El 5 de agosto de 2019, la vida de Sandra Milena Cuesta, una madre trabajadora de la comuna 8 de Medellín, se detuvo. Marlon Andrés Cuesta, su hijo menor de tan solo cinco años, desapareció tras haber quedado al cuidado de un conocido en el barrio Villatina. Lo que inicialmente se reportó como el extravío de un menor, pronto se transformó en una operación de búsqueda a gran escala que involucró a toda la ciudad y a las autoridades de infancia y adolescencia. Séptimo Día investigó este caso. Durante once días, la incertidumbre consumió a la familia Cuesta. Sandra recordaba a su hijo como el motor de su existencia: “Ese niño era la motivación mía. El que siempre estaba ahí conmigo era él Marlon, era mi compañero”. Mientras la Policía y la comunidad realizaban rastreos casa por casa y marchas con camisetas blancas, los responsables del rapto se encontraban camuflados entre los manifestantes. Kevin, un adolescente de 17 años que vivía en la misma casa que Sandra, y sus amigos, participaron activamente en las velatones y jornadas de búsqueda para desviar las sospechas.El hallazgo en una zona boscosaLa esperanza de encontrar a Marlon con vida se desvaneció el 16 de agosto de 2019. El avistamiento de gallinazos en un sector boscoso del barrio alertó a los vecinos. Zoila Rosero, líder comunal y conocida de la familia, fue una de las primeras en llegar al sitio del hallazgo: “Y yo me vengo sin chancla sin celular corriendo... El niño está envuelto en lonas”.El cuerpo de Marlon Andrés fue encontrado dentro de un costal, envuelto en sábanas y una cortina, con sus extremidades atadas. La inspección técnica reveló la crueldad del ataque. Los peritos determinaron que el menor no murió de inmediato, sino que permaneció con vida entre siete y ocho días después de su rapto, sufriendo agresiones continuas antes de ser asesinado."Fue una venganza": esto dijo uno de los implicadosLa investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial rápidamente vinculó a Kevin, el vecino menor de edad. Meses antes del crimen, el adolescente había ingresado a la vivienda de Sandra para hurtar varios electrodomésticos. “Se me llevó microondas, se me llevó licuadora”, explicó Sandra sobre el robo antes de la tragedia.En lugar de denunciar formalmente, la situación fue escalada por grupos ilegales que controlaban la zona, quienes obligaron a Kevin a devolver los objetos y lo expulsaron temporalmente del barrio tras propinarle una golpiza. Este hecho generó un resentimiento profundo en el joven. Cristian Camilo Serna, uno de los condenados a 60 años de prisión, habló durante una entrevista desde el centro penitenciario: “Porque él a veces le decía a mi hermanito que estaba ofendido con la mamá del peladito que porque casi lo hacía matar de los manes de la vuelta”.Bajo esta premisa, la muerte de Marlon no fue un hecho accidental, sino una retaliación directa contra su madre. El plan consistió en raptar al niño cuando se encontraba solo, trasladarlo a la habitación contigua de la misma casa donde vivía y mantenerlo cautivo mientras el país entero lo buscaba.Justicia y condenas en medio de la indignaciónLa captura de los implicados se produjo de forma escalonada tras el allanamiento a la vivienda de Kevin, donde se hallaron fragmentos de la cortina utilizada para envolver el cadáver y rastros biológicos que confirmaron que el menor estuvo allí. Kevin y Sebastián, ambos de 17 años en el momento de los hechos, aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a ocho años en un centro para menores infractores, la pena máxima permitida para su edad.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La desaparición de Marlon Andrés Cuesta, un niño de apenas 5 años, marcó un antes y un después en la memoria del barrio Villatina, en la comuna 8 de Medellín. El 5 de agosto de 2019, la rutina de una familia humilde se convirtió en una pesadilla que se prolongó durante once días, movilizando a toda una ciudad en una búsqueda desesperada que terminó con un desenlace devastador.Séptimo Día reveló detalles de la intensa búsqueda liderada por las autoridades y la comunidad, así como del macabro hallazgo. Además, uno de los señalados por el crimen habló desde prisión sobre los hechos.“Ese niño era la motivación mía. El que siempre estaba ahí conmigo era él. Marlon era mi compañero”, dijo Sandra Milena Cuesta, madre del menor, al recordar los días previos a la tragedia que cambió su vida para siempre.Sandra, quien llegó a Medellín desde Turbo, Antioquia, trabajaba haciendo aseo y estudiaba belleza para sacar adelante a sus seis hijos. El día de la desaparición, como era habitual, dejó al pequeño Marlon al cuidado de un vecino de confianza mientras ella cumplía con sus obligaciones.“Yo a veces tenía y les pasaba para la alimentación, por el cuidado, porque no tenía plata para pagarle, pero les daba comida”, explicó Sandra. Sin embargo, para el día de los hechos, al regresar en la noche, el niño no estaba.“No estaba ahí, me fui para la casa y tampoco estaba. Ahí lo que hice fue salir a buscarlo porque mi corazón me decía que algo no estaba bien”, relató.La intensa búsqueda del pequeño Marlon AndrésLa noticia de la desaparición de Marlon se propagó rápidamente por la zona. Su carácter alegre y su facilidad para relacionarse con los vecinos hicieron que la comunidad se volcara a su búsqueda desde el primer momento. Zoila Rosero, líder comunitaria, lo describió con afecto: “¿Quién no tenía que ver con Marlon? Era el más inteligente que todos los niños que hay por aquí”.A pesar de que el niño conocía bien su entorno y rara vez se alejaba, nadie daba razón de su paradero. La búsqueda inicial se centró en las calles y callejones de la comuna, pero con el paso de las horas la incertidumbre creció.Sandra acudió a las autoridades y la llamada fue recibida por la Policía de Infancia y Adolescencia de Medellín. El intendente Mauricio Vázquez reveló que se realizaron actividades casa a casa y, posteriormente, la búsqueda se extendió a zonas boscosas.El hallazgo del cuerpo y el inicio de la investigaciónEl 16 de agosto de 2019, tras once días de angustia, el hallazgo de unos gallinazos en una zona del barrio alertó a los vecinos. Zoila Rosero fue una de las primeras en llegar al sitio: “Yo estaba en mi negocio, cuando llega mi amiga y me dice: ‘Zoila, allá hay un cadáver’”.La escena era desgarradora. El cuerpo de Marlon estaba oculto en una zona boscosa del mismo barrio donde vivía. El intendente Vázquez detalló las condiciones del hallazgo: “Observamos el cuerpo sin vida del niño Marlon en un costal, la sábana y se encontraba amarrado de las manos y sus pies”.El dictamen de Medicina Legal confirmó la crueldad del crimen. “El niño fue violado, torturado, lo quemaron y le dieron con un palo”, dijo, entre lágrimas, la madre del menor.Asimismo, los análisis forenses determinaron que el niño no murió de inmedito. Según el investigador, “estuvo alrededor de 7 u 8 días vivo”.Sospechoso sería un cercano: ¿Fue una venganza?La investigación dio un giro crucial cuando las autoridades centraron su atención en un antecedente que, hasta ese momento, parecía no tener relación con la desaparición. Meses antes, un adolescente de 17 años identificado como Kevin, hijo de una vecina de Sandra, había ingresado a su vivienda y robado varias pertenencias. Lo que inicialmente fue visto como un hecho aislado terminaría convirtiéndose en una pieza clave para esclarecer el crimen.Tras ese episodio, Sandra denunció el robo, lo que desencadenó represalias por parte de integrantes de la comunidad contra el adolescente, quien fue obligado a abandonar el sector durante varios meses. Sin embargo, Kevin regresó al barrio poco tiempo antes de la desaparición de Marlon.El caso tomó fuerza cuando las autoridades ejecutaron un allanamiento en la