Cuando un gusto se convierte en una obsesión, hasta la vida de una persona inocente podría estar en riesgo. Dahiana Rendón Salcedo nunca imaginó que conocer a un joven en su universidad la llevaría, años después, a tener que pausar su vida y alejarse de su ciudad ante el temor de que este personaje le haga daño. Septimo Día conoció su historia y confrontó al hombre que se obsesionó con ella y no la deja en paz. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Yo me tuve que ir de mi casa, tuve que dejar mi trabajo, dejé de salir, solo porque una persona no acepta que yo no quiero estar con él", explicó la joven caleña de 25 años que actualmente aseguró vivir con zozobra y temor de lo que el acosador pueda llegar a hacer.Aceptó un almuerzo y él se obsesionó con ellaRendón Salcedo es una estudiante de décimo semestre de Derecho que hasta hace poco empezó a ejercer su carrera y llevaba una vida "tranquila", según sus propias palabras. "Me sentía plena y feliz", señaló. Sin embargo, esa tranquilidad se vería afectada luego de que en enero de 2026 empezara a interactuar por redes sociales con Juan Camilo García, un joven al que ocasionalmente había visto en los pasillos de la universidad el año anterior."Yo a él lo llegué a ver en la universidad, pero no tuvimos una interacción", recordó. Dahiana detalló que en enero de este año notó que Juan Camilo la seguía en redes sociales y reaccionaba a algunas de sus publicaciones. "Me decía que era bonita, pero yo no le respondía". Pero con el paso de los días y los mensajes cada vez más constantes, un día decidió responder y empezaron una conversación, en la que descubrió que estudiaban la misma carrera.La joven estudiante recalcó que, a pesar de que inició una conversación con este hombre, nunca pensó ni estuvo interesada en tener una relación amorosa con él, algo que le dejó claro rápidamente. Tras algunos días hablando, García la invitó a almorzar y ella aceptó, pero en ese encuentro señaló que notó que "él tenía comportamientos extraños" como tratarse a sí mismo como "bobo y estúpido". La situación generó que Dahiana sintiera empatía por él y le dio palabras de ánimo, algo que, aseguró, "no lo hice porque estuviera enamorada de él, sino porque es algo que yo haría por cualquier persona". En medio de esas primeras conversaciones, el comportamiento del sujeto empezó a ser cada vez más insistente. "Me escribía casi que cada segundo y me llamaba mucho. Yo le dije que eso no me gustaba y preferí alejarme porque yo sentía que él estaba teniendo sentimientos por mí muy fuertes y yo no los sentía [por él]". Tras esa negativa, unos días después Juan Camilo se apareció por sorpresa en el lugar de trabajo de ella y le manifestó que no quería perder su amistad, por lo que quedaron en buenos términos.Todo empeoró cuando, tiempo después, Dahiana empezó a salir con un hombre. "Me dijo que si tenía novio, yo le dije que sí, que estaba saliendo con alguien y me empezó a insultar". A partir de ahí, Juan Camilo se convirtió en una pesadilla para la joven, persiguiéndola en su camino al trabajo y a su casa, acechándola todo el tiempo. Por todo esto, en junio de 2026 la mujer decidió denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de constreñimiento, caso que actualmente está en etapa de indagación por parte del ente. Luego de la denuncia, a Dahiana Rendón le dieron una medida de protección que le impedía a Juan Camilo García acercarse a ella y mucho menos ir a su casa. Además, descubrió que existen otras mujeres que también han presentado denuncias formales contra él por situaciones similares como persecución y amenazas.Sin embargo, esta medida no ha impedido que el hombre continúe con sus comportamientos que se han hecho cada vez más invasivos. García ha intentado ingresar a la vivienda de Rendón, robándose una casco de moto que pensó que era de ella y hasta revisando su basura para obtener objetos de ella, de los que luego le enviaba fotos. En una de esas ocasiones, el 17 de julio de 2026, llamó a la policía al verlo a las afueras de su casa y lo confrontó; García fue detenido por haber infringido la medida de protección. La persecución incluso llegó a las redes sociales, donde García publicaba fotos que tenía junto a Rendón y aseguraba que eran pareja. Al tiempo, le escribía mensajes amenazantes como: "Me encantas Dahiana, me obsesioné con usted ... Como me hiciste quedar es algo que nunca voy a poder cambiar, me la debes malparida perra, es mejor que busques policía ... yo mismo me gano la ida a la cárcel". Estos mensajes, cada vez más fuertes y contradictorios, hacen que la joven de 25 años tema por su vida.Séptimo Día consultó con Adolfo Castilla Sánchez, psicólogo clínico magister en psicopatología clínica y forense, quien explicó que, aunque existen rasgos obsesivos que hacen parte de la cotidianidad como ser una persona obsesiva con llegar a tiempo o con el aseo, también están otro tipo de obsesiones que se convierten en un problema personal y para otros. "Cuando se convierte en hostigamiento, asedio o persecución es una forma de generar obsesión o acoso sobre otra persona". La confrontación al hombre que la persigueEn octubre de 2026, Séptimo Día acompañó a Dahiana Rendón a los alrededores de su casa en Cali, donde se encontró de frente con Juan Camilo García, y le pedimos explicaciones de su comportamiento. A pesar de las preguntas del periodista Juan Camilo Villani sobre qué relación o cuál problema tenía con Rendón, García solo caminó alejándose de las cámaras y no respondió a ninguno de los cuestionamientos.
