Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propone que en 2026 se reduzcan en un 50 % los recursos destinados al país para asistencia no militar, con respecto a lo acordado este año. Lo anterior debido a, entre otras cosas, la preocupación por "el deterioro de la cooperación bilateral" con Colombia, además de la violencia política y el "abuso de drogas, incluso en los más altos niveles del gobierno".
En el documento, el Comité reconoce "la profunda y duradera relación" entre Estados Unidos y el pueblo colombiano, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, afirma que está preocupado por "las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones maliciosas de la administración Petro, que contradicen los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos".
Indica, además, que el mandato del presidente Gustavo Petro "no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos compartidos". Así las cosas, para el 2026, propone destinar la cifra de 208 millones de dólares para Colombia: 103 millones para la aplicación de la ley y el control internacional de drogas; 67, para los programas de seguridad nacional, y 38, para el programa de financiamiento militar extranjero.
Los puntos preocupantes para Cámara de Estados Unidos
En primer lugar, el Comité muestra su preocupación "por el aumento de los informes sobre abuso de drogas en Colombia, incluso en los más altos niveles de gobierno" y ordena al Secretario de Estado, Marco Rubio, que "consulte con los Comités de Asignaciones, a más tardar 90 días después de la promulgación de esta Ley, sobre las oportunidades para implementar programas de reducción de la demanda en Colombia".
Asimismo, habla del deterioro del entorno de seguridad y "la creciente volatilidad política" en Colombia, citando el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Modelia, occidente de Bogotá, el pasado 7 de junio. El Comité está además "alarmado por los informes sobre la creciente desestabilización en Colombia a medida que actores armados y organizaciones criminales recuperan el territorio perdido y el conflicto violento se intensifica en múltiples regiones".
También, se refiere al caso del expresidente Álvaro Uribe, procesado por fraude procesal y soborno a testigos. Indica que "está preocupado por los informes sobre violaciones del debido proceso e irregularidades judiciales", en las que se incluirían "denuncias de vigilancia no autorizada, denegación del derecho a la defensa y conflictos de intereses". Y agrega: "Las cuestiones de politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de derecho en Colombia. Los desafíos observados en Colombia reflejan un patrón preocupante de amenazas al debido proceso y a la independencia judicial, lo que sirve como recordatorio de que estos valores democráticos fundamentales deben protegerse en todo el mundo".
Por otro lado, afirma que en varios países de la región, como Colombia, Brasil y Chile, se ha evidenciado un "aumento del antisemitismo contra las comunidades judías", y nombra "los casos de líderes electos que alimentan los prejuicios contra las comunidades judías a través de las redes sociales y los canales oficiales del gobierno, o que descuidan su responsabilidad de proteger a las comunidades judías y a otros grupos marginados".
La última crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia
El informe del Comité se comparte varias semanas después de que se viviera una crisis diplomática entre ambos países, luego de que el gobierno de Donald Trump llamara a consultas a su embajador interino en Bogotá, John McNamara el pasado 3 de julio, citando "repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia". Tras conocer la noticias, el presidente Petro también llamó al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.
La crisis se desató tras las declaraciones de Petro durante un acto público en Cali el 11 de junio, en donde afirmó: "Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”. Esta afirmación se vio reforzada por audios del excanciller colombiano Álvaro Leyva conocidos por el diario El País, en los que habla de un supuesto plan para sacar a Petro del poder buscando apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos.
Luego de que el gobierno colombiano enviara una carta a la Casa Blanca, y de reuniones de funcionarios de alto nivel de ambos países, el embajador Daniel García-Peña volvió a Estados Unidos e indicó que la agenda con el país norteamericano continuaría, reiterando que "ningún funcionario norteamericano ni ningún congresista estadounidense está involucrados en un golpe de estado o algo para desestabilizar al país".
LAURA VALENTINA MERCADO
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