vivienda del joven. Allí encontraron elementos que resultaron clave para la investigación, entre ellos, fragmentos de una cortina que, según los análisis, coincidían con la tela utilizada para envolver el cuerpo del niño.Ante el peso de las evidencias, el señalado terminó confesando su participación en el crimen y señaló a otros tres jóvenes como presuntos involucrados. Entre ellos estaba Sebastián, quien al momento de los hechos también era menor de edad. Los otros dos señalados fueron Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero, ambos mayores de edad.Condenado habló desde prisiónEl relato de los hechos reconstruido por la Fiscalía determinó que Marlon fue interceptado por Kevin cuando el niño llegaba solo a su casa. Lo pasaron a la vivienda contigua y allí, junto a los otros tres cómplices, lo mantuvieron cautivo y lo sometieron a torturas como represalia contra su madre.El 14 de mayo de 2026, el equipo de Séptimo Día entrevistó a Cristian Camilo en la cárcel El Pedregal de Medellín para conocer su versión sobre los hechos. Durante la conversación, aseguró que el crimen habría estado motivado por una retaliación contra la madre de Marlon. “Fue una venganza, porque él (Kevin) le decía a mi hermano que estaba ofendido con la mamá del peladito, porque casi lo hacía matar”, afirmó desde prisión.Además, aseguró que Kevin sí había robado varias pertenencias de Sandra, un hecho que desencadenó el conflicto que, según la investigación, habría originado la tragedia.Dos implicados quedaron libres y otro se dio a la fugaEn marzo de 2026, la justicia colombiana condenó a Cristian Camilo y a Leider Yesid a 60 años de prisión, la pena más alta permitida en el país, por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y tortura.Sin embargo, mientras Cristian Camilo fue capturado y permanece en prisión, Leider Yesid sigue prófugo. Las autoridades emitieron en su contra una circular roja de Interpol, pues se presume que salió del país.Por su parte, Kevin y Sebastián, quienes eran menores de edad al momento del crimen, recibieron una sanción de 8 años en un centro para menores. No obstante, recuperaron la libertad antes de cumplir la totalidad de la medida y continúan vinculados al proceso bajo seguimiento de las autoridades.Para Sandra Milena Cuesta, el dolor persiste y la sensación de impunidad respecto a los menores de edad es evidente. “La justicia divina es la que puede. La justicia del hombre no es nada y a ellos les espera algo que algún día les llegará”, afirmó.“Se me hace muy injusto. Para mí no han pagado nada y siento que debería volverse a tomar el caso y hacerse justicia porque no es posible que dos personas tan crueles que le pueden hacer eso a un niño estén libres”, dijo una familiar del menor.Para la familia de Marlon, el hecho de que Kevin y Sebastián, quienes eran menores de edad al momento del crimen, hoy estén en libertad evidencia las limitaciones del sistema judicial colombiano para sancionar delitos de extrema gravedad. Mientras tanto, Sandra Milena expresó que continúa recibiendo amenazas y denunció falta de acompañamiento y medidas de protección por parte de las autoridades.
El legado de la Kola Román es, en esencia, parte de la historia de Cartagena y un símbolo de la identidad colombiana. Con 161 años de trayectoria, esta bebida nació en 1865 como el resultado de un experimento en una pequeña casa del centro histórico de la ciudad amurallada y, con el tiempo, se convirtió en un emblema nacional que ha acompañado y marcado el país.La Nena Arrázola, de Los Informantes, acompañó a Beatriz Román, una de las herederas de esta emblemática estirpe que dejó una huella imborrable en Cartagena. Durante el recorrido, recordó la historia de Manuel Román y Picón, un joven emprendedor llegado desde Sevilla, España, con conocimientos en farmacia, quien se estableció en la ciudad y formó una familia junto a Rafaela Polanco. De esa unión nacieron 12 hijos, entre ellos Enrique, Carlos, Antonio y Soledad Román, figuras clave en la historia de la familia y del nacimiento de está bebida.El origen de una fórmula centenaria y su expansiónEl desarrollo de la Kola Román no fue inmediato. Según Beatriz, la idea surgió tras un viaje de salud de uno de los hermanos. “Enrique tuvo alguna cuestión de salud y se fue para Europa y estando allá se le ocurrió comprar una máquina de gaseosas en Inglaterra. Ahí empezaron y crearon lo que fue la Kola”, aseguró.Aquella primera versión era un líquido casi transparente basado en almíbares que se mejoraban localmente. Con el tiempo, la producción se trasladó del centro histórico de Cartagena a una zona industrial más amplia.Este crecimiento permitió que la gaseosa no solo dominara el mercado de Cartagena y el Caribe, sino que empezara su conquista hacia el interior del país, convirtiéndose en una de las gaseosas más antiguas del mundo.Más antigua que los gigantes globalesUn dato que resalta en la historia de la industria mundial es la antigüedad de la Kola Román frente a sus competidores más famosos. La bebida cartagenera nació 21 años antes que la Coca-Cola, creada en 1886, y 33 años antes que la Pepsi, en 1898.Su presencia ha sido tan constante que las familias locales han crecido con ella por generaciones. “Yo nací con el tetero de Kola Román en la boca. Cuando tenía uso de razón ya no había nada que hacer”, dijo, entre risas, Beatriz Román.Kola Román: la relación entre el Himno Nacional y la ConstituciónLa influencia de la Kola Román trascendió lo comercial para instalarse en los momentos definitivos de la República. La conexión política se dio a través de Soledad Román Polanco, hija de Manuel Román y figura clave de la época, quien se casó con Rafael Núñez, cuatro veces presidente de Colombia.La casa de la familia Román, en el barrio El Cabrero, se convirtió en el epicentro de algunas de las decisiones más trascendentales del país. Según el historiador Moisés Álvarez, fue allí donde “se cranea la gran reforma política de 1886”, que marcaría el rumbo de Colombia durante más de un siglo.La tradición oral y los registros históricos sugieren que los grandes símbolos patrios se gestaron acompañados por el sabor de esta gaseosa. Álvarez sostiene que, durante sus periodos presidenciales, Rafael Núñez “debió tomarla, escribiendo el Himno Nacional y craneando la Constitución”.Impacto económico y cultural en el CaribeTras la independencia, Cartagena atravesaba una situación financiera crítica. La aparición de industrias como la de los Román fue vital para la recuperación de la ciudad. Moisés Álvarez explica que “Cartagena queda en los rines, devastada por las guerras”, pero el proceso de recuperación, en parte, fue gracias a la Kola Román.Su versatilidad la ha llevado incluso a la gastronomía y la coctelería. Se utiliza en platos tradicionales como la posta cartagenera y el plátano. Personajes ilustres como Gabriel García Márquez no se resistió a su sabor. El Nobel colombiano acostumbraba a disfrutarla con hielo y unas gotas de limón, una mezcla que, según quienes lo conocieron, era uno de sus placeres cuando visitaba Cartagena. Con el paso de los años, además, la bebida se ha rodeado de creencias populares que le atribuyen propiedades para aliviar malestares estomacales e incluso la fiebre.Propiedad de la marca y legado actualA pesar de su longevidad y éxito, la marca ha sabido adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia familiar. Actualmente, la Kola Román opera bajo un contrato de concesión con la multinacional Coca-Cola firmado por 50 años. No obstante, los descendientes de Manuel Román y Picón conservan la propiedad única de la marca y reciben regalías por esta alianza. Tras más de un siglo y medio, la gaseosa color de rosa sigue siendo un símbolo vigente de La Heroica y un testimonio de la historia colombiana.