Adhara Isabel y Arlet Sofía Velasco Mera son el caso más reciente de un nacimiento de siameses en Colombia, pero además son las pacientes de una de las pocas cirugías de separación que se han hecho en nuestro país. La batalla por la vida de dos bebés que nacieron unidas por el pecho puso a prueba a un grupo de cirujanos en Cali con la intención de separarlas tras nacer y demostró qué tan grande puede ser el amor de dos padres jóvenes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Me dijeron que eran un monstruo"La batalla por vivir de las siamesas Velasco Mera inició en la vereda El Pomo, en un pueblo a dos horas de Cali, en el Valle del Cauca, donde unos jóvenes de 22 y 16 años se enamoraron y, aunque no esperaban tener hijos prontos, un buen día descubrieron que estaban embarazados. Felipe Velasco Tabares y Nicol Mera estaban muertos del susto, pero apoyados por sus familias decidieron seguir adelante con el embarazo y convertirse en padres primerizos.Pero las sorpresas no se iban a detener en este embarazo. Pasadas algunas semanas después de enterarse, acudieron al médico preocupados porque Nicol presentó un sangrado, allí se enteraron que no solo había un feto en camino. "Tenía cuatro meses. Vemos la ecografía y el médico nos dice que no era uno, que eran dos, pero que venían con un defecto, que venían siameses", recordó el papá de las bebés.Los casos de gemelos siameses ocurren en 1 de cada 100 mil nacimientos y ocurren cuando dos fetos presentan alguna malformación en las primeras semanas del embarazo. Para Nicol, de 16 años, la noticia fue mucho más difícil de asimilar porque, según recuerda, el médico no le comunicó los detalles y tan solo se limitó a decirle que debía interrumpir el embarazo inmediatamente. "Él no me supo explicar, solo me dijo que eran un monstruo. Eso fue horrible, yo salí llorando de ahí", recordó la adolescente.Una lucha por seguir adelanteA pesar de las palabras de ese primer médico, la pareja de jóvenes padres decidió buscar una segunda opinión y viajaron durante dos horas hacia el Hospital Universitario del Valle. Allí, las palabras de los galenos los hicieron sentir diferente y, aunque les explicaron que iba a ser un embarazo complicado, les dieron esperanza de poder seguir adelante. "Lo que nos explicaron los doctores fue: 'es como si se ganaran el baloto, es una suerte para el que se lo gana. De cada millón de gemelos les tocó a ustedes experimentar eso'".En el centro médico les explicaron cada detalle de lo que significaba este embarazo de siameses y los riesgos que implicaba para Nicol y para sus bebés, de las que descubrieron que eran dos niñas. Las pequeñas estaban unidas por el pecho; sin embargo, tenían corazones independientes y que el único órgano que compartían era el hígado. Decididos a dejar avanzar el embarazo, Nicol Mera quedó hospitalizada en el centro médico para ser monitoreada junto a los fetos todo el tiempo.Lea también: Logro histórico: médicos separan con éxito a gemelas de dos años que nacieron unidas por el cráneoFinalmente llegó el día de la cesárea, en la que todo podía salir mal, pero ese 26 de mayo de 2026 Felipe y Nicol se convirtieron en los padres de Adhara Isabel y Arlet Sofía, dos pequeñas que nacieron abrazadas y con vida. "Yo sentí una emoción grande por verlas, pero ese primer día no las pude ver. Fue al segundo día que las vi y eran super hermosas, ese día Arlet Sofía tenía un ojito abierto, Adhara estaba dormida", señaló la joven madre.Pero el nacimiento de las siamesas no significaba un triunfo completo, era el inicio de un nuevo reto, el de separarlas. Desde el día uno las gemelas empezaron a presentar obstáculos. Los médicos decidieron entubarlas porque notaron que al compartir el diafragma a las dos les costaba respirar y las dejaron hospitalizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del centro médico.Felipe y Nicol no se separaron ni un día de las bebés que luchaban por su vida en la UCI, mientras ellos afuera enfrentaban sus propias batallas, pues a él lo despidieron de su trabajo ante la cantidad de permisos que solicitó para estar pendiente de su pareja y sus hijas. Además, la pareja estuvo viviendo en un albergue que les consiguió el hospital para poder estar cerca y no tener que siempre viajar dos horas desde su hogar.La separación de las siamesasMientras Adhara y Arlet seguían batallando por su vida en la UCI pediátrica, un equipo de más de 50 profesionales médicos se preparaba cada día con exámenes y modelos en 3D de las bebés para llevar a cabo una cirugía extremadamente complicada. El reto era inmenso. El médico Wilmar Saldarriaga Gil, jefe especialista en embriología y genética HUV, explicó que "la probabilidad de sobrevivir de los dos gemelos siameses es de masomenos un 5% y de que al menos un siamés sobreviva es hasta 25%".Fueron dos meses de preparación hasta que las bebés ingresaron al quirófano. La cirugía empezó a las 7:00 de la mañana y, después de algunas horas, los médicos se enfrentaban al momento clave y más riesgoso de la operación: dividir el hígado que compartían las siamesas. Este paso era clave para asegurar la vida de ambas bebés, pues tras separarlas tenían que reconstruir las vías biliares y cualquier cosa podía pasar.Lea también: Siamesas Carmen y Lupita Andrade dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellasMarisol Hinaoui, jefe de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que "ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque había una de las niñas que estaba dependiendo 100% de la hermanita, entonces al quitarle estas comunicaciones la nena tenía que empezar a trabajar solita". Después de 11 horas de cirugía, llegaron a ese punto y, desafortunadamente, una de las bebés no sobrevivió. "En el momento que cortamos esas comunicaciones en el hígado, la nena no pudo responder", añadió la profesional.A pesar de dos horas de esfuerzos médicos, Adhara Isabel murió en el quirófano tras ser separada de su hermana Arlet Sofía, quien sobrevivió al procedimiento. "La única vez que la pudimos cargar fue cuando la sacaron del quirófano y nos la entregaron", señaló Felipe sobre la pequeña que murió, recordando los sentimientos divididos que les generó perder a una de sus hijas, pero ver a la otra recién nacida todavía luchando.Desde ese día, la pequeña Arlet Sofía permanece en la UCI Pediátrica evolucionando lentamente, pero en buenas condiciones. La bebé permanece sin piel ni músculo en el tórax, la zona en la que estaba unida a su hermana, pero esa zona ahora está cubierta con el injerto de la piel de Adhara Isabel, la gemela que falleció. "Es bonito porque todavía tiene una parte de su hermanita con ella", señaló la doctora Hinao que también resaltó que Arlet todavía tiene varias batallas por delante.
Betoma es un monumental complejo arquitectónico prehispánico hallado en la cara occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta que promete transformar la comprensión sobre el poblamiento ancestral en Colombia. Tras siete años de exploraciones científicas y trabajo de campo junto a campesinos de la zona, la investigación ha logrado registrar miles de terrazas enterradas bajo la densa vegetación.Hasta la fecha, los trabajos en una extensión de 18 kilómetros cuadrados en la cuenca alta de la montaña han revelado una densidad constructiva sin precedentes en la región. Son exactamente 8334 terrazas las que hasta la fecha han sido encontradas en este tesoro llamado Betoma.“Estamos cambiando la manera en que se piensa la Sierra. Antes se pensaba que la Sierra es un paisaje caracterizado por unas capitales, como ciudad perdida", detalló el arqueólogo Daniel Rodríguez, de la Universidad del Norte.Los análisis arqueológicos señalan que el complejo estuvo habitado en dos periodos históricos principales: el primero entre los siglos IV y IX, y el segundo desde el año 1.000 hasta el 1.600. La infraestructura encontrada incluye terrazas residenciales, áreas públicas, reservorios y elaborados sistemas de canaletas de piedra para el manejo de agua. Este hallazgo replantea la tesis de que la Sierra Nevada albergaba únicamente unas cuantas grandes capitales rodeadas de pequeños caseríos.La localización de las estructuras ha sido posible gracias a la articulación entre el trabajo científico y el conocimiento del terreno de los habitantes locales. Enrique Osorio, conocido en la vereda Nueva Unión como Kike y primer guía local del proyecto, ha sido clave para ubicar los vestigios mediante recorridos a pie y el uso de tecnología láser LiDAR en drones. "Yo soy el colaborador local que he estado con Daniel todo el tiempo", afirmó Osorio sobre las exploraciones. Las proyecciones del equipo indican que en la cuenca baja podrían hallarse cantidades similares de terrazas.El descubrimiento ha comenzado a articularse con un modelo de turismo comunitario enfocado en la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible de la vereda. Los investigadores coinciden en que la protección de las ruinas busca generar alternativas de educación y empleo formal para las familias locales.
