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Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los refugiados presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para tener acceso a los migrantes recluidos en la base de Guantánamo en Cuba, según un comunicado difundido este miércoles.
Por orden de Trump, la base está preparando sus instalaciones para recibir a 30.000 migrantes en situación irregular.
Según la Casa Blanca los primeros vuelos a la base, iniciados el 4 de febrero, transportaban a algunos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada una organización terrorista por Trump.
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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) presentaron la demanda en nombre de varias personas, incluidos familiares de migrantes detenidos en Guantánamo, y cuatro proveedores de servicios legales.
Con el envío de migrantes "a una isla remota aislada de abogados, familiares y del resto del mundo, la administración Trump transmite su señal más clara de que el estado de derecho no significa nada para ella", afirma Lee Gelernt, de la influyente ACLU.
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Los grupos se quejan de que la administración no ha informado cuánto tiempo estarán recluidos en Guantánamo, en qué condiciones y si podrán comunicarse con sus familias y abogados.
La demanda presenta el caso de Eucaris Carolina Gómez Lugo, quien se sorprendió al ver una fotografía de su hermano detenido allí. "Está muy preocupada por su seguridad", afirma el comunicado. Según ella, el gobierno acusa a su hermano de ser miembro del Tren de Aragua.
El magnate republicano aseguró que enviará a la isla a "criminales", pero su gobierno considera como tales tanto a los delincuentes como a las personas que entraron en Estados Unidos sin visa ni autorización.
"La detención de migrantes en Guantánamo amenaza con crear un precedente peligroso en el que el gobierno de Estados Unidos puede transferir sistemáticamente a las personas que buscan asilo a instalaciones en alta mar", condena Javier Hidalgo, director jurídico de la organización RAICES, citado en la nota.
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Trump afirmó públicamente que enviaría de buena gana a "criminales reincidentes", incluidos ciudadanos estadounidenses, a otros países, como El Salvador, que se ofreció a acogerlos. Una idea que podría chocar con los tribunales.
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