La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, corresponsal freelance radicada en Teherán, ha sido distinguida con el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026. Este galardón, considerado uno de los más prestigiosos del periodismo en Iberoamérica, fue otorgado por la Fundación Gabo tras destacar su valentía, independencia y rigor narrativo en la cobertura de los conflictos más complejos del mundo actual.La decisión fue tomada por consenso el pasado 30 de abril por el Consejo Rector del premio, el cual subrayó que Gómez Ángel “encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos”.El reconocimiento oficial se llevará a cabo el próximo 24 de julio en Bogotá, durante la ceremonia central de la decimocuarta edición del Festival Gabo. El jurado resaltó su capacidad para mantener una mirada latinoamericana que prioriza a las víctimas y la experiencia humana en medio de la guerra.Los 13 miembros del jurado destacaron que es una corresponsal “sin ataduras institucionales que narra la guerra desde dos de sus focos más críticos para el orden mundial contemporáneo: Irán y Ucrania”.Una vida entre el velo y el chaleco antibalasCatalina Gómez Ángel, originaria de Pereira, se ha convertido en una de las pocas mujeres que cubren el Oriente Medio para el mundo de habla hispana. Su trayectoria está marcada por el uso constante del velo y el chaleco antibalas, elementos que la identifican mientras persigue la noticia en terrenos hostiles.En 2021, habló con Los Informantes sobre los inicios del periodismo de guerra.“Fue duro la llegada nunca voy a negarlo. Los primeros meses fueron muy duros, me pregunte muchas veces yo realmente qué estaba haciendo aquí y yo que estaba buscando realmente porque fue muy duro”.Formada en Comunicación Social en la Universidad Javeriana, Gómez Ángel trabajó inicialmente cubriendo deportes, y posteriormente trabajó en varios medios de comunicación. Sin embargo, su interés por la política exterior y su fascinación por Irán, tema de su monografía de maestría en Relaciones Internacionales, la llevaron a buscar un destino más lejano.Antes de partir, tomó clases de farsi en Bogotá, aunque admitió que su entorno no asimiló su decisión de inmediato: “Yo creo que ninguno de ellos se creyó el embeleco de que yo realmente me iba a venir a vivir aquí, porque yo quería ser corresponsal entonces un día dije me voy”.El rigor de informar desde TeheránEstablecida en Teherán desde hace más de una década, Gómez Ángel ha experimentado en carne propia los rigores del régimen iraní, una república islámica de carácter teocrático en la que el poder político y religioso se concentra en la figura del líder supremo, máxima autoridad del país.Para ese momento, aseguró que su labor periodística requiere permisos especiales incluso para salir de la capital iraní. “Yo para salir de teherán tengo que tener un permiso especial y yo no puedo ir a cualquier parte de irán que yo quiera. Necesito tener una autorización y no puedo hacer cualquier historia”, explicó la reportera sobre las limitaciones del entorno.Además de las barreras burocráticas y la censura, la periodista ha enfrentado situaciones de extrema violencia y represión. En una ocasión, tras las protestas de 2009 en Irán, fue detenida y sometida a tratos degradantes: “Nos hicieron desnudar, nos hicieron acurrucar, nos revisaron por todas partes, nos hicieron firmar papeles, nos trajeron cámara de televisión. Todo intrusivo de una manera súper violenta”.La ventaja estratégica de ser mujer y hablar españolA pesar de las dificultades, Gómez Ángel ha sabido capitalizar su identidad para acceder a historias que otros corresponsales no logran alcanzar. En culturas como la afgana, donde no se permite que las mujeres hablen con hombres extraños, su condición de mujer le otorga un acceso privilegiado: “Las mujeres tienen miedo, pero las mujeres te cuentan la historia. De hecho esa es la gran ventaja de ser mujer que puedes entrar a sus cuartos, te invitan a su casa”.Asimismo, trabajar para medios en lengua española le brinda un margen de maniobra mayor frente a la vigilancia estatal en comparación con sus colegas anglófonos o francófonos. “Nosotros los que hacemos notas en español tenemos una gran suerte y es que ellos no sienten en los medios en lengua española como enemigos, entonces ni los vigilan tanto ni los controlan tanto ni están tan atentos”, afirmó la periodista. Actualmente, sus reportes llegan a audiencias globales a través de medios como La Vanguardia de Barcelona, Radio Francia Internacional, Caracol Televisión en Colombia.Desafíos cotidianos y compromiso con las víctimasGómez Ángel ha cubierto conflictos en Afganistán, Egipto, Irak, Kurdistán, Líbano, Gaza y Siria. Su compromiso con la realidad de estas naciones se refleja en su dificultad para acostumbrarse al dolor ajeno: “La situación de este país por donde usted la mire es absolutamente triste. Le provoca a uno sentarse a llorar con cada historia que le cuenta”.A pesar de los riesgos y la lejanía, Catalina Gómez Ángel continúa siendo un testigo directo de eventos determinantes para la paz mundial, operando desde un entorno donde, como ella misma dice, “las mujeres podemos llegar tan lejos como quiera”.