La mañana del miércoles 15 de julio de 2026, la jornada escolar en el colegio John F. Kennedy, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, se vio marcada por un grave hecho de violencia. Antes de que comenzaran las clases, una estudiante de 15 años resultó herida por un disparo dentro del salón.Séptimo Día conoció su historia y habló con su familia, que pide reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas para evitar nuevas tragedias por el ingreso de armas a las aulas. ¿Quién está controlando lo que entran los estudiantes a los colegios?Una advertencia que pensó que era bromaLaura, a quien le cambiamos el nombre para proteger su identidad, estaba en su salón de clases, cuando un compañero de aula le dijo: “Le voy a pegar un tiro”. Según relató la madre de la menor, Laura creyó que se trataba de una broma y respondió: “Bueno”.Sin embargo, segundos después de la advertencia, el estudiante accionó el arma de fuego. "Escuché el estallido, pero en el momento pensé que era como pólvora, no pensé que había sido un disparo", recordó Laura.Tras percibir humo en el lugar, la joven sintió el impacto en sus extremidades: "Yo volteo hacia el lado de él y veo que sale como humo y me paro y siento el dolor en las piernas y empiezo a gritar: ‘mis piernas, me duelen mis piernas’, y caigo al piso”.De inmediato, la menor fue trasladada al hospital El Tintal y, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente remitida al hospital de Kennedy. Su madre, Yesenia Zuleta, relató la gravedad de las lesiones que sufrió su hija.“La bala entra por el fémur derecho, se pasa la pierna izquierda y se queda en la pierna izquierda, o sea, nunca salió. Fractura la tibia. Donde hubiera pasado por la vena aorta, la niña se me muere a los 2 minutos", contó Yesenia.Al ver las heridas de su hija, la madre temió que las consecuencias fueran irreversibles. “Le veo sus piernitas y yo dije: ‘mi hija va a quedar inválida, le van a quitar sus piernas’", recordó.Estudiante quedó con secuelasLaura logró sobrevivir tras ser sometida a un una intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y permanecer ocho días hospitalizada. Sin embargo, meses después del hecho, la adolescente continúa sin poder retornar a sus actividades habituales como asistir a su colegio."Estar aquí, pues no es lo mismo que estar en el colegio con mis amigas riéndome y haciendo cosas en el colegio", aseguró.Asimismo, la familia denunció la falta de explicaciones oportunas por parte del rector y de las autoridades educativas sobre cómo ingresó un arma cargada a las instalaciones. “No hay seguridad a pesar de que hay vigilantes ahí en la entrada, pues que no les pueden revisar las maletas, pero a mí me parece mejor que las revisaran en la entrada. Igual un niño solo debe cargar cuadernos, esferos y colores, no armas”, concluyó la madre de la estudiante.Debido a esto, la representación legal de la víctima, Jimmy Erazo, radicó una demanda para determinar la responsabilidad por omisión de la institución, según él, por permitir que un menor ingresara con un arma.¿Qué está pasando dentro de las aulas?Frente a la presencia de armas en los entornos escolares, expertos analizan las implicaciones legales y las garantías de protección que deberían garantizar. Erazo sostuvo que existe una responsabilidad institucional directa en la seguridad de los estudiantes: "Al ser un colegio del estado y al ser un colegio que tiene en su custodia menores de edad, tiene que brindar todos los escenarios de protección para los menores incluso al permitir que un estudiante vinculado a su institución ingrese con un arma".El concejal de Bogotá Julián Uscategui se pronunció a favor de implementar controles tecnológicos en los accesos: "Yo estoy completamente de acuerdo con instalar detectores de metales en las entradas de los colegios de Bogotá porque es una medida que haciendo uso de la tecnología permite controlar y evitar que entren armas cortopunzantes o armas de fuego a los colegios".Por otro lado, el debate institucional abarca posturas contrapuestas en materia de costos, eficacia y derechos fundamentales dentro del entorno pedagógico. Al respecto, la senadora Mari Jurado cuestionó el carácter obligatorio de estas medidas: "Yo pienso que no es de obligación. No podemos generar en los colegios como si fuera una cárcel".Sin embargo, cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá indican que, entre 2023 y 2026, se registraron 900 reportes relacionados con el ingreso de armas u objetos potencialmente peligrosos a los colegios de la capital.Aunque aún no existe un acuerdo para implementar detectores de metales en las instituciones educativas como medida para prevenir el ingreso de armas, la familia de Laura considera que esta tecnología habría podido evitar la tragedia que cambió la vida de la menor.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una nueva imputación de crímenes a 11 excomandantes de las Farc, que corresponden a hechos que afectaron a las regiones Caribe y Magdalena Medio. Entre ellos están sucesos que marcaron la historia de la sangre derramada en los territorios, como el atentado con un burro bomba en Sucre, el uso de carros bomba en Bogotá y Barranquilla, masacres, homicidios y desapariciones forzadas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa imputación se conoce en el marco de la discusión que prevalece en el Congreso de la República, donde se propuso que la JEP cese actividades en 2028 y no en 2033. Y es que la justicia especial cuenta con 10 años desde su inicio para investigar. Luego tiene cinco años para proferir condenas.La investigación fue liderada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del caso 10. No obstante, hay una imputación que se da de manera conjunta con el subcaso 01 del caso 11, que investiga hechos de violencia sexual. Todos los hechos investigados que hacen parte de la imputación son no amnistiables, es decir, no tienen posibilidad de recibir el perdón judicial o el indulto.¿Quiénes fueron los imputados de las Farc?Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’.Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien fue conocido como ‘Pastor Alape’.Erasmo Traslaviña Benavides, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’.Pedro Trujillo Hernández, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’.Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien fue conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.Abelardo Caicedo Colorado, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’.Osmany Landero Fajardo, quien fue conocido como ‘Hernando González’.Gilberto de Jesús Giraldo David, quien fue conocido como ‘Aldemar Altamiranda’.Luis Alejandro Cuadras Solórzano, quien fue conocido como ‘Leonardo Muñoz’.Uriel Antonio Oviedo Aldana, quien fue conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’. Oviedo fue capturado por la justicia ordinaria, previo al Acuerdo de Paz.Héctor Enrique Hernández López, quien fue conocido como ‘Fabio Borges’.Los 11 excombatientes fueron señalados por la Jurisdicción como los máximos responsables de crímenes de guerra, tales como el homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (como hospitales, escuelas e iglesias), matar o herir a traición (por medio de engaños), tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual.¿Cuáles son los hechos abordados por la JEP?De acuerdo con la Jurisdicción, la imputación da respuestas a las víctimas de sucesos como:El atentado con un ‘burro bomba’ en Chalán, Sucre (1996): Se utilizó un animal cargado con 50 kg de dinamita y se activó frente a la estación policial. Dejó 11 policías muertos (4 ejecutados tras rendirse) y el desplazamiento de más del 50 % de la población.Atentado con carro bomba en Barranquilla, Atlántico (2002): El Frente 19 detonó 3 cilindros de gas camuflados en un carro de helados al paso de la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Dejó 5 civiles muertos y 11 heridos, incluida una niña de 3 años.Atentado con carro bomba en Caracol Radio, Bogotá (2010): A las 5:40 a. m., el Frente 33 detonó un vehículo con 50 kg de mezcla explosiva, ANFO, en la carrera 7.ª con calle 67. La explosión afectó edificaciones y redes de acueducto.Masacre en la finca La Duquesa, Tibú, Norte de Santander (2004): El Frente 33 y la Columna Gabriel Galvis incursionaron en la finca a las 5:00 a. m., retuvieron y amarraron de pies y manos a 44 campesinos recolectores de coca, a quienes señalaron de colaborar con las autodefensas. 