Hernán Ramírez Rurange, Odlanier Mena y ahora Hernán Chacón Soto. Son varios los oficiales chilenos en retiro condenados por delitos de lesa humanidad que se han quitado la vida en los últimos años antes de ingresar en prisión. El último de los suicidios, ocurrido el martes 29 de agosto, lo cometió uno de los siete condenados como autores del crimen del cantautor Víctor Jara.
Según explicó el fiscal Claudio Suazo, el hecho ocurrió cuando funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentaron en la vivienda del brigadier retirado, de 86 años, para notificarle la resolución judicial y trasladarlo a la cárcel de Punta Peuco, donde debía cumplir la condena de 25 años, impuesta por la Corte Suprema, por los asesinatos de Víctor Jara y Littré Quiroga: 15 por homicidio y 10 por secuestro calificado.
"El morador de dicho inmueble tomó un arma de fuego, efectuándose un disparo que le provocó la muerte en el mismo domicilio”, explicó el fiscal antes de detallar que minutos después llegó al mismo lugar la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar las pericias respectivas, descartando participación de terceros.
El jefe de la BH Metropolitana, el subprefecto Óscar Álvarado, indicó por su parte, que el arma estaba debidamente inscrita a nombre de Chacón, quien al parecer pidió a los agentes poder tomar una medicina, momento que aprovechó para quitarse la vida.
Presente en el estadio Chile
La defensa de Chacón Soto sostuvo durante todo el largo proceso que el brigadier era en aquellos días de brutal represión, tras el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet y otros altos mandos, un simple Mayor del Ejército que cumplió únicamente la función de custodiar el perímetro externo del Estadio Chile, un recinto deportivo cerrado donde fueron hacinadas cerca de 5.000 personas detenidas a partir del 11 de septiembre y en el que cinco días después fue asesinado Víctor Jara.
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Sin embargo, el fallo conocido el lunes 28 de agosto aseguraba que tenía conocimientos tácticos y de inteligencia, “condiciones que le permitieron intervenir directamente en el desarrollo de los interrogatorios” que realizaban en los vestuarios, “así como en el proceso previo de clasificación de los detenidos”.
De acuerdo con el argumento, participaba en la decisión de quiénes eran separados para ser llevados a interrogatorios y, finalmente, “el destino último de estos, siendo de toda evidencia que al interior del Estadio Chile existía un orden impuesto por la estructura rígida del mando existente”.
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“Varios testimonios corroboraron que este participó en las labores de selección, reportando las mismas a sus superiores, por lo que resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostuvo solo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado ni con los diversos elementos de convicción reunidos”, agrega la sentencia.
“Portaba a la época una pistola STEYR calibre 9 milímetros, armamento plenamente coincidente con la descripción técnica de las lesiones que, según los antecedentes forenses, causaron la muerte de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga”, concluyó.
Tercer oficial chileno condenado que se quita la vida
Una decisión igual tomó el 28 de septiembre de 2013 el general de Policía Odlanier Mena, exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet y brazo represor de la dictadura, que practicó detenciones ilegales, torturas, asesinatos y participó en la desaparición forzada de personas.
Mena disparó su arma a pocos centímetros de la sien tras conocer que el Gobierno del conservador de Sebastián Piñera había autorizado y ordenado el traslado de un grupo de oficiales condenados por violaciones a los derechos humanos desde la prisión militar Cordillera hasta el penal de Punta Peuco.
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El primer militar en suicidarse fue, sin embargo, el general del Ejército Hernán Ramírez Rurange, condenado a prisión en agosto de 2015 por secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, un químico y agente de la policía secreta de la dictadura quien había huido a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto por el asesinato del excanciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976.
Rurange, de 76 años y exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), murió en el Hospital Militar de Santiago, al que había sido trasladado en estado grave tras haberse disparado con un revólver calibre 32 a las afueras de su domicilio, donde se hallaba con su esposa, para evitar ingresar en el penal.
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Había sido condenado a diez años y un día de prisión como autor del delito de secuestro y a otros diez años y un día por asociación ilícita, en tanto fue absuelto del delito de obstrucción a la justicia.
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