El presidente chino, Xi Jinping, promulgó el martes una polémica ley para Hong Kong, según la cual los crímenes de seguridad nacional podrán ser penalizados con cadena perpetua y la justicia china será competente en los casos más "graves".
Esta ley, considerada por sus detractores como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo, también prevé la creación de una agencia de seguridad nacional en la antigua excolonia británica.
Ignorando los llamamientos de los países occidentales, el parlamento nacional aprobó el texto, un año después de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica contra la influencia del gobierno central.
El texto será incorporado a la "Ley Fundamental" que sirve desde 1997 de mini-Constitución en Hong Kong y entrará en vigor este mismo martes, anunció la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam.
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La nueva ley será una "espada" que pende sobre la cabeza de aquellos que afecten la seguridad nacional, dijo la Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao poco después de su promulgación.
"Para una vasta mayoría de los residentes de Hong Kong (...) esta ley es un espíritu guardián de sus libertades", agregó.
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Con este texto, el gobierno central quiere asegurar la estabilidad y poner fin al vandalismo de las protestas del año pasado, en este territorio de 7,5 millones de habitantes. También espera atajar el movimiento independentista.
"Esto supone el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo. Con poderes ampliados y una ley mal definida, la ciudad se convertirá en un #estadodepolicíasecreta", tuiteó el martes Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento prodemocracia de Hong Kong, cuyo partido político Demosisto anunció su disolución.
Agencia de seguridad nacional
Esta ley permite reprimir cuatro tipos de crímenes contra la seguridad del Estado: las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
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En este ámbito, la China continental puede hacerse cargo directamente de los casos en tres situaciones: si se trata de casos complejos de injerencia extranjera, si los casos son "muy graves" y si hay "amenazas graves y reales" contra la seguridad nacional.
"Poco importa que se haya hecho uso de la violencia o que se haya amenazado con usarla, los líderes o autores de (crímenes) graves serán condenados a cadena perpetua o a un mínimo de 10 años de cárcel", establece la nueva ley.
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Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían advertido del riesgo de que la ley sea utilizada para acallar las voces críticas con Pekín, que utiliza leyes similares para aplastar a la disidencia en el continente.
La UE "deploró" la adopción de esta ley que "puede afectar gravemente el elevado grado de autonomía de Hong Kong y tener un efecto perjudicial sobre la independencia del poder judicial y el Estado de derecho", declaró el presidente del Consejo Europeo Charles Michel.
En un comunicado conjunto, 27 países pidieron en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que China reconsiderada esta ley.
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