El gobierno rumano derogó este domingo un decreto que despenalizaba ciertos delitos de corrupción y que, tras su aprobación el martes, había desatado una ola de protestas multitudinarias en todo el país.
"El decreto de derogación fue adoptado", declaró el ministro de Sanidad, Florian Bodog, una información confirmada por el entorno del primer ministro, Sorin Grindeanu, que el sábado había anunciado su cambio de rumbo.
Los rumanos seguían movilizados este domingo con nuevas manifestaciones previstas para mantener la presión sobre el gobierno socialdemócrata.
El decreto fue aprobado el pasado martes por el gobierno sin pasar por el Parlamento, y desde entonces entre 200.000 y 300.000 personas habían salido cada día a las calles para protestar.
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"No nos lo creemos", decía sin embargo pocas horas antes de la derogación Florian, un electricista de 40 años, que repartía bretzels gratis en la plaza Victoriei de Bucarest donde, asegura, se volverán a "batir récords" de manifestantes, como en los últimos días.
"Todavía hay mucha corrupción en el gobierno, en el senado, por todas partes. No podemos más (...) Queremos dirigentes competentes que gobiernen para el pueblo, no para ellos mismos y sus cuentas bancarias", afirmó Florian.
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Las manifestaciones de los últimos días son históricas en este país de 20 millones de habitantes, que sin embargo ha vivido varios periodos de inestabilidad política desde la caída de la dictadura comunista en 1989.
El primer ministro, en el cargo desde hace un mes, justificó su decisión de derogar el texto para "no dividir Rumania".
Entre otras cosas, el polémico decreto establecía un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las penas de cárcel por corrupción.
Gritos de victoria
El anuncio del sábado por la noche fue acogido con gritos de victoria por los manifestantes reunidos en Bucarest frente a la sede del gobierno, epicentro de las protestas, pero también en muchas ciudades del país, con un total de 300.000 personas en la calle, según la prensa.
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El primer ministro aseguró que la reforma tenía el objetivo de que el código penal fuera acorde a la Constitución, así como reducir el número de presos.
Pero frente a las protestas, Sorin Grindeanu promete ahora un nuevo proyecto de ley sin el límite de 44.000 euros (200.000 leis rumanos)
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Los manifestantes temen una vuelta en la lucha contra la corrupción con respecto a los últimos años, cuando bajo presión de la Unión Europea (UE) y de varios magistrados, los tribunales han instruido centenares de casos de corrupción, un giro histórico en la justicia rumana.
El gobierno ya había sido criticado por querer proteger al jefe del partido socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que está siendo juzgado por empleos ficticios.
Sin embargo Dragnea, que ya cumplió dos años de cárcel condicional en otro caso, asegura que el decreto no le beneficiaba y que se trata de una campaña de desinformación.
El PSD, que había sido expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió sin embargo a ganar por mayoría las elecciones el pasado diciembre con promeses de aumentar las prestaciones sociales.
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