La búsqueda de Yulixa Toloza, quien desapareció tras realizarse un procedimiento en el barrio Venecia de Bogotá, culminó con su hallazgo sin vida en Cundinamarca. Los tres señalados cayeron en Venezuela, pero la ley frena su entrega a Colombia. Séptimo Día investigó.¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?El 13 de mayo de 2026, Yulixa Toloza, comerciante de 51 años de la localidad de Bosa, ingresó a un establecimiento de estética llamado Beauty Láser en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, para someterse a un procedimiento quirúrgico. Sus allegados recordaron su trayectoria y su carácter. Su sobrina, Ana Bareño, expresó: "Mi tía era un alma libre, un alma feliz. Siempre ella estuvo dispuesta a enfrentar los desafíos con una sonrisa", dijo.Horas después de la intervención, la persona que la acompañaba no volvió a tener contacto con ella. El intendente Luis Alejandro González, integrante del grupo de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó la información entregada por la testigo: "La señora María nos decía, 'No, mi amiga, ella ya no estaba bien. Mi amiga estaba era literal como agonizando'".Ante la falta de informaciónde la mujer, miembros de la Policía ingresaron al inmueble y corroboraron que el lugar no contaba con los permisos de la Secretaría de Salud. A través de cámaras de seguridad del establecimiento se observó la salida de la paciente cerca de las siete de la noche. Respecto a las imágenes obtenidas, el intendente González afirmó: "Para nosotros o iba inconsciente o iba sin vida, pero ella no era realmente la que dirigía sus movimientos. A ella la llevaban arrastrando".El hallazgo en Cundinamarca y el dictamen médicoLas investigaciones permitieron rastrear la ruta del vehículo en el que fue movilizada la víctima desde Bogotá hacia el municipio de Apulo, Cundinamarca, y posteriormente el desplazamiento del carro hacia la ciudad de Cúcuta. En esa zona fronteriza, la Policía colombiana detuvo a dos ciudadanos encargados de ocultar el vehículo. Por su parte, los tres principales sospechosos, una enfermera, su esposo y un supuesto médico, cruzaron hacia territorio venezolano.El 19 de mayo de 2026, las autoridades de Venezuela notificaron la localización y aprehensión de estas tres personas. Tras las capturas, los procesados suministraron coordenadas que orientaron las labores de búsqueda en el departamento de Cundinamarca. Las autoridades ubicaron el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza a un costado de una vía en zona rural de Apulo.El abogado de la familia, Juan Camilo Caicedo, detalló las conclusiones médicas sobre la causa de la muerte: "Con la cánula que hacen la extracción de grasa del cuerpo, un fragmento de grasa se fue al torrente sanguíneo y de allí pasó a los pulmones generando ese tromboembolismo graso, que fue lo que terminó llevando a la muerte a la señora Yulixa". El mismo abogado afirmó: "Aquí lo que vemos es que ellos deliberadamente dejaron morir a la señora Yulixa y ellos sabían que ese procedimiento médico no se estaba llevando a cabo con las condiciones adecuadas". De igual manera, se estableció que el profesional a cargo del procedimiento carecía de homologación o especialización en cirugía en Colombia.Lo que ha pasado con lo señalados Aunque las órdenes de captura internacionales fueron emitidas y ejecutadas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de forma tajante la prohibición de extraditar a sus ciudadanos nacidos en dicho país. Esta disposición impide el traslado de los procesados a territorio colombiano para ser juzgados bajo las leyes locales. Según, el abogado Miguel Ángel Ruiz, los presuntos responsables enfrentarían cargos por "el más grave que es el delito de desaparición forzada, el homicidio agravado y la tortura".La familia de la víctima insiste en la necesidad de que el proceso sea llevado en el lugar donde ocurrieron los hechos. En ese sentido, Ana Barreño manifestó: "Si el crimen, si los actos fueron cometidos en Colombia que respondan ante la ley donde esos actos fueron cometidos".
La madrugada del domingo 25 de enero de 2026, Ana María Meza, politóloga de 36 años, falleció tras caer del quinto piso de un edificio en el barrio La Calleja, en el norte de Bogotá. Su prometido, Carlos Mario Rodríguez Rosas, afirmó ante las autoridades que la joven se lanzó voluntariamente mientras él dormía.Sin embargo, los análisis de física forense y la reconstrucción realizados por investigadores privados mostraron un escenario distinto. El estudio determinó que la trayectoria del cuerpo y su posición al caer corresponden a una caída libre provocada por un tercero, y no a un salto voluntario.Sobre estos hallazgos, el director del equipo, Yefrin Garavito, explicó la diferencia detectada en Los Informantes: "Aquí hay unas leyes físicas que no se pueden negar y precisamente el estudio que nosotros desarrollamos determinó las diferencias entre el posible salto con proyección y una caída directa del cuerpo empujado por una tercera persona."La necropsia y las evidencias de agresión previaEl dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal aportó elementos claves para el caso. Los exámenes concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación. La presión ejercida sobre nariz y boca le impidió recibir oxígeno, provocándole pérdida de conocimiento antes de caer.Los médicos forenses registraron además marcas en brazos, cuello y muñecas, así como rastros bajo las uñas que indican que la víctima intentó defenderse.Frente a los hallazgos médicos, la abogada de la familia, Elena Suárez, destacó el valor de estas evidencias: "El cuerpo de Ana María nos ha contado acerca de la violencia que sufrió antes de su muerte. El cuerpo de Ana María ha contado que ella luchó por su vida."La abogada señaló también que esta hipótesis suele repetirse en casos similares: "Es un suicidio que también es muy común en estos temas de feminicidio en los que se suele mostrar a las mujeres como seres incapaces de gestionar emociones, como personas que no tenemos la capacidad de sobreponernos a una ruptura."Las inconsistencias registradas en el lugar de los hechosEl expediente reúne hechos que llamaron la atención de las autoridades. Una habitante del edificio relató el momento del impacto: "Yo escucho un golpe tan fuerte que dije, botaron un sofá los del quinto piso. Esa gente es terrible."A pesar de que el hecho ocurrió hacia medianoche y el hallazgo se produjo a las cinco de la mañana, la familia recibió la noticia casi once horas después. La hermana de la víctima, María de los Ángeles Meza, se refirió a las llamadas realizadas esa madrugada: "Ese día, mientras mi hermana estaba en el suelo y ya había fallecido, Carlos Mario llamó a las 5 de la mañana a una niña de 24 años a decirle que que lo visitara, que él ya había terminado con Ana María."La Fiscalía identificó además que el apartamento fue limpiado alterando la escena inicial.El estado del proceso judicial El 27 de mayo de 2026, una jueza envió a la cárcel a Carlos Mario Rodríguez Rosas mientras avanza el proceso. La Fiscalía le imputó presunto feminicidio agravado y acceso carnal violento. El señalado no aceptó cargos y enfrenta juicio con penas de hasta 50 años de cárcel.Días después, el padre de la joven falleció tras el choque emocional vivido por la familia. La madre de Ana María expresó el dolor familiar: "El 30 de enero enterramos a Ana María y el 11 estamos enterrando a mi esposo. O sea, ¿qué cuadro familiar triste?.