Emiro del Carmen Ropero Suárez y Paulino Coronado Gámez tienen lo que podría catalogarse como una amistad imposible. Por muchos años de sus vidas cada uno estuvo en un extremo de la violencia en Colombia: el primero fue guerrillero de las extintas FARC y el segundo un General del Ejército Nacional. Sin embargo, en la actualidad, los dos dejaron de lado los camuflados y las armas para hablar de paz.La violencia en Colombia ha dejado todo tipo de historias tristes y desgarradoras que, con el paso de los años, hicieron cada vez más difícil la reconciliación y el perdón. Pero sin duda son muchos más los colombianos que siguen soñando y construyendo un país en paz, algo de lo que estos dos hombres son un claro ejemplo.¿Cómo se conocieron el exguerrillero y el militar?Esta historia de reconciliación inició en medio de la guerra, en el año 2000, cuando el entonces general Paulino Coronado, comandante de la Brigada de Norte de Santander, lideraba un programa de emisoras en el departamento que tenía gran acogida en la zona del Catatumbo. Fue tal su sorpresa cuando, en medio de su programa, recibió al aire una llamada de su objetivo militar número uno: alias Rubén Zamora, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).“En una ocasión me llamó Emiro, pero no como yo hubiera querido, al programa de las emisoras. Me dijo: ‘le habla Rubén Zamora’ y le dije: ‘¿Sí? Y yo soy Superman’”, recordó el general (r). Ante la incredulidad del militar de que del otro lado de la línea estaba su ‘enemigo’, procedió a preguntarle su nombre de pila y su fecha de cumpleaños. Así conoció a Emiro del Carmen Ropero Suárez, quien hoy es su amigo.“Comenzamos a hablar de la situación del Catatumbo estando yo en ejercicio y él en la clandestinidad”. Desde ese momento, las conversaciones iban enfocadas en la búsqueda de un mejor país y menos violencia. El general (r) Coronado recordó que le ofreció todos los parámetros a alias Rubén Zamora para que dejara las armas. “Le dije: ‘Usted me llama porque tiene algún interés y yo soy garante, soy hombre de honor y la palabra mía vale. Si usted se compromete en la desmovilización, movemos todo lo que haya que hacer y usted me dice cómo lo quiere hacer, en el lugar que usted quiera’”.Sin embargo, en ese momento las luchas de ambos eran totalmente diferentes y no recibió la respuesta que esperaba. “General, usted está equivocado. Primero se desmoviliza usted que yo”, le respondió.Por su parte, Emiro del Carmen Ropero, quien ejerció como jefe del Frente 33 de las FARC, recuerda hoy en día cuál era el objetivo de su llamada al general. “Eso hacía parte de la filosofía política de las FARC, la necesidad de diálogo con el estamento militar. No era fácil porque veníamos de una guerra muy compleja, pero todo eso nos llevaba a la reflexión de la necesidad de querer detener la guerra”.Aunque un poco accidentado y con grandes diferencias marcadas, en ese momento empezó el vínculo entre el exguerrillero y el exmilitar. Las conversaciones telefónicas de los dos a través de las emisoras fueron pequeños ladrillos en la construcción de un proceso de paz, pero ninguno de los dos abandonaba sus objetivos. El general Coronado tenía claro que quería detener a alias Rubén Zamora y constantemente se estuvieron enfrentando.El encuentro en la vida realSe conocieron finalmente en 2019 después de los diálogos de la paz en La Habana, donde Emiro del Carmen entregó las armas y empezó su proceso de desmovilización. Para ese momento, Coronado ya no hacía parte de las fuerzas militares y fue esto lo que les permitió reencontrarse y verse por primera vez en persona. El evento ocurrió en el apartamento de un amigo que tenían en común.En esa primera conversación se dieron la oportunidad de conocer a la persona que había detrás de sus respectivos uniformes y se dieron cuenta que ambos habían sido víctimas de la guerra, lo que los había llevado a participar desde diferentes orillas. "¿Para qué persistir en una guerra que nos está generando mayores tragedias?", resaltó el exguerrillero.El general (r) Paulino Coronado había salido de las fuerzas militares de una manera poco honrosa en 2008, en medio de la investigación realizada en el país al conocerse los primeros casos de falsos positivos. Tras ese primer encuentro en persona con Emiro del Carmen, fue el exguerrillero el que lo invitó a acogerse y declarar ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.“A mí me parece que lo que le hicieron al general fue descargar una responsabilidad que era más una responsabilidad política del alto gobierno, que de los oficiales que estaban en terreno liderando la confrontación. Porque nosotros lo hemos dicho, eso fue promovido desde el mismo Ministerio de la Defensa”, defiende hoy en día el exguerrillero al exgeneral y agrega también que “yo aplaudo la decisión del general Paulino Coronado de reconocer ante la JEP su responsabilidad por cadena de mando, no por acción”.Desde entonces, los encuentros entre los dos se hicieron más comunes, con sus familias a bordo y conversaciones profundas en las que en ocasiones salen a relucir todavía sus diferencias, pero siempre con el respeto. Hoy en día, deciden hacer a un lado esas cosas que los alejan para juntos ser ejemplo de paz en un país que tanto lo necesita, porque si dos ‘enemigos mortales’ pueden aceptar sus diferencias, todos podríamos aprender algo de ellos.“Existen coincidencias a pesar de las diferencias, existen posibilidades para el entendimiento. Queremos ser referentes especialmente para las nuevas generaciones”, resaltó el general (r) Coronado. “Ha sido muy positivo que nos vean conversando, que nos vean en un café donde nos reunimos a planear ya no la guerra, sino actividades pedagógicas en colegios, universidades, con fundaciones”, complementó el exguerrillero Emiro del Carmen.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha actualizado una de las cifras más dolorosas del conflicto armado colombiano. Lo que inicialmente se documentó como 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos", ha ascendido ahora a 7.837 víctimas. Este incremento de 1.435 nuevos casos no es solo un ajuste estadístico, sino el resultado de un exhaustivo proceso de contraste de datos y el clamor persistente de las familias que buscan justicia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este aumento responde al cruce de bases de datos que no se habían incluido inicialmente, como las de la Procuraduría General de la Nación, y a la recepción de casi 1.000 nuevos informes presentados por las víctimas. Además, la magistratura decidió ampliar el periodo de investigación, abarcando ahora desde el año 1990 hasta el 2016, lo que ha permitido identificar crímenes que antes quedaban fuera del radar judicial.Para las familias, esta noticia tiene un sabor agridulce. Jacqueline Castillo, presidenta de la asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), señaló en entrevista con Noticias Caracol que la nueva cifra no les sorprende. "Nosotras ya veníamos hablando de más de seis mil crímenes de lesa humanidad; de hecho, los comparecientes ante la JEP han mencionado que la barbaridad podría superar los 10.000 casos". Castillo advirtió que departamentos como el Putumayo aún no han sido plenamente priorizados, lo que sugiere que el conteo seguirá creciendo a medida que avance la verdad.La investigación de la JEP ha revelado que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática bajo una presunta política de Estado. Según Castillo, aunque el pico más alto ocurrió entre 2002 y 2008 con 6.402 casos, el fenómeno tiene raíces que se remontan a 1983. El incentivo económico y la presión por mostrar "resultados excelentes" frente a la guerrilla, impulsados en parte por recursos del Plan Colombia, habrían fomentado este patrón de conducta criminal en el seno del Ejército Nacional.Uno de los puntos más polémicos revelados por las víctimas es la existencia de la denominada "prima del silencio". Según el testimonio de un coronel ante la JEP, se trataría de una bonificación económica institucional que reciben los altos mandos y que, en la práctica, funcionaría como un incentivo para no confesar la realidad de las órdenes impartidas. "Por esa razón, los generales nunca van a decir la verdad", lamentó Castillo, refiriéndose a la presunta responsabilidad de figuras como el general Mario Montoya, cuyas audiencias han sufrido múltiples aplazamientos.Detrás de cada número hay una historia de vida truncada. Castillo compartió el desgarrador caso de su hermano, Jaime, quien desapareció en Bogotá y fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate en Ocaña, Norte de Santander. El horror de Jacqueline se profundizó recientemente al descubrir que el cuerpo que enterró podría no ser el de su hermano, debido al hallazgo de un platino quirúrgico en los restos que Jaime nunca tuvo.Esta actualización de la JEP representa un paso crucial hacia la reparación de las víctimas, quienes por años fueron tildadas de querer lucrarse del Estado. Hoy, la evidencia institucional les da la razón: sus hijos, hermanos y padres no eran combatientes, sino ciudadanos víctimas de un engranaje de violencia que el país apenas comienza a dimensionar en toda su magnitud. La búsqueda de los verdaderos responsables, incluidos los altos mandos militares y políticos de la época, sigue siendo la deuda pendiente de la justicia transicional en Colombia.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
