La comisión se creó después de que el pasado 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera dar trámite a una denuncia del diputado opositor Amílcar Pop, en la que vincula a Pérez Molina con dos casos de corrupción: "La Línea", en el ente recaudador de impuestos, y el caso "IGSS-Pisa", en el Seguro Social del país.
Hasta el momento, por ambos casos 44 personas están en prisión preventiva, entre funcionarios y particulares, a expensas de lo que decida la Justicia.
Por cuarta vez, y nada más amanecer, cuando las agujas del reloj a penas marcaban las 6.00 hora local, decenas de guatemaltecos desafiaron a la lluvia y se reunieron en el conocido "kilómetro 0", en la Plaza Nacional, para rogarle a Dios que ayude a poner fin a la corrupción y a acabar con la crisis política actual.
La comisión legislativa investigará la acusación en contra de Pérez Molina y posteriormente, en un lapso no determinado, presentará un informe para recomendar al Congreso retirar o no la inmunidad que el mandatario ostenta por su cargo.
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Los 158 diputados harán entonces una votación en la que se necesitan al menos 105 votos para que el presidente de Guatemala pierda la inmunidad y pueda ser juzgado en caso de que el Ministerio Público encuentre evidencias en su contra.
Pérez Molina reiteró el viernes su inocencia y, durante una entrevista concedida a una emisora local, criticó las acciones legales emprendidas en su contra porque, según su "lógica", carecen de fundamentos y pueden afectar al país, provocando su aislamiento o, lo que es peor, un retroceso de más de 40 años.
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"Para mí, primero es una falta de seriedad; segundo, no hay ningún argumento que pueda sustentar esa denuncia. ¿Imagínese hasta dónde ha llegado? A poner en peligro la institucionalidad del país", sostuvo el mandatario.