34 personas fueron asesinadas (entre ellas, 2 menores de edad).Masacre de la familia Peña, Colosó, Sucre (2004): En la noche, milicias del Frente 35 (BCAR) entraron a una casa familiar y acusaron a sus integrantes de apoyar y prestar servicios a la Policía y a los paramilitares. El ataque dejó 5 personas asesinadas (4 mujeres, una de ellas embarazada).Desaparición y homicidio de Martha y Alexandra Vargas Ávila en Becerril, Cesar (1988): Milicianos raptaron a dos hermanas, acusándolas de ser “informantes” por lavar uniformes policiales. Fueron ejecutadas y enterradas en una fosa clandestina.Homicidio del padre José Antonio Beltrán en Landázuri, Santander (1991): El sacerdote de 70 años fue raptado tras una misa; su cuerpo fue hallado sin vida dos días después.La justicia especial remarcó que, durante décadas, la mayoría de estos crímenes perduraron en la impunidad —la desaparición y el desplazamiento en su totalidad— y muchos quedaron en la justicia ordinaria como procesos abiertos que no llegaron a juicio o siquiera a la etapa de indagación preliminar.La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que correspondían a grandes patrones que fueron identificados: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades, es decir, en medio de la guerra o las acciones armadas, como las tomas guerrilleras.De hecho, la imputación conjunta entre el caso 10 y el 11 se dio por hechos de violencia sexual cometidos por integrantes de las Farc contra civiles, que se enmarcaron en acciones pensadas hacia el control social y territorial. Los vejámenes se habrían perpetrado como castigo por supuestamente colaborar con la fuerza pública o no cumplir lo que imponía la guerrilla.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Comisión Primera del Senado votó este 28 de octubre a favor del proyecto de ley que pretende modificar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El trámite apenas recibió luz verde en el primer debate de los ocho que debe atravesar en el Congreso de la República. La JEP se pronunció sobre la iniciativa legislativa y centró su atención en los “serios riesgos” que este proyecto representaría para los derechos de las víctimas y la justicia transicional. Y es que la iniciativa plantea que la Jurisdicción termine todas sus actividades antes de tiempo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Qué implica para la JEP la aprobación en primer debate?El proyecto obtuvo 11 votos a favor y cero en contra en un debate al que no asistió la oposición. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, aliado del Gobierno de De la Espriella, quien recibió con beneplácito la idea una vez fue planteada a la opinión pública. Esta propuesta pretende que la vigencia de la JEP sea modificada y que la justicia transicional trabaje hasta marzo de 2028. Hay que recalcar que la Jurisdicción, que surgió a partir del Acuerdo de Paz de 2016, tiene un plazo de 10 años de investigación. Lo que plantea la iniciativa de Gómez es que absolutamente todas las actividades de la JEP culminen dentro de dos años. Y es que el apartado que se pretende modificar establece que solo las etapas de investigaciones duran hasta 2028. De ahí, vienen cinco años más para los juicios correspondientes, lo que alargaría la existencia de esta justicia transicional hasta 2032. Pero con este proyecto, existe el riesgo de que todo (incluyendo juicios) tenga que culminar en dos años. Así las cosas, los juicios tendrían que ser adelantados a mayor velocidad. Hasta ahora, solo hay pocas sentencias proferidas desde la Jurisdicción, que son un adelanto de las etapas de juicio.Para la JEP, la modificación del artículo transitorio que define el periodo de actividad de la Jurisdicción y la posibilidad de su prórroga “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz”. Además, representaría un riesgo de que las víctimas no tengan el derecho de recibir una respuesta judicial en el marco de las investigaciones de la JEP.“La propuesta no solo reduciría en una tercera parte (5 años) el plazo originalmente previsto para el funcionamiento de la Jurisdicción, sino que eliminaría la fase de cierre judicial de juzgamiento a los máximos responsables, imposición de sanciones y definición de la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes no máximos responsables, que fue dispuesta para cinco años, y dispondría que los procesos pendientes fueran trasladados a la jurisdicción ordinaria, con la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, declaró la Jurisdicción.A juicio de la JEP, esta “reducción de la duración” dejaría un cierre improrrogable y definitivo que no ofrece garantías de que los procesos judiciales puedan concluir. Además, advierte que el traslado de estos asuntos pendientes no implica la desaparición de la responsabilidad del Estado ni de los costos institucionales, pues los casos pasarían a la justicia ordinaria, que —según la JEP— enfrenta un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes.Hay que recordar también que Colombia adquirió un compromiso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021, por el cual acordó respaldar el funcionamiento de la justicia transicional y la implementación efectiva de las sanciones previstas. En caso de que la financiación y el funcionamiento queden vulnerados, señala el comunicado, podría haber una nueva evaluación de la CPI.En ese sentido, la justicia transicional declaró que el hecho de que la Jurisdicción finalice no debe significar que termine la justicia. “Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por la imposición de un plazo improrrogable”, señaló.Mientras la iniciativa avanza dentro de las cámaras alta y baja del Congreso, la JEP sigue emitiendo sanciones e investigando casos que van de 2016 para atrás que se enmarcan en el conflicto armado colombiano. Este 27 de octubre se conoció que la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) revocó de manera inmediata la libertad condicionada a Kendry Téllez Álvarez, un hombre conocido también como "Yako" y que es investigado actualmente por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La SAI declaró el incumplimiento grave del régimen de condicionalidad al encontrar que Téllez incumplió con sus deberes de comparecencia y disponibilidad ante la JEP y la Agencia de la Reincorporación y la Normalización (ARN).María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves al coronel retirado Juan Carlos Figueroa a seis años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 38 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, reconoció su responsabilidad en 24 hechos durante una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar el 27 y 28 de agosto, después de haber rechazado inicialmente los cargos. La sentencia establece una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl exmilitar fue declarado responsable, en calidad de superior, por conductas relacionadas con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, así como por la muerte de dos personas que se encontraban fuera de combate por haber dejado las armas. El fallo incluye además once obligaciones restaurativas, entre ellas entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos, reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados y participar en acciones para dignificar su buen nombre y preservar la memoria de lo ocurrido.También deberá aportar información para localizar e identificar a personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos, incluidos los posibles responsables y las personas que pudieron intervenir en ellos.La sentencia contempla medidas de reparación, memoria y dignificación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados por los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales derivados de estos crímenes.Además, ordena a distintas entidades estatales avanzar en la búsqueda e identificación de cinco víctimas mencionadas en la decisión, facilitar el acceso a la reparación material y gestionar la inclusión en el Registro Único de Víctimas de quienes aún no estén inscritos.Entre las medidas impuestas figura también la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón, así como la realización de un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.Durante la audiencia restaurativa, el coronel retirado pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufridas por las víctimas y sus familias.Esta es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda sanción alternativa impuesta tras el reconocimiento tardío de responsabilidad de un máximo responsable.EFE