En las últimas horas se hizo noticia el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se aumentó la cifra de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Colombia, la cual era de 6.402 y pasó a ser de 7.837 casos. La afirmación por parte del mecanismo de justicia transicional se hizo el pasado 24 de abril por parte del magistrado Pedro Díaz Romero en Apartadó, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El magistrado Pedro Díaz Romero sostuvo que los testimonios rendidos por los comparecientes ratificaron lo ya consignado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP en relación con la articulación entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares.Según explicó el magistrado, “el informe también destacó las estadísticas de los homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, entre los años 1990 a 2016, a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”.Asimismo, el togado indicó que en el caso específico de Antioquia, entre 1990 y 2016, el número de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate asciende a 1.932. El magistrado aclaró que tanto las cifras nacionales como las departamentales son variables y pueden modificarse a medida que avanza la investigación del caso 03, relacionado con los denominados falsos positivos.Cifra de falsos positivos puede aumentar: JEPSobre el porqué se amplió la cifra de falsos positivos en Colombia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, dijo que “siempre hemos dicho que esa cifra de 6,402 es un universo provisional de hechos, o sea, es algo que puede aumentar. Y, efectivamente, cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008, pero el Grai, que es nuestra unidad, digamos, de análisis de información amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió hasta el año 1990 y llegó hasta el 2016. Y pues ahí se incluyeron muchos más casos que no estaban en la cifra inicial. La segunda razón es que el Grai igualmente cruzó más bases de datos que las cuatro inicialmente que se conocen”.Agregó el presidente de la JEP que dichos datos se cruzaron con los que la Procuraduría, que no estaban inicialmente, dijo, “y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1000. Entonces, toda esa información no hizo parte de la cifra inicial. Entonces, cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando”.Finalmente, el magistrado Ramelli mencionó que la cifra de 7.837 solo corresponde al caso 03 (falsos positivos). “¿Qué quiere significar esto? Que todavía faltarán los datos de la sala definición de situaciones jurídicas, que viene realizando audiencias territoriales con no máximos responsables que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca habían sido investigadas. Entonces, lo más probable es que incluso esta nueva cifra pues vaya a aumentar en el futuro”.Cruce de Iván Cepeda y Paloma Valencia por aumento de cifra de falsos positivosLos candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia se pronunciaron sobre el anuncio de la JEP y el aumento de la cifra de los falsos positivos. El candidato de la izquierda señaló que “es una cifra monstruosa, que debe sacudir la memoria y la consciencia de Colombia. También pesa sobre la consciencia de quien ha sido postulado para ser, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez. Yo señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe, antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.Por su parte, la candidata Valencia indicó: “No sea descarado, Iván Cepeda Castro. Responda usted por los resultados de su 'paz total', por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas, las usa”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
"Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor". Con esas palabras, Yésica Natalia Giraldo Marín se dirigió al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien hace 23 años asesinó a su padre, John Darío Giraldo Quintero, en la vereda El Jordán, en Cocorná, Antioquia. El encuentro ocurrió en Medellín durante el tercer día de audiencia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de comparecientes de la fuerza pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Oriente antioqueño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Yésica Natalia estaba junto a Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, su abuela y madre de John Darío. Frente a frente, víctimas y victimario protagonizaron un conmovedor acto de perdón. "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo", le dice Yésica Natalia al exmilitar, quien de inmediato se arrodilla frente a los mujeres y rompe en llanto. El teniente retirado reconoció ante la JEP haber asesinado en septiembre de 2006 a John Darío Giraldo Quintero para presentarlo como una baja en combate, uno de los miles de casos mal llamados 'falsos positivos'."Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor", le dice Yésica Natalia al exmilitar mientras ella y su abuela lo abrazan. "Perdóneme de todo corazón", le responde él, arrodillado. "Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad", se escucha decir a las mujeres, que sostienen el micrófono en medio del conmovedor momento.Rosero Bravo fue uno de los militares citados a la audiencia y que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES). En la diligencia se explicó que uniformados de ese batallón asesinaron a tres hombres -Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález- durante 2002 y 2007 y los presentaron posteriormente como muertos en combate. El teniente retirado fue seleccionado como máximo responsable y ha reconocido responsabilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.En la audiencia, el teniente retirado reconoció que si bien los militares contaban con un soldado que hacía labores de enfermero, este no atendió a John Darío Giraldo Quintero. "No doctora -le respondió a una magistrada de la JEP-. No di la orden (de atenderlo) porque sabía lo que íbamos a hacer con él. Yo di la orden, que los vistieran (como guerrilleros)".En la audiencia, la JEP contó que los militares, bajo el mando de Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por "La Pacho", una mujer que señaló a las víctimas como supuestos guerrilleros. "Después de los hallazgos, se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate", relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis. "Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil".De acuerdo con la información recopilada por la JEP, Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para que interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma que estaban entregando. Después de eso, el teniente, ahora retirado, dio la orden de asesinar a las víctimas. Al respecto se les preguntó a los comparecientes por el origen de las armas que implantaron a las víctimas. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", dijo Rosero."Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé", dijo el compareciente Diego Londoño Rojas a las víctimas. Luego de sus palabras les entregó a algunas, entre ellas Rosalba Angélica y Yésica Natalia, el árbol con el que recuerdan la memoria de las víctimas para ubicarlo en el Bosque del recuerdo."Yo quiero decirles que los perdono", les dijo Rosalba Angélica a todos los comparecientes. "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso (…). Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó (…). Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor", dijo, por su parte, Yésica Natalia durante le diligencia.La audiencia pública hace parte de la 'Ruta no sancionatoria' y tiene como finalidad propiciar un espacio para consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su aceptación de responsabilidad y sus propuestas de medidas para contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de condicionalidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Durante la audiencia de Reconocimiento de Verdad del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien inicialmente negó su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate (los llamados falsos positivos), el clamor de la madre de una de las víctimas se escuchó fuertemente en el auditorio, quien le reclamaba al uniformado retirado por el crimen de su hijo. "Un ser que yo amaba (...) Lo odio, con todo mi corazón, porque ustedes no saben cómo es que le entreguen a uno un hijo en esas condiciones (...) Un hijo que me amaba", dijo ante los presentes. La audiencia se realizó en Yopal (Casanare), y fue socializada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este miércoles 18 de marzo. La mujer que habló se llama María Dolores Sánchez, y era madre de Giovanny Arias, quien fue hallado, identificado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. "Les pido que la rodeen porque ella tiene un dolor que hasta ahora está tramitando", aseguró el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.María Dolores fue consolada por las demás víctimas y por las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia. Mientras hablaba, según mencionó la JEP en sus redes sociales, "su voz reflejaba no solo el dolor persistente, sino también la exigencia de verdad y justicia que atraviesa este proceso".“Es inevitable que aquí surjan y afloren las emociones”, dijo el magistrado Salazar Arbeláez al retomar la audiencia. Durante su intervención, explicó que la JEP ha dispuesto espacios de acompañamiento para atender el dolor, así como para que las víctimas y sobrevivientes puedan expresarse. General (r) reconoce ante la JEP su responsabilidadEl teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 30 víctimas cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno), adscrito a la Brigada XVI que operó en la región. La imputación de la JEP incluyó homicidio en persona protegida y desaparición forzada, a pesar de que el teniente (r) en años pasados había negado estos hechos.En su intervención, León Durán explicó por qué su reconocimiento de responsabilidad es tardío: “Al igual que ustedes, tengo una familia, seres queridos a quienes les conté la magnitud del daño que causé cuando, como comandante del Batallón ‘Ramón Nonato Pérez’, les arrebaté la vida a sus seres queridos”.Asimismo, expresó la importancia de haber conocido a las familias de las víctimas durante su proceso en la JEP y se dirigió a ellas. “Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado, haciendo todo lo que esté a mi alcance por traer a sus seres queridos que aún están desaparecidos y reparar, hasta donde me sea posible, ese daño que mis acciones les han generado”, aseguró. Y añadió: “Entendí que para mí era obligatorio y esencial saber quiénes eran las víctimas y conocer a sus familiares (…) Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”.Esta audiencia restaurativa, en el marco del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, continuará el jueves 19 de marzo en Yopal.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITALlmercado@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- decidió expulsar al general (r) Mauricio Santoyo del Sistema Integral para la Paz, “consistente en aportar verdad plena”.Lo anterior porque “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, explicó el alto tribunal.Santoyo está sometido ante la JEP por dos casos de 1999 y 2000, por lo que responde por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.Detalla el alto tribunal que el general retirado tenía la obligación de presentar una propuesta de régimen de condicionalidad “en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición”.De acuerdo con el documento emitido por la JEP, “frente a la pregunta relacionada con la colaboración que puede prestar a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas", señaló que “no puedo prestar colaboración, pues no he tenido relación con los hechos que se me atribuyen respecto de personas desaparecidas”. (Lea también: JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos)Lo anterior tiene que ver con la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos e integrantes de la Asociación ASFADDES, ocurrida el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín, Antioquia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué beneficios pierde Mauricio Santoyo?El general retirado tenía el “beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar -PLUMP- 119, el cual la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar” y se pide al Inpec "coordinar su traslado a un centro de reclusión”, indica la JEP.Además, “sus asuntos” deberán “retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento”.Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia para traficar cocaína.Aunque fue sentenciado en 2012 a 13 años de prisión, tuvo una reducción y terminó pagando 6 años y 8 meses por colaborar con la justicia y registrar buena conducta.NOTICIAS CARACOL
La Contraloría General de la República advirtió que la desmovilizada guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes que se comprometió a dar para reparar a las víctimas del conflicto armado cuando firmó el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. "Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación", expresó en el ente regulador en un comunicado. En ese sentido, el tribunal de cuentas señaló que las Farc se comprometieron a dar 12.070 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares), de los cuales sólo han entregado 2.114 millones de pesos (572.000 dólares).Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, detalló en Noticias Caracol en vivo que, además, la extinta guerrilla, “de los lingotes de oro, se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro, han entregado 252 mil. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades, han en entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722, han entregado uno”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Es verdad que entregaron dólares falsos?La contralora delegada reveló que “solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las Farc se comprometieron a entregar 450 mil dólares, de los cuales 1.500 según nos certificó la SAE son falsos, que la SAE no va a poder monetizar”, lo que se traduce en “menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales”.La funcionaria insistió en que “sí hay un riesgo” porque “con ocasión de estas decisiones judiciales, el esfuerzo que se hace, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que vayan a reparar a las víctimas”.Detalló que “de las dos primeras sentencias se requirieron más de 100 mil millones de pesos, el Gobierno nacional ha destinado 20 mil, para un total de 120 mil”, pero “hay una brecha grande y este año vienen nuevas decisiones judiciales que se requiere para garantizar su ejecución”. (Lea también: ¿En qué consiste la condena de 8 años a exintegrantes de las Farc? Magistrado de la JEP responde)“Se estima en más de 500 mil millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan que se podrán dictar en el curso de este año”, agregó.¿Quién responde si las Farc no entregan los bienes para reparar a las víctimas?Jenny Lindo recalcó que son “más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado” y “hay una gran debilidad en el cumplimiento de los bienes que se comprometieron (las Farc) a entregar y que estos bienes son los que se previeron en el proceso de paz para las víctimas. En ausencia de estos recursos es el Estado el que debe responder”.“El Gobierno debe hacerse responsable ante la ausencia de estos bienes de las Farc que no han podido monetizar o entregado completamente. Responder del Presupuesto General de la Nación”, precisó."La reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la JEP está desfinanciada en un 83,6% para el año 2026. Faltan 101.858 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares) sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción", detalló la información. En 2025, la JEP emitió sus primeras dos condenas a penas restaurativas, que no conllevan cárcel, contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, casos conocidos en Colombia como falsos positivos. Justamente en septiembre, tras emitir las condenas, la JEP solicitó "con urgencia" al Gobierno colombiano y al Congreso los 33 millones de dólares que necesita para implementar sus primeras sentencias restaurativas. Sin los recursos que pide, la JEP afirmó entonces que no será posible poner en marcha las sanciones que tienen que ver con obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, entre otras. Igualmente, esa jurisdicción advirtió que el cumplimiento de las sentencias restaurativas "depende, constitucional y legalmente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 falsos positivos. (Lea también: JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados)En la sentencia, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señala que resolvió "condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad".Mejía fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, Cesar, donde varios de los antiguos integrantes están involucrados en asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y premios de sus superiores, una política conocida como falsos positivos.Esta es la primera vez que la JEP impone una condena de este tipo a un alto mando del Ejército.La sentencia, de 1.149 páginas, se dictó porque Mejía no aceptó su responsabilidad por los crímenes cometidos cuando comandó el Batallón La Popa, lo que llevó al tribunal a someterlo a un juicio ordinario, en lugar de las sanciones alternativas previstas para quienes reconocen los hechos.La JEP emitió una orden de captura contra el exmilitar y le denegó beneficios como "la prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa", además de prohibirle su salida del país sin autorización judicial.De acuerdo con el fallo, Mejía fue declarado responsable de asesinar y hacer desaparecer civiles entre 2002 y 2005 en los departamentos del Cesar y La Guajira.Los falsos positivos, uno de los episodios más graves del conflicto armado y considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejaron al menos 6.402 personas asesinadas, según los registros de la JEP.El tribunal atribuyó a Mejía la responsabilidad por decenas de homicidios y desapariciones forzadas, crímenes que hicieron parte de patrones de macrocriminalidad, entre ellos una alianza entre unidades militares bajo su mando y grupos paramilitares, así como ejecuciones de personas en situación de vulnerabilidad. (Lea también: JEP imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por genocidio de la UP)Un juicio inédito en la JEPEl proceso contra Mejía fue el primer juicio adversarial abierto por la JEP contra un miembro de la fuerza pública que se negó a aceptar los cargos formulados por este tribunal.A diferencia de otros exmilitares que en el mismo caso aceptaron su responsabilidad y recibieron sanciones de carácter restaurativo, es decir, sin cárcel, el coronel retirado se negó a hacerlo, lo que lo expuso a la pena máxima de hasta 20 años de prisión.El juicio comenzó en septiembre de 2024 en Valledupar, bajo la conducción de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano de la JEP que actúa como fiscalía y que desde el inicio pidió la condena máxima.Según la acusación, Mejía ideó y ejecutó un plan criminal para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate, con el objetivo de inflar resultados operacionales y proyectar una imagen de eficacia militar.Entre las víctimas hubo campesinos, personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad e integrantes del pueblo indígena kankuamo.Durante el proceso, Publio Hernán Mejía, uno de los militares más condecorados del país, negó su responsabilidad y afirmó que era un "soldado de honor", postura que fue rechazada por la UIA y por las organizaciones de víctimas.AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como "genocidio" la campaña de exterminio perpetrada contra el partido colombiano de izquierdas Unión Patriótica (UP), principalmente en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, e imputó a cinco altos mandos retirados del Ejército.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"El ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano", y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad, según la JEP.El tribunal agregó que "este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual".Lea: JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retiradosLos militares retirados que fueron imputadosPor esos delitos, que formaron parte de "una política contrainsurgente" del Ejército en su lucha contra la guerrilla de las FARC, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores a cinco oficiales retirados. Se trata del mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio por el que en marzo de 2020 la JEP la acreditó como víctima de crímenes de agentes del Estado en uno de los once macrocasos abiertos por ese tribunal.Para llegar a la conclusión de que hubo genocidio contra la UP, la JEP examinó 34 informes -incluyendo los de entidades estatales como la Fiscalía, Procuraduría y Centro Nacional de Memoria Histórica-, 29 informes de organizaciones de víctimas, y además hizo 139 diligencias de toma de testimonios."Con base en la contrastación de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque territorialmente concentrada. Además, se ejerció a través de todas las formas posibles y contra todos los niveles de la organización política, es decir, contra la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales", agregó la JEP.Lea: JEP condena a 8 años de sentencia restaurativa a 12 exmilitares por falsos positivosEse tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, señaló que "la violencia contra la UP fue continuada en el tiempo" y puso como ejemplo que, "entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido"."La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país", indicó la JEP, que subrayó que "el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo que incluyó el daño a la paz, el daño a la institucionalidad estatal y el daño moral".Por el "plan de exterminio" de la UP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en enero de 2023 al Estado colombiano y le ordenó hacer un acto público de perdón que el presidente, Gustavo Petro, encabezó el pasado 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.AGENCIA EFEMATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Al menos cinco policías fueron asesinados y cinco más resultaron heridos en un ataque armado registrado este miércoles en el estado mexicano de Michoacán, oeste del país, según informaron fuentes oficiales.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El gobierno de Michoacán indicó que lo policías pertenecían a la Guardia Civil (Policía Estatal) y fueron atacados con rifles de asalto alrededor de las 15:00 horas hora local, cuando se desplazaban en tres patrullas en la carretera que une los municipios de Zacapu y Nahuatzen, cerca del poblado indígena purépecha denominado como La Mojonera."Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de 5 elementos y 5 más resultaron lesionados", indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.Según versiones de medios locales, el grupo de sicarios se habría ocultado entre arbustos a orillas de la carretera para realizar el ataque, por lo que varios de los agentes no pudieron reaccionar a tiempo.Paramédicos y policías trasladaron a los heridos a un hospital del municipio de Zacapu, en el norte del estado, el cual es resguardado por más de 20 vehículos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército mexicano.Recientemente, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que en esta zona de Michoacán se detectó la presencia de un grupo de al menos 60 sicarios de origen colombiano, pertenecientes a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).Michoacán sufre una crisis de violencia por la pugna entre grupos del crimen organizado, y vivió un episodio especialmente traumático con el asesinato en noviembre pasado de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante la festividad del Día de Muertos en la segunda ciudad más poblada del estado.AGENCIA EFE
La Selección Colombia dejó la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, y llegó este miércoles en la noche a Guadalajara, en México, en donde adelantará la última fase de preparación para encarar su participación en el Mundial 2026, en la que se enfrentará en el grupo K a sus similares de Uzbekistán, RD Congo y Portugal.Después de haber enfrentado en estadounidense a Jordania, a la que se venció por un marcador de 2-0, los jugadores del seleccionado colombiano realizaron un par de sesiones de entrenamiento bajo la atenta mirada del técnico Néstor Lorenzo y ahora se instalaron en tierras 'manitas' con la mira puesta en el duelo del 17 de junio contra los uzbekos.Ahora, ya en la agenda compartida por la oficina de prensa de la FCF se tienen previstas las práctica en la sede del club Atlas y solamente hasta el 16 de junio se tendrá la rueda de prensa oficial antes del debut mundialista.En cuanto al estado de los futbolistas se tiene expectativa por ver cómo se encuentra Jhon Córdoba, quien acusó algunas dolencias y venía evolucionando de positiva manera. De resto, el equipo que lideran figuras como Luis Díaz, James Rodíguez, Jefferson Lerma y Luis Javier Suárez, entre otros, se encuentra con buena salud.Cuál es la nómina de la Selección Colombia para el Mundial 2026Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).Defensores: Santiago Arias (Independiente-ARG), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Luis Suárez (Sporting-POR), y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial de 202617 de junioColombia vs. Uzbekistán9:00 p.m.EN VIVO en Gol Caracol y Ditu23 de junioColombia vs. RD Congo9:00 p.m.EN VIVO en Gol Caracol y Ditu27 de junioColombia vs. Portugal6:30 p.m.EN VIVO en Gol Caracol y Ditu
