Van 116 muertos por desmanes en cárcel de Guayaquil: Ecuador declara estado de excepción

Ecuador declaró el miércoles el estado de excepción para el sistema penitenciario, en crisis por la sobrepoblación y la violencia entre bandas del narcotráfico, tras un amotinamiento del martes que deja 116 muertos en la cárcel de Guayaquil, según el presidente Guillermo Lasso."Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad", expresó el mandatario en rueda de prensa en Guayaquil (suroeste), donde encabezó un comité de seguridad para controlar la emergencia.El órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI) señaló previamente que "se confirman más de 100 #PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y 52 heridos" en la cárcel de Guayaquil.Lasso, quien asumió el mayo último, tildó de "lamentable suceso" la revuelta del martes en uno de los reclusorios de este puerto, que pasó a ser la más sangrienta del año en el país, donde ya se registraban unos 120 presos fallecidos.En febrero se produjeron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades, en los que murieron 79 reclusos.El gobernante afirmó que "es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder" entre bandas criminales e indicó que coordina acciones que permitan al Estado "con absoluta firmeza recuperar el control de la penitenciaría del Litoral (escenario del amotinamiento) y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario".Lasso también decretó el miércoles el estado de excepción para todo el sistema carcelario, con lo que el Ejecutivo está facultado a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.En julio había declarado en "emergencia" al aparato penitenciario, distinto al estado de excepción, para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.El SNAI anotó a su vez que la policía y la fiscalía "continúan levantado información" en la cárcel, que permanece acordonada por militares, apoyados por una tanqueta.Amenaza contra el EstadoTras el cruento amotinamiento carcelario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas."En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia", expresó por Twitter.Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.La revuelta agrava la crisis penitenciaria causada por los choques por el poder entre bandas con nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Dos de las organizaciones criminales de Ecuador tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.En la nación, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, en las que están 39.000 personas sobre una capacidad para 30.000."Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017", dijo el experto en seguridad y narcotráfico Fernando Carrión, anotando que la tercera parte de los presos "proviene" de grupos dedicados al tráfico de drogas.En la rueda de prensa conjunta con Lasso, el director del gubernamental Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, manifestó que "este no es un tema solamente penitenciario" y que "es una amenaza contra el Estado que tiene un poder igual o superior al propio Estado".Ecuador incautó entre enero y agosto de 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas de 2020.Ubicado entre Colombia y Perú, mayores productores mundiales de cocaína, el país es utilizado como tránsito para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.

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Esta figura faculta a autoridades a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.

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