Cuando un gusto se convierte en una obsesión, hasta la vida de una persona inocente podría estar en riesgo. Dahiana Rendón Salcedo nunca imaginó que conocer a un joven en su universidad la llevaría, años después, a tener que pausar su vida y alejarse de su ciudad ante el temor de que este personaje le haga daño. Septimo Día conoció su historia y confrontó al hombre que se obsesionó con ella y no la deja en paz. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Yo me tuve que ir de mi casa, tuve que dejar mi trabajo, dejé de salir, solo porque una persona no acepta que yo no quiero estar con él", explicó la joven caleña de 25 años que actualmente aseguró vivir con zozobra y temor de lo que el acosador pueda llegar a hacer.Aceptó un almuerzo y él se obsesionó con ellaRendón Salcedo es una estudiante de décimo semestre de Derecho que hasta hace poco empezó a ejercer su carrera y llevaba una vida "tranquila", según sus propias palabras. "Me sentía plena y feliz", señaló. Sin embargo, esa tranquilidad se vería afectada luego de que en enero de 2026 empezara a interactuar por redes sociales con Juan Camilo García, un joven al que ocasionalmente había visto en los pasillos de la universidad el año anterior."Yo a él lo llegué a ver en la universidad, pero no tuvimos una interacción", recordó. Dahiana detalló que en enero de este año notó que Juan Camilo la seguía en redes sociales y reaccionaba a algunas de sus publicaciones. "Me decía que era bonita, pero yo no le respondía". Pero con el paso de los días y los mensajes cada vez más constantes, un día decidió responder y empezaron una conversación, en la que descubrió que estudiaban la misma carrera.La joven estudiante recalcó que, a pesar de que inició una conversación con este hombre, nunca pensó ni estuvo interesada en tener una relación amorosa con él, algo que le dejó claro rápidamente. Tras algunos días hablando, García la invitó a almorzar y ella aceptó, pero en ese encuentro señaló que notó que "él tenía comportamientos extraños" como tratarse a sí mismo como "bobo y estúpido". La situación generó que Dahiana sintiera empatía por él y le dio palabras de ánimo, algo que, aseguró, "no lo hice porque estuviera enamorada de él, sino porque es algo que yo haría por cualquier persona". En medio de esas primeras conversaciones, el comportamiento del sujeto empezó a ser cada vez más insistente. "Me escribía casi que cada segundo y me llamaba mucho. Yo le dije que eso no me gustaba y preferí alejarme porque yo sentía que él estaba teniendo sentimientos por mí muy fuertes y yo no los sentía [por él]". Tras esa negativa, unos días después Juan Camilo se apareció por sorpresa en el lugar de trabajo de ella y le manifestó que no quería perder su amistad, por lo que quedaron en buenos términos.Todo empeoró cuando, tiempo después, Dahiana empezó a salir con un hombre. "Me dijo que si tenía novio, yo le dije que sí, que estaba saliendo con alguien y me empezó a insultar". A partir de ahí, Juan Camilo se convirtió en una pesadilla para la joven, persiguiéndola en su camino al trabajo y a su casa, acechándola todo el tiempo. Por todo esto, en junio de 2026 la mujer decidió denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de constreñimiento, caso que actualmente está en etapa de indagación por parte del ente. Luego de la denuncia, a Dahiana Rendón le dieron una medida de protección que le impedía a Juan Camilo García acercarse a ella y mucho menos ir a su casa. Además, descubrió que existen otras mujeres que también han presentado denuncias formales contra él por situaciones similares como persecución y amenazas.Sin embargo, esta medida no ha impedido que el hombre continúe con sus comportamientos que se han hecho cada vez más invasivos. García ha intentado ingresar a la vivienda de Rendón, robándose una casco de moto que pensó que era de ella y hasta revisando su basura para obtener objetos de ella, de los que luego le enviaba fotos. En una de esas ocasiones, el 17 de julio de 2026, llamó a la policía al verlo a las afueras de su casa y lo confrontó; García fue detenido por haber infringido la medida de protección. La persecución incluso llegó a las redes sociales, donde García publicaba fotos que tenía junto a Rendón y aseguraba que eran pareja. Al tiempo, le escribía mensajes amenazantes como: "Me encantas Dahiana, me obsesioné con usted ... Como me hiciste quedar es algo que nunca voy a poder cambiar, me la debes malparida perra, es mejor que busques policía ... yo mismo me gano la ida a la cárcel". Estos mensajes, cada vez más fuertes y contradictorios, hacen que la joven de 25 años tema por su vida.Séptimo Día consultó con Adolfo Castilla Sánchez, psicólogo clínico magister en psicopatología clínica y forense, quien explicó que, aunque existen rasgos obsesivos que hacen parte de la cotidianidad como ser una persona obsesiva con llegar a tiempo o con el aseo, también están otro tipo de obsesiones que se convierten en un problema personal y para otros. "Cuando se convierte en hostigamiento, asedio o persecución es una forma de generar obsesión o acoso sobre otra persona". La confrontación al hombre que la persigueEn octubre de 2026, Séptimo Día acompañó a Dahiana Rendón a los alrededores de su casa en Cali, donde se encontró de frente con Juan Camilo García, y le pedimos explicaciones de su comportamiento. A pesar de las preguntas del periodista Juan Camilo Villani sobre qué relación o cuál problema tenía con Rendón, García solo caminó alejándose de las cámaras y no respondió a ninguno de los cuestionamientos.
Adhara Isabel y Arlet Sofía Velasco Mera son el caso más reciente de un nacimiento de siameses en Colombia, pero además son las pacientes de una de las pocas cirugías de separación que se han hecho en nuestro país. La batalla por la vida de dos bebés que nacieron unidas por el pecho puso a prueba a un grupo de cirujanos en Cali con la intención de separarlas tras nacer y demostró qué tan grande puede ser el amor de dos padres jóvenes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Me dijeron que eran un monstruo"La batalla por vivir de las siamesas Velasco Mera inició en la vereda El Pomo, en un pueblo a dos horas de Cali, en el Valle del Cauca, donde unos jóvenes de 22 y 16 años se enamoraron y, aunque no esperaban tener hijos prontos, un buen día descubrieron que estaban embarazados. Felipe Velasco Tabares y Nicol Mera estaban muertos del susto, pero apoyados por sus familias decidieron seguir adelante con el embarazo y convertirse en padres primerizos.Pero las sorpresas no se iban a detener en este embarazo. Pasadas algunas semanas después de enterarse, acudieron al médico preocupados porque Nicol presentó un sangrado, allí se enteraron que no solo había un feto en camino. "Tenía cuatro meses. Vemos la ecografía y el médico nos dice que no era uno, que eran dos, pero que venían con un defecto, que venían siameses", recordó el papá de las bebés.Los casos de gemelos siameses ocurren en 1 de cada 100 mil nacimientos y ocurren cuando dos fetos presentan alguna malformación en las primeras semanas del embarazo. Para Nicol, de 16 años, la noticia fue mucho más difícil de asimilar porque, según recuerda, el médico no le comunicó los detalles y tan solo se limitó a decirle que debía interrumpir el embarazo inmediatamente. "Él no me supo explicar, solo me dijo que eran un monstruo. Eso fue horrible, yo salí llorando de ahí", recordó la adolescente.Una lucha por seguir adelanteA pesar de las palabras de ese primer médico, la pareja de jóvenes padres decidió buscar una segunda opinión y viajaron durante dos horas hacia el Hospital Universitario del Valle. Allí, las palabras de los galenos los hicieron sentir diferente y, aunque les explicaron que iba a ser un embarazo complicado, les dieron esperanza de poder seguir adelante. "Lo que nos explicaron los doctores fue: 'es como si se ganaran el baloto, es una suerte para el que se lo gana. De cada millón de gemelos les tocó a ustedes experimentar eso'".En el centro médico les explicaron cada detalle de lo que significaba este embarazo de siameses y los riesgos que implicaba para Nicol y para sus bebés, de las que descubrieron que eran dos niñas. Las pequeñas estaban unidas por el pecho; sin embargo, tenían corazones independientes y que el único órgano que compartían era el hígado. Decididos a dejar avanzar el embarazo, Nicol Mera quedó hospitalizada en el centro médico para ser monitoreada junto a los fetos todo el tiempo.Lea también: Logro histórico: médicos separan con éxito a gemelas de dos años que nacieron unidas por el cráneoFinalmente llegó el día de la cesárea, en la que todo podía salir mal, pero ese 26 de mayo de 2026 Felipe y Nicol se convirtieron en los padres de Adhara Isabel y Arlet Sofía, dos pequeñas que nacieron abrazadas y con vida. "Yo sentí una emoción grande por verlas, pero ese primer día no las pude ver. Fue al segundo día que las vi y eran super hermosas, ese día Arlet Sofía tenía un ojito abierto, Adhara estaba dormida", señaló la joven madre.Pero el nacimiento de las siamesas no significaba un triunfo completo, era el inicio de un nuevo reto, el de separarlas. Desde el día uno las gemelas empezaron a presentar obstáculos. Los médicos decidieron entubarlas porque notaron que al compartir el diafragma a las dos les costaba respirar y las dejaron hospitalizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del centro médico.Felipe y Nicol no se separaron ni un día de las bebés que luchaban por su vida en la UCI, mientras ellos afuera enfrentaban sus propias batallas, pues a él lo despidieron de su trabajo ante la cantidad de permisos que solicitó para estar pendiente de su pareja y sus hijas. Además, la pareja estuvo viviendo en un albergue que les consiguió el hospital para poder estar cerca y no tener que siempre viajar dos horas desde su hogar.La separación de las siamesasMientras Adhara y Arlet seguían batallando por su vida en la UCI pediátrica, un equipo de más de 50 profesionales médicos se preparaba cada día con exámenes y modelos en 3D de las bebés para llevar a cabo una cirugía extremadamente complicada. El reto era inmenso. El médico Wilmar Saldarriaga Gil, jefe especialista en embriología y genética HUV, explicó que "la probabilidad de sobrevivir de los dos gemelos siameses es de masomenos un 5% y de que al menos un siamés sobreviva es hasta 25%".Fueron dos meses de preparación hasta que las bebés ingresaron al quirófano. La cirugía empezó a las 7:00 de la mañana y, después de algunas horas, los médicos se enfrentaban al momento clave y más riesgoso de la operación: dividir el hígado que compartían las siamesas. Este paso era clave para asegurar la vida de ambas bebés, pues tras separarlas tenían que reconstruir las vías biliares y cualquier cosa podía pasar.Lea también: Siamesas Carmen y Lupita Andrade dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellasMarisol Hinaoui, jefe de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que "ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque había una de las niñas que estaba dependiendo 100% de la hermanita, entonces al quitarle estas comunicaciones la nena tenía que empezar a trabajar solita". Después de 11 horas de cirugía, llegaron a ese punto y, desafortunadamente, una de las bebés no sobrevivió. "En el momento que cortamos esas comunicaciones en el hígado, la nena no pudo responder", añadió la profesional.A pesar de dos horas de esfuerzos médicos, Adhara Isabel murió en el quirófano tras ser separada de su hermana Arlet Sofía, quien sobrevivió al procedimiento. "La única vez que la pudimos cargar fue cuando la sacaron del quirófano y nos la entregaron", señaló Felipe sobre la pequeña que murió, recordando los sentimientos divididos que les generó perder a una de sus hijas, pero ver a la otra recién nacida todavía luchando.Desde ese día, la pequeña Arlet Sofía permanece en la UCI Pediátrica evolucionando lentamente, pero en buenas condiciones. La bebé permanece sin piel ni músculo en el tórax, la zona en la que estaba unida a su hermana, pero esa zona ahora está cubierta con el injerto de la piel de Adhara Isabel, la gemela que falleció. "Es bonito porque todavía tiene una parte de su hermanita con ella", señaló la doctora Hinao que también resaltó que Arlet todavía tiene varias batallas por delante.
