El vandalismo se produjo después de que un grupo de manifestantes quemó el Ayuntamiento de Iguala, en el sur de México, durante una protesta por la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas en ataques realizados por policías el pasado 26 de septiembre.
Al término de la marcha, los encapuchados se dirigieron a la Plaza Tamarindos, donde saquearon comercios, rompieron vidrios y robaron artículos en los diversos negocios de la plaza, al parecer propiedad del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
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Este grupo rompió las entradas de una tienda departamental, otra de autoservicio, varias joyerías y otros negocios, y se llevó diversos equipos de cómputo, electrodomésticos, pantallas de televisión, relojes, entre otros productos.
Los encapuchados se desplazaron en motocicletas durante el recorrido de los manifestantes, tomaron fotografías y videos de los estudiantes, maestros y familiares de los desaparecidos y son considerados "halcones", es decir, informantes de grupos criminales.
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La ausencia de las fuerzas de seguridad que se replegaron para evitar choques con los manifestantes fue aprovechada por este grupo, aunque agentes de la Gendarmería lograron arrestar a varias personas que presuntamente participaron en los saqueos.
Los manifestantes indicaron que estos sujetos no son ni maestros ni estudiantes y empezaron a actuar una vez que estos ya habían abordado los autobuses.
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La Policía federal confirmó en un comunicado unas dos horas más tarde que los participantes en estos hechos era "un grupo de vándalos ajenos a esta movilización, quienes aprovecharon el acto de protesta para realizar daños y saqueos en locales comerciales del referido inmueble".
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Precisó que los agentes federales asignados a la seguridad y vigilancia arrestaron a 10 personas como "presuntos responsables de hurtar y realizar actos de vandalismo en las instalaciones de la plaza comercial Tamarindos en esta ciudad".
La policía identificó los nombres de cuatro de los detenidos, y espera conocer la identidad de otros cuatro, mientras que los dos restantes se encuentran en el Hospital General de Iguala debido a las lesiones "que se causaron a sí mismos durante los actos de saqueo".
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Los detenidos fueron entregados a las autoridades correspondientes y fueron señalados por los representantes de las empresas afectadas, indicó el comunicado.
Este miércoles, el fiscal mexicano, Jesús Murillo, señaló como autores intelectuales de los hechos violentos del 26 de septiembre pasado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al secretario de Seguridad, Felipe Flores, hoy prófugos de la Justicia.
Esa noche policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula dispararon contra los estudiantes de la Normal (dedicada a la formación de maestros) de Ayotzinapa por órdenes de Abarca, quien temía que se repitiera la agresión a la Alcaldía registrada en junio de 2013, en la que participaron jóvenes de esa escuela.
En los ataques murieron seis personas y 43 alumnos de la Normal fueron trasladados a la comisaría de Iguala, de donde fueron sacados por policías de Cocula y entregados al cártel Guerreros Unidos sin que hasta ahora se conozca su paradero.
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