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) absolvió plenamente a Javier de Jesús Cadavid, un comerciante de abarrotes del oriente antioqueño que pasó 12 años y 4 meses en prisión tras ser acusado falsamente de extorsión y enriquecimiento ilícito a favor del Frente 47 de las antiguas FARC-EP. Con esta providencia judicial, el tribunal transicional dejó sin efecto las condenas impuestas por la justicia ordinaria en 2009, cerrando un calvario de 17 años e invalidando un proceso viciado por investigaciones deficientes que ignoraron la realidad del conflicto armado en los territorios.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Tras 12 años preso, comerciante fue absuelto por la JEPEl fallo se fundamentó en el análisis de las dinámicas territoriales y en el testimonio unánime de los antiguos comandantes y financieros guerrilleros, quienes desmintieron bajo gravedad de juramento cualquier nexo entre el comerciante y la organización insurgente. La historia de Javier Cadavid se sitúa en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño (Antioquia), una zona golpeada por el abandono estatal que permaneció entre 12 y 15 años sin presencia de la fuerza pública y bajo el dominio territorial de las guerrillas. En este poblado, Cadavid administraba un granero y tienda de abarrotes con el que proveía el sustento para su esposa y sus cuatro hijos. Para mantener abastecido el establecimiento, el comerciante viajaba cada ocho días a la Central Mayorista de Medellín a comprar mercancía. Debido a sus dinámicas comerciales, Cadavid era el único habitante de todo el corregimiento que contaba con una cuenta bancaria activa en Bancafé en la capital antioqueña. Ante la inexistencia de cajeros o sucursales bancarias en la región, su cuenta se convirtió en un servicio comunitario informal.Profesores del magisterio, agentes de la policía local, campesinos y arrieros recurrían habitualmente a Cadavid para que les facilitara su número de cuenta, permitiendo que sus hijos y familiares les remitieran giros, salarios o encomiendas desde distintas ciudades del país. Sin embargo, esta práctica solidaria fue instrumentalizada por la guerrilla sin el conocimiento del comerciante. Entre 2005 y 2007, alias 'Rojas', responsable financiero del Frente 47 de las FARC-EP, realizó extorsiones contra comerciantes de Pácora y Aguadas (Caldas) y coordinó con intermediarios locales para consignar parte de esos dineros en la cuenta de Cadavid, diluyéndose entre los giros cotidianos de la tienda."En ese corregimiento, como es pequeño, yo era el único que tenía cuenta en Medellín. A muchas personas del corregimiento yo les prestaba ese número de cuenta, porque sucede que en los pueblitos los hijos se van a trabajar a las ciudades y buscan la forma de mandarle plata a los viejos. A veces gente que mercaba en la tienda, amigos míos, gente del mismo pueblo de la región, como el magisterio, la misma policía, el ejército, necesitaban mandar plata o hacer giros. Mire el perjuicio tan berriondo por uno haber tenido la cuenta a la disposición de la gente del pueblo", explicó Cadavid.Cómo una acusación de extorsión vinculada a las FARC llevó a Javier Cadavid a la cárcelEn 2009, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la policía judicial de Manizales citaron a Cadavid en la Central Mayorista de Medellín para interrogarlo sobre movimientos bancarios realizados entre 2005 y 2007. A pesar de que el comerciante aportó sus archivos y explicó el uso comunitario de su cuenta, la Fiscalía formuló imputación por coautoría intelectual en extorsión y por enriquecimiento ilícito. La investigación de la justicia ordinaria estuvo marcada por graves omisiones procesales. Los investigadores no realizaron visitas ni inspecciones de campo en Puerto Venus, omitieron auditorías a los libros contables del negocio, no efectuaron un arqueo de cuentas ni entrevistaron a los habitantes o a las autoridades policiales de Nariño y Arboleda para verificar la idoneidad moral de Cadavid.Tampoco vincularon al juicio a alias 'Rojas', quien para la época ya se encontraba privado de la libertad. El sistema judicial ordinario flexibilizó los estándares de prueba, privilegiando la búsqueda de una "verdad procesal" por encima de la verdad material de los hechos. Al calificarlo como coautor, los jueces supusieron erróneamente que Cadavid debía conocer el origen ilícito de las consignaciones de un millón de pesos mensuales e incluso un depósito de 11 millones de pesos, sumas que pasaban desapercibidas frente a los elevados volúmenes de dinero que movía la tienda por pagos de nóminas públicas y compras de abarrotes."Javier termina siendo víctima del sistema judicial en el sentido de que se le impone una condena de semejantes proporciones, fundamentada en conclusiones sesgadas que desconocían muchísimo la realidad del conflicto que estaba viviendo el corregimiento de Puerto Venus. Flexibilizaron la exigencia de llegar a una certeza más allá de toda duda razonable. Desde el principio existían dudas razonables sobre la responsabilidad de Javier y aun así se le impuso esta condena", sostuvo la doctora Ana María Gallego, abogada de Javier Cadavid.La afectación para el hogar Cadavid Palacio comenzó incluso antes de la detención. Años atrás, un exintegrante del grupo armado alertó a la familia sobre un plan para secuestrar a uno de los hijos de Javier, lo que forzó el desplazamiento urgente de su esposa e hijos hacia otra localidad. A pesar del peligro, Cadavid continuó desplazándose a Puerto Venus cada mes y medio o dos meses para atender el negocio, única fuente de ingresos del grupo familiar.Tras su captura en 2009, la economía familiar colapsó. La familia enfrentó un severo detrimento patrimonial al costear múltiples abogados para interponer apelaciones consecutivas ante la justicia ordinaria, mientras realizaba ingentes esfuerzos financieros para evitar que tres de sus hijos suspendieran sus estudios universitarios. Mientas Javier permanecía encarcelado, su esposa y sus hijos adelantaron protestas públicas y llegaron a amarrarse en la Plaza de Nariño en Bogotá para exigir la atención de las altas cortes.Dentro del centro penitenciario, Cadavid soportó la reclusión en una celda de tres por tres metros. Para sobrellevar la angustia, transformó el encierro en aprendizaje: realizó múltiples cursos, obtuvo 18 diplomas, se graduó como técnico ambiental y ocupó sus jornadas practicando la pintura, las artes manuales y los tejidos en telar. Sin embargo, el encarcelamiento le privó de momentos familiares irrepetibles, sufriendo en prisión la noticia del fallecimiento de su madre, además de perderse cumpleaños, Navidades, grados universitarios de sus hijos y el nacimiento de un nieto.Las pruebas con las que la JEP declaró inocente a Javier Cadavid"Pagar una cosa que no debe es lo más injustamente inhumano y sufrimos mucho demasiado por eso. Fue mucha angustia cuando en un cumpleaños, una Navidad, los grados de un hijo o el nacimiento de un nieto uno no está presente. Eso nunca se vuelve a recuperar. Estando en prisión me dieron la noticia de la muerte de mi madre; moralmente sufrí mucho", agregó Cadavid. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, la familia Cadavid Palacio contactó a excombatientes del antiguo Frente 47 para pedirles que atestiguaran la verdad. El caso fue asumido por la abogada Ana María Gallego, quien solicitó la libertad condicionada, otorgada en un lapso de dos meses en enero de 2021, y radicó la acción de revisión ante la JEP.Al estudiar el expediente, la Sección de Revisión de la JEP determinó que para configurar el delito de coautoría en la extorsión era imprescindible probar la existencia de un "plan común" entre Cadavid y el grupo armado, elemento que quedó desvirtuado en las audiencias. Los máximos mandos del Frente 47, entre ellos alias 'Karina', alias 'Marcos Urbano', alias 'Kaddafi' y el propio alias 'Rojas', quien grabó un testimonio en video desde la cárcel, declararon bajo gravedad de juramento que no conocían a Javier Cadavid y confirmaron que nunca perteneció, colaboró ni fue simpatizante de la guerrilla.Asimismo, las pericias contables descartaron el delito de enriquecimiento ilícito al demostrar que el patrimonio personal de Cadavid no tuvo ningún incremento inusitado. Los análisis demostraron que los dineros consignados eran retirados inmediatamente por intermediarios para sostener la estructura armada, y que el grupo guerrillero en ningún caso utilizó dineros de extorsiones para pagar deudas a un comerciante local."Para usted poder juzgar a alguien como coautor tiene que probar la existencia de un plan común, y eso fue precisamente lo que se termina desvirtuando. Tuvimos la presencia de excombatientes que pertenecieron al Frente 47 que uno por uno dijeron: 'No, a este señor no lo conocemos... nunca tuvo ninguna relación, no perteneció, no colaboró, ni siquiera lo podemos reconocer como un simpatizante'", explicó la abogada. Tras ser absuelto plenamente en 2026 y recuperar de manera integral sus derechos civiles y políticos, Javier Cadavid vive actualmente en una finca amplia, en la que disfruta del aire libre y la tranquilidad junto a su familia, comparando constantemente su entorno actual