Este lunes, en una nueva jornada de protestas, encapuchados incendiaron sede de la magistratura y saquearon una entidad bancaria.
“Yo quisiera hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenaza”, aseguró Luisa Ortega.
Además, acusó al máximo tribunal de justicia de agravar con su parcialidad la violenta crisis que sufre el país desde hace dos meses y medio.
Ortega, confesa chavista ahora considerada "traidora" por el gobierno, impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la designación de 33 de sus magistrados, por considerar que esa designación se produjo en un proceso "irregular", en diciembre de 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.
"La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis", declaró la fiscal.
En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad de 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, pocos días antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control legislativo.
"Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los (33) magistrados involucrados", manifestó Ortega.
Oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal vienen a profundizar, no solo las fracturas del chavismo, sino la severa crisis institucional que vive Venezuela desde que la oposición logró una aplastante mayoría parlamentaria, por primera vez en 18 años de hegemonía chavista.
Ortega, abogada de 59 años, se ha convertido en la más dura crítica del gobierno, en momentos en que Maduro enfrenta violentas protestas opositoras que exigen su salida del poder, y que dejan 66 muertos en dos meses y medio.
Manifestantes encapuchados incendiaron parcialmente este lunes un edificio administrativo del TSJ, en Chacao, este de Caracas, bastión opositor, epicentro de violentos disturbios.
"Inepta e incapaz"
La fiscal se distanció de Maduro desde que el 31 de marzo consideró una "ruptura del orden constitucional" un fallo con el TSJ se adjudicó las funciones del Parlamento. Esa fue la chispa que encendió las protestas.
La impugnación de los magistrados la presentó poco después de que el TSJ declarara "inadmisible" un recurso de nulidad que interpuso el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, y cuyo fondo, según la fiscal, "ni siquiera" fue analizado por la corte.
El TSJ argumentó que el recurso contenía una "inepta acumulación de pretensiones" y frenó así una movilización de venezolanos que, convocados por la MUD, pretendían adherirse a esa solicitud y formalizar su rechazo a la Constituyente.
Unos 200 seguidores del gobierno y opositores intercambiaron insultos y golpes en los alrededores del TSJ, donde se concentraron en la mañana aunque sus accesos fueron bloqueados por militares.
"No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza", declaró a AFP la manifestante María Rodríguez.
Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999.
El gobierno "le tiene miedo a la movilización del pueblo y están profundizándose las divisiones dentro del chavismo", reaccionó el vicepresidente legislativo, el opositor Freddy Guevara.
La sentencia "despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales", opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.
"Inepta significa que es incapaz", dijo irónicamente el poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, al asegurar que la fiscal presentó un recurso "sin fundamentos".
Updated: junio 12, 2017 09:56 p. m.