Este miércoles, 7 de diciembre de 2022, Perú vivió horas críticas de ruptura democrática y de incertidumbre. En la mañana, el presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso.
“Disolver temporalmente el Congreso de la República y establecer un gobierno excepcional de emergencia, convocar a la mayor brevedad posible un nuevo Congreso con facultades constituyentes para redactar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de esa fecha, hasta que se establezca el nuevo Congreso, gobernaremos por decreto ley”, dijo.
Pedro Castillo se anticipaba así a la votación de una tercera moción de vacancia que buscaba, una vez más, sacarlo del poder.
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Pero su decisión de disolver el Congreso no encontró eco en las instituciones peruanas. Una cascada de renuncias de su gabinete se sucedió, así como la condena de distintos sectores de la sociedad.
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“Las fuerzas de seguridad, junto con la Policía Nacional, tienen la obligación y el deber de restablecer el orden constitucional y preservar el orden. Por el momento, no hay gobierno en Perú. Por el momento, el presidente de la República se ha alejado de la Constitución y de la ley”, dijo Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional.
Poco después, las Fuerzas Armadas se pronunciaron. En un comunicado, aseguraron que "cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú".
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El Congreso adelantó la votación y logró 101 votos a favor, superando ampliamente los 87 necesarios para destituir a Pedro Castillo. Incluso, legisladores del partido de gobierno y de bancadas aliadas decidieron votar por la salida del mandatario del poder.
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El presidente salió del Palacio de Gobierno, con destino desconocido, pero su caravana fue interceptada. Lo llevaron a la Prefectura de Lima y la fiscal de Perú, Patricia Benavides, le imputó usurpación de funciones y desacato a la ley. Aún espera conocer cuál será su suerte.
Cuatro horas después de lo que muchos han calificado como el suicidio político de Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte juró como la primera presidenta de ese país.
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“Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”, dijo.
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La imagen de Pedro Castillo ante la fiscal quizás se repetirá ante los tribunales constitucionales de Perú, que lo deben juzgar por sus actos y varios escándalos de corrupción que enlodaron su mandato que duró menos de años y medio.
Investigado por supuestamente liderar una red de corrupción, ahora Castillo enfrenta la responsabilidad legal del fallido golpe de Estado.
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Como reza el editorial del diario El Comercio de Perú, "acorralado por los indicios de corrupción y ante la posibilidad de ser vacado, Pedro Castillo ha decidido culminar su viraje en dictador".
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