con los años que pasó confinado en la prisión.Pese a estar reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado desde hace más de 15 años, el grupo familiar señala no haber recibido reparaciones económicas por parte del Registro Único de Víctimas (RUV). En la actualidad, Cadavid y su equipo jurídico analizan la viabilidad legal de interponer acciones de reparación directa contra el Estado para demandar la indemnización por los severos perjuicios morales y materiales causados por el error judicial.Más allá de las acciones legales por venir, Cadavid enfatiza que su historia debe servir como un precedente para que los jueces e investigadores analicen a fondo las realidades de las comunidades rurales vulneradas por el conflicto armado antes de dictar condenas infundadas: "Es un cambio total, es como el renacer del fénix. Yo me siento tan libre estando solamente en esta casa que no tengo ni necesidad ni me provoca salir, porque afortunadamente vivo en una finquita, un sitio muy amplio... y cada rato recuerdo esa celda de tres por tres en la cual viví durante tanto tiempo"."Es una reflexión que debe tomar mucho en cuenta el Estado colombiano y la justicia: que miren a fondo siempre los asuntos relacionados con el conflicto. En Puerto Venus estuvimos como 12 o 15 años sin la fuerza pública, donde únicamente la fuerza eran las armas de las guerrillas. Cuando a una persona no la está protegiendo el Estado, ¿cómo la van a culpar? ¿Cómo le van a meter delitos que ni siquiera los investigan a fondo?", puntualizó Cadavid.NOTICIAS CARACOL
El expresidente Juan Manuel Santos criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la lentitud que ha tenido para entregar resultados a las víctimas del conflicto armado. Este alto tribunal se creó tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Dicho acuerdo estableció que la JEP está diseñada para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más. Sin embargo, el Nobel de Paz sostuvo que la jurisdicción “tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa JEP juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, cometidos por los exguerrilleros y militares durante el conflicto armado de medio siglo con la exguerrilla de las Farc. Sin embargo, en el Congreso de la República se debate un recorte presupuestal de 170.000 millones para 2027. "Con esa reducción de 170.000 que aprobaron realmente nos dejan inoperantes", dijo en una declaración en video Alejandro Ramelli, presidente del alto tribunal. "Lo que está de por medio no es el presupuesto", agregó, "esta es una discusión sobre los derechos fundamentales de las víctimas, sobre la verdad del país". (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea trasladar los fondos que serían recortados a la JEP en 2027 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", según el mandatario. Sin embargo, ha negado tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz.Sobre el recorte de presupuesto, Santos recordó que “la JEP es una parte fundamental del acuerdo y si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí las que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo así sea temporal”.“Hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”La JEP emitió sus primeras sentencias en septiembre de 2025. En virtud de esas determinaciones, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos jefes de la extinta guerrilla están cooperando en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto, según imágenes transmitidas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz.Respecto a estas decisiones, Santos expresó en la Universidad del Rosario, en medio de un foro sobre cooperación internacional, que “quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”. (Lea también: Alto comisionado de DDHH de ONU elogia esfuerzos de reparación a víctimas en Colombia)NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla. La Jurisdicción dio detalles sobre los hechos y lo que viene para los comparecientes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa decisión se toma en un contexto en el que el presupuesto de la JEP fue puesto en debate por una proposición de un congresista y en una semana que mostrará avances significativos del sistema de justicia transicional que surgió en 2016 después de los Acuerdos de Paz. La JEP adelantó que esta semana iniciar´na las primeras sanciones restaurativas, entre las que están incluidas las restricciones de liberta y derechos. “Las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto serán las principales beneficiarias de las actividades que obligatoriamente deberán llevar a cabo las personas condenadas”, detalla el tribunal. (Le recomendamos leer: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La decisión establece para ellos responsabilidad de mando, relacionada con no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, evitar y sancionar estos crímenes dentro de las estructuras que comandaban. Los procesados fueron alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”.¿Qué crímenes les imputó la JEP?De acuerdo con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cinco excomandantes fueron hallados responsables de los siguientes crímenes de lesa humanidad:Violación.Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.Persecución por motivos de género contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.Además, la JEP les imputó crímenes de guerra como violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal por la anticoncepción forzada practicada contra mujeres que pertenecían a las filas de la antigua guerrilla. Los crímenes se habrían cometido contra niñas y mujeres en casas, fincas, cuando estaban indefensas transitando caminos de la región como una forma de castigo. La Sala identificó un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra población civil y contra integrantes de las Farc-EP. Según la investigación, estas conductas fueron ejercidas en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona. En total, la Sala de Reconocimiento documentó 68 atribuidos a las Frc contra un total de 35 víctimas: 30 de ellas eran civiles y cinco eran de la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios de esta región, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca; así como en Florida, Valle del Cauca. (Lea también: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)La JEP explcó que estos casos de violencia sexual profujeron consecuencias como afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También hubo daños colectivos a las comunidades étnicas. La Sala, por ejemplo analizó que para el Pueblo Nasa “la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la 'Uma Kiwe', la Madre Tierra, y afecta a toda la comunidad. En pueblos afrodescendientes, estas conductas afectaron la espiritualidad, su organización social y sus prácticas culturales”.¿Qué viene para este caso y los cinco imputados?Los cinco excomandantes las extintas Farc-EP tiene 30 días hábilas para reconocer o no su responsbailiad en los hechos de los que se les señala y tendrán que responder los requerimientos de las víctimas. “Si reconocen su responsabilidad, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia. Si no reconocen, los casos podrán pasar a la UIA y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial”, explicó la Jurisdicción.Es el primer auto de la JEP dedicado a estas violencias en el Caso 05La decisión hace parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro de este caso y del primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género. Este es el macrocaso que tiene más víctimas acreditadas de la JEP: 461 víctimas individuales, dentro de las cuales hay 10 víctimas LGBTIQ+ y 207 víctimas colectivas que reúnen a más de 180.000 personas.Con esta decisión, la JEP identificó el patrón criminal número 10 dentro del Caso 05. La Sala ya había determinado otros patrones en dos decisiones anteriores. La investigación de la Jurisdicción busca establecer las responsabilidades por los hechos cometidos durante el conflicto armado en esta región y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estas conductas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la retención violenta contra una abogada que trabaja como defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP. Se trata de Sandra Mónica Herrera Gaviria, quien está vinculada al sistema de justicia transicional mediante el convenio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con el relato de la JEP, la abogada se encontraba atravesando el cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), para ir hasta La Plata (Huila). Luego, tenía proyectado ir hasta Florencia (Caquetá) para desarrollar sus labores de representación legal de los comparecientes de la JEP. (Le puede interesar: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El trayecto fue interrumpido cuando sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Herrera, que pertenece a la Unidad Nacional de Protección. Los ocupantes encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona. Posteriormente, los agresores se apropiaron del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos; como consecuencia, el esquema y la abogada quedaron incomunicados en el lugar.Este hecho de violencia fue antecedido por denuncias que hizo la abogada sobre presuntas amenazas que recibió en su contra. Por esa razón, la magistratura de la JEP le ordenó a la UNP que garantizara su seguridad mediante la asignación de un esquema de protección que fue efectuada el pasado 6 de mayo del presente año. (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La JEP rechazó el hecho de violencia y aseguró que este constituye un “acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial”. A sus declaraciones, la jurisdicción también agregó su rechazo categórico a “cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio”.