La empresa colombiana Saeta informó este miércoles que ha decidido variar el diseño de la camiseta que utilizará Haití en el Mundial de fútbol, luego de que la FIFA objetara "ciertos elementos visuales" en la indumentaria del conjunto caribeño.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)FIFA pidió modificar la camiseta de HaitíEl fabricante de artículos deportivos emitió un comunicado en sus redes, en el que precisó que la FIFA consideró que esos elementos podían ser interpretados de manera diferente bajo su reglamento de equipamiento, por lo que solicitó modificaciones al diseño."Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA", afirmó la firma. El diseño original de la camiseta de la selección haitiana guarda relación con la Batalla de Vertières de 1803, considerada decisiva por Haití para lograr su independencia de Francia, el 1 de enero de 1804."El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política", aseguró Saeta. La marca colombiana dijo que, trabajando en estrecha colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol, su objetivo fue crear una camiseta que celebrara el "orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano".Haití debuta en la Copa del Mundo de 2026 Escocia el sábado 13 de junio. El partido se celebrará en la ciudad de Boston, Estados Unidos, marcando el regreso de la selección haitiana a un Mundial tras 52 años de ausencia. "Seguimos orgullosos de haber contribuido, junto a la Federación Haitiana de Fútbol, a este momento histórico para el fútbol haitiano y deseamos al equipo todo el éxito en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Saeta.En la página web de la empresa, por otra parte, se informa que la "mayoría" de los modelos de las camisetas oficiales de la selección haitiana de fútbol están agotados.Haití, sumido en una grave crisis de inseguridad a causa del accionar de bandas armadas, sigue con atención a su selección nacional, a pesar de las dificultades del día a día en la nación más deprimida del continente.EFEÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Buenas noticias para Colombia. La plenaria del Senado aprobó de manera definitiva el proyecto que busca enfrentar esta práctica mediante una política pública integral enfocada en la prevención, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para identificar los casos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)La iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República, fue respaldada en su último debate en el Congreso y representa uno de los avances más significativos en materia de protección de los derechos de las niñas y las mujeres en el país.De acuerdo con el más reciente informe de Noticias Caracol, más del 50 % de los casos registrados corresponden a menores entre los cero y cinco años de edad.Un proyecto impulsado por mujeres indígenas y organizaciones socialesLa iniciativa fue liderada por la representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero, quien trabajó en la construcción del proyecto junto con mujeres indígenas, organizaciones sociales, profesionales de la salud, académicos y defensores de derechos humanos.Además, participaron figuras como Jennifer Pedraza, Clara López y Angélica Lozano.Tras la aprobación definitiva en el Senado, la congresista celebró la decisión del Congreso y destacó el papel de las comunidades que impulsaron la discusión."¡ES LEY! La plenaria del Senado acaba de aprobar el proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina en Colombia", escribió Giraldo a través de sus redes sociales.La representante también agradeció a las mujeres emberá que promovieron el llamado para legislar sobre esta problemática y reconoció el respaldo de organizaciones, expertos y congresistas que acompañaron el proceso."A los congresistas que votaron masivamente a favor de este proyecto de ley, gracias a ustedes hoy es un día histórico para el país y podemos decir que el Congreso le cumplió a las niñas y mujeres Emberá", señaló.El proyecto aprobado contempla medidas orientadas a erradicar la mutilación genital femenina a través de una estrategia integral.Entre sus principales componentes se encuentran la prevención de nuevos casos, la creación de mecanismos de registro, el fortalecimiento de las rutas de atención y el acceso a servicios médicos y psicológicos para las víctimas.Asimismo, la normativa busca promover acciones articuladas entre diferentes entidades del Estado para facilitar la identificación de situaciones de riesgo y mejorar la respuesta institucional frente a esta problemática.Según el Partido Alianza Verde, la nueva legislación también fortalece las estrategias de educación y sensibilización frente a una práctica considerada una grave vulneración de los derechos humanos.Un problema que afecta principalmente a niñas indígenasLa discusión sobre la necesidad de una legislación específica cobró fuerza en los últimos años debido a los reportes de casos registrados principalmente en comunidades indígenas.Según datos citados durante el debate legislativo, la mutilación genital femenina continúa siendo una realidad para algunas niñas en Colombia.Información divulgada anteriormente por la organización Equality Now indica que entre 2020 y 2025 se registraron 204 casos de mutilación genital femenina en el país.Desde el Partido Alianza Verde destacaron que la aprobación del proyecto constituye un avance histórico para la protección de la niñez y de los derechos de las mujeres.La colectividad señaló que la nueva ley promueve procesos de diálogo intercultural orientados a contribuir a la erradicación definitiva de esta práctica, al tiempo que fortalece la atención integral a las víctimas.Además, resaltó que la aprobación del proyecto envía un mensaje claro sobre la protección de los derechos fundamentales de las niñas."La aprobación de este proyecto envía un mensaje contundente: ninguna tradición puede estar por encima de la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de las niñas", manifestó el partido político.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Las autoridades migratorias de Colombia, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ubicaron a un ciudadano holandés en el sector de El Poblado, en Medellín, Antioquia. El sujeto era requerido mediante circular roja por parte de las autoridades de Países Bajos por los delitos narcotráfico y blanqueo de capitales.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Cómo dieron con el ciudadano holandés?Migración Colombia entregó detalles de la identificación del ciudadano extranjero. "La acción se desarrolló en un hotel del sector de El Poblado, en Medellín, luego de que se generara una alerta en los sistemas de información de la Entidad, que permitió identificar la existencia de un requerimiento internacional vigente en contra del extranjero. En atención a esta alerta, oficiales de la autoridad migratoria adelantaron el procedimiento que permitió su ubicación", explicaron en un comunicado.Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, aseguró que “este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”.Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a la detección del ciudadano holandés. "Creen que pueden esconderse aquí en Medellín, pero aquí los encontramos", escribió el mandatario de la ciudad en su cuenta de la red social X, agregando que "aquí no hay refugio para los delincuentes. Seguiremos trabajando con toda la capacidad institucional para ubicar, capturar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en guarida del crimen".Migración Colombia indicó que según la información compartida por las autoridades de Países Bajos, "el ciudadano sería el presunto coordinador y financiador de una red transnacional de narcotráfico con injerencia en Países Bajos y Finlandia". De acuerdo con lo que se sabe, el sujeto ingresó a Colombia el pasado 3 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. "Sin ninguna alerta, mientras que la notificación de la circular roja fue incorporada en los sistemas el 5 de junio del presente año. Una vez verificada la información, el ciudadano fue dejado a disposición de la Policía Nacional", concluyeron.🚨‼️Creen que pueden esconderse aquí en Medellín, pero aquí los encontramos.En El Poblado fue capturado un narcotraficante holandés requerido mediante circular roja de Interpol por narcotráfico y lavado de activos. Según las autoridades, sería el presunto coordinador y… pic.twitter.com/TXV4cR9HaA— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 9, 2026 MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
