La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está envuelta en una disputa legal contra el empresario Andrés Jorge Lisocky Fryde por una exclusiva isla ubicada en Cartagena, Bolívar. Se trata de Isla Fiesta, un terreno de lujo en la jurisdicción de las Islas del Rosario, que fue recuperado por la entidad el pasado 27 de enero de 2026 con apoyo de autoridades locales.
El caso se remonta a 2002. Según un comunicado emitido por la ANT, la entidad señala que Lisocky ocupó de manera irregular este terreno baldío insular de la Nación desde ese año hasta mediados de 2006. Esta situación quedó registrada oficialmente en la Resolución 167 de 2002, documento en el que se certifica la ocupación indebida del predio denominado “Isla Fiesta”. Posteriormente, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) decidió arrendarle el terreno al empresario durante ocho años, entre abril de 2007 y abril de 2015.
Una vez vencido ese contrato, la Agencia Nacional de Tierras asegura que el empresario no devolvió el predio dentro del plazo establecido y continuó ocupándolo de manera irregular durante varios meses. Tiempo después, el Incoder firmó un nuevo contrato de arrendamiento con Lisocky por otros ocho años, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023. Por ese acuerdo, el empresario debía pagar únicamente 220.430 pesos mensuales, una cifra que la entidad considera irrisoria, para usar el terreno en actividades de habitación, recreación y ecoturismo.
Tras finalizar este segundo contrato, la ANT sostiene que el empresario nuevamente se negó a entregar el lote, de aproximadamente 600 metros cuadrados, y continuó explotándolo sin autorización y sin pagar arriendo. Frente a esta situación, la entidad, en ejercicio de sus funciones de policía administrativa para la protección de la propiedad rural, procedió a recuperar el predio con apoyo de la fuerza pública.
Pagaba un arriendo de menos de 300.000 pesos por la isla
La Agencia Nacional de Tierras aseguró además que, tras una actualización del avalúo, el valor real del canon de arrendamiento del terreno asciende a cerca de 11 millones de pesos mensuales, muy por encima de los 280.000 pesos que, según afirma, pretendía seguir pagando el empresario.
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El proceso dio un giro judicial cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la ANT restituir el predio a Lisocky Fryde, luego de que este interpusiera una segunda acción de tutela. El magistrado Moisés Rodríguez revocó una decisión de primera instancia que había rechazado sus pretensiones y concluyó que se vulneró el derecho al debido proceso del empresario.
La decisión judicial obligó a la entidad a devolver Isla Fiesta en un plazo de 48 horas tras la notificación del fallo. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras anunció que presentó una nueva acción de tutela con el fin de defender la correcta administración de los baldíos de la Nación y evitar que el predio siga siendo explotado bajo condiciones que considera desfavorables para el patrimonio público.
Finalmente, la entidad cuestionó este tipo de contratos al advertir que durante años han beneficiado a empresarios y personas influyentes con arriendos “irrisorios” por bienes públicos en zonas exclusivas del Caribe colombiano, donde una sola noche de hospedaje puede superar el millón de pesos.
María Paula Rodríguez Rozo
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