“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura. La JEP exige al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia”.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, defendió este domingo el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 al considerar que los recursos del Estado deben priorizar la justicia ordinaria, que enfrenta congestión de procesos. "Mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos", afirmó el mandatario en X, donde respondió a las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien lanzó el viernes un "SOS" a la comunidad internacional por la reducción de 100.000 millones de pesos propuesta para el tribunal. De la Espriella señaló que la JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018 y detalló que para 2027 solicitó 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", sostuvo el mandatario, quien rechazó que cada peso no aprobado se presente como un "castigo" y defendió que el presupuesto debe definirse de acuerdo con los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos. El presidente también cuestionó la gestión administrativa de la JEP y reclamó explicaciones sobre cómo planifica y ejecuta sus recursos, así como sobre los resultados judiciales alcanzados. "Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", manifestó De la Espriella, quien negó que su Gobierno mantenga una política de venganza contra la jurisdicción.Durante la campaña presidencial, De la Espriella llegó a plantear la eliminación de la JEP y cuestionó el gasto de la jurisdicción, una medida que no puede ejecutar unilateralmente, pues el tribunal tiene rango constitucional y su existencia está vinculada al marco jurídico del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC.Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido en tan poco tiempo. Ramelli lanzó el "SOS" ante la propuesta que fue presentada por el senador Enrique Gómez y que plantea trasladar esos recursos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Según la jurisdicción, el recorte afectaría el 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones de pesos.Ante esta situación, Ramelli pidió a la comunidad internacional que contribuya a garantizar los recursos que considera indispensables para el funcionamiento de la JEP y advirtió sobre el impacto que tendría la medida en las labores de esa jurisdicción, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las extintas Farc.La JEP sostiene que ya arrastra un déficit acumulado de unos 26 millones de dólares y que el traslado propuesto dejaría sin financiación de otro 19,7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que, según el tribunal, pondría en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.También, asegura que otros 9,2 millones de dólares requeridos para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sus sedes quedarían comprometidos, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40 %, con posibles consecuencias para la reserva y seguridad de la información y la gestión digital de los procesos.La alerta de la JEP coincide además con el trámite en el Senado de una reforma constitucional que plantea someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de ese tribunal contra miembros de la fuerza pública. La jurisdicción considera que ambas iniciativas configuran una estrategia de presión económica y de sometimiento de sus decisiones a la Justicia Penal Militar, una interpretación que atribuye a la combinación de las dos propuestas.Por ello, la JEP anunció que informará de la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.NOTICIAS CARACOL*Con información de EFE
Los beneficiarios de la cuota monetaria de Colsubsidio ya pueden transferir esos recursos directamente a una cuenta financiera propia mediante el sistema Bre-B, una nueva opción que busca facilitar el acceso al subsidio familiar y ampliar las alternativas para administrar este dinero. La medida fue anunciada tras una alianza entre Colsubsidio y Redeban, que permitirá realizar transferencias inmediatas desde la aplicación de la caja de compensación. Según la información entregada por las entidades, los afiliados que reciben la cuota monetaria podrán enviar los recursos a una cuenta registrada a su nombre utilizando una llave de Bre-B, mecanismo que conecta a distintas entidades financieras y permite realizar movimientos de dinero de forma inmediata.La novedad representa un cambio en la forma en que los beneficiarios reciben y utilizan este subsidio, ya que los recursos podrán integrarse directamente a las cuentas bancarias o depósitos financieros que tengan habilitada esta funcionalidad.Subsidios de Colsubsidio ahora podrán transferirse mediante Bre-BDe acuerdo con Colsubsidio, la nueva funcionalidad está dirigida a las personas que reciben cuota monetaria, uno de los beneficios entregados por las cajas de compensación familiar a trabajadores afiliados que cumplen determinados requisitos. La entidad informó que, a septiembre de 2026, más de 408.000 afiliados contaban con derecho a este beneficio. En ese periodo se asignaron más de 5,6 millones de cuotas monetarias, con una inversión superior a los 405.000 millones de pesos. Los recursos de la cuota monetaria suelen destinarse a gastos relacionados con alimentación, educación y otras necesidades del hogar. Con el nuevo mecanismo, los beneficiarios podrán administrarlos desde sus cuentas financieras personales.Cómo transferir la cuota monetaria por Bre-BPara utilizar esta alternativa, el afiliado debe tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre. El proceso comienza seleccionando la opción "retirar saldo" dentro de la aplicación. Posteriormente, el usuario debe elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave asociada a la cuenta donde desea recibir el dinero. Una vez realizada la validación de titularidad, Redeban procesa la transferencia y los recursos son abonados de forma inmediata en la cuenta financiera vinculada a la llave registrada. Bre-B es el sistema de pagos inmediatos impulsado en Colombia para facilitar transferencias entre distintas entidades financieras mediante llaves asociadas a cuentas o depósitos. Su objetivo es permitir movimientos de dinero sin necesidad de conocer números de cuenta y con acreditación inmediata de los recursos. Con la integración anunciada, la infraestructura tecnológica de Redeban permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes dentro del ecosistema Bre-B para realizar las transferencias de los subsidios. Más de 408.000 afiliados podrán acceder a esta modalidadLa nueva opción estará disponible para los afiliados que reciben la cuota monetaria y tengan una llave Bre-B activa a su nombre. Según las entidades, la medida amplía las alternativas para disponer de estos recursos sin necesidad de mecanismos adicionales de retiro. El anuncio se produce en medio de la expansión de los pagos inmediatos en Colombia y de la implementación gradual de herramientas digitales para el manejo de recursos y beneficios sociales. Con esta integración, los beneficiarios de Colsubsidio podrán trasladar el subsidio familiar directamente a sus cuentas financieras y utilizarlo a través de los canales habilitados por cada entidad participante en Bre-B.