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La Orinoquía colombiana, ubicada en la frontera con Venezuela, se ha convertido en una zona donde la minería ilegal del coltán opera como una bomba de tiempo. Este mineral está en el centro de una disputa que no solo amenaza con agudizar el conflicto interno en el país, sino que también amenaza con destruir la Tierra. Un equipo de Los Informantes navegó en aguas muy peligrosas con la Armada Nacional y conoció esa otra guerra.
El coltán es una serie mineral compuesta por dos elementos clave: columbita y tantalita, esencialmente un óxido de tantalio. Su gran valor se debe a los metales que contiene, esenciales para la tecnología moderna por su alto punto de fusión. Además, estos elementos son clave en la fabricación de armamento avanzado.
El geólogo Zeze Amaya, oriundo de Inírida, capital de Guainía, una región rica en este mineral, enfatizó su poder estratégico: "Si se tiene control sobre estos metales, se puede tener un control también sobre el desarrollo tecnológico de una nación".
El secretario de Gobierno de Guainía, Carlos Martínez, reveló que: “Hay una ambigüedad, porque reconocemos la necesidad del coltán en la producción de tecnología y de muchos bienes que la sociedad requiere, eso es indudable. Pero esa explotación ha conllevado siempre a través de violencias, guerras, sangre y deterioro social”.
En el Congo, el mayor productor de coltán del mundo, el tráfico ilegal ha provocado cerca de 5.4 millones de muertes desde 1998, una cifra equivalente a toda la población de Dinamarca. Colombia aún no ha alcanzado esos niveles, pero avanza por un camino similar. La minería ilegal de coltán y oro se ha transformado en una crucial fuente de ingresos para grupos armados, un negocio ilícito y difícil de rastrear, perfecto para financiar estructuras criminales en la frontera.
El brigadier general Rafael Olaya, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, compara la operación de estos grupos con el negocio más difícil que han enfrentado: "Yo creo que la analogía más práctica es con la que más duro hemos vivido durante tantos años de conflicto que es el narcotráfico, pero esa es la mejor analogía para poder hablar de la minería".
En este oscuro mundo, “los grupos armados son quienes controlan la explotación”, ellos deciden “quién sí y quién no lo haga, de qué forma lo comercialicen o lo muevan bajo la autorización de quién o de quiénes".
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Según el brigadier, el negocio de la minería ilegal financia directamente al ELN y estructuras de la Segunda Marquetalia, grupos que instrumentalizan a comunidades indígenas y campesinas para la extracción. Solo en Vichada, las incautaciones de las Fuerzas Armadas superan los 1,2 billones de pesos.
En las entrañas de la Orinoquía, en la frontera con Venezuela, los mineros extraen el coltán con bateas de los afluentes de los principales ríos, pero la necesidad se enfrenta a un riesgo constante. La minería aluvial deteriora el ecosistema y expone a los trabajadores a graves peligros, incluso a la radiación.
En la Orinoquía el tiempo avanza lento, pero el interés de las estructuras armadas crece muy rápido. “El coltán es una piedra que da plata, pero es muy peligrosa por todos los sentidos, también para la salud”, afirmó un exminero, a quien llamaremos Carlos.
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Detrás de la tecnología de punta hay una desigualdad enorme. El minero o el campesino que se juega la vida por el coltán recibe una miseria entre 26 mil y 50 mil pesos por kilo en el sitio de extracción. Este trabajo es extenuante; de 20 kilos de material pueden salir tan solo alrededor de 300 gramos de coltán.
Sin embargo, el acopiador que logra vender el mineral en el exterior gana entre 400 y 600 dólares por kilo, un margen que convierte al coltán en un activo más rentable que la misma coca.
Otro punto clave en la comercialización del coltán es Amanabén, junto a la frontera con Venezuela. Allí se almacena el mineral que, según el general Olaya, luego sigue rutas fluviales y terrestres hacia los centros de acopio en el Meta y en la capital. En diciembre de 2024, las Fuerzas Armadas incautaron en este lugar 13,7 toneladas de coltán, con un valor en el mercado de aproximadamente 4,7 millones de dólares.
Aunque desde 2009 se sabe que el coltán está presente en el escudo guayanés, no existe ninguna mina legal operando a escala comercial en la región. Este vacío estatal abrió la puerta a dragas improvisadas, minería aluvial y raspado de barrancos, sin estudios ambientales, sin planes de manejo y sin presencia del Estado.
Para borrar su origen, el mineral ilegal cambia de nombre en el trayecto. Unos lo llaman arenas negras o tierras raras, otros polimetales. Las organizaciones ilegales lo mezclan todo. El coltán extraído sin permiso se confunde con los títulos legales de minería de subsistencia. Así es imposible rastrear su procedencia.
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“Ahí está el juego de estas organizaciones ilegales: mezclan todo, meten todo en un solo paquete y por eso es que ahora ya no son arenas extrañas o arenas raras, sino tierra. Es para confundirlo con ese tema legal de explotación cuando se da esta titulación de minería de subsistencia", explicó el general Olaya.
Los traficantes camuflan estas supuestas tierras raras debajo de arena común, sin que nadie pueda diferenciarlas a simple vista.
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Los cargamentos salen de Inírida y Guaviare hacia San José del Guaviare, o toman la ruta por el Vichada hacia Villavicencio y Bogotá. Desde allí, el mineral se dirige a países como China, que controla alrededor del 90% del mercado.
El negocio es tan sofisticado que, al llegar a los puertos de exportación, la carga cuenta con toda la documentación legal y los papeles en regla.
Además, la única manera de saber con exactitud si un cargamento lleva coltán es mediante pistolas especializadas, espectrómetros y equipos de laboratorio que solo existen a 689 km de Inírida, en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional.
La extracción ilegal de coltán no solo amenaza la economía y la seguridad, sino que también está desangrando la reserva natural Puinawai, un territorio protegido de 1,9 millones de hectáreas en Guainía y Vichada, hogar de 688 especies de plantas, 46 especies de aves, mamíferos emblemáticos como el oso hormiguero palmero y 44 comunidades indígenas. Esta minería ilegal deforesta, destruye tesoros ecosistémicos y contamina con Mercurio.
El general Olaya lamenta la inacción institucional: "Esto es una responsabilidad institucional. Necesitamos más contundencia en el Estado. Nosotros quedamos aquí prácticamente desarmados jurídicamente ante eso que estamos viendo continuamente que es esa minería ilegal”.
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Sin un ordenamiento minero claro que proteja su territorio, esta nueva guerra tecnológica seguirá entregando la riqueza de la Orinoquía a grupos criminales. Sin embargo, Colombia firmó en la COP 30 de Brasil un acuerdo de pago por reducción de emisiones que podría movilizar hasta 40 millones de dólares para esta región.