El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "está muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y por recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica", dijo el portavoz Farhan Haq a periodistas en la sede de las Naciones Unidas.
"Informaciones sobre una redada en la residencia del obispo de Matagalpa solo subrayan estas preocupaciones", añadió.
Su declaración se dio luego de que monseñor Rolando Álvarez, acusado de "desestabilizar" al gobierno y retenido dos semanas en su residencia, fuera sacado por agentes de la curia a las tres de la mañana de este viernes 19 de agosto y llevado a Managua, donde permanece detenido.
Autoridades precisaron que se tomó la decisión de mantener al religioso en "resguardo domiciliar" porque el obispo persistía en sus actividades "desestabilizadoras y provocadoras", pero no comunicó dónde se encuentra.
El jefe de la ONU llama al gobierno de Daniel Ortega "a garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de reunión pacífica y las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y culto, y a liberar a todas las personas detenidas de manera arbitraria", dijo el portavoz.
Arrestos, expulsiones y asedios contra la Iglesia católica en Nicaragua
En lo que va de 2022, las autoridades han llevado a prisión a siete sacerdotes, uno de ellos, Manuel García, enjuiciado y condenado por violencia doméstica en contra de una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al religioso.
Además, expulsaron en marzo pasado al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y en julio a 18 monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta. Antes, un grupo de sacerdotes, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y Edwin Román, fue forzado a salir del país en 2019 y 2021, respectivamente.
El gobierno también ha cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos. Adicional a eso, ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros dos sacerdotes en sus iglesias.
Igualmente, ha prohibido a la Arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
Daniel Ortega ha tildado a obispos de "terroristas"
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
El 4 de julio de 1986 el régimen, encabezado por Ortega, desterró al entonces obispo de la Diócesis de Juigalpa (centro), Pablo Antonio Vega, acusado de apoyar a la "Contra" y quien fue sacado a la fuerza a la medianoche de su sede episcopal, subido a un helicóptero militar y dejado en la selva fronteriza con Honduras.
Ortega ha tildado de "golpistas" y "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que el presidente fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
La analista internacional María Teresa Aya precisa que la Iglesia católica “hoy está al otro lado de Ortega, porque sigue estando del lado de los derechos humanos, sigue estando del lado de la gente y de los problemas sociales de Nicaragua”.
“Es una persecución al todo el que se le opone”, agregó.
La comunidad católica representa un 58,5% de los 6,5 millones de habitantes del país, según el último censo nacional.
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