El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades de Venezuela a frenar la aprobación de "leyes que socaven el espacio cívico y democrático". Expresó también preocupación por las masivas detenciones.
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Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un "clima de miedo" en el país, en el que "es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos".
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Reporteros Sin Fronteras contabilizó 70 violaciones a la libertad de expresión en 15 días, incluido el arresto de nueve periodistas, cuatro aún tras las rejas acusados de conspiración, terrorismo, incitación a la violencia y actividades subversivas.
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Entre tanto, Nicolás Maduro asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección: suspendió X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.
El mandatario prometió "mano de hierro" frente "a la violencia" que atribuye a Machado y González Urrutia. Ya en el pasado pidió cárcel para ambos.
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Expertos de ONU dicen que hubo irregularidades en las elecciones
La autoridad electoral de Venezuela incumplió medidas de "transparencia e integridad" en las presidenciales del 28 de julio, según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado el martes, a lo que el chavismo respondió con la amenaza de cerrar las puertas a cualquier observación internacional.
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El jefe del Parlamento, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez , tildó a los especialistas de "basura" y propuso prohibir la observación de "extranjeros" en futuros comicios en este país caribeño.
"El proceso de gestión de resultados por parte del CNE (Consejo Nacional Electoral) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles", indica el informe preliminar de los veedores de la ONU, publicado por este organismo aunque en principio iba a ser confidencial.
El documento sostiene que "todos los plazos establecidos fueron incumplidos".
Aún no se publican resultados detallados de las votaciones, si bien el presidente Nicolás Maduro ya fue proclamado por el CNE como ganador para un tercer mandato de seis años.
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"Venezuela rechaza de manera categórica" el informe, "el cual difunde una serie de mentiras", respondió la Cancillería en un comunicado. "Representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica", agregó.
"Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabra, porque firmaron (un acuerdo) diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)", rechazó Rodríguez en una sesión de la unicameral Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno.
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El legislador planteó "una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición" sobre comicios. "¿Por qué tienen que venir?, ¿A cuenta de qué?", continuó.
Maduro fue proclamado reelecto con 52% de los votos, pero la oposición liderada por María Corina Machado denuncia un fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, a la vez que el mandatario izquierdista denuncia un intento de "golpe de Estado".
Protestas opositoras han dejado 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos, según balances oficiales, al tiempo que Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina han pedido al CNE que publique resultados en detalle.
¿Ofensiva legislativa desde el régimen de Maduro?
Las palabras de Jorge Rodríguez se produjeron en una sesión en la que el Parlamento abordaba un controversial paquete de leyes para reforzar penas por "delitos de odio" y regular el funcionamiento de las oenegés y de las redes sociales, iniciativas que activistas temen que limiten los derechos civiles.
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El debate de la ley para la regulación de onegés, iniciado el 21 de mayo, fue retomado este martes en segunda y definitiva discusión, pero fue suspendido cuando la aprobación fluía con velocidad. El motivo: la redacción de un artículo.
El parlamento volverá a sesionar el jueves, pero no se conoce el orden del día.
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El chavismo, en todo caso, tiene 256 de 277 diputados de la Asamblea Nacional, por lo que la aprobación de esta legislación se da por segura.
El paquete incluye, además, una ley contra el "fascismo", término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores, que a partir del miércoles entra en fase de consulta pública, previa a la segunda discusión.
Ese proyecto de ley plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que "incite al fascismo".
"Si usted no es fascista no se preocupe", dijo el poderoso parlamentario chavista Diosdado Cabello.
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La ley de oenegés obligaría a estas organizaciones a inscribirse en un registro local y hacer una "relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros".
La primera discusión de este proyecto se remonta a 2023 y está pendiente la segunda.
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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estimó en X que "esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública".
Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia tienen normas similares en la región.
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