consiguió una goleada histórica 7-1 frente al cuadro capitalino.Así llegó Tolima a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-ILos de Lucas González tuvieron altibajos pero clasificaron con anticipación a los playoffs del fútbol colombianos. En la primera fase quedaron sextos, con 31 puntos.Ya en cuartos de final mostraron superioridad contra el Pasto, ganando 1-0 en el Manuel Murillo Toro, y este miércoles aseguraron su clasificación venciendo 0-2 en el Departamental Libertad.Así llegó Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-ILos 'cardenales', dirigidos por Pablo Repetto, sufrieron hasta la última fecha para clasificar a los playoffs, pero derrotaron 3-1 a Internacional de Bogotá y así siguieron en la lucha por el título del primer semestre del fútbol colombiano.El cuadro capitalino viene de menos a más en el campeonato de nuestro país y en cuartos de final dejó en el camino al América de Cali, empatando 1-1 en el Pascual Guerrero, y goleando, gustando y ganando 4-0 en El Campín, en la noche de martes.Así llegó Junior a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-IEl equipo barranquillero tuvo una destacada fase del 'todos contra todos', terminando en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 35 puntos, tras once victorias, dos empates y seis derrotas.Ya en cuartos de final no la tuvieron fácil, pero lograron imponerse a un complicado Once Caldas, de Dayro Moreno, quedando 3-2 en el marcador global, luego del 1-0 en la ida en Manizales, y un partidazo 2-2 este miércoles en el Romelio Martínez.