Agencia Nacional de Tierras

Lo que debía ser la celebración se transformó, en cuestión de segundos, en el inicio de un calvario judicial para Andrea Castañeda, una empresaria bogotana de 44 años. Séptimo Día conoció su caso. La madrugada del 20 de diciembre de 2024, Andrea se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado junto a su esposo, lista para abordar un vuelo que ella creía tenía como destino la costa colombiana. Sin embargo, al llegar al cubículo de control migratorio, la realidad dio un giro drástico.“Mi nombre es Andrea Castañeda y por llamarme así un día me capturaron en el aeropuerto”, relata la mujer al recordar el momento en que su identidad se convirtió en su principal enemiga.Su esposo, buscando sorprenderla, había organizado un viaje internacional. “Mi esposo es un hombre muy detallista conmigo y él me regala un viaje aniversario, él me había dicho que era para Cartagena, cuando llegamos al aeropuerto me dice 'Gorda, vamos a ir a a Panamá'”, explicó la mujer.La sorpresa del viaje fue opacada por la intervención de los oficiales de Migración Colombia. Tras verificar su pasaporte, el funcionario fue tajante: “Usted no puede viajar... Hágase allá que usted queda en este momento capturada”. En medio de la confusión y el llanto de su hija, quien gritaba “Mamá, diles que miren las cámaras que tú no has hecho nada”.El origen del error: homonimia y redes socialesLa acusación que pesaba sobre la empresaria era grave: coautora del delito de hurto calificado y agravado. Según el escrito de acusación, Andrea estaba involucrada en un robo millonario ocurrido en Calarcá, Quindío, el 15 de octubre de 2022. La vinculación al proceso, según su defensa, nació de una investigación deficiente que se limitó a buscar coincidencias de nombre en plataformas digitales.El abogado Saúl León, encargado de la defensa de la empresaria, sostiene que “no existían pruebas realmente en contra de Andrea, todo fue un error de un investigador”. De acuerdo con el jurista, el investigador del caso recurrió a fuentes abiertas para identificar a la sospechosa: “El investigador va a buscar en medios abiertos como redes sociales y define que Andreita Castañeda en Facebook como está mi cliente es la persona responsable de de ese delito”.La situación se tornó más absurda cuando se descubrió que el señalamiento de las víctimas se basó en una imagen antigua. “La persona que le hacen el robo me señala a mí por una foto de perfil de Facebook, una foto que ni siquiera es reciente sino como de hace 18 años”, denunció la afectada. Además, los investigadores no corroboraron los apellidos completos; mientras ella se identifica como Andrea Castañeda Alfonso, la etiqueta en la red social utilizada para la identificación simplemente decía Andrea Castañeda.El fenómeno de homonimia no es aislado en el país. María Cristina Manzano Noguera, directora nacional de Registro Civil, señala que existen nombres y apellidos extremadamente comunes en Colombia que facilitan este tipo de confusiones. “La mezcla de estos nombres y apellidos crea mayor posibilidad de errores de identidad en procesos judiciales", explicó la funcionaria.La estrategia técnica para demostrar la inocenciaAnte la posibilidad de pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo en un calabozo debido a la vacancia judicial, la defensa de Andrea tuvo que actuar rápido. “Le indiqué que estábamos frente a una persona inocente a una equivocación institucional”, afirmó Saúl León ante el juez de garantías para evitar que su cliente fuera enviada a prisión preventiva. Aunque logró quedar en libertad tras la primera audiencia, siguió vinculada al proceso, lo que la obligó a recolectar pruebas técnicas irrefutables.El primer paso fue realizar un cotejo morfológico comparando la imagen de la verdadera delincuente captada en cámaras de seguridad con la fisonomía de Andrea. Los resultados fueron contundentes: “La prueba que ellos presentan es la foto del perfil da que somos 96 de que no, no somos la misma persona, cero coincidencias”.Posteriormente, la defensa recurrió a la tecnología de ubicación celular para demostrar que la empresaria nunca estuvo en el Eje Cafetero el día del crimen. “Se demostró técnicamente que la ubicación y las señales que arrojaba el teléfono de mi cliente estaban en Suba en Bogotá y no estaban en Calarcá”, detalló el abogado. Esta prueba de "cuadratura de línea telefónica" ubicó a Andrea en su residencia habitual en la capital del país.Testimonios: el respaldo de la comunidadMás allá de las pruebas técnicas, más de 10 testimonios fueron fundamentales para acreditar que Andrea Castañeda se encontraba en Bogotá realizando actividades cotidianas el 15 de octubre de 2022. Berta, una vecina que la conoce hace 16 años, recordó con precisión haberla visto ese día: “Yo recuerdo bien porque era un sábado, ella estaba haciendo aseo, yo pasé, charlamos un rato”. Al ser consultada sobre la posibilidad de que su vecina fuera una ladrona, Berta fue enfática: “No, es que no me la puedo imaginar conociéndola a ella de tanto tiempo... ellos no necesitan hacer eso porque ellos trabajan mucho y tienen cómo vivir”.Otro testimonio clave fue el de Ricardo, un amigo cercano que visitó el apartamento de Andrea esa misma mañana junto a su hija para entregar un pedido de donas. “Vinimos a las 11 entre 11 y 11:30”, afirmó el testigo. Ante la pregunta de si era físicamente posible que ella estuviera en Calarcá cometiendo un robo y regresara a Bogotá para recibir el paquete, Ricardo fue tajante: “físicamente es imposible”.Preclusión del caso y las consecuenciasTras analizar el material probatorio presentado por la defensa, la justicia colombiana tuvo que reconocer el error. En la audiencia final, la fiscal del caso admitió que los investigadores se apresuraron en el señalamiento, basándose en la confusión de las víctimas con la fotografía antigua. Finalmente, el juez decidió que “la ciudadana Andrea Castañeda Alfonso no participó de estos hechos y en su favor debe operar la preclusión de la investigación”.A pesar de recuperar su libertad plena, las secuelas del proceso han dejado una marca profunda en la vida de la empresaria. “Estoy en tratamiento psicológico, me da miedo, tiemblo de solamente pensar que alguien me va a parar, me van a detener, me van a esposar, yo veía un policía y yo sufría, me paniqueaba”, confesó Andrea sobre el trauma postraumático que padece.La negligencia institucional no solo afectó su salud mental, sino también su patrimonio y la estabilidad de su familia. Ante este panorama, Andrea decidió tomar acciones legales contra el Estado: “voy a demandar, vamos a demandar porque pues primero el viaje que perdimos ese día; segundo, porque pues hubo una afectación psicológica para mi familia y porque creo que el Estado debe garantizar los derechos de uno como ciudadano”. Para ella, la experiencia se resume en una amarga lección: “fui víctima de llamarme cómo me llamo”.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.

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Según un comunicado emitido por la ANT, la entidad señala que Lisocky ocupó de manera irregular este terreno baldío insular de la Nación desde 2002.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, expuso una situación problemática en este reconocido parque debido a la presunta ocupación ilegal de miles de hectáreas que integran legalmente este espacio.