Gustavo Salazar, un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llamó este jueves al orden al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por cuestionar la legitimidad de ese tribunal y reclamar mayor celeridad en sus decisiones. Los hechos se produjeron durante una audiencia pública sobre las garantías de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, cuando Ordóñez afirmó que la legitimidad de la JEP se consigue con resultados y transparencia, y celebró que su nuevo presidente, Danilo Rojas Betancourt, manifestara su intención de acelerar las imputaciones y avanzar hacia los juicios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección", le respondió al ministro el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, quien consideró que no era pertinente utilizar ese espacio para poner en duda la legitimidad de la jurisdicción.El ministro insistió en que no había terminado su exposición y pidió completarla, a lo que Salazar respondió que podía continuar, pero le recordó que tanto él como los demás funcionarios convocados debían ceñirse a los asuntos relacionados con el seguimiento de las medidas cautelares y las responsabilidades institucionales en materia de protección. "Aquí no estamos para juzgar a la JEP, es un asunto político que no nos compete en esta audiencia. Usted puede tener sus opiniones, pero este no era el lugar", insistió posteriormente el magistrado, quien pidió al Gobierno presentar un cronograma de acciones concretas para cumplir sus obligaciones de protección.Ordóñez había señalado que la seguridad de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y defendió la necesidad de que la jurisdicción acelere sus procesos, cierre los casos pendientes y avance hacia decisiones definitivas que permitan satisfacer los derechos de las víctimas.También cuestionó las "amplias benevolencias, prerrogativas y tratamientos penales especiales" incorporados en el modelo de justicia transicional del acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Las cifras de violenciaLa audiencia, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, buscaba evaluar los avances institucionales en la protección de los firmantes de paz, sus familias y sus organizaciones, en medio de la persistencia de homicidios, atentados, amenazas y desplazamientos.En la audiencia está previsto también que la JEP escuche a excombatientes de las FARC, entre ellos, a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante de esa guerrilla.En la diligencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un panorama preocupante sobre la violencia contra esta población, ya que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 521 firmantes han sido asesinados entre 2017 y el 18 de julio de 2026. Además, según información de la Fiscalía, 353 de esos homicidios ocurrieron en municipios que contaban con una alerta de seguridad."Esto quiere decir que las instituciones disponían de advertencias sobre las dinámicas de violencia. Es necesario fortalecer la articulación entre la advertencia a cargo de la Defensoría del Pueblo y la respuesta rápida, a cargo del Ministerio del Interior", argumentó Marín. EFE
Nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional fueron imputados por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) por 32 masacres perpetradas en los Montes de María, región ubicada en los departamentos de Bolívar y Sucre, y en el Canal del Dique. El mecanismo de justicia reveló detalles de las investigaciones y de que la imputación se da por crímenes de guerra y lesa humanidad.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"Por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María. Estas masacres se cometieron en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales", explicó la JEP sobre la imputación a los exuniformados.Lea: JEP imputó a 11 excomandantes de las Farc por crímenes como atentado con burro bomba y masacresDe acuerdo con un comunicado de la JEP, "la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08. La investigación, que priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001, estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las organizaciones insurgentes, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial".Asimismo, la sala determinó que las masacres y las conductas criminales asociadas "hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil". La investigación sobre estos hechos estableció que "la población campesina fue señalada reiteradamente como colaboradora real o potencial de las extintas Farc-EP (...) La violencia no se limitó a los homicidios. La sala determinó que también se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas y desplazamientos forzados, entre otras conductas que destruyeron las condiciones materiales y comunitarias de existencia".Respecto a las violencias basadas en género, "la sala determinó que no fueron marginales ni accesorias. Las agresiones sexuales, reproductivas y sexualizadas fueron utilizadas para castigar, humillar, disciplinar y transmitir mensajes de terror y dominación sobre las víctimas, sus familias y las comunidades. Asimismo, se determinó la existencia de persecución por razón de género".Las 32 masacres investigadas tiene en total 284 personas asesinadas. 169 de ellas en las cuatro masacres ilustrativas, y 115 en las 28 adicionales que fueron determinadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. "En 15 de las 32 masacres, la Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales, y violencias contra mujeres y niñas. En tres hechos ilustrativos (Capaca, El Salado y Chengue) fueron identificadas 73 víctimas de las distintas formas de violencia examinadas", indicó la entidad.Por su parte, en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08 se acreditaron 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios —Montes de María y Canal del Dique— y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas eindeterminadas. "La sala atribuyó responsabilidad individual a nueve integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, luego de examinar sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos, capacidades de actuación y las acciones u omisiones concretas relacionadas con los hechos investigados", aseguró la JEP.La entidad por lo tanto, también reveló quiénes son los comparecientes de la Armada Nacional: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Y asimismo, los de la Policía Nacional: Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.Lea: JEP condena a coronel (r) Juan Carlos Figueroa por responsabilidad en 38 ejecuciones extrajudicialesMATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, asumió el cargo con un llamado a que cesen los ataques contra ese tribunal transicional creado por el acuerdo que firmó el Gobierno nacional y la antigua guerrilla de las Farc en 2016. "Necesitamos (...) que cesen los ataques desinformados contra la JEP", expresó durante su discurso de posesión en un cargo que ocupará dos años y en el que reemplaza al magistrado Alejandro Ramelli.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl nuevo presidente de la JEP es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, y especialista, magister y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Fue presidente del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, y en la actualidad se desempeñaba como magistrado de la Sección de Apelación de la JEP, el órgano encargado de resolver las impugnaciones de las sentencias en primera instancia.Recortes presupuestales y retosEl presupuesto de la JEP sufrió un recorte de 170.000 millones de pesos para 2027, por lo que la asignación para el tribunal pasaría de los 821.803 millones de pesos a 651.803 millones. Eso, expresó Rojas, "obliga a una restructuración sustancial de la JEP, en la que se está trabajando ya a marchas forzadas". (Lea también: De la Espriella dice que recorte previsto para la JEP en 2027 es para "priorizar justicia ordinaria")"Debemos ajustar el nuevo plan estratégico, que nos servirá de hoja de ruta en los próximos cuatro años a partir del criterio pragmático de hacer más con menos, menos tiempo, menos recursos", explicó. Rojas agregó que "la afectación a la capacidad operativa para que la JEP cumpla su misionalidad es sensible, ello pone en riesgo grave e inminente no solo la culminación en tiempo de su responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos, sino especialmente ofrecer un tratamiento distinto a las víctimas". Sin embargo, aseguró que, durante su gestión, Colombia podrá "tener la certeza de que, a pesar del entorno social y político adverso, incluso hostil" que vive la JEP, este tribunal "cumplirá con sus responsabilidades"."Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, se hará cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el acuerdo final de paz, las normas constitucionales y legales que lo desarrollan", añadió el magistrado.En ese sentido, Rojas aseguró que entregarán el edificio donde funciona el tribunal. “La JEP se pasa de un edificio de 15.000 metros cuadrados a un edificio de 4.200 metros cuadrados”, declaró en Noticias Caracol, por lo que se cambiará “el modelo de trabajo, en donde vamos a privilegiar la virtualidad y un trabajo rotativo, porque de otra manera es imposible que en un espacio tan reducido logremos el cometido”.Además, se reducirán los “esquemas de seguridad, tanto de la magistratura, como de la Fiscalía, de la JEP, pero también y muy dolorosamente, de los testigos, víctimas y comparecientes que están amenazados. En este punto en especial, queremos pedirle al Gobierno que asuma la responsabilidad en relación con la protección de toda esta población que está amenazada”, declaró el magistrado, quien también informó que se redujo en un 85 % la contratación de prestación de servicios, “que venía apoyando la defensa técnica de víctimas y victimarios, y el apoyo psicosocial a las víctimas”.La Jurisdicción ya había advertido que la reducción de recursos limitaría las audiencias en los territorios, la representación judicial de las víctimas y las medidas de protección para testigos y comparecientes.Sobre el cumplimiento de la misión de la JEP, el presidente del alto tribunal dijo que se podrá hacer en la medida que “cesen los ataques mediáticos que se han hecho, es mi primera petición; y la segunda, que tengan la certeza -tanto las víctimas como los comparecientes- que mientras exista un juez en la JEP va a hacer cumplir sus responsabilidades constitucionales y legales. Vamos a cumplir en el tiempo de los 15 años previstos en las normas constitucionales y en el acuerdo final de paz, vamos a cumplir ese cometido”. Por eso, hizo un llamado al Congreso para “que revisen el carácter del acuerdo final de paz” para no reducir el tiempo de trabajo de la jurisdicción. (Lea también: Congreso aprueba proyecto que busca que la JEP termine en 2028: ¿qué implicaría?)REPORTERÍA DE JUAN ANDRÉS BELTRÁN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una nueva imputación de crímenes a 11 excomandantes de las Farc, que corresponden a hechos que afectaron a las regiones Caribe y Magdalena Medio. Entre ellos están sucesos que marcaron la historia de la sangre derramada en los territorios, como el atentado con un burro bomba en Sucre, el uso de carros bomba en Bogotá y Barranquilla, masacres, homicidios y desapariciones forzadas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa imputación se conoce en el marco de la discusión que prevalece en el Congreso de la República, donde se propuso que la JEP cese actividades en 2028 y no en 2033. Y es que la justicia especial cuenta con 10 años desde su inicio para investigar. Luego tiene cinco años para proferir condenas.La investigación fue liderada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del caso 10. No obstante, hay una imputación que se da de manera conjunta con el subcaso 01 del caso 11, que investiga hechos de violencia sexual. Todos los hechos investigados que hacen parte de la imputación son no amnistiables, es decir, no tienen posibilidad de recibir el perdón judicial o el indulto.¿Quiénes fueron los imputados de las Farc?Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’.Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien fue conocido como ‘Pastor Alape’.Erasmo Traslaviña Benavides, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’.Pedro Trujillo Hernández, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’.Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien fue conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.Abelardo Caicedo Colorado, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’.Osmany Landero Fajardo, quien fue conocido como ‘Hernando González’.Gilberto de Jesús Giraldo David, quien fue conocido como ‘Aldemar Altamiranda’.Luis Alejandro Cuadras Solórzano, quien fue conocido como ‘Leonardo Muñoz’.Uriel Antonio Oviedo Aldana, quien fue conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’. Oviedo fue capturado por la justicia ordinaria, previo al Acuerdo de Paz.Héctor Enrique Hernández López, quien fue conocido como ‘Fabio Borges’.Los 11 excombatientes fueron señalados por la Jurisdicción como los máximos responsables de crímenes de guerra, tales como el homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (como hospitales, escuelas e iglesias), matar o herir a traición (por medio de engaños), tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual.¿Cuáles son los hechos abordados por la JEP?De acuerdo con la Jurisdicción, la imputación da respuestas a las víctimas de sucesos como:El atentado con un ‘burro bomba’ en Chalán, Sucre (1996): Se utilizó un animal cargado con 50 kg de dinamita y se activó frente a la estación policial. Dejó 11 policías muertos (4 ejecutados tras rendirse) y el desplazamiento de más del 50 % de la población.Atentado con carro bomba en Barranquilla, Atlántico (2002): El Frente 19 detonó 3 cilindros de gas camuflados en un carro de helados al paso de la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Dejó 5 civiles muertos y 11 heridos, incluida una niña de 3 años.Atentado con carro bomba en Caracol Radio, Bogotá (2010): A las 5:40 a. m., el Frente 33 detonó un vehículo con 50 kg de mezcla explosiva, ANFO, en la carrera 7.ª con calle 67. La explosión afectó edificaciones y redes de acueducto.Masacre en la finca La Duquesa, Tibú, Norte de Santander (2004): El Frente 33 y la Columna Gabriel Galvis incursionaron en la finca a las 5:00 a. m., retuvieron y amarraron de pies y manos a 44 campesinos recolectores de coca, a quienes señalaron de colaborar con las autodefensas. 34 personas fueron asesinadas (entre ellas, 2 menores de edad).Masacre de la familia Peña, Colosó, Sucre (2004): En la noche, milicias del Frente 35 (BCAR) entraron a una casa familiar y acusaron a sus integrantes de apoyar y prestar servicios a la Policía y a los paramilitares. El ataque dejó 5 personas asesinadas (4 mujeres, una de ellas embarazada).Desaparición y homicidio de Martha y Alexandra Vargas Ávila en Becerril, Cesar (1988): Milicianos raptaron a dos hermanas, acusándolas de ser “informantes” por lavar uniformes policiales. Fueron ejecutadas y enterradas en una fosa clandestina.Homicidio del padre José Antonio Beltrán en Landázuri, Santander (1991): El sacerdote de 70 años fue raptado tras una misa; su cuerpo fue hallado sin vida dos días después.La justicia especial remarcó que, durante décadas, la mayoría de estos crímenes perduraron en la impunidad —la desaparición y el desplazamiento en su totalidad— y muchos quedaron en la justicia ordinaria como procesos abiertos que no llegaron a juicio o siquiera a la etapa de indagación preliminar.La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que correspondían a grandes patrones que fueron identificados: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades, es decir, en medio de la guerra o las acciones armadas, como las tomas guerrilleras.De hecho, la imputación conjunta entre el caso 10 y el 11 se dio por hechos de violencia sexual cometidos por integrantes de las Farc contra civiles, que se enmarcaron en acciones pensadas hacia el control social y territorial. Los vejámenes se habrían perpetrado como castigo por supuestamente colaborar con la fuerza pública o no cumplir lo que imponía la guerrilla.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Comisión Primera del Senado votó este 28 de octubre a favor del proyecto de ley que pretende modificar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El trámite apenas recibió luz verde en el primer debate de los ocho que debe atravesar en el Congreso de la República. La JEP se pronunció sobre la iniciativa legislativa y centró su atención en los “serios riesgos” que este proyecto representaría para los derechos de las víctimas y la justicia transicional. Y es que la iniciativa plantea que la Jurisdicción termine todas sus actividades antes de tiempo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Qué implica para la JEP la aprobación en primer debate?El proyecto obtuvo 11 votos a favor y cero en contra en un debate al que no asistió la oposición. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, aliado del Gobierno de De la Espriella, quien recibió con beneplácito la idea una vez fue planteada a la opinión pública. Esta propuesta pretende que la vigencia de la JEP sea modificada y que la justicia transicional trabaje hasta marzo de 2028. Hay que recalcar que la Jurisdicción, que surgió a partir del Acuerdo de Paz de 2016, tiene un plazo de 10 años de investigación. Lo que plantea la iniciativa de Gómez es que absolutamente todas las actividades de la JEP culminen dentro de dos años. Y es que el apartado que se pretende modificar establece que solo las etapas de investigaciones duran hasta 2028. De ahí, vienen cinco años más para los juicios correspondientes, lo que alargaría la existencia de esta justicia transicional hasta 2032. Pero con este proyecto, existe el riesgo de que todo (incluyendo juicios) tenga que culminar en dos años. Así las cosas, los juicios tendrían que ser adelantados a mayor velocidad. Hasta ahora, solo hay pocas sentencias proferidas desde la Jurisdicción, que son un adelanto de las etapas de juicio.Para la JEP, la modificación del artículo transitorio que define el periodo de actividad de la Jurisdicción y la posibilidad de su prórroga “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz”. Además, representaría un riesgo de que las víctimas no tengan el derecho de recibir una respuesta judicial en el marco de las investigaciones de la JEP.“La propuesta no solo reduciría en una tercera parte (5 años) el plazo originalmente previsto para el funcionamiento de la Jurisdicción, sino que eliminaría la fase de cierre judicial de juzgamiento a los máximos responsables, imposición de sanciones y definición de la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes no máximos responsables, que fue dispuesta para cinco años, y dispondría que los procesos pendientes fueran trasladados a la jurisdicción ordinaria, con la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, declaró la Jurisdicción.A juicio de la JEP, esta “reducción de la duración” dejaría un cierre improrrogable y definitivo que no ofrece garantías de que los procesos judiciales puedan concluir. Además, advierte que el traslado de estos asuntos pendientes no implica la desaparición de la responsabilidad del Estado ni de los costos institucionales, pues los casos pasarían a la justicia ordinaria, que —según la JEP— enfrenta un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes.Hay que recordar también que Colombia adquirió un compromiso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021, por el cual acordó respaldar el funcionamiento de la justicia transicional y la implementación efectiva de las sanciones previstas. En caso de que la financiación y el funcionamiento queden vulnerados, señala el comunicado, podría haber una nueva evaluación de la CPI.En ese sentido, la justicia transicional declaró que el hecho de que la Jurisdicción finalice no debe significar que termine la justicia. “Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por la imposición de un plazo improrrogable”, señaló.Mientras la iniciativa avanza dentro de las cámaras alta y baja del Congreso, la JEP sigue emitiendo sanciones e investigando casos que van de 2016 para atrás que se