Lucha de potencias: EE. UU. golpea a China por presuntos ciberataques

No está claro qué impacto tendrá la legislación o si terminará por ser un mero gesto simbólico. La disposición solo afecta los presupuestos de algunas organizaciones gubernamentales ajenas al sector de defensa de aquí al 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal. También permite excepciones si el jefe de alguna agencia determina que la compra de la tecnología forma parte de "los intereses nacionales de Estados Unidos". Sin embargo, la regla podría molestar a aliados de Estados Unidos cuyos negocios dependen de los fabricantes de piezas chinos, y allanaría el camino para cambios más amplios y permanentes en cómo el gobierno norteamericano compra tecnología. "Este es un cambio de dirección", dijo Stuart Baker, un ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que ahora trabaja con la firma de abogados Steptoe and Johnson en Washington. "Mi conjetura es que vamos a seguir adelante en esta dirección durante un tiempo". En marzo, la firma estadounidense de seguridad informática Mandiant dio a conocer detalles sobre lo que dijo era una agresiva campaña de piratería informática contra las empresas estadounidenses de parte de una unidad militar china. Desde entonces, el secretario del Tesoro Jacob Lew ha aprovechado reuniones de alto nivel con las autoridades chinas para presionar sobre el asunto. Beijing niega las acusaciones. Los líderes del Congreso se comprometieron a impulsar una legislación integral que haría más fácil para la industria compartir información sobre amenazas con el gobierno. Sin embargo, esos esfuerzos se han empantanado en medio de preocupaciones de que demasiada información privada de los ciudadanos estadounidenses podría terminar en manos del gobierno federal. La disposición prohíbe específicamente a los departamentos de Comercio y Justicia, a la NASA y a la Fundación Nacional para la Ciencia comprar un sistema de tecnología de la información que sea "producido, fabricado o ensamblado" por cualquier entidad que sea propiedad o esté "operada o subvencionada" por la República Popular China. Las agencias solo pueden adquirir la tecnología si, al consultarle al FBI, ellos determinan que no hay riesgo de "ciberespionaje o sabotaje asociado con la adquisición del sistema", de acuerdo con la legislación. Washington, Estados Unidos