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En un comunicado señaló que no es cierto que recibieron el reporte de la autopsia, como dijo el fiscal, y criticó la falta de independencia de la justicia para investigar el caso.
De un edificio de máxima seguridad de la policía de inteligencia, repleto de cámaras y ubicado en la concurrida zona de Plaza Venezuela, el pasado 8 de octubre habría caído del piso 10 el concejal Fernando Albán, a plena luz del día. Su familia rompió el silencio y duda de la versión oficial, que habla de suicidio.
Treinta días han transcurrido desde que la Fiscalía anunció que el concejal se suicidó estando bajo custodia del Sebín.
Desde el exilio, la familia del concejal rompió el silencio con un comunicado.
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“¿Por qué el señor Saab mintió́ diciendo en rueda de prensa que ha entregado a los familiares la autopsia cuando eso es radicalmente falso? ¿por qué no se conoce con certeza quién realizó la autopsia, ni sus credenciales profesionales?”, leyó el concejal Jesús Armas.
Albán fue detenido el 5 de octubre y, un día antes de su muerte, había denunciado presiones para culpar al político Julio Borges de participar en el plan de magnicidio.
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“Fernando murió ‘bajo la custodia del Estado’, era conocido opositor al gobierno, y su supuesto ‘suicidio’ se verificó en ‘circunstancias inexplicadas’. Todo lo cual encuadra en los específicos supuestos de ‘muerte potencialmente ilícita’, en los términos del Protocolo de Minnesota”, agregó Armas.
Organismos como la OEA y la Unión Europea han exigido al gobierno una investigación independiente sobre el caso.
El actual fiscal designado por la Constituyente era un gobernador del partido de gobierno, en el comunicado la familia expone la falta de independencia del poder judicial para investigar esta extraña muerte.
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