Nayib Bukele habló tras la llegada de presos del Tren de Aragua a El Salvador.
Presidencia de El Salvador
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"Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al Cecot, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, por un período de un año (renovable)", publicó Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
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Bukele dijo este domingo que Estados Unidos pagará una tarifa "muy baja" por la reclusión en el Cecot de personas consideradas integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, sin precisar el monto del importe que, sin embargo, consideró será "alto" para el país centroamericano.
Añadió que "Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros", lo que "contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario", que "actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año".
El mandatario salvadoreño destacó que "Estados Unidos también nos ha enviado a 23 miembros de la (pandilla) MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal".
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Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que el traslado se dio bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera.
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Rubio detalló en X que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua "en sus excelentes cárceles a un precio justo", lo que en su opinión "también ahorrará dinero" a los contribuyentes estadounidenses.
"Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos", añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.
Sin embargo, el Gobierno de El Salvador no ha detallado bajo qué ley ha encarcelado a estas personas, dado que no han cometido delitos en el país centroamericano, o si se les ha aplicado el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales para combatir a las pandillas locales.
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