Cientos de personas hacen cadena humana en Nicaragua para exigir liberación de presos políticos

Estas detenciones se han desatado durante las manifestaciones contra Daniel Ortega, que ya dejan más de 300 muertos y 2.000 heridos.
"Libertad para los presos políticos", "ni un paso atrás" y "justicia", coreaban los manifestantes tomados de la mano entre la rotonda Rubén Darío y la Universidad Centroamericana (UCA) al oeste de Managua.
Pese a la presencia de antimotines, los manifestantes con banderas de Nicaragua y fotos de los detenidos se apostaron al centro de la calle causando un atasco de vehículos, mientras los conductores sonaban bocinas y saludaban en señal de apoyo.
"Vine porque queremos que los presos políticos salgan, todos somos jóvenes, no somos delincuentes ni terroristas", dijo un empleado de Call Center que prefirió el anonimato.
"Nuestra vida corre peligro por andar aquí, hay mucho temor a que nos capturen. Yo debo admitir que tengo miedo, pero vengo porque hay que apoyar la lucha", dijo otro joven de 24 años.
Una catedrática de la UCA con el rostro cubierto dijo que acudió a la manifestación por su alumno Byron Estrada, uno de los detenidos en la cárcel El Chipote, un centro de máxima seguridad y denunciada por opositores como lugar de tortura.
"Me duele lo que está pasando", dijo con voz entrecortada un joven expolicía, quien dijo que se siente perseguido por retirarse de sus funciones porque "no quise andar matando estudiantes".
Mientras tanto, reos políticos recluidos en la cárcel La Modelo, norte de Managua, iniciaron una huelga de hambre indefinida. La medida se cumplirá "hasta nuestra liberación, sin importar las consecuencias", según una carta enviada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
"Pedimos al pueblo de nicaragüense intensificar la lucha en las calles sin miedo a este régimen opresor (...) hemos perdido el miedo y estamos dispuestos a entregar la vida por patria y libertad", dice la misiva.
Persecución y capturas
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), en un informe publicado el miércoles, señaló que la crisis política se encuentra en una tercera fase de represión, que consiste en la persecución y penalización de manifestantes.
Según la entidad, entre el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas, y el 18 de agosto "al menos 300 personas han sido imputadas con cargos de terrorismo y crimen organizado por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado.
"Estos juicios adolecen de graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales", precisa el informe.
El presidente Daniel Ortega refutó el miércoles el informe, y acusó al Alto Comisionado de ser "un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia".
Unas 23.000 personas han abandonado el país y han pedido asilo en Costa Rica, por temor a represalias.
Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y se transformó en una demanda para la renuncia de Ortega, con 11 años en el poder.
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