enmarcan en el conflicto armado colombiano. Este 27 de octubre se conoció que la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) revocó de manera inmediata la libertad condicionada a Kendry Téllez Álvarez, un hombre conocido también como "Yako" y que es investigado actualmente por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La SAI declaró el incumplimiento grave del régimen de condicionalidad al encontrar que Téllez incumplió con sus deberes de comparecencia y disponibilidad ante la JEP y la Agencia de la Reincorporación y la Normalización (ARN).María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves al coronel retirado Juan Carlos Figueroa a seis años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 38 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, reconoció su responsabilidad en 24 hechos durante una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar el 27 y 28 de agosto, después de haber rechazado inicialmente los cargos. La sentencia establece una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl exmilitar fue declarado responsable, en calidad de superior, por conductas relacionadas con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, así como por la muerte de dos personas que se encontraban fuera de combate por haber dejado las armas. El fallo incluye además once obligaciones restaurativas, entre ellas entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos, reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados y participar en acciones para dignificar su buen nombre y preservar la memoria de lo ocurrido.También deberá aportar información para localizar e identificar a personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos, incluidos los posibles responsables y las personas que pudieron intervenir en ellos.La sentencia contempla medidas de reparación, memoria y dignificación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados por los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales derivados de estos crímenes.Además, ordena a distintas entidades estatales avanzar en la búsqueda e identificación de cinco víctimas mencionadas en la decisión, facilitar el acceso a la reparación material y gestionar la inclusión en el Registro Único de Víctimas de quienes aún no estén inscritos.Entre las medidas impuestas figura también la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón, así como la realización de un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.Durante la audiencia restaurativa, el coronel retirado pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufridas por las víctimas y sus familias.Esta es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda sanción alternativa impuesta tras el reconocimiento tardío de responsabilidad de un máximo responsable.EFE
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) absolvió plenamente a Javier de Jesús Cadavid, un comerciante de abarrotes del oriente antioqueño que pasó 12 años y 4 meses en prisión tras ser acusado falsamente de extorsión y enriquecimiento ilícito a favor del Frente 47 de las antiguas FARC-EP. Con esta providencia judicial, el tribunal transicional dejó sin efecto las condenas impuestas por la justicia ordinaria en 2009, cerrando un calvario de 17 años e invalidando un proceso viciado por investigaciones deficientes que ignoraron la realidad del conflicto armado en los territorios.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Tras 12 años preso, comerciante fue absuelto por la JEPEl fallo se fundamentó en el análisis de las dinámicas territoriales y en el testimonio unánime de los antiguos comandantes y financieros guerrilleros, quienes desmintieron bajo gravedad de juramento cualquier nexo entre el comerciante y la organización insurgente. La historia de Javier Cadavid se sitúa en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño (Antioquia), una zona golpeada por el abandono estatal que permaneció entre 12 y 15 años sin presencia de la fuerza pública y bajo el dominio territorial de las guerrillas. En este poblado, Cadavid administraba un granero y tienda de abarrotes con el que proveía el sustento para su esposa y sus cuatro hijos. Para mantener abastecido el establecimiento, el comerciante viajaba cada ocho días a la Central Mayorista de Medellín a comprar mercancía. Debido a sus dinámicas comerciales, Cadavid era el único habitante de todo el corregimiento que contaba con una cuenta bancaria activa en Bancafé en la capital antioqueña. Ante la inexistencia de cajeros o sucursales bancarias en la región, su cuenta se convirtió en un servicio comunitario informal.Profesores del magisterio, agentes de la policía local, campesinos y arrieros recurrían habitualmente a Cadavid para que les facilitara su número de cuenta, permitiendo que sus hijos y familiares les remitieran giros, salarios o encomiendas desde distintas ciudades del país. Sin embargo, esta práctica solidaria fue instrumentalizada por la guerrilla sin el conocimiento del comerciante. Entre 2005 y 2007, alias 'Rojas', responsable financiero del Frente 47 de las FARC-EP, realizó extorsiones contra comerciantes de Pácora y Aguadas (Caldas) y coordinó con intermediarios locales para consignar parte de esos dineros en la cuenta de Cadavid, diluyéndose entre los giros cotidianos de la tienda."En ese corregimiento, como es pequeño, yo era el único que tenía cuenta en Medellín. A muchas personas del corregimiento yo les prestaba ese número de cuenta, porque sucede que en los pueblitos los hijos se van a trabajar a las ciudades y buscan la forma de mandarle plata a los viejos. A veces gente que mercaba en la tienda, amigos míos, gente del mismo pueblo de la región, como el magisterio, la misma policía, el ejército, necesitaban mandar plata o hacer giros. Mire el perjuicio tan berriondo por uno haber tenido la cuenta a la disposición de la gente del pueblo", explicó Cadavid.Cómo una acusación de extorsión vinculada a las FARC llevó a Javier Cadavid a la cárcelEn 2009, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la policía judicial de Manizales citaron a Cadavid en la Central Mayorista de Medellín para interrogarlo sobre movimientos bancarios realizados entre 2005 y 2007. A pesar de que el comerciante aportó sus archivos y explicó el uso comunitario de su cuenta, la Fiscalía formuló imputación por coautoría intelectual en extorsión y por enriquecimiento ilícito. La investigación de la justicia ordinaria estuvo marcada por graves omisiones procesales. Los investigadores no realizaron visitas ni inspecciones de campo en Puerto Venus, omitieron auditorías a los libros contables del negocio, no efectuaron un arqueo de cuentas ni entrevistaron a los habitantes o a las autoridades policiales de Nariño y Arboleda para verificar la idoneidad moral de Cadavid.Tampoco vincularon al juicio a alias 'Rojas', quien para la época ya se encontraba privado de la libertad. El sistema judicial ordinario flexibilizó los estándares de prueba, privilegiando la búsqueda de una "verdad procesal" por encima de la verdad material de los hechos. Al calificarlo como coautor, los jueces supusieron erróneamente que Cadavid debía conocer el origen ilícito de las consignaciones de un millón de pesos mensuales e incluso un depósito de 11 millones de pesos, sumas que pasaban desapercibidas frente a los elevados volúmenes de dinero que movía la tienda por pagos de nóminas públicas y compras de abarrotes."Javier termina siendo víctima del sistema judicial en el sentido de que se le impone una condena de semejantes proporciones, fundamentada en conclusiones sesgadas que desconocían muchísimo la realidad del conflicto que estaba viviendo el corregimiento de Puerto Venus. Flexibilizaron la exigencia de llegar a una certeza más allá de toda duda razonable. Desde el principio existían dudas razonables sobre la responsabilidad de Javier y aun así se le impuso esta condena", sostuvo la doctora Ana María Gallego, abogada de Javier Cadavid.La afectación para el hogar Cadavid Palacio comenzó incluso antes de la detención. Años atrás, un exintegrante del grupo armado alertó a la familia sobre un plan para secuestrar a uno de los hijos de Javier, lo que forzó el desplazamiento urgente de su esposa e hijos hacia otra localidad. A pesar del peligro, Cadavid continuó desplazándose a Puerto Venus cada mes y medio o dos meses para atender el negocio, única fuente de ingresos del grupo familiar.Tras su captura en 2009, la economía familiar colapsó. La familia enfrentó un severo detrimento patrimonial al costear múltiples abogados para interponer apelaciones consecutivas ante la justicia ordinaria, mientras realizaba ingentes esfuerzos financieros para evitar que tres de sus hijos suspendieran sus estudios universitarios. Mientas Javier permanecía encarcelado, su esposa y sus hijos adelantaron protestas públicas y llegaron a amarrarse en la Plaza de Nariño en Bogotá para exigir la atención de las altas cortes.Dentro del centro penitenciario, Cadavid soportó la reclusión en una celda de tres por tres metros. Para sobrellevar la angustia, transformó el encierro en aprendizaje: realizó múltiples cursos, obtuvo 18 diplomas, se graduó como técnico ambiental y ocupó sus jornadas practicando la pintura, las artes manuales y los tejidos en telar. Sin embargo, el encarcelamiento le privó de momentos familiares irrepetibles, sufriendo en prisión la noticia del fallecimiento de su madre, además de perderse cumpleaños, Navidades, grados universitarios de sus hijos y el nacimiento de un nieto.Las pruebas con las que la JEP declaró inocente a Javier Cadavid"Pagar una cosa que no debe es lo más injustamente inhumano y sufrimos mucho demasiado por eso. Fue mucha angustia cuando en un cumpleaños, una Navidad, los grados de un hijo o el nacimiento de un nieto uno no está presente. Eso nunca se vuelve a recuperar. Estando en prisión me dieron la noticia de la muerte de mi madre; moralmente sufrí mucho", agregó Cadavid. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, la familia Cadavid Palacio contactó a excombatientes del antiguo Frente 47 para pedirles que atestiguaran la verdad. El caso fue asumido por la abogada Ana María Gallego, quien solicitó la libertad condicionada, otorgada en un lapso de dos meses en enero de 2021, y radicó la acción de revisión ante la JEP.Al estudiar el expediente, la Sección de Revisión de la JEP determinó que para configurar el delito de coautoría en la extorsión era imprescindible probar la existencia de un "plan común" entre Cadavid y el grupo armado, elemento que quedó desvirtuado en las audiencias. Los máximos mandos del Frente 47, entre ellos alias 'Karina', alias 'Marcos Urbano', alias 'Kaddafi' y el propio alias 'Rojas', quien grabó un testimonio en video desde la cárcel, declararon bajo gravedad de juramento que no conocían a Javier Cadavid y confirmaron que nunca perteneció, colaboró ni fue simpatizante de la guerrilla.Asimismo, las pericias contables descartaron el delito de enriquecimiento ilícito al demostrar que el patrimonio personal de Cadavid no tuvo ningún incremento inusitado. Los análisis demostraron que los dineros consignados eran retirados inmediatamente por intermediarios para sostener la estructura armada, y que el grupo guerrillero en ningún caso utilizó dineros de extorsiones para pagar deudas a un comerciante local."Para usted poder juzgar a alguien como coautor tiene que probar la existencia de un plan común, y eso fue precisamente lo que se termina desvirtuando. Tuvimos la presencia de excombatientes que pertenecieron al Frente 47 que uno por uno dijeron: 'No, a este señor no lo conocemos... nunca tuvo ninguna relación, no perteneció, no colaboró, ni siquiera lo podemos reconocer como un simpatizante'", explicó la abogada. Tras ser absuelto plenamente en 2026 y recuperar de manera integral sus derechos civiles y políticos, Javier Cadavid vive actualmente en una finca amplia, en la que disfruta del aire libre y la tranquilidad junto a su familia, comparando constantemente su entorno actual con los años que pasó confinado en la prisión.Pese a estar reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado desde hace más de 15 años, el grupo familiar señala no haber recibido reparaciones económicas por parte del Registro Único de Víctimas (RUV). En la actualidad, Cadavid y su equipo jurídico analizan la viabilidad legal de interponer acciones de reparación directa contra el Estado para demandar la indemnización por los severos perjuicios morales y materiales causados por el error judicial.Más allá de las acciones legales por venir, Cadavid enfatiza que su historia debe servir como un precedente para que los jueces e investigadores analicen a fondo las realidades de las comunidades rurales vulneradas por el conflicto armado antes de dictar condenas infundadas: "Es un cambio total, es como el renacer del fénix. Yo me siento tan libre estando solamente en esta casa que no tengo ni necesidad ni me provoca salir, porque afortunadamente vivo en una finquita, un sitio muy amplio... y cada rato recuerdo esa celda de tres por tres en la cual viví durante tanto tiempo"."Es una reflexión que debe tomar mucho en cuenta el Estado colombiano y la justicia: que miren a fondo siempre los asuntos relacionados con el conflicto. En Puerto Venus estuvimos como 12 o 15 años sin la fuerza pública, donde únicamente la fuerza eran las armas de las guerrillas. Cuando a una persona no la está protegiendo el Estado, ¿cómo la van a culpar? ¿Cómo le van a meter delitos que ni siquiera los investigan a fondo?", puntualizó Cadavid.NOTICIAS CARACOL
El expresidente Juan Manuel Santos criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la lentitud que ha tenido para entregar resultados a las víctimas del conflicto armado. Este alto tribunal se creó tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Dicho acuerdo estableció que la JEP está diseñada para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más. Sin embargo, el Nobel de Paz sostuvo que la jurisdicción “tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa JEP juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, cometidos por los exguerrilleros y militares durante el conflicto armado de medio siglo con la exguerrilla de las Farc. Sin embargo, en el Congreso de la República se debate un recorte presupuestal de 170.000 millones para 2027. "Con esa reducción de 170.000 que aprobaron realmente nos dejan inoperantes", dijo en una declaración en video Alejandro Ramelli, presidente del alto tribunal. "Lo que está de por medio no es el presupuesto", agregó, "esta es una discusión sobre los derechos fundamentales de las víctimas, sobre la verdad del país". (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea trasladar los fondos que serían recortados a la JEP en 2027 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", según el mandatario. Sin embargo, ha negado tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz.Sobre el recorte de presupuesto, Santos recordó que “la JEP es una parte fundamental del acuerdo y si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí las que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo así sea temporal”.“Hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”La JEP emitió sus primeras sentencias en septiembre de 2025. En virtud de esas determinaciones, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos jefes de la extinta guerrilla están cooperando en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto, según imágenes transmitidas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz.Respecto a estas decisiones, Santos expresó en la Universidad del Rosario, en medio de un foro sobre cooperación internacional, que “quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”. (Lea también: Alto comisionado de DDHH de ONU elogia esfuerzos de reparación a víctimas en Colombia)NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla. La Jurisdicción dio detalles sobre los hechos y lo que viene para los comparecientes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa decisión se toma en un contexto en el que el presupuesto de la JEP fue puesto en debate por una proposición de un congresista y en una semana que mostrará avances significativos del sistema de justicia transicional que surgió en 2016 después de los Acuerdos de Paz. La JEP adelantó que esta semana iniciar´na las primeras sanciones restaurativas, entre las que están incluidas las restricciones de liberta y derechos. “Las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto serán las principales beneficiarias de las actividades que obligatoriamente deberán llevar a cabo las personas condenadas”, detalla el tribunal. (Le recomendamos leer: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La decisión establece para ellos responsabilidad de mando, relacionada con no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, evitar y sancionar estos crímenes dentro de las estructuras que comandaban. Los procesados fueron alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”.¿Qué crímenes les imputó la JEP?De acuerdo con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cinco excomandantes fueron hallados responsables de los siguientes crímenes de lesa humanidad:Violación.Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.Persecución por motivos de género contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.Además, la JEP les imputó crímenes de guerra como violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal por la anticoncepción forzada practicada contra mujeres que pertenecían a las filas de la antigua guerrilla. Los crímenes se habrían cometido contra niñas y mujeres en casas, fincas, cuando estaban indefensas transitando caminos de la región como una forma de castigo. La Sala identificó un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra población civil y contra integrantes de las Farc-EP. Según la investigación, estas conductas fueron ejercidas en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona. En total, la Sala de Reconocimiento documentó 68 atribuidos a las Frc contra un total de 35 víctimas: 30 de ellas eran civiles y cinco eran de la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios de esta región, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca; así como en Florida, Valle del Cauca. (Lea también: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)La JEP explcó que estos casos de violencia sexual profujeron consecuencias como afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También hubo daños colectivos a las comunidades étnicas. La Sala, por ejemplo analizó que para el Pueblo Nasa “la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la 'Uma Kiwe', la Madre Tierra, y afecta a toda la comunidad. En pueblos afrodescendientes, estas conductas afectaron la espiritualidad, su organización social y sus prácticas culturales”.¿Qué viene para este caso y los cinco imputados?Los cinco excomandantes las extintas Farc-EP tiene 30 días hábilas para reconocer o no su responsbailiad en los hechos de los que se les señala y tendrán que responder los requerimientos de las víctimas. “Si reconocen su responsabilidad, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia. Si no reconocen, los casos podrán pasar a la UIA y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial”, explicó la Jurisdicción.Es el primer auto de la JEP dedicado a estas violencias en el Caso 05La decisión hace parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro de este caso y del primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género. Este es el macrocaso que tiene más víctimas acreditadas de la JEP: 461 víctimas individuales, dentro de las cuales hay 10 víctimas LGBTIQ+ y 207 víctimas colectivas que reúnen a más de 180.000 personas.Con esta decisión, la JEP identificó el patrón criminal número 10 dentro del Caso 05. La Sala ya había determinado otros patrones en dos decisiones anteriores. La investigación de la Jurisdicción busca establecer las responsabilidades por los hechos cometidos durante el conflicto armado en esta región y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estas conductas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El mundo del entretenimiento hispanoamericano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, conocida artísticamente como Regina Torné. La primera actriz mexicana murió el 11 de noviembre a los 82 años en su residencia ubicada en la Ciudad de México, según ha confirmado su familia y la prensa mexicana.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)¿De qué se murió Regina Torné?La noticia de su deceso fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), así como por espacios informativos y las cuentas oficiales de la producción de Chespirito. Sobre la causa de muerte, amigos cercanos a la intérprete informaron que la actriz sufrió un infarto (problema cardíaco) alrededor de las 5:30 p. m.. En entrevista para el programa televisivo De Primera Mano, el licenciado Vega explicó que la artista gozaba de buena salud general y que el paro cardíaco obedeció a complicaciones propias de la edad.¿Quién era Regina Torné?Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, fue hija de Don Pedro Salvador Incháustegui Rueda y de la señora Pilar Anaya. A temprana edad sus padres la enviaron a realizar sus estudios a Estados Unidos, de donde regresó al cumplir la mayoría de edad. A los 18 años debutó en el ambiente musical como cantante de jazz, siendo reconocida como la primera intérprete femenina mexicana en incursionar en dicho género, para posteriormente interpretar también boleros. Dos años después de su debut artístico en la música, inició formalmente su carrera actoral bajo el seudónimo de Regina Torné. A lo largo de más de 50 años de carrera, Regina Torné destacó por una imponente presencia escénica y una versatilidad que le permitió dar vida tanto a mujeres de carácter firme como a inolvidables antagonistas.Lea también: Murió María Alicia Delgado, actriz de 'Cero en Conducta' y 'Derbez en Cuando', a los 77 años¿Por qué era reconocida Regina Torné?En la memoria colectiva de América Latina, su figura cobró enorme popularidad al interpretar a la tercera versión de Gloria en el programa comédico El Chavo del 8. En dicha emisión personificó a la simpática vecina que se muda a la vecindad con su sobrina Pati, cautivando al instante a Don Ramón (Ramón Valdés) y desatando los celos de La Chilindrina. Tras su fallecimiento, las cuentas oficiales del programa la despidieron con un sentido homenaje: "Gracias, Regina, por todititíto tu talento [...] ¡Siempre serás parte de nuestra bonita vecindad!".En el cine, alcanzó la máxima consagración crítica en 1992 con la película 'Como agua para chocolate', dirigida por Alfonso Arau sobre la novela de Laura Esquivel. Su carrera cinematográfica también incluye destacados títulos de la década de 1960 como 'Solo de noche vienes' (1966), 'Alias, el Rata' (1966), 'Adiós, cuñado' (1967), 'Las luchadoras contra el robot asesino' (1969), 'Mujeres de medianoche' (1969) y diversas producciones de la saga de 'Blue Demon'.En la televisión, dejó su huella en melodramas emblemáticos como 'Agujetas de color de rosa' (1994), 'El amor no es como lo pintan' (2000), 'Como en el cine' (2001), 'La loba' (2010), 'La Dueña', 'Clarisa', 'Retrato de familia', 'Cielo Rojo' y 'Siempre tuya Acapulco' (2014), producción donde interpretó a la villana Soraya.Momentos difíciles en la vida de la actrizPese a sus éxitos profesionales, la vida de Regina Torné estuvo marcada por un complejo capítulo judicial protagonizado por su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui. En enero de 2006, la hija de la actriz fue detenida tras participar en el secuestro y posterior homicidio calificado de Maribel Flores Monroy, una joven madre de 26 años. El crimen fue el desenlace de amenazas motivadas por la relación sentimental que Regina del Pilar mantenía con el esposo de la víctima, un taxista de nombre Édgar Rogelio Eslava Sánchez. Lea también: Pensión de Egidio Cuadrado: productora de Carlos Vives responde a la familia del acordeoneroAunque Regina del Pilar intentó argumentar que había sido víctima de un plagio, terminó confesando su responsabilidad al ser cuestionada por las quemaduras en su cabello y pierna. En septiembre de 2007, el Juzgado 62 Penal la sentenció a 35 años de prisión (la cual cumple en el penal de Santa Martha Acatitla).Durante los primeros años de reclusión, Regina Torné acudió a visitar a su hija a la cárcel, manifestando que si bien no justificaba el delito, la acompañaba moralmente como madre. Sin embargo, en 2014 se dio un distanciamiento definitivo: al anunciarse el retiro artístico de la actriz, esta fijó su residencia en el estado de Puebla para fundar una academia de artes escénicas, cesando desde entonces las visitas al penal.MARÍA PAULA GONZÁLEZPERIODISTA DIGITALmpgonzal@caracoltv.com.co
La actriz y creadora de contenido Catalina Fernández murió este jueves después de enfrentar varios años un duro diagnóstico acompañado de cirugías, quimioterapias, radioterapias e incluso lesiones que aparecieron durante su tratamiento. La muerte de la joven, que usaba sus redes sociales para hablar sobre el cáncer que le fue diagnosticado cuando tenía apenas 21 años y que cambió el rumbo de su vida, fue confirmada por su familia en un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales donde agradecieron a quienes estuvieron al tanto de su proceso. "Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros. Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días", se lee en la publicación.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)¿Cómo descubrió Cata Fernández el tumor cerebral que enfrentó durante años?Catalina fue diagnosticada el 23 de marzo de 2023 con un meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor cerebral maligno que se originó en la parte posterior e inferior del cerebro. Según contó ella misma en una publicación en la que buscaba apoyo para continuar con su tratamiento, el diagnóstico llegó después de un síntoma que inicialmente parecía poco frecuente: un dolor de cabeza que aparecía cuando hacía fuerza. "Nunca presenté síntomas, solamente fue un dolor de cabeza que aparecía cuando tenía que hacer alguna fuerza, pero se manifestaba de vez en cuando", contó en su momento. Su mamá, quien es fisioterapeuta, consideró que ese dolor no era normal y decidió llevarla a una consulta particular con un neurólogo. Aunque Catalina no presentaba otros síntomas que hicieran pensar en una enfermedad grave, el especialista ordenó una resonancia. Dicho examen reveló un tumor de aproximadamente cuatro centímetros ubicado en el cuarto ventrículo derecho, cerca del cerebelo. El 26 de marzo de 2023 fue sometida a una cirugía para retirar el tumor. La masa fue enviada a patología y, de acuerdo con su relato, el resultado tardó aproximadamente dos meses.Durante ese periodo, Catalina contó que inicialmente pensaba que el problema había quedado solucionado. Sin embargo, en un control posterior recibió la noticia de que el tumor era maligno y tuvo que someterse a nuevos estudios para conocer el estado de su cerebro. "Yo creía que todo estaba bien, nunca me he sentido enferma, ni he tenido sintomas físicos que den señales fuertes de que hay algo, siempre me he sentido sana". Así fue como la enfermedad volvió a aparecer en el mismo lugar y un 8 de junio de 2024 tuvo que ser intervenida nuevamente. Después de esa segunda cirugía comenzó un tratamiento que incluyó 28 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia. Catalina también contó que durante varios meses los controles mostraron resultados favorables y que terminó sus radioterapias y sus ciclos de quimioterapia. "Este año (2025) el 13 de marzo en una resonancia de control encontraron una metástasis en la cauda equina, en la columna", relató posteriormente. La aparición de esa nueva lesión significó otro procedimiento quirúrgico y un nuevo ciclo de radioterapia, esta vez dirigido a la zona lumbosacra de la columna.La enfermedad continuó avanzando y, en noviembre de 2025, Catalina informó que los médicos habían encontrado otra lesión. "Este mes de noviembre 2025 detectaron una metástasis en el sistema nervioso, el diagnostico es un meduloblastoma en sistema nervioso leptomeningeo grupo 3", escribió en su publicación. A partir de entonces, Catalina continuó contando parte de su proceso a través de redes sociales y mediante una campaña de Vaki que abrió para financiar gastos relacionados con su atención. En esa plataforma explicó que destinó recursos a diferentes componentes de su proceso médico, entre ellos tratamientos complementarios, seguimiento y procedimientos que consideraba necesarios dentro de su recuperación.La campaña llegó a reunir cerca de 188 millones de pesos con aportes de 4.347 personas, antes de ser cerrada el 17 de marzo de 2026. Meses después, un 12 de noviembre de 2026, la familia confirmó la muerte de Catalina. En el mensaje de despedida pidió que su historia no fuera reducida al cáncer que padeció. "Y si algo queremos que se lleven de Cata es esto: el cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor", escribieron sus familiares.¿Qué es el meduloblastoma y por qué puede extenderse al sistema nervioso?De acuerdo con Mayo Clinic, el meduloblastoma es un tumor cerebral maligno que comienza en el cerebelo, una zona ubicada en la parte posterior e inferior del cerebro y relacionada con funciones como el equilibrio, el movimiento y la coordinación. La clínica explica que se trata del tumor cerebral canceroso más común en niños, aunque también puede presentarse en adultos. Sobre su origen, Mayo Clinic señala que "el meduloblastoma se forma cuando las células del cerebelo sufren cambios en su ADN. Esos cambios hacen que las células proliferen y se multipliquen rápidamente".Una de las características de este tumor es que puede "diseminarse, lo que también se conoce como hacer metástasis, a otras partes del cerebro y la médula espinal a través del líquido cefalorraquídeo". Los síntomas del meduloblastoma pueden presentarse cuando el tumor aumenta de tamaño y ejerce presión sobre estructuras del cerebro o cuando interfiere con la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Entre los signos mencionados por la clínica aparecen dolores de cabeza, mareos, cambios en la visión, náuseas, vómitos, cansancio, problemas de coordinación y dificultades para mantener el equilibrio.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Por lo menos ocho personas perdieron la vida por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York, según confirmó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. Entre las víctimas fatales hay migrantes mexicanos, ecuatorianos y tres colombianos, según confirmó el consulado del país en la ciudad.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn el comunicado emitido por el Consulado, este expresó “su solidaridad y profundo pesar a los familiares de las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por esta tragedia. Entre las personas fallecidas se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto. Asimismo, una ciudadana colombiana resultó herida y recibe atención médica”. El diario The New York Times informó que la víctima más joven tenía 9 años.“El cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, y su equipo mantienen un seguimiento permanente de la situación y están en comunicación con las autoridades locales. De igual manera, el Consulado mantiene contacto con los familiares de los connacionales afectados, brindándoles asistencia y acompañamiento en este difícil momento. El Consulado de Colombia en Nueva York reitera sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, añade el texto."Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá", declaró Mamdani en una rueda de prensa a un bloque del suceso, en el distrito de Brooklyn.El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó el jueves por la tarde que no quedaban más víctimas en el lugar, tras horas de labores de búsqueda en las que participaron drones y unidades caninas. Hay por lo menos 19 heridos.Lo que se sabe de la tragedia en BrooklynEl inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el 'pequeño Caribe', se vino abajo alrededor de las cuatro de la tarde del miércoles 10 de noviembre, con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.El edificio era una construcción de 1930 con cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja. Otro edificio también resultó afectado por el derrumbe, que dejó expuestas una escalera y varias habitaciones."Mientras pasaba por allí, de repente vi polvo por todas partes y pensé: '¿Pero qué está pasando?'. Cuando me di la vuelta, vi cómo se derrumbaba todo el edificio", explicó Kenneilia Reid, de 14 años. Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times que "todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción. Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.Según documentos del departamento municipal de obras consultados por la AFP, en abril se había dictado una orden de paralización de las obras debido a condiciones de demolición potencialmente peligrosas. Las autoridades de la ciudad impusieron una multa de 10.000 dólares a los promotores por saltarse la orden.El Departamento de Edificios ha identificado cinco empresas relacionadas con la edificación, dijo el alcalde de la ciudad. "Si hay alguna persona o empresa que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, le exigiremos todas las responsabilidades", advirtió. Las autoridades locales, añadió Mamdani, inspeccionan un centenar de obras en las que operan estas cinco empresas.Las otras víctimas fatalesSe ha revelado la identidad de dos de ellas. Uno es José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana, a medios locales. El joven llevaba unos seis años en Estados Unidos, tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.También se reportó la muerte del ecuatoriano Gabriel Siguencia, de 22 años. Su hermanastra relató, entre lágrimas, que él estaba realizando horas extras en la obra cuando el edificio se derrumbó. “Recorrimos hospital tras hospital intentando encontrarlo, mostrando fotografías, pero nadie sabía nada hasta que nos comunicaron que había fallecido”, contó Kayla Chimborazo, de 20 años, a la AFP y a otros periodistas. “Él vino aquí a trabajar para poder mantener a su familia en Ecuador. Es una persona sumamente cariñosa”, añadió, precisando que deja esposa y un hijo.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
Tres meses después del terremoto de 7.4 que golpeó al país, la reconstrucción genera preguntas. En el Congreso de la República, los representantes volvieron a pedir explicaciones sobre el manejo de los recursos del Fondo Milagro, que por tercera vez no asistió su gerente. "Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero necesitamos respuestas urgentes", aseguró Jesús Armado Bedoya, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)En las respuestas enviadas al Congreso, el fondo reportó un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes. Sin embargo, los procesos contractuales adelantados suman 7.440 millones destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali. Esto representa el 1,19% del presupuesto aprobado. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió la gestión. "En materia de vivienda, ya tenemos proyectada la construcción de 834 casas nuevas y el mejoramiento de 3.504 viviendas", aseguró el mandatario.Entre tanto, Transparencia por Colombia, alerto sobre falta de información. "Venimos haciendo un llamado permanente al Gobierno nacional para que el Fondo Milagro se rodee de esos instrumentos justamente de transparencia, de trazabilidad, de acceso a la información", dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.Otro cuestionamiento es el costo del equipo que administra ese fondo. En respuesta a un derecho de petición radicado por el senador Duvalier Sánchez, el fondo informó que tiene 26 personas vinculadas. El gerente recibe 39.441.000 mensuales y el secretario privado y cuatro directores, 36 millones cada uno. En los municipios afectados la preocupación es otra. Algunos mandatarios locales no ven una respuesta efectiva del Fondo Milagro. "Todavía no tenemos inversión del Fondo Milagro en nuestro municipio. Queremos ser muy sinceros en eso. Hoy el subsidio que le envía el Gobierno nacional a las personas que lo perdieron todo, que es el de arrendamiento", dijo en una entrevista Geyson Perea, alcalde de Unión Panamericana, en el Chocó."Estos afectados están esperando que el Gobierno nacional, a través del Fondo Milagro les diga cuánto va a ser el apoyo de económico y cuándo se le va a entregar", dijo Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el devastador terremoto. El plan anunciado por el fondo contempla la construcción de 834 viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 3.504.CAMILA OLAYAEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
En el Concejo de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a los cuestionamientos sobre las cifras de delitos de alto impacto en la ciudad y expresó su desacuerdo ante la propuesta de militarizar algunos puntos de la capital colombiana, que promovió el concejal Julián Uscátegui junto a otros cabildantes como Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Ramírez y Emel Rojas. (Lea también: Contraloría alerta que obras de Metro de Bogotá no estarán listas antes de pruebas: gerente responde)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿En qué puntos se militarizaría la ciudad?Según la propuesta de Andrés Barrios, se necesitarían 2.000 policías militares para vigilar puentes, entradas y salidas de Bogotá, lo que permitiría que la Policía concentre sus capacidades en los barrios y cuadrantes. Óscar Ramírez sugirió una intervención específica en el sector de María Paz, con más de 50 mil habitantes, y pidió asistencia militar “en los puntos calientes” de la ciudad.Por su parte, Sandra Forero dijo que pese a las cifras, “siguen matando gente, sigue la extorsión, siguen los jóvenes desaparecidos”, por lo que solicitó al alcalde que “considere la posibilidad de la militarización, apoyo militar, trabajo colectivo de colaboración entre la Policía y el Ejército” porque los bogotanos están “sufriendo” por la inseguridad.Uscátegui fue enfático en decir que “nosotros seguiremos insistiendo en la militarización de Bogotá hasta que los ciudadanos, hasta que el último bogotano, pueda salir a la calle tranquilo”. (Lea también: Universidad Javeriana se pronuncia tras millonario robo en intalaciones que afectó a varias alumnas)No obstante, hubo otros concejales que se opusieron a la militarización de Bogotá; entre ellos estaban José Cuesta, Heidy Sánchez, Donka Atanassova, Jesús Araque, Germán García, Cristina Calderón, Ana Teresa Bernal, Jairo Avellaneda, Elkin Huertas, Julián Espinosa, Fernando López, Julián Triana y María Vargas. Esta última cuestionó que se pida esa medida, señalando que “estamos hablando de sacar policías a las calles, pero ni siquiera tenemos resueltas las necesidades básicas de la Policía. (…) ¿Cómo vamos a hablar de militarización cuando ni siquiera estamos garantizando los recursos que requiere la Policía?”.Donka Atanassova expresó: “No estoy de acuerdo con la militarización. Aquí hay gente a la que le gustan las soluciones milagrosas y cree que con una cosa como esa todo va a cambiar los problemas que tiene Bogotá”.La respuesta de Galán“Yo no estoy de acuerdo con que la Fuerza Militar entre a reemplazar a la Policía, no estoy de acuerdo con que las capacidades de la Policía están superadas en Bogotá y se esté generando un riesgo estratégico o grave de orden público. Tenemos un problema de seguridad, sí, pero eso no se resuelve con militares reemplazando a la Policía, se resuelve apoyando a la Policía, ayudándole, acompañándola, liberándola de responsabilidades que le hemos cargado en nuestra sociedad, no solamente en Bogotá”, dijo.El alcalde añadió que tiene “una ventaja sobre ustedes (concejales) en algo, y es que yo no estoy en posibilidades de ser candidato a nada el año entrante, a mí no me importan los likes, me importa la realidad. Trabajar para mejorar, pero destacar lo que hace la Policía, porque está discusión de la militarización está poniendo en cierta forma en la Picota a la Policía”.Galán se reafirmó en que continuarán los operativos conjuntos con el Ejército, pero no solicitará al Gobierno nacional una asistencia militar. Tras 40 minutos de intervención, donde anunció que pidió a la nación más policías e inversiones en tecnología, el alcalde y sus secretarios se retiraron del recinto.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