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La sesión conjunta del Congreso de Paraguay en la que debía resolverse si se aceptaba la renuncia del presidente Santiago Peña se levantó este jueves 5 de noviembre por falta de quórum, por lo que el mandatario permanece formalmente en el cargo y queda pendiente su salida del poder. La decisión sobre su permanencia en el cargo se conocería este viernes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATATras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión. La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana. No obstante, el Legislativo anunció, poco después de que se levantara la sesión, que convocará a un nuevo debate para continuar con el juicio político contra el gobernante, quien se mantiene en el cargo y que sostuvo que se presentará y ejercerá su "derecho a la defensa".Y es que la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, pese a su dimisión tras la crisis desatada por la intervención de Ueno bank, aunque el proceso aún debe recibir el aval del Senado, que actúa como juez. Los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación contra el jefe de Estado, a quien responsabilizan de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones", y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas. La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización". (Lea también: La crisis financiera que llevó a la renuncia de Santiago Peña, presidente de Paraguay, ¿qué pasó?)"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró Peña en un video difundido en la red social X, mientras se realizaba la sesión en la Cámara, que estuvo marcada por llamados a que el presidente sea enviado a prisión por el "escándalo internacional" que, aseguran, desató la intervención del privado Ueno bank, que ha sido vinculada al ahora exgobernante y cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes en el país. El legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos, durante su encendida intervención, a continuar presionando para que "los culpables" de la caída del banco, en alusión a Peña, "paguen" con cárcel. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, de la formación Patria Querida, acusó al mandatario de haber creado "un esquema" para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno. *CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFPEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Este jueves, en la fecha 4 de la Europa League, Celtic venció 3-2 a Besiktas con gran protagonismo del colombiano Camilo Durán, quien se lució con un doblete.El primer tanto fue a los 78 minutos. Pase entre líneas de Callum Osmand y Durán eludió al arquero y definió con pierna izquierda. Vea el gol de Camilo Durán:
Noviembre entró en su recta decisiva para el comercio en Colombia con la llegada de las principales jornadas de descuentos del año. Miles de consumidores ya comenzaron a buscar ofertas en tecnología, electrodomésticos, moda, viajes y artículos para el hogar, mientras las grandes cadenas comerciales preparan campañas que se extenderán durante varias semanas. Aunque el Black Friday se ha convertido en una de las fechas más esperadas por compradores y comercios, la temporada de promociones no se limita a un solo día. Varias empresas anunciaron eventos propios que arrancan desde mediados de noviembre y se prolongarán incluso hasta los primeros días de diciembre, en una estrategia que busca captar a los consumidores antes de la temporada navideña.Black Friday en Colombia 2026: ¿cuándo será?El Black Friday 2026 se celebrará el próximo viernes 27 de noviembre, una jornada comercial en la que decenas de marcas y establecimientos ofrecerán descuentos en diferentes categorías de productos. Tradicionalmente, esta fecha es aprovechada por los consumidores para adelantar las compras de Navidad o adquirir productos de alto valor con precios reducidos. Las promociones suelen concentrarse en celulares, computadores, televisores, consolas de videojuegos, electrodomésticos, ropa, calzado y accesorios.Sin embargo, el Black Friday no es una jornada regulada por el Estado colombiano ni tiene una organización centralizada. Cada establecimiento define si participa, cuáles productos incluye y durante cuánto tiempo mantendrá las promociones.Descuentos en noviembre: las cadenas que ya anunciaron promocionesAunque la fecha principal será el 27 de noviembre, varias compañías confirmaron campañas anticipadas para captar compradores durante gran parte del mes. Entre las jornadas anunciadas hasta el momento se encuentran:Éxito: del 13 de noviembre al 2 de diciembre.Falabella: del 17 de noviembre al 2 de diciembre.Black Days de Alkosto: del 20 de noviembre al 5 de diciembre, incluyendo promociones en Ktronix y Alkomprar.Colombia de Compras Black Days, impulsado por Acecolombia: del 27 al 29 de noviembre. Bylmo: del 29 de octubre al 2 de diciembre.A estas campañas podrían sumarse otras marcas nacionales e internacionales que habitualmente participan en la temporada de descuentos, aunque sus fechas pueden variar dependiendo de cada estrategia comercial.Cyber Monday: la otra gran fecha de descuentos de noviembreTras el Black Friday llegará el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre de 2026. Esta jornada está enfocada principalmente en las compras digitales y suele reunir promociones especiales en comercio electrónico. Durante esta fecha, las empresas acostumbran a reforzar las ofertas en tecnología, dispositivos móviles, viajes, artículos para el hogar y productos de alta demanda en internet. Además, muchas promociones del Black Friday suelen extenderse hasta el Cyber Monday para mantener el flujo de ventas. Con el Black Friday del 27 de noviembre y el Cyber Monday del 30 de noviembre, el comercio colombiano se prepara para una de las temporadas de ventas más importantes del año, en medio de una creciente competencia entre grandes superficies, marcas especializadas y plataformas de comercio electrónico. Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El Eln reconoció que está detrás del secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, quien fue interceptada este 4 de noviembre en horas de la tarde por hombres motorizados y armados en el municipio de Saravena, Arauca. Desde que se supo sobre este hecho contra la oficial, las Fuerzas Militares (FF. MM.) han dispuesto de sus capacidades para buscarla por todas las vías terrestres y fluviales. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante de las FF. MM., afirmó desde el primer momento que "el secuestro es una práctica criminal que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana". Según Rodríguez, esta acción pretendería intimidar a la fuerza pública y recordó que la misma constituye una grave violación de los derechos fundamentales. "No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia", aseguró. El Ejército Nacional rechazó y condenó categóricamente el secuestro de la subteniente y recordó a la comunidad que, si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la línea 107.El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, calificó el secuestro de la subteniente como un "acto criminal inaceptable" y exigió su liberación inmediata e incondicional. El jefe de la cartera manifestó su solidaridad a la familia de la víctima y afirmó que no descansarán hasta traer devuelta a la oficial.La Defensoría del Pueblo se unió a la exigencia por la liberación inmediata e incondicional de la subteniente, así como de todas las personas que permanecen secuestradas en Arauca y todo el territorio nacional.El secuestro de la subteniente María Camila Pantoja: así ocurrióLa subteniente María Camila Pantoja Hernández hace parte del Grupo de Caballería del Ejército Nacional. Detrás de su vocación, está la continuación de un legado familiar, pues su padre es coronel retirado de la fuerza pública. La oficial se encontraba en el casco urbano de Saravena (municipio de Cauca) cuando fue secuestrada. A las 4 de la tarde había acordado encontrarse en un establecimiento comercial con alias Marbel, una mujer que al parecer le entregaría información relacionada con hechos delictivos en la zona. Los datos podían conducir a la proyección de un operativo militar contra las milicias urbanas y la guerrilla del Eln. Al lugar donde estaban las dos mujeres en llegaron hombres motorizados y armados que intimidaron y se llevaron a la subteniente Pantoja vestida de civil. "Marbel" escapó.Preliminarmente se tenía información de que los integrantes del grupo ilegal pretendían hacerla pasar por la frontera hacia Venezuela, pero inteligencia policial y militar obtuvieron datos que controvertirían la hipótesis. De todos modos, las capacidades de la fuerza pública continúan desplegadas para poder dar con el paradero de Pantoja. Según unas conversaciones entre un cabecilla del Eln con los captores de la oficial, este hombre habría indicado que permanezcan con la subteniente en campamentos, para usarla a modo de "escudo" contra eventuales bombardeos realizados por la fuerza pública contra grupos